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¿Cómo es el tratamiento del pasado en el contexto de Filipinas?
Llegar a un acuerdo de paz entre el Frente Moro Islámico de Liberación (MILF) y el gobierno filipino tomó más de una década. El acuerdo fue finalmente firmado en marzo de 2014. En el acuerdo se contempla una Comisión de Justicia Transicional y Reconciliación (TJRC), creada a finales de septiembre de 2014. Actualmente está compuesta por dos personas designadas por el MILF, dos personas designadas por el Gobierno, un asesor y una presidenta extranjera. Esta comisión tiene como mandato, entre otros, redactar un informe (en un lapso de un año) con recomendaciones relacionadas con “reclamos legítimos, injusticias históricas, violaciones de derechos humanos y marginalización a través del despojo de tierras”. Además puede sugerir “acciones inmediatas” con el propósito de consolidar un contexto favorable para la paz. La arquitectura de este proceso de paz contempla una serie de comisiones mixtas, a través de las cuales las dos partes trabajan para desarrollar e implementar paulatinamente los elementos preliminares de los acuerdos. Esta arquitectura se disolverá cuando los acuerdos estén implementados. Paralelamente, una “ley básica para Bangsamoro” tiene que ser aprobada por el Congreso y más tarde tendrá lugar un referendo en Bangsamoro.
¿Es la TJRC una forma de comisión de la verdad?
No. Empezamos una consulta muy amplia para identificar cómo los distintos actores entienden los mecanismos de justicia transicional, cómo piensan que se deberían resolver estos problemas y qué entidades deberían asumir esta responsabilidad. Con los resultados de estas consultas, la TJRC elaborará propuestas pragmáticas de corto, mediano y largo plazo en los ámbitos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este informe será remitido a las partes, las cuales tomarán las decisiones pertinentes.
¿Y también hablan con el MILF?
Constantemente. Trabajo para ambas partes y me comunico directamente con los jefes de delegación en la mesa de negociación. He tenido la oportunidad de visitar el comité central del MILF en su campamento, y mantenemos el diálogo con ellos, como también con todos los actores del Gobierno. También se ha entablado un diálogo con el sector privado y con la sociedad civil.
¿Cómo ve lo que está ocurriendo en Colombia?
Ustedes ya tienen un acumulado importante de experiencias en los ámbitos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; es importante capitalizar lo existente. También se ha afirmado que el acuerdo de paz tiene que ser razonable en materia de justicia y víctimas; ¡es un avance enorme! En Filipinas, la comisión está escuchando hasta ahora las distintas opiniones sobre la relación entre justicia y satisfacción de víctimas. La justicia transicional se vuelve problema cuando exporta modelos. Creo que ni en Filipinas ni en Colombia se necesitan modelos, sino fuentes de inspiración. Cada situación y contexto necesita su propia formulación. Tanto en Filipinas como en Colombia hubo varias décadas de guerra con secuelas profundas, con distintos actores armados y víctimas de distintos actores. Tratar estas secuelas y crear condiciones para evitar la repetición del ciclo de violencia es la tarea de la justicia transicional. Lo que se busca es no solamente conocer, sino reconocer lo que ha pasado: es decir, asumir responsabilidades y crear condiciones para romper el ciclo de violencia y venganza.
¿Pareciera que la gran lección que deja Colombia es que es fundamental comenzar a trabajar el tratamiento del pasado desde antes de terminar la guerra para poder generar procesos que nos permitan ir abonando el terreno para el posconflicto?
Ustedes ya han empezado, en tiempos de conflicto, con memoria, desmovilizaciones parciales y reintegración, formas de justicia y reparación. El posconflicto empieza ya. En Filipinas, el MILF y el Gobierno están discutiendo después de los acuerdos sobre posibles formas de amnistía, qué hacer con los crímenes no amnistiables, cómo asegurar la satisfacción de las víctimas, según los estándares internacionales, cómo combinar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La conjugación de estos cuatro derechos y deberes determina la calidad de un proceso de paz, su legitimidad y sostenibilidad. Es un primer paso para pasar de la negación al reconocimiento de la culpa (o la acusación); un primer paso hacia un nuevo pacto social.
¿Cuáles son los retos de Colombia para el tratamiento del pasado?
El tratamiento del pasado es una contribución a la transformación del conflicto. Es bueno que las partes que están negociando conozcan todos los estándares internacionales y el abanico de modalidades de combinación entre mecanismos, para que puedan ser creativos y maximizar los márgenes de maniobra, siempre respetando las normas internacionales. Otro elemento son los tiempos y las secuencias óptimas del proceso de paz. ¿Cuáles deben ser las etapas y los resultados de corto, mediano y largo plazo? ¿Se necesita definir todo ya? ¿Qué buscaría una comisión de la verdad? ¿La satisfacción de las víctimas? ¿Un cierre simbólico del conflicto armado? ¿Qué tipo de combinación puede asegurar la calidad pertinente y simultánea de justicia, verdad y su reconocimiento público? El otro desafío es lo que llamo la economía de la transición. Por una parte, antes de crear nuevas instituciones hay que ponderar la capacidad de las ya existentes. Las tareas de la transición deben hacerse en relación con el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, las políticas de reparación deben articularse con políticas de desarrollo, las reformas institucionales con las políticas de seguridad, las iniciativas de justicia con el fortalecimiento del Estado de derecho. Además se necesita, tanto en Colombia como en Filipinas, la presencia institucional del Estado en todo el país. Finalmente, en Colombia ya se han realizado múltiples experiencias en los ámbitos de justicia transicional, así que la gran pregunta es: ¿cómo quieren capitalizar los resultados existentes y los éxitos, y qué han aprendido de las dificultades?