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El pasado 7 de febrero, la Corte Constitucional descartó la consulta antitaurina en Bogotá. Según la Corte, sólo el Congreso puede decidir la suerte de las corridas de toros en el país. A lo largo de su historia varias ciudades y pueblos de Colombia las han incluido como una actividad importante dentro de sus fiestas o sus carnavales. Pero lo que para unos constituye una tradición y un patrimonio cultural, para otros no es más que maltrato animal.
Durante la pasada temporada taurina en Bogotá, las discusiones se avivaron a raíz de las declaraciones del viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, quien instó al Congreso a seguir adelante con el proyecto de ley que pretende abolir las corridas. Con la decisión de la Corte Constitucional, la polémica se mueve y puede cobrar mayor relevancia a medida que se acerque el plazo establecido por la Corte para saldar el asunto (comienzos de 2019). Pero entretanto conviene reflexionar sobre dos preguntas que siguen abiertas: ¿Es el toreo un patrimonio cultural en Colombia? ¿Qué implicaciones tendría su eventual prohibición?
¿Qué es patrimonio cultural y quién lo reconoce?
El patrimonio cultural puede definirse como el conjunto de ideas, espacios (naturales o construidos), prácticas y objetos que una comunidad reconoce como centrales para su identidad colectiva, que fueron recibidos como herencia histórica y constituyen un testimonio del desarrollo y la cultura de una nación.El uso mismo del término “patrimonio” supone cierta toma de conciencia por parte de los miembros de la comunidad. Sin embargo, algunos de estos objetos no necesariamente son vistos como patrimonio, pues suelen ser parte de la vida cotidiana. Esto ocurre, por ejemplo, con las cocinas tradicionales o con algunos edificios públicos que son objetos del día a día y que se naturalizan. Esa toma de conciencia se da normalmente por medio de un distanciamiento momentáneo y necesario para valorar el patrimonio. Por ejemplo, en situaciones de amenaza física del patrimonio o a la hora de hablar de “lo nuestro” frente a otras culturas. Así, las prácticas culinarias propias se reconocen como tales cuando se llega a una ciudad distinta y los espacios se miran con otros ojos ante su eventual destrucción.
Lea: “Un torero podría ir a la cárcel después de una corrida”: viceministro del Interior
Pero es la comunidad misma quien otorga el estatus de patrimonio cultural. Por eso debe reconocerse que existe una comunidad, un grupo de ciudadanos colombianos que asuma los diferentes elementos de la cultura taurina como parte de su patrimonio. Si bien muchos elementos de la cultura taurina riñen actualmente con posturas preponderantes en el ámbito mundial frente a lo que es o no es maltrato animal, no se puede dejar de lado el valor que algunas comunidades en Colombia otorgan a las corridas de toros. En estas están en juego elementos tradicionales tocantes a la relación campo-ciudad y a la crianza de los animales, además de una compleja red social que por años se ha forjado en torno al disfrute de la fiesta brava.
La oficialización del patrimonio cultural
En Colombia existen diversas rutas para que un conjunto de elementos llegue a recibir el estatus de patrimonio oficial para un municipio, un departamento o la nación entera. Una de estas rutas es la de los listados de patrimonio cultural material o inmaterial. La lista representativa del patrimonio cultural inmaterial (LRPCI) incluye 21 manifestaciones de este tipo. Por su parte, la Lista de bienes declarados como bien de interés cultural (BIC) reúne los bienes muebles e inmuebles considerados patrimonio cultural material.Otra ruta son las leyes del Congreso, las que pueden declarar un elemento como patrimonio cultural. Así ocurrió, por ejemplo, con el Festival Internacional de la Confraternidad Amazónica en Leticia (Ley 1706 de 2014) o con la celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado (Ley 1812 de 2016).
En cuanto a la cultura taurina, hay una dualidad: por una parte, su dimensión material goza de cierto grado de reconocimiento oficial, pues las plazas de Santamaría en Bogotá, Cañaveralejo en Cali y La Serrezuela en Cartagena figuran en el listado BIC. Sin embargo, por otro lado, toda pretensión de ingresar esta práctica a la LRPCI se encontraría con el obstáculo de que la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial incrimina de manera explícita la inscripción de manifestaciones que “fomenten la crueldad contra los animales”.
¿Qué viene para la cultura taurina?
Está claro que más temprano que tarde las corridas de toros serán inviables. Bien sea por prohibición directa o por asociación con otras reglamentaciones, Colombia seguirá la tendencia mundial y el cambio de sensibilidad frente al tratamiento de los animales. Recordemos que sólo ocho países permiten actualmente esta práctica.Nos guste o no, en torno a la cultura de los toros se produjeron desarrollos arquitectónicos en muchas ciudades de Colombia, se tejieron relaciones sociales de relevancia para la nación (con políticos y artistas comulgando en los tendidos) y se estableció todo un complejo de referentes estéticos con ramificaciones en el vestir, la música y el sentido del ocio. Todo parece indicar que asistimos a sus últimos días.
En lugar de optar por la estigmatización –y peor aún, por la agresión física– es urgente promover acciones de memoria y de reconstrucción histórica que nos permitan a todos reflexionar sobre los valores que estaban allí involucrados y que dieron piso al país que éramos entonces y al que somos hoy. Lo que está en juego no es el final de las corridas, sino la oportunidad de evitar que caiga en el olvido y desaparezca de la memoria colectiva un momento relevante y extenso de la construcción de esta nación. Un país que es de todos los colombianos, taurinos y no taurinos.
* Profesor de la Universidad Javeriana de Cali y analista de Razón Pública.
Este texto es publicado gracias a una alianza entre El Espectador y el portal Razón Pública. Lea el artículo original de Razón Pública aquí.