Corrupción, una pandemia tan peligrosa como el coronavirus

Hay pandemias que van y vienen. Y epidemias de un solo brote. La plaga de Atenas no duró toda la vida. Era una fiebre tifoidea que apareció en el año 430 a. C. y causó muchas muertes, pero cuya presencia no era permanente entre los griegos.

La peste antonina (viruela) que sufrieron los romanos tampoco duró todo el imperio, sino que tuvo varios brotes entre el año 165 y el 180. La plaga de Justiniano (peste bubónica) llegó en el 541 y se cambió el nombre para volver —eso sí, más fuerte— en 1347.

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Pero hay males que parecen eternos, peores que las pandemias, y que en países como Colombia no tienen estacionalidad específica, ni requieren temperatura fija. Se expanden por cualquier región y tienen elevado nivel de contagio. Sus estragos afectan a la gente de las ciudades y los campos. A negritudes, indígenas, empresarios, trabajadores formales e informales, desempleados, profesionales de cualquier cosa y analfabetas.

El peor de todos se llama corrupción e irrumpió por estas tierras mucho antes del comienzo de nuestra vida republicana. No va y viene como las pandemias y lo único que necesita para mantenerse activo es el dinero público.

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Hace más de cuatro siglos, los cronistas de la época documentaban ya la existencia de corrupción por estas tierras. Viruela y sarampión ya habían pasado por América provocando millones de muertes, cuando, en 1602, al presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, Francisco Sande, se le refundieron cinco mil pesos oro que la corona le había dado para que consignara en las arcas de la Nueva Granada.

Le armaron proceso, pero el investigador y el investigado murieron con una semana de diferencia sin que se lograra esclarecer el caso. Dicen que los envenenaron. Raro, ¿no?La viuda y el hermano de Sande se tranzaron entonces en un pleito irresoluto por sus ilícitos tesoros. Eran arrobas de oro y esmeraldas, según las crónicas de Rodríguez Freyle.

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Después vinieron epidemias de enfermedades nuevas, como la fiebre amarilla, pero se mantuvo el eterno brote de males antiguos como la corrupción. La estrategia de Simón Bolívar, en 1819, fue pragmática: pasar por las armas a quienes robaran los recursos públicos.

Muchas pandemias después, Colombia sigue lidiando con la corrupción, que incluso se ha ido sofisticando y que ataca en los casos más insospechados. Los historiadores recuerdan algunos brotes que causaron especial preocupación a comienzos del siglo XX por la entrega de campos petrolíferos a la familia del presidente Rafael Reyes y por sobornos a políticos durante los hechos que permitieron la separación de Panamá.El temido mal mutó y alcanzó luego una inimaginada variedad de formas. Unas veces se quedó en escándalo, pero en otras derivó en condenas: Dragacol, yidispolítica, parapolítica, Interbolsa, Caprecom, Saludcoop, cartel de la contratación de Bogotá, Agro Ingreso Seguro y Reficar fueron solo algunos de los casos más sonados. Es tan contagioso que le deja pérdidas al país por más de $50 billones al año.

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Y puede aparecer de manera concurrente con las tragedias sociales. Donde haya que reconstruir una población por el desbordamiento de un río o por daños provocados por un sismo. Por eso tampoco es extraño que aparezca ahora que los departamentos y municipios tienen licencia para contratar de emergencia por la llegada del nuevo coronavirus a Colombia.Si una pandemia solita, sin ayuda, puede colapsar un sistema de salud y poner en jaque las finanzas públicas, imagínesela cuando llega al tiempo con el virus de la corrupción.

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Lupa a contratos

Ahora, ante la emergencia desatada por la llegada del COVID-19 a Colombia, y aprovechando las medidas de emergencia del Gobierno que permiten agilizar la contratación para atender con la urgencia requerida a las comunidades más vulnerables, parece que la corrupción comenzó a asomar otra vez la cabeza. Lo han alertado la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, que ya hicieron frente común para combatir el problema. Llevan 16 sesiones de mesas técnicas que permitieron reducir el valor o declarar la terminación unilateral de 13 contratos por $17.000 millones.

Hace dos semanas, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria por dudas sobre la transparencia en la adjudicación de negocios en ocho departamentos. Y el jueves 23 de abril suspendió por tres meses al alcalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balsero, por dos contratos por $396 millones para la compra de mercados y kits de aseo con destino a las comunidades afectadas por la emergencia del COVID-19. El contrato estaba por más dinero del acordado con el contratista, cuya firma, además, era falsa. De ñapa, no estaba registrado en el Servicio Electrónico de Contratación pública (Secop).Pero los casos no pararon y el viernes 24, el fiscal general, Francisco Barbosa, el procurador, Fernando Carrillo, y el contralor, Carlos Felipe Córdoba, le informaron al país sobre sus nuevos hallazgos. La procuraduría suspendió al primer gobernador por contratos suscritos con motivo de la emergencia sanitaria. Se trata de Ariel Palacios, a quien le cuestionan un negocio por $2.000 millones adjudicado a la Fundación Chocó Saludable. El contrato era para hacer charlas sobre limpieza, desinfección, salud mental e higiene respiratoria en el trabajo.

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El procurador definió el contrato como “inexplicable, incumplible y exótico”, dijo que hay un supuesto desconocimiento de los principios de contratación estatal y que no aporta significativamente a la mitigación de la pandemia.

La Procuraduría investiga 5.500 contratos en el país y sus objeciones tienen que ver con sobrecostos, adjudicación a proveedores sin requisitos e irregularidades administrativas.

Otro gobernador en apuros es el de Arauca, Facundo Castillo, a quien el contralor le abrió proceso de responsabilidad fiscal por presuntos sobrecostos en los contratos de alimentación. También hay indagaciones preliminares por contratos en las gobernaciones de Valle, Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare, Vichada e incluso en un contrato de la Armada Nacional para la adquisición de tapabocas N-95 por más de $1.200 millones .

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La Fiscalía, por su parte, prepara imputaciones de cargos y hasta medidas de aseguramiento contra otros mandatarios locales. En esa entidad hay 38 casos en etapa de indagación contra funcionarios de Atlántico, Valle, Quindío y Santander.

También abrió investigación preliminar al ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, por aparentes malos manejos en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). Por ser funcionario aforado, el caso de Zea es competencia de la Corte Suprema de Justicia que, en caso de hallar mérito, será la que lo llame a indagatoria.

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El caso de Sincelejo

Las dudas tienen que ver, como en la mayoría de casos investigados, con supuestos sobrecostos, irregularidades administrativas en la contratación y falta de idoneidad de las empresas a las que les fueron adjudicados los negocios.

En cuanto al primer punto, los mercados fueron cotizados a razón de $150.000 cada uno, pero documentación allegada por veedores locales da cuenta de que cada uno cuesta solo $99.000 en los hipermercados de la ciudad y comprados con marcas reconocidas.

Respecto al tema administrativo hay varios asuntos que llamaron la atención de los organismos de investigación. El documento electrónico cargado al Secop muestra que en los contratos (el 003 y el 004 de 2020) faltan la solicitud de oferta, la póliza y el acta de inicio. Ambos contratos establecieron un pago del 50 % al inicio de la obra.

La supuesta falta de idoneidad se alega porque una de las empresas que se quedó con la mitad de los recursos, un contrato por $1.999 millones, fue creada el 27 de diciembre de 2019. Se trata de Surtivíveres comercializadora y distribuidora SAS. Es decir, la crearon cinco días antes de que asumiera el cargo el alcalde que les acaba de adjudicar el contrato.

Al buscar en la Cámara de Comercio el registro mercantil de esta empresa, aparece como representante legal Diomedes de Jesús Guevara Pereira, quien consigna en su dirección de notificación judicial el correo electrónico elkinmurillo9@hotmail.com.

¿Y quién es Elkin Murillo? El mismo representante de las empresas que se han ganado el contrato para el Plan de Alimentación Escolar de los 98 mil niños de la región, un negocio que vale más de 15 mil millones.

Y como el gerente de la Contraloría viene de la campaña del actual alcalde de Sincelejo, muchos creen que las investigaciones no llegarían a ningún lado si no iban directamente a los organismos de investigación nacionales.