“Costo de la paz para Tumaco no puede ser poner muertos”: gobernador de Nariño
Camilo Romero rechazó el crimen del líder comunitario José Jair Cortés, integrante del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera.
Redacción Nacional con información de EFE
Tras el crimen del líder comunitario José Jair Cortés en zona rural de Tumaco –donde el pasado 5 de octubre fueron asesinados al menos siete campesinos cocaleros en un confuso ataque– el gobernador de Nariño, Camilo Romero, lamentó este miércoles los hechos e instó al Gobierno Nacional a tomar medidas para que el posconflicto y la paz “dejen de ser una paloma en la solapa”. (Lea: Asesinan a otro líder social en Tumaco, Nariño)
En diálogo con la emisora Blu Radio, el funcionario aseguró que el asesinato de Cortés –quien era miembro del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera– “es una revictimización total y completa” contra los líderes afro de los consejos comunitarios, quienes son los encargados de ejercer autoridad en el territorio.
“El costo de la paz para Tumaco no puede seguir siendo poner los muertos. Nariño se niega a seguir contando muertos, mientras el país sigue gozando de la paz. La paz debe dejar de ser una paloma en la solapa para ser una realidad”, manifestó Romero, quien pidió que se respete el derecho a la vida de los pobladores y se garanticen oportunidades que conduzcan a la pacificación.
Romero advirtió que, así como José Jair Cortés, hay otros líderes amenazados en la región y lamentó la complicada situación que afronta Tumaco, dado que todos los actores del conflicto hacen presencia en la población. El gobernador agregó que hace siete meses había alertado al Gobierno sobre el recrudecimiento del conflicto en el municipio y señaló que hay otros territorios en riesgo.
“Hoy digo, con total seguridad, que va a ocurrir lo mismo si seguimos bajo la misma lógica de poder, en otra zona de Nariño, que es la cordillera”, manifestó Romero, quien recordó que el homicidio de Cortés ocurre días después de que se hubiesen reunido con él y con otros miembros del Consejo Comunitario "donde recientemente se presentaron los dolorosos hechos que dejaron seis campesinos y decenas de heridos y que aún son materia de investigación".
La Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (Ccajar) informó en un comunicado que el líder "tenía amenazas hace varios días, situación que fue puesta en conocimiento por parte del Consejo Comunitario hace 20 días aproximadamente ante las autoridades competentes".
La oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia repudió el asesinato de Cortés, a quien asegura conocía "por su labor", y señaló en su cuenta de Twitter que seguirá el caso. La Defensoría del Pueblo de Colombia también rechazó el asesinato y exigió el "esclarecimiento de los hechos".
El organismo recordó en su cuenta de Twitter que había solicitado medidas de protección para los miembros del consejo comunitario del Alto Mira.
El Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera fue el que denunció hace algunas semanas la situación de emergencia humanitaria que viven campesinos afrocolombianos, mestizos e indígenas en la zona rural de Tumaco y Llorente por la presencia de grupos armados al margen de la ley.
Tras el crimen del líder comunitario José Jair Cortés en zona rural de Tumaco –donde el pasado 5 de octubre fueron asesinados al menos siete campesinos cocaleros en un confuso ataque– el gobernador de Nariño, Camilo Romero, lamentó este miércoles los hechos e instó al Gobierno Nacional a tomar medidas para que el posconflicto y la paz “dejen de ser una paloma en la solapa”. (Lea: Asesinan a otro líder social en Tumaco, Nariño)
En diálogo con la emisora Blu Radio, el funcionario aseguró que el asesinato de Cortés –quien era miembro del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera– “es una revictimización total y completa” contra los líderes afro de los consejos comunitarios, quienes son los encargados de ejercer autoridad en el territorio.
“El costo de la paz para Tumaco no puede seguir siendo poner los muertos. Nariño se niega a seguir contando muertos, mientras el país sigue gozando de la paz. La paz debe dejar de ser una paloma en la solapa para ser una realidad”, manifestó Romero, quien pidió que se respete el derecho a la vida de los pobladores y se garanticen oportunidades que conduzcan a la pacificación.
Romero advirtió que, así como José Jair Cortés, hay otros líderes amenazados en la región y lamentó la complicada situación que afronta Tumaco, dado que todos los actores del conflicto hacen presencia en la población. El gobernador agregó que hace siete meses había alertado al Gobierno sobre el recrudecimiento del conflicto en el municipio y señaló que hay otros territorios en riesgo.
“Hoy digo, con total seguridad, que va a ocurrir lo mismo si seguimos bajo la misma lógica de poder, en otra zona de Nariño, que es la cordillera”, manifestó Romero, quien recordó que el homicidio de Cortés ocurre días después de que se hubiesen reunido con él y con otros miembros del Consejo Comunitario "donde recientemente se presentaron los dolorosos hechos que dejaron seis campesinos y decenas de heridos y que aún son materia de investigación".
La Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (Ccajar) informó en un comunicado que el líder "tenía amenazas hace varios días, situación que fue puesta en conocimiento por parte del Consejo Comunitario hace 20 días aproximadamente ante las autoridades competentes".
La oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia repudió el asesinato de Cortés, a quien asegura conocía "por su labor", y señaló en su cuenta de Twitter que seguirá el caso. La Defensoría del Pueblo de Colombia también rechazó el asesinato y exigió el "esclarecimiento de los hechos".
El organismo recordó en su cuenta de Twitter que había solicitado medidas de protección para los miembros del consejo comunitario del Alto Mira.
El Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera fue el que denunció hace algunas semanas la situación de emergencia humanitaria que viven campesinos afrocolombianos, mestizos e indígenas en la zona rural de Tumaco y Llorente por la presencia de grupos armados al margen de la ley.