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Dos de los tres campesinos que habían desaparecido el pasado 22 de marzo en el municipio de San José de Uré, Córdoba, fueron encontrados sin vida en las últimas horas.
Según Andrés Chica Durango, director de la Fundación Social Cordoberxia, los tres hombres fueron sorprendidos y sacados de sus viviendas en el corregimiento de Versalles, a plena luz del día, por integrantes del Clan del Golfo, conocidos en la zona también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El primer cuerpo, identificado como Jhon Jeimer González Vasquez, fue encontrado con signos de tortura el sábado en el corregimiento de Viera Abajo.
“Las autoridades no han parado de decir que tenía antecedentes penales, pero resulta que esos antecedentes le fueron impuestos en 2014, cuando cerca de 120 campesinos fueron perseguidos en el marco de la resistencia por los cultivos de hoja de coca”, aseguró Chica.
El segundo cuerpo, que corresponde al campesino Julio César Taborda Caro, también fue hallado en en el corregimiento de Viera Abajo y con los mismos signos de tortura.
“Esto nos indica que el tercer hecho está por suceder y que pronto encontraremos otro cuerpo”, agregó.
Aunque inicialmente se dijo que las víctimas eran beneficiarias de restitución de tierras, desde la oficina encargada de dicho programa desmintieron esa versión: "Para una entidad como la Unidad de Restitución de Tierras que fue creada para restablecer los derechos territoriales de los campesinos y comunidades étnicas afectadas por la violencia, no es fácil que este tipo de hechos sigan ocurriendo en nuestro país", asegura una comunicación enviada a este diario en la que señalan que ni Julián Cesar Taborda Caro ni John Jainer González Vásquez figuran como solicitantes en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente (SRTDAF)".
La Unidad aclaró, además, que el municipio de San José de Uré (Córdoba) no ha sido intervenido por esa entidad gubernamental pues "no cuenta con las condiciones de seguridad para llevar a cabo el proceso. Uno de los aspectos más preponderantes a la hora de intervenir un territorio".
El defensor de Derechos Humanos señaló que se trata de una persecución sistemática, tanto individual como colectiva, que se evidencia además en los desplazamientos forzados que se han registrado en el municipio de Puerto Libertador.
“Están sacando del territorio a la gente involucrada en la sustitución de hoja de coca. Los están desplazando para que lleguen nuevos habitantes y nutran el negocio del narcotráfico”, dijo Chica.
El primer desplazamiento ocurrió el 21 de marzo en las veredas La Esmeralda y La Flecha, del municipio de Ituango, y en la vereda de Santa Rosa, en Puerto Libertador. Alrededor de 160 familias migraron a un albergue en el corregimiento de Juan José, en donde son atendidas por la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Córdoba.
El segundo desplazamiento masivo tuvo lugar el 24 de marzo en las veredas Rogero, Soledad, Riosucio, Santa Bárbara. La Jagua y Puerto Mutatá, en donde cerca de 400 familias, es decir, aproximadamente 1000 personas, fueron sacadas del territorio por disidentes de las Farc. En Riosucio, estas personas no pudieron avanzar y permanecen confinadas por integrantes del Clan del Golfo, así lo explicó Andrés Chica.
En noviembre de 2018, otras 120 familias pertenecientes a diferentes zonas rurales de San José de Uré fueron desplazadas a causa de las intimidaciones de las que históricamente han sido víctimas por parte de miembros del Clan del Golfo, la guerrilla del Eln y disidencias de las Farc, que se disputan el territorio por las características geográficas del departamento que permiten la siembra y procesamiento de droga en la zona del Alto Sinú.
A finales de enero, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (OCHA) había denunciado también otro hecho victimizante con al menos 425 personas, pertenecientes a 131 familias del municipio, que se habían desplazado como consecuencia del conflicto armado.
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos hacen un llamado a las entidades pertinentes como la Procuraduría, Defensoría y la Cruz Roja para que hagan presencia en el territorio e intervengan en la situación para evitar nuevos desplazamientos y atender la emergencia que viven las comunidades.
Nota del editor: Este artículo fue modificado para agregar el pronunciamiento de la Unidad de Restitución de Tierras que aclaró que los campesinos que fueron encontrados muertos no eran beneficiarios del programa.