Cristina Plazas, directora del ICBF, asume diálogos con madres comunitarias

Cuatro días completan las protestas de las madres comunitarias en diferentes ciudades del país. Los reclamos se concentran en temas laborales y en condiciones dignas para ejercer su labor. Una de las pruebas que evidencian, según ellas, las precauciones condiciones en las que trabajan, es la suma que se destina al aporte calórico de los niños que están a su cargo: $2.517 diarios.

Por eso, las mujeres permanecen en cambuches frente a la sede principal del ICBF, en Bogotá, esperando llegar a un acuerdo. Esta tarde, las partes fallaron en el intento de una segunda mesa de negociación y suspendieron los diálogos. “Nos entristece que sea el Instituto el que no quiere encontrar una solución a este conflicto, empezando por la cabeza que es Cristina Plazas, quien no ha querido asistir personalmente a las negociaciones, sino que manda a funcionarios groseros y sin ánimo de avanzar en las negociaciones como la Señora Barraquer (subdirectora de entidad)”, aseguraron hace horas las madres comunitarias.

Ante los reclamos, Plazas informó esta noche que se dirige hacia la Defensoría del Pueblo, donde también harán presencia la Procuraduría, el Ministerio de Trabajo y el Minsiterio de Hacienda, para reanudar las conversaciones y asumir personalmente la negociación.

De acuerdo con la funcionaria, el punto más polémico es el que se refiere a la petición que hacen las madres de crear 64 mil puestos de trabajo en el ICBF y “eso no se puede porque la ley no lo permite, debe ser a través del Congreso y un proyecto de ley”.

Las madres comunitarias completan una larga batalla con el ICBF de más de diez años. En varias ocasiones han salido a las calles y han paralizado sus actividades reclamando mejoras laborales. En 2012 alzaron su voz luego de que en medio de la estrategia “De cero a siempre” se les garantizara una pensión de $240 mil. “Eso es una limosna para nosotras, que le hemos trabajado al Estado por 25 años”, le dijo a El Espectador entonces García. Según ellas, en muchas ocasiones deben poner dinero de su bolsillo, “porque nos duele darle una alimentación precaria a los niños”.

Cuatro días completan las protestas de las madres comunitarias en diferentes ciudades del país. Los reclamos se concentran en temas laborales y en condiciones dignas para ejercer su labor. Una de las pruebas que evidencian, según ellas, las precauciones condiciones en las que trabajan, es la suma que se destina al aporte calórico de los niños que están a su cargo: $2.517 diarios.

Por eso, las mujeres permanecen en cambuches frente a la sede principal del ICBF, en Bogotá, esperando llegar a un acuerdo. Esta tarde, las partes fallaron en el intento de una segunda mesa de negociación y suspendieron los diálogos. “Nos entristece que sea el Instituto el que no quiere encontrar una solución a este conflicto, empezando por la cabeza que es Cristina Plazas, quien no ha querido asistir personalmente a las negociaciones, sino que manda a funcionarios groseros y sin ánimo de avanzar en las negociaciones como la Señora Barraquer (subdirectora de entidad)”, aseguraron hace horas las madres comunitarias.

Ante los reclamos, Plazas informó esta noche que se dirige hacia la Defensoría del Pueblo, donde también harán presencia la Procuraduría, el Ministerio de Trabajo y el Minsiterio de Hacienda, para reanudar las conversaciones y asumir personalmente la negociación.

De acuerdo con la funcionaria, el punto más polémico es el que se refiere a la petición que hacen las madres de crear 64 mil puestos de trabajo en el ICBF y “eso no se puede porque la ley no lo permite, debe ser a través del Congreso y un proyecto de ley”.

Las madres comunitarias completan una larga batalla con el ICBF de más de diez años. En varias ocasiones han salido a las calles y han paralizado sus actividades reclamando mejoras laborales. En 2012 alzaron su voz luego de que en medio de la estrategia “De cero a siempre” se les garantizara una pensión de $240 mil. “Eso es una limosna para nosotras, que le hemos trabajado al Estado por 25 años”, le dijo a El Espectador entonces García. Según ellas, en muchas ocasiones deben poner dinero de su bolsillo, “porque nos duele darle una alimentación precaria a los niños”.