¿Cuántos muertos más necesitamos?: alcalde de Quibdó (Chocó)
El mandatario Martín Emilio Sánchez dice que se le salió de las manos el problema social que afronta la capital de Chocó por cuenta de la presencia de grupos ilegales, que este año han asesinado a 60 personas y están reclutando a menores de edad, extorsionan a los trabajadores y se disputan el territorio, las armas y el microtráfico. Violaciones a los derechos humanos han originado una grave crisis humanitaria. Busca apoyo del gobierno Duque. Panorama.
La grave y compleja crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en el departamento de Chocó, y que también afecta a su capital, Quibdó, ya se le salió de las manos al alcalde de ese municipio, Martín Emilio Sánchez. “¿Cuántos muertos tenemos que poner para que nos presten atención? Este año ya vamos en 60″, dice con tono de impotencia”. Y añade que si la violencia sigue arreciando en las calles de Quibdó, podría superarse los registros de 2021, cuando se presentaron 139 homicidios, y de 2020 (152 muertos).
En ese convulso panorama 26 personas han tenido que salir de Quibdó, desplazadas forzadamente por amenazas provenientes del Clan del Golfo y el Eln.
Sánchez, en charla con El Espectador, se refirió a las gestiones que su administración ha adelantado ante el Gobierno Nacional en busca de apoyo presupuestal para financiar programas sociales y aumentar el pie de fuerza en esa ciudad; pero que aún no han recibido una respuesta concreta del Gobierno Duque.
(Lo invitamos a leer: Salvar el territorio sagrado: la apuesta de Dwiarinmarku)
Es urgente, señala, salvar a nuestra juventud, porque los ilegales los están reclutando. Hay niños que desde los 12 años están engrosando esas filas. En Quibdó operan dos bandas criminales muy fuertes que se están peleando el territorio, el microtráfico y las armas. Se trata de los Mexicanos y los Zetas (antes Palmeños), en las que ya hay 500 jóvenes incorporados.
“Lo que necesitamos es una intervención efectiva, porque todo se va en promesas. El año pasado tuvimos dos programas exitosos y pensamos que el Gobierno Nacional nos puede ayudar para continuarlos y ocupar así el tiempo libre de los jóvenes y familias, porque los niños no tienen entornos familiares adecuados y por eso son presas de las bandas criminales”.
Se trata de las Escuelas Sociales del Deporte, que vinculó a 2.550 menores de edad, y uno más denominado Reconciliación y Paz, en el que participaron 19.948 personas. En las dos iniciativas se invirtieron $5 mil millones, pero el dinero se acabó.
“Como administración ya nos desbordó la capacidad para atender el problema social que afrontamos. En ese sentido, le presentamos a la Alta Consejería para la Paz el proyecto ‘Quibdó vive en paz’, que requiere un presupuesto de $7.000 millones, pero no le prestaron atención. En cambio nos propusieron una iniciativa por $400 millones que no tiene ningún impacto y es cortoplacista”, señala Sánchez.
Por eso, en medio de su desespero por la violencia y la falta de oportunidades en Quibdó, el mandatario local viajó a Bogotá esta semana para reunirse con representantes del gobierno Duque.
El miércoles lo hizo con Alexánder Jaimes, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Acordaron capacitar a los jóvenes en el programa nacional Escuela de Líderes, en donde forman a los jóvenes con liderazgo y participación comunitaria. Además, una reunión en mayo para hacerle seguimiento a una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en 2019.
“¿Para qué nos vamos a reunir otra vez? Lo que necesitamos son acciones efectivas, pero eso aquí no lo entienden”, se lamenta.
También está pendiente la respuesta del Gobierno Nacional sobre la creación del Distrito Especial de Policía para Quibdó, que tendría un costo aproximado de $25.000 millones. “Lo que pasa es que en Quibdó no existe un comando de policía propio, como ocurre en otras capitales, y eso nos daría más presencia policial con un comandante exclusivo y unos agentes que se dediquen solo a atender Quibdó, porque hoy dependemos del Comando de Policía de Chocó”, explica Sánchez, quien este jueves se reunió con un funcionario del Ministerio de Defensa para tratar de nuevo el tema.
La crisis en contexto
Las misiones humanitarias realizadas en seis municipios del departamento de Chocó, el año pasado, corroboraron sobre el terreno la violación de los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan a la población civil.
La aguda crisis de derechos humanos y humanitaria es para la Defensoría del Pueblo un asunto que “ha pasado de una situación de emergencia a un estado de crisis humanitaria sostenida”, según un boletín de prensa del 8 de agosto de 2019. La Defensoría también ha alertado sobre el enfrentamiento entre actores armados, especialmente entre el Eln y el Clan del Golfo, así como la presencia incipiente de las disidencias de las Farc. La disputa territorial se centra en el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y el posicionamiento frente a actuales y futuros megaproyectos.
La grave y compleja crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en el departamento de Chocó, y que también afecta a su capital, Quibdó, ya se le salió de las manos al alcalde de ese municipio, Martín Emilio Sánchez. “¿Cuántos muertos tenemos que poner para que nos presten atención? Este año ya vamos en 60″, dice con tono de impotencia”. Y añade que si la violencia sigue arreciando en las calles de Quibdó, podría superarse los registros de 2021, cuando se presentaron 139 homicidios, y de 2020 (152 muertos).
En ese convulso panorama 26 personas han tenido que salir de Quibdó, desplazadas forzadamente por amenazas provenientes del Clan del Golfo y el Eln.
Sánchez, en charla con El Espectador, se refirió a las gestiones que su administración ha adelantado ante el Gobierno Nacional en busca de apoyo presupuestal para financiar programas sociales y aumentar el pie de fuerza en esa ciudad; pero que aún no han recibido una respuesta concreta del Gobierno Duque.
(Lo invitamos a leer: Salvar el territorio sagrado: la apuesta de Dwiarinmarku)
Es urgente, señala, salvar a nuestra juventud, porque los ilegales los están reclutando. Hay niños que desde los 12 años están engrosando esas filas. En Quibdó operan dos bandas criminales muy fuertes que se están peleando el territorio, el microtráfico y las armas. Se trata de los Mexicanos y los Zetas (antes Palmeños), en las que ya hay 500 jóvenes incorporados.
“Lo que necesitamos es una intervención efectiva, porque todo se va en promesas. El año pasado tuvimos dos programas exitosos y pensamos que el Gobierno Nacional nos puede ayudar para continuarlos y ocupar así el tiempo libre de los jóvenes y familias, porque los niños no tienen entornos familiares adecuados y por eso son presas de las bandas criminales”.
Se trata de las Escuelas Sociales del Deporte, que vinculó a 2.550 menores de edad, y uno más denominado Reconciliación y Paz, en el que participaron 19.948 personas. En las dos iniciativas se invirtieron $5 mil millones, pero el dinero se acabó.
“Como administración ya nos desbordó la capacidad para atender el problema social que afrontamos. En ese sentido, le presentamos a la Alta Consejería para la Paz el proyecto ‘Quibdó vive en paz’, que requiere un presupuesto de $7.000 millones, pero no le prestaron atención. En cambio nos propusieron una iniciativa por $400 millones que no tiene ningún impacto y es cortoplacista”, señala Sánchez.
Por eso, en medio de su desespero por la violencia y la falta de oportunidades en Quibdó, el mandatario local viajó a Bogotá esta semana para reunirse con representantes del gobierno Duque.
El miércoles lo hizo con Alexánder Jaimes, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Acordaron capacitar a los jóvenes en el programa nacional Escuela de Líderes, en donde forman a los jóvenes con liderazgo y participación comunitaria. Además, una reunión en mayo para hacerle seguimiento a una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en 2019.
“¿Para qué nos vamos a reunir otra vez? Lo que necesitamos son acciones efectivas, pero eso aquí no lo entienden”, se lamenta.
También está pendiente la respuesta del Gobierno Nacional sobre la creación del Distrito Especial de Policía para Quibdó, que tendría un costo aproximado de $25.000 millones. “Lo que pasa es que en Quibdó no existe un comando de policía propio, como ocurre en otras capitales, y eso nos daría más presencia policial con un comandante exclusivo y unos agentes que se dediquen solo a atender Quibdó, porque hoy dependemos del Comando de Policía de Chocó”, explica Sánchez, quien este jueves se reunió con un funcionario del Ministerio de Defensa para tratar de nuevo el tema.
La crisis en contexto
Las misiones humanitarias realizadas en seis municipios del departamento de Chocó, el año pasado, corroboraron sobre el terreno la violación de los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan a la población civil.
La aguda crisis de derechos humanos y humanitaria es para la Defensoría del Pueblo un asunto que “ha pasado de una situación de emergencia a un estado de crisis humanitaria sostenida”, según un boletín de prensa del 8 de agosto de 2019. La Defensoría también ha alertado sobre el enfrentamiento entre actores armados, especialmente entre el Eln y el Clan del Golfo, así como la presencia incipiente de las disidencias de las Farc. La disputa territorial se centra en el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y el posicionamiento frente a actuales y futuros megaproyectos.