Cúcuta: relato de la crisis y una mirada a las oportunidades

El lunes 13 de diciembre, los habitantes de Cúcuta se despertaron con la noticia de que un explosivo había sido detonado en el Viejo Escobal, un barrio ubicado a veinte metros del puente que une a Cúcuta con Ureña, un municipio del estado del Táchira, en Venezuela. El explosivo estalló en un parque que se encuentra frente a la estación de Policía y el puesto de salud del barrio. Un niño de siete años y una adolescente de quince resultaron afectados con el estallido y hoy se recuperan de sus heridas. El coronel Giovanni Antonio Madariaga Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseguró entonces que las “capacidades institucionales de inteligencia e investigación criminal están volcadas a establecer dichos hechos y los responsables. No vamos a permitir que actos terroristas alteren la seguridad y convivencia de los cucuteños, y los ciudadanos del área metropolitana”.

El martes 14 de diciembre, la ciudad volvió a despertarse con otra explosión, pero esta vez fue en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza. Se comentaba que una persona había saltado la malla del aeropuerto y había fallecido activando el explosivo. Aún no se conocían detalles. Y mientras se estaba informado sobre el atentado, las personas del sector y los periodistas que llegaban al lugar presenciaron una segunda explosión, en la cual murieron los uniformados William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez.

Las autoridades nacionales reaccionaron atribuyendo responsabilidades dentro y fuera del país. Declaraciones estándar para un conjunto de problemas diversos y complejos que este año se escucharon en múltiples ruedas de prensa: el 15 de junio en la Brigada 30 por causa de un carro bomba; el 25 de junio en rechazo al atentado contra el helicóptero en el que viajaban el presidente de la República, el gobernador de Norte de Santander y el alcalde de Cúcuta; y el 30 de agosto por los explosivos detonados contra la estación de Policía de Atalaya, un sector muy popular de Cúcuta.

Esto solo por mencionar los casos que lograron tener amplificación, pero también se dijo lo mismo el 21 de julio, cuando se encontró una caja bomba en el barrio Cerro Pico; el 9 de septiembre, cuando lanzaron explosivos a un grupo de policías en el peaje de Prados del Este, y el 20 de octubre, cuando activaron explosivos de forma coordinada en contra de los dispositivos electrónicos de fotomultas en varios sectores de la ciudad.

El miércoles 15 de diciembre, la ciudad amaneció con la noticia de tres cuerpos que fueron encontrados en vías públicas: dos personas en la vía que conduce a San Faustino, un corregimiento al que se llega bordeando hacia el norte la frontera, y una persona en la trocha La Ramona, muy cerca de Villa del Rosario. El levantamiento de los dos cuerpos encontrados en la vía hacia San Faustino fue realizado por una empresa de servicios funerarios, que luego los trasladó al Instituto Nacional de Medicina Legal. Esto ocurre en ciertos sectores del área rural del departamento, donde las autoridades no tienen condiciones de seguridad para acercarse al lugar de los hechos.

Hay tres puntos de vista desde los que se pueden observar estos hechos: el discurso institucional, representado por las autoridades nacionales y locales, las voces de las organizaciones sociales de la región que hacen seguimientos a los problemas de violencia y un discurso más amplio de lo que se piensa a escala regional.

El discurso institucional, representado por las declaraciones del Ministerio de Defensa y del presidente Iván Duque, es recibido con malestar en la región, pues las promesas de garantizar seguridad a la población parecen estar por fuera de sus posibilidades y cada vez es más difícil materializar las decisiones tomadas en los incontables consejos de seguridad. Todos los meses de este año se han realizado consejos extraordinarios de este tipo y se anuncian múltiples decisiones, pero la aparición de un nuevo evento de violencia desvía la atención, de modo que lo urgente siempre termina ganándole a lo importante.

La frontera es una región en la que pasan muchas cosas, pero nadie conoce muy bien lo que ocurre, especialmente las autoridades. Y cuando hay información de lo que pase, se sabe de manera dispersa sin articulación efectiva entre las instituciones que hacen frente a la criminalidad. Una funcionaria de la Fiscalía hace poco mencionaba en privado que se hacen múltiples reuniones, pero no hay un doliente que asuma la carga de dirigir, articular, rendir cuentas y hacer seguimiento de las decisiones de los consejos de seguridad.

Las autoridades locales, en ocasiones, parecen librarse de responsabilidad dirigiendo la mirada al Gobierno Nacional. Por eso se mueven entre la incapacidad institucional de responder a estos eventos y la exigencia en voz baja para que el núcleo central del Gobierno asuma más responsabilidades frente a la región. Sobre esto, es muy diciente el trino publicado desde la cuenta personal de Twitter del alcalde de Cúcuta donde exigía mano dura, pedía apoyo al Gobierno Nacional y finalizaba diciendo: “No nos dejen solos”. Esta última súplica resume el tono de las conversaciones entre la frontera y Bogotá. Salvo en pocas excepciones, siempre se manejan de forma vertical y sumisa. Quizá por eso el trino del alcalde fue borrado unos minutos después de ser publicado.

Al margen de esto, quien quiera empezar a comprender una parte del contexto de la violencia en la región podría acercarse a los informes y denuncias publicados por diversas organizaciones del departamento. Por ejemplo, el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander ha hecho un constante seguimiento a la violencia que se da en contra de mujeres, niñas y población diversa; Border Lab ha enfatizado en la explotación sexual y la red de trata de personas que inicia en Venezuela, pasa por la frontera y continúa en otras regiones del país; la Fundación Progresar ha señalado la urbanización de la violencia en los últimos años; la Fundación Hablemos ha logrado juntar personas para pensar la integración fronteriza; el programa Cúcuta Cómo Vamos ha resaltado la importancia de juntar la percepción ciudadana con la implementación de políticas públicas, y la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos llama la atención sobre las dinámicas de violencia de los últimos cinco años. Estas organizaciones junto con las universidades de la región hacen un trabajo que merece más atención.

Por otra parte, están las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, especialmente las números 40 de 2018, 37 de 2019, 35 de 2020 y 25 de 2021, las cuales contextualizan y detallan los riesgos en los que vive la población de esta región del país. A pesar de esto, algunos funcionarios públicos consideran que las numerosas recomendaciones realizadas por la Defensoría desbordan el ámbito de sus funciones.

Por último, sería injusto pasar por alto que a escala regional también hay otros eventos importantes que se están pensando, pues a pesar de que los numerosos hechos delictivos pueden generar en ocasiones que la violencia, al tiempo que se rechaza, se asuma como una condición permanente, también es cierto que al reducir una frontera tan amplia y diversa a una cuestión de titulares se termina vendiendo la leyenda de la periferia ingobernable que se observa lejos desde la gran metrópolis.

Por esto, también hay que decir, de forma paralela a esta serie de eventos, que en la frontera se está pensando la forma de reactivar las relaciones comerciales con Venezuela, a pesar de las erráticas decisiones de los actuales gobiernos nacionales; los instrumentos que permitan dar vida a un plan de desarrollo fronterizo que identifique proyectos conjuntos de las ciudades vecinas; los mecanismos prácticos para que la migración se convierta en una oportunidad; la articulación con las instituciones de cooperación internacional para que la población de llegada y de acogida tengan oportunidades reales de integración; cambiar el enfoque asistencialista de la migración y pasar a una visión de formalización laboral; cómo salir del discurso de crisis permanente a un discurso que logre materializar oportunidades para el desarrollo, y la complementariedad estructural de la economía y la política de Colombia y Venezuela.

Asumir la frontera como sinónimo de violencia y desesperanza es un error, a pesar de que es un relato atractivo. Asumir que la vida sigue igual después de tantos eventos violentos es una ingenuidad. Lo difícil y lo realmente importante es tomarse en serio y comprender la complejidad de la región, su mezcla cultural, sus dinámicas familiares, sus antiguas relaciones de comercio, sus dramas recientes y las oportunidades que se están gestando, más allá del relato de desasosiego permanente.

* Investigador en temas de migración y criminalidad de la Universidad Libre de Cúcuta.

El lunes 13 de diciembre, los habitantes de Cúcuta se despertaron con la noticia de que un explosivo había sido detonado en el Viejo Escobal, un barrio ubicado a veinte metros del puente que une a Cúcuta con Ureña, un municipio del estado del Táchira, en Venezuela. El explosivo estalló en un parque que se encuentra frente a la estación de Policía y el puesto de salud del barrio. Un niño de siete años y una adolescente de quince resultaron afectados con el estallido y hoy se recuperan de sus heridas. El coronel Giovanni Antonio Madariaga Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseguró entonces que las “capacidades institucionales de inteligencia e investigación criminal están volcadas a establecer dichos hechos y los responsables. No vamos a permitir que actos terroristas alteren la seguridad y convivencia de los cucuteños, y los ciudadanos del área metropolitana”.

El martes 14 de diciembre, la ciudad volvió a despertarse con otra explosión, pero esta vez fue en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza. Se comentaba que una persona había saltado la malla del aeropuerto y había fallecido activando el explosivo. Aún no se conocían detalles. Y mientras se estaba informado sobre el atentado, las personas del sector y los periodistas que llegaban al lugar presenciaron una segunda explosión, en la cual murieron los uniformados William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez.

Las autoridades nacionales reaccionaron atribuyendo responsabilidades dentro y fuera del país. Declaraciones estándar para un conjunto de problemas diversos y complejos que este año se escucharon en múltiples ruedas de prensa: el 15 de junio en la Brigada 30 por causa de un carro bomba; el 25 de junio en rechazo al atentado contra el helicóptero en el que viajaban el presidente de la República, el gobernador de Norte de Santander y el alcalde de Cúcuta; y el 30 de agosto por los explosivos detonados contra la estación de Policía de Atalaya, un sector muy popular de Cúcuta.

Esto solo por mencionar los casos que lograron tener amplificación, pero también se dijo lo mismo el 21 de julio, cuando se encontró una caja bomba en el barrio Cerro Pico; el 9 de septiembre, cuando lanzaron explosivos a un grupo de policías en el peaje de Prados del Este, y el 20 de octubre, cuando activaron explosivos de forma coordinada en contra de los dispositivos electrónicos de fotomultas en varios sectores de la ciudad.

El miércoles 15 de diciembre, la ciudad amaneció con la noticia de tres cuerpos que fueron encontrados en vías públicas: dos personas en la vía que conduce a San Faustino, un corregimiento al que se llega bordeando hacia el norte la frontera, y una persona en la trocha La Ramona, muy cerca de Villa del Rosario. El levantamiento de los dos cuerpos encontrados en la vía hacia San Faustino fue realizado por una empresa de servicios funerarios, que luego los trasladó al Instituto Nacional de Medicina Legal. Esto ocurre en ciertos sectores del área rural del departamento, donde las autoridades no tienen condiciones de seguridad para acercarse al lugar de los hechos.

Hay tres puntos de vista desde los que se pueden observar estos hechos: el discurso institucional, representado por las autoridades nacionales y locales, las voces de las organizaciones sociales de la región que hacen seguimientos a los problemas de violencia y un discurso más amplio de lo que se piensa a escala regional.

El discurso institucional, representado por las declaraciones del Ministerio de Defensa y del presidente Iván Duque, es recibido con malestar en la región, pues las promesas de garantizar seguridad a la población parecen estar por fuera de sus posibilidades y cada vez es más difícil materializar las decisiones tomadas en los incontables consejos de seguridad. Todos los meses de este año se han realizado consejos extraordinarios de este tipo y se anuncian múltiples decisiones, pero la aparición de un nuevo evento de violencia desvía la atención, de modo que lo urgente siempre termina ganándole a lo importante.

La frontera es una región en la que pasan muchas cosas, pero nadie conoce muy bien lo que ocurre, especialmente las autoridades. Y cuando hay información de lo que pase, se sabe de manera dispersa sin articulación efectiva entre las instituciones que hacen frente a la criminalidad. Una funcionaria de la Fiscalía hace poco mencionaba en privado que se hacen múltiples reuniones, pero no hay un doliente que asuma la carga de dirigir, articular, rendir cuentas y hacer seguimiento de las decisiones de los consejos de seguridad.

Las autoridades locales, en ocasiones, parecen librarse de responsabilidad dirigiendo la mirada al Gobierno Nacional. Por eso se mueven entre la incapacidad institucional de responder a estos eventos y la exigencia en voz baja para que el núcleo central del Gobierno asuma más responsabilidades frente a la región. Sobre esto, es muy diciente el trino publicado desde la cuenta personal de Twitter del alcalde de Cúcuta donde exigía mano dura, pedía apoyo al Gobierno Nacional y finalizaba diciendo: “No nos dejen solos”. Esta última súplica resume el tono de las conversaciones entre la frontera y Bogotá. Salvo en pocas excepciones, siempre se manejan de forma vertical y sumisa. Quizá por eso el trino del alcalde fue borrado unos minutos después de ser publicado.

Al margen de esto, quien quiera empezar a comprender una parte del contexto de la violencia en la región podría acercarse a los informes y denuncias publicados por diversas organizaciones del departamento. Por ejemplo, el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander ha hecho un constante seguimiento a la violencia que se da en contra de mujeres, niñas y población diversa; Border Lab ha enfatizado en la explotación sexual y la red de trata de personas que inicia en Venezuela, pasa por la frontera y continúa en otras regiones del país; la Fundación Progresar ha señalado la urbanización de la violencia en los últimos años; la Fundación Hablemos ha logrado juntar personas para pensar la integración fronteriza; el programa Cúcuta Cómo Vamos ha resaltado la importancia de juntar la percepción ciudadana con la implementación de políticas públicas, y la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos llama la atención sobre las dinámicas de violencia de los últimos cinco años. Estas organizaciones junto con las universidades de la región hacen un trabajo que merece más atención.

Por otra parte, están las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, especialmente las números 40 de 2018, 37 de 2019, 35 de 2020 y 25 de 2021, las cuales contextualizan y detallan los riesgos en los que vive la población de esta región del país. A pesar de esto, algunos funcionarios públicos consideran que las numerosas recomendaciones realizadas por la Defensoría desbordan el ámbito de sus funciones.

Por último, sería injusto pasar por alto que a escala regional también hay otros eventos importantes que se están pensando, pues a pesar de que los numerosos hechos delictivos pueden generar en ocasiones que la violencia, al tiempo que se rechaza, se asuma como una condición permanente, también es cierto que al reducir una frontera tan amplia y diversa a una cuestión de titulares se termina vendiendo la leyenda de la periferia ingobernable que se observa lejos desde la gran metrópolis.

Por esto, también hay que decir, de forma paralela a esta serie de eventos, que en la frontera se está pensando la forma de reactivar las relaciones comerciales con Venezuela, a pesar de las erráticas decisiones de los actuales gobiernos nacionales; los instrumentos que permitan dar vida a un plan de desarrollo fronterizo que identifique proyectos conjuntos de las ciudades vecinas; los mecanismos prácticos para que la migración se convierta en una oportunidad; la articulación con las instituciones de cooperación internacional para que la población de llegada y de acogida tengan oportunidades reales de integración; cambiar el enfoque asistencialista de la migración y pasar a una visión de formalización laboral; cómo salir del discurso de crisis permanente a un discurso que logre materializar oportunidades para el desarrollo, y la complementariedad estructural de la economía y la política de Colombia y Venezuela.

Asumir la frontera como sinónimo de violencia y desesperanza es un error, a pesar de que es un relato atractivo. Asumir que la vida sigue igual después de tantos eventos violentos es una ingenuidad. Lo difícil y lo realmente importante es tomarse en serio y comprender la complejidad de la región, su mezcla cultural, sus dinámicas familiares, sus antiguas relaciones de comercio, sus dramas recientes y las oportunidades que se están gestando, más allá del relato de desasosiego permanente.

* Investigador en temas de migración y criminalidad de la Universidad Libre de Cúcuta.