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La ciudad de Cúcuta se encuentra en vilo desde la mañana del martes 14 de diciembre, día en el que se registraron dos explosiones que cobraron la vida de los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, en cercanías del aeropuerto Camilo Daza, de la capital de Norte de Santander. Tan solo tres días después de estos hechos, se reportó un nuevo ataque con explosivos a la estación de Policía del sector “La Ye de Astilleros”, en El Zulia. La información preliminar indica que los uniformados que estaban en el lugar no sufrieron ningún daño.
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Asimismo, la Policía descartó el pasado jueves 16 de diciembre una nueva amenaza de bomba en Los Patios, en el área metropolitana de la capital de Norte de Santander, luego de que habitantes denunciaran una maleta sospechosa en la vía principal. Ese mismo día en la noche hubo otra llamada de alerta por una maleta que fue abandonada en el barrio Tierra Linda. Tras ser revisada por un perro antiexplosivos, se determinó que en su interior no contenía ningún artefacto peligroso. ya el martes de esta misma semana las autoridades habían descartado otro hecho en la Brigada 30 del Ejército, por una motocicleta parqueada en la entrada del lugar, que provocó la suspensión parcial del Consejo de Seguridad.
Entretanto, las autoridades dieron a conocer los retratos hablados de los presuntos responsables del ataque con explosivos en el aeropuerto. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, señaló que se adelantan acciones para identificar al civil que murió en los hechos y que, según las primeras versiones, portaba los explosivos. Además, volvió a apuntar contra alias Jhon Mechas, líder del frente 33 de las disidencias de las Farc, comandadas por Gentil Duarte. Vargas señaló que Jhon Mechas está en Venezuela y allí recibe a narcotraficantes de distintas nacionalidades, entre ellas, de México, de la región de los Balcanes, entre otros.
De acuerdo con Wilfredo Cañizarez, defensor de derechos humanos y director de la Fundación progresar, la disidencia del frente 33, tiene una presencia militar fuerte en el área metropolitana de Cúcuta: “Se nota en algunas comunas de la ciudad la presencia armada, los patrullajes armados en la noche, las amenazas, las extorsiones, incluso los secuestros que han que han regresado a Cúcuta de sobre todo de empresarios de la Palma y de otros sectores de la economía local. Entonces es evidente que la presencia de la disidencia del frente 33 en el área metropolitana de Cúcuta especialmente en nuestra ciudad se presenta en lo que nosotros hemos llamado la urbanización del conflicto y de la violencia en la ciudad.”
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Desde junio pasado, este grupo criminal quedó bajo la lupa de las autoridades cuando se les atribuyó el atentado contra el helicóptero del presidente Iván Duque, que fue atacado en esa misma terminal aérea. Hace un par de meses, en octubre, este frente también fue señalado de estar detrás de los asesinatos de dos menores de 18 años venezolanos, en Tibú, Norte de Santander.
“La situación es supremamente grave, no hay antecedentes. Nosotros en los últimos 90 días hemos tenido que acompañar la salida de 26 líderes sociales de los cuales 14 son líderes ante sus territorios sacados a la fuerza por el paramilitarismo del Clan del Golfo. En los últimos 30 meses 25 líderes sociales han sido asesinados en el departamento, han sido desplazados 6.500 personas de 8 comunidades, algunos por enfrentamientos entre el Eln y el clan del Golfo, otros por las presiones de las guerrillas y otros por las presiones del paramilitarismo por el desarrollo de operaciones militares”, señala Cañizares
Tras los hechos ocurridos en el aeropuerto, la Defensoría del Pueblo recordó que el escenario de riesgo sobre la situación en Cúcuta ya había sido advertido a través de una alerta temprana de agosto de 2020, en la que se explicaba cómo la expansión del Eln, principalmente el frente urbano Carlos Germán Velasco, anunciada desde 2017, había complejizado el panorama de las disputas territoriales que antes habían involucrado principalmente al grupo armado Los Rastrojos y el Clan del Golfo, o AGC como se denominan en la zona. Una radiografía a la que se suma la acción que han desplegado otras estructuras de criminalidad organizada como es el caso de La Banda la Línea, El Tren de Aragua y las Autodefensas Unidas Colombo-venezolanas que operan en tres municipios de frontera.
Una disputa que en Villa del Rosario y la zona urbana de Cúcuta (anillos viales) se da por el control social “con la imposición de fronteras invisibles y restricciones a la movilidad después de ciertas horas, amenazas, extorsiones, homicidios selectivos y desplazamiento intraurbano y interveredal. En la zona igualmente hacen presencia estructuras de vigilancia Privada que buscan hacerse al control de extensiones de tierra en los asentamientos humanos de estos dos municipios y que operan bajo una suerte de “outsorcing” criminal para las actividades de homicidio mediante sicariato, microtráfico, cobro de extorsiones, entre otros”.
“Hay zonas como la vía a Puerto Santander y la vía al Zulia por donde transitan libremente un sinnúmero de gasolina de contrabando, zonas donde hay puestos de policía pero que pareciera no realizan los debidos controles para evitar el tráfico de sustancias que son utilizadas para el procesamiento de la coca, se requiere la revisión de la acción de estas autoridades y la rotación permanente a fin de que no se puedan generar escenarios de presión que conlleven la inacción por parte de las autoridades frente a los fenómenos de violencia e ilegalidad que favorecen la actuación de los grupos armados”, señaló entonces la Defensoría.
De hecho, en marzo del mismo año el organismo había hecho referencia a la crisis que se vivía en la zona y puntualmente a la situación de la población de los diez corregimientos de la zona rural de Cúcuta por cuenta de la intensificación de los enfrentamientos entre Los Rastrojos y el Eln, así como por la presencia de las Fuerzas Armadas: “Los tres municipios de frontera han enfrentado procesos de reacomodo de los grupos armados que en los actuales momentos se encuentran en un punto de muy alta tensión, lo que ha significado la profundización de un contexto de riesgo en especial para la actividad de defensa de los derechos humanos ejercida por integrantes de las mesas de participación de víctimas, el movimiento comunal, asociaciones de mujeres, de productores, defensores del ambiente, las organizaciones campesinas y redes de derechos humanos”.
Cañizares sostiene que esta reconfiguración de los poderes armados ilegales en el territorio viene desde hace dos años y que terminó de culminarse en la incursión paramilitar que ocurrió el 14 de diciembre de 2020 en el área rural de Cúcuta a manos del Clan del Golfo. “Un año antes hubo un proceso que lideraban los Rastrojos y otras bandas locales ligadas al paramilitarismo y al narcotráfico, que comenzaron a ser convocada y llamadas a lo que iba a hacer esa incursión. Hoy tenemos además de ese fenómeno, tres estructuras de las disidencias delas Frac, del frente 33 del frente 41 7 45, sin antecedentes en el departamento, porque antes de 2016 solo operaba el frente 33″.
Sobre la presencia del Frente 33 de las Farc, la Defensoría ha documentado que desde 2020 ha hecho más visible su acción dirigida a la población civil “mediante el cobro de extorsiones, la imposición de cuotas para permitir el desarrollo de ciertas actividades de las economías informales en Puerto Santander y en Cúcuta, así como su interferencia en las dinámicas sociales y comunitarias a fin de demostrar su presencia e ir desplazando el control, por ahora, de Los Rastrojos”.
De acuerdo con el informe de seguridad para el Área Metropolitana de Cúcuta realizado por Border Lab, con cifras entre enero y octubre de 2021, en la ciudad también vienen aumentando los casos de homicidios desde el mes de agosto especialmente en las comunas cinco (120%), diez (22%) y en la zona rural de Cúcuta (21%).