Cúcuta: una frontera porosa y dinámica para la migración

Colombia tiene más de 6.300 km de frontera terrestre con cinco países y costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Son zonas de una riqueza cultural y natural inimaginables, y de constantes flujos de migrantes avivados tanto por la hermandad entre naciones como por los vaivenes políticos de la región. En algunas de estas fronteras hay grupos armados ilegales, rutas de narcos, contrabandistas o traficantes de personas. ¿Cómo fortalecer la presencia del Estado, aprovechar las oportunidades de Integración, dinamizar la economía y aprender de los ejemplos de resiliencia de indígenas, afros y otras comunidades de esas zonas?

El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación, y la Friedrich Ebert Stiftung Colombia (Fescol) recorrieron las zonas limítrofes del país y documentaron su situación. Primera entrega.

(Norte de Santander, ¿otro año sombrío?)

***

Una familia de seis venezolanos recorre el camino que está junto a la carretera que comunica a Cúcuta con Pamplona (Norte de Santander). Llevan a cuestas morrales largos con algunas de sus pertenencias, su pasado en el vecino país y la ilusión de llegar a Antioquia, donde los espera un familiar. Van dos niños de nueve y dos años, dos mujeres jóvenes que recién cumplieron la mayoría de edad, el padre de ellos y la madrastra de tres de los muchachos y madre del más pequeño. Se detienen en una caseta azul cerca de Los Patios y allí la Diócesis de Cúcuta les entrega unas chanclas de plástico y unos alimentos para que continúen con su recorrido.

“Sé que ahora estamos mal, pero mañana estaremos bien. Hay que seguir. Llevamos tres días viajando. Venimos a pie, en cola y moto, dependiendo de las personas que nos ayudan. Vamos para San Luis (Antioquia), porque tenemos unos familiares viviendo allá y por eso decidimos viajar. Venezuela es un país bonito, pero quería venir a Colombia, conocer cómo es y a la gente. Cuando llegue quiero trabajar en lo que sea, tienda de ropa, panadería, cortar cabello, pintar uñas... trabajar para ser alguien en la vida y tener lo mío sin pedirle nada a nadie. En Venezuela dejé a mis dos hermanos y mi padrastro, que fue con quien me crié, también quiero mandarles plata para ayudarlos”, cuenta la joven de 18 años.

La familia debió pagar $50 mil para que todos cruzaran la frontera desde Venezuela por una trocha, como se les conoce a estos pasos no regulados por los que entran los migrantes al país. Cualquier zona limítrofe podría convertirse en una trocha, pese a que se debe cruzar el río Táchira para ello. La Fuerza Pública no puede hacer presencia en todas, porque tan pronto llega a una comienza a operar otra en su reemplazo, por eso tampoco hay certeza de cuántas hay y dónde están. Esto también dificulta que se tenga un registro de las personas que transitan la frontera, sin embargo, Migración Colombia estima que diariamente 16.000 personas entran al país y 14.000 salen de él mediante este límite de la capital nortesantandereana.

El precio que se paga por el tránsito puede variar según la ruta y el actor armado ilegal que lo controle. “Cuando uno llega a la trocha le tiene que pagar a la guerrilla o si no, no lo dejan pasar”, afirma Eduardo, otro migrante venezolano que partió desde el municipio de Mérida. En ese punto del recorrido llevaba 15 días de camino, pese a que tenía un tobillo hinchado que le producía dolor. “Tuve un accidente en una moto en Venezuela y aun así estoy intentando llegar a mi destino: Perú. Allá tengo a un familiar que me consiguió trabajo en una finca en la que hay sembrado de cebolla. Me fui porque el país está muy fuerte. Dejé a mis hijos de cuatro y ocho años con mi mamá, tengo que trabajar para darles de comer a ellos, y mi meta es llevarlos a vivir conmigo. No he podido comunicarme con ellos porque no tengo teléfono, cuando llegue a mi destino los llamo”, añade.

Estos pasos ilegales son peligrosos para los migrantes, pero especialmente para las mujeres, pues se ven expuestas a sufrir violencias basadas en género. Allí hay “cuerpos que se movilizan de un país a otro, y junto con ellos transitan los sobornos de agentes de la Fuerza Pública de ambos países, las extorsiones de actores armados ilegales, las violencias sobre los cuerpos que migran, como el acoso, la humillación, las violaciones y las agresiones contra población LGBT. También transitan partes de cuerpos como cabezas, manos y pies que se dejan estratégicamente dispersos por las trochas, tales restos son además grabados y el material audiovisual es circulado por medio de cadenas de Whatsapp entre los habitantes para expresar su dominio sobre todas las formas de vida en La Parada y desmontar cualquier muestra de empatía ante tanta exhibición de crueldad”, revela el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander en su boletín número tres.

El cruce irregular también incluye mercancías de contrabando. De Colombia a Venezuela salen todo tipo de productos como arroz, aceite, papel higiénico, licores, celulares, insumos médicos, entre otros. Mientras lo que entra es poco, principalmente carne y queso. Una de las personas que se dedica a esta actividad le contó a este medio que son 14 los pagos que deben hacer para poder transportar la mercancía, dos de estos se los pagan a miembros de la Fuerza Pública del lado colombiano de la frontera y los otros 12, del lado venezolano, entre grupos legales e ilegales. Además, los contrabandistas no pueden traficar con estupefacientes porque esa actividad es exclusiva de los ilegales que dominan la frontera.

El Eln, los Rastrojos, EPL, disidencia del frente 33 son los grupos ilegales que hacen presencia en el territorio, según la alerta temprana 35 de 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo. Además de estos grupos está el Clan del Golfo, que tuvo una incursión en el área rural de Cúcuta en diciembre de 2020. Desde entonces en el territorio hay una reconfiguración de los poderes armados ilegales en el territorio, según Wilfredo Cañizarez, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar.

“Hay algunos que encuentran en la frontera, en la informalidad y en la presencia diferencial del Estado en Cúcuta un lugar en donde ejercer un dominio para tener unas rentas ilícitas, ya sea por el cobro de peajes en las trochas, el paso de mercancías, drogas, armas, minería... cualquier tipo de paso de productos de un lado a otro. En Cúcuta, desde 2018, hay presencia del Tren de Aragua, que las autoridades lo consideran de mayor número y peligrosidad, vienen del estado Aragua de Venezuela. Hay otros más esporádicos, como los maracuchos”, dice Kenny Sanguino, investigador en temas de migración y criminalidad de la Universidad Libre de Cúcuta.

En medio de esta dinámica se han presentado varias explosiones y ataques en la ciudad. Las más recientes sucedieron el martes 14 de diciembre, cuando dos artefactos explosivos detonaron en cercanías del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta. En uno de los eventos murió una persona que llevaba los explosivos y los intendentes de la Policía William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez. Tres días después se registró otra explosión en la estación de Policía del sector “La Ye de Astilleros”, en El Zulia, Norte de Santander.

El paso legal y la atención institucional

Si bien la ilegalidad y clandestinidad son parte de la dinámica de la frontera, del otro lado está el paso legal. Hay tres puentes por los que hay un tránsito diario y regular en esta zona del país: el Puente Internacional de Tienditas, el Puente Internacional Simón Bolívar y el Puente Internacional Francisco de Paula Santander (PIFPS). Se estima, por ejemplo, que por el Francisco de Paula Santander, que no es el más concurrido, transitan a diario entre cuatro mil a cinco mil personas. La mayoría de ellas lo hacen para recibir atención en salud o porque viven en Venezuela y estudian en Cúcuta, o son viajeros documentados.

Para atravesar los puentes los venezolanos deben estar debidamente documentados y cumplir con el pico y cédula (según el último dígito de su identificación) o portar algún documento médico que justifique su estancia en Colombia. En la entrada hay un personal de salud que se encarga de asegurarse de que se cumplan las medidas de bioseguridad y de verificar la validez de las órdenes médicas, puesto que muchas veces son falsificadas. Del otro lado de la frontera la Guardia Nacional Bolivariana hace presencia y vigila el tránsito, aunque no lo regulan.

El paso por los puentes es únicamente peatonal, por eso es común ver que algunos se regresan a su país con maletas y bolsas llenas de productos que compraron en Colombia. Esto en vista de que el comercio binacional sigue detenido, pese a la petición constante que realizan desde diferentes sectores. “Hay una inexistencia de relaciones diplomáticas. Se espera que haya pronto una reactivación comercial donde el departamento Norte Santander y el estado de Táchira recuperen el título como la frontera más dinámica de Latinoamérica como antes. Así la gente del interior del país de Venezuela podrá venir a invertir. Esto mejoraría las garantías y oportunidades para los migrantes”, asevera Karol Yessid Blanco, personero de Cúcuta.

Aunque la falta de relaciones diplomáticas entre ambos países complejiza la atención de la migración, desde la Alcaldía de la capital nortesantandereana le apuestan a sembrar la migración. “Lo que encontramos nosotros con tanto flujo migratorio es que los que aspiran a quedarse en Cúcuta tienen una capacitación muy baja, mientras que sus necesidades son todas en cuanto a la reconversión social, económica, educativa y laboral. Ahora nuestra percepción es hacer el ejercicio humanitario y de siembra de la migración a partir de la educación. Es la única herramienta que nos permitirá consolidar unas muy buenas relaciones entre migrantes y locales”, comenta Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta.

La estrategia también tiene como objeto tratar de disminuir los índices de violencia contra ciudadanos venezolanos en la ciudad, pues entre el 1° de enero y el 5 de diciembre del año pasado, 41 extranjeros fueron víctimas de homicidio y en 2020 la cifra llegó a los 55, según la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Además, son los que más sufren otro tipo de agresiones. “La población migrante padeció en mayor medida la violencia psicológica (31 % de los reportes), física (28 %), sexual (28 %) y económica/patrimonial (26 %) a manos de desconocidos, parejas, familiares y Fuerza Pública (esta última con prominente representación en casos de agresiones físicas, 18 %, y psicológicas, 16 %). Un 52 % de las agresiones psicológicas ocurrieron por personas desconocidas, lo que produce alertas en torno a la intersección de las violencias basadas en género y los ataques xenofóbicos contra mujeres migrantes”, asegura el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander.

La violencia no es un asunto aislado, sino que se relaciona con la percepción que tienen las personas acerca de los migrantes. La última encuesta de Cúcuta Cómo Vamos, de 2021, mostró que 46,4 % de los encuestados de la ciudad consideran que la migración es una amenaza y el 14,2 % que es una posible amenaza. “Hay un grupo amplio de personas que piensan esto cuando ya tenemos entre el 13 y 15 % de la población de Cúcuta que es migrante y equivale a la cantidad de personas que viven en los barrios más grandes de la ciudad”, concluye Sanguino.

Colombia tiene más de 6.300 km de frontera terrestre con cinco países y costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Son zonas de una riqueza cultural y natural inimaginables, y de constantes flujos de migrantes avivados tanto por la hermandad entre naciones como por los vaivenes políticos de la región. En algunas de estas fronteras hay grupos armados ilegales, rutas de narcos, contrabandistas o traficantes de personas. ¿Cómo fortalecer la presencia del Estado, aprovechar las oportunidades de Integración, dinamizar la economía y aprender de los ejemplos de resiliencia de indígenas, afros y otras comunidades de esas zonas?

El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación, y la Friedrich Ebert Stiftung Colombia (Fescol) recorrieron las zonas limítrofes del país y documentaron su situación. Primera entrega.

(Norte de Santander, ¿otro año sombrío?)

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Una familia de seis venezolanos recorre el camino que está junto a la carretera que comunica a Cúcuta con Pamplona (Norte de Santander). Llevan a cuestas morrales largos con algunas de sus pertenencias, su pasado en el vecino país y la ilusión de llegar a Antioquia, donde los espera un familiar. Van dos niños de nueve y dos años, dos mujeres jóvenes que recién cumplieron la mayoría de edad, el padre de ellos y la madrastra de tres de los muchachos y madre del más pequeño. Se detienen en una caseta azul cerca de Los Patios y allí la Diócesis de Cúcuta les entrega unas chanclas de plástico y unos alimentos para que continúen con su recorrido.

“Sé que ahora estamos mal, pero mañana estaremos bien. Hay que seguir. Llevamos tres días viajando. Venimos a pie, en cola y moto, dependiendo de las personas que nos ayudan. Vamos para San Luis (Antioquia), porque tenemos unos familiares viviendo allá y por eso decidimos viajar. Venezuela es un país bonito, pero quería venir a Colombia, conocer cómo es y a la gente. Cuando llegue quiero trabajar en lo que sea, tienda de ropa, panadería, cortar cabello, pintar uñas... trabajar para ser alguien en la vida y tener lo mío sin pedirle nada a nadie. En Venezuela dejé a mis dos hermanos y mi padrastro, que fue con quien me crié, también quiero mandarles plata para ayudarlos”, cuenta la joven de 18 años.

La familia debió pagar $50 mil para que todos cruzaran la frontera desde Venezuela por una trocha, como se les conoce a estos pasos no regulados por los que entran los migrantes al país. Cualquier zona limítrofe podría convertirse en una trocha, pese a que se debe cruzar el río Táchira para ello. La Fuerza Pública no puede hacer presencia en todas, porque tan pronto llega a una comienza a operar otra en su reemplazo, por eso tampoco hay certeza de cuántas hay y dónde están. Esto también dificulta que se tenga un registro de las personas que transitan la frontera, sin embargo, Migración Colombia estima que diariamente 16.000 personas entran al país y 14.000 salen de él mediante este límite de la capital nortesantandereana.

El precio que se paga por el tránsito puede variar según la ruta y el actor armado ilegal que lo controle. “Cuando uno llega a la trocha le tiene que pagar a la guerrilla o si no, no lo dejan pasar”, afirma Eduardo, otro migrante venezolano que partió desde el municipio de Mérida. En ese punto del recorrido llevaba 15 días de camino, pese a que tenía un tobillo hinchado que le producía dolor. “Tuve un accidente en una moto en Venezuela y aun así estoy intentando llegar a mi destino: Perú. Allá tengo a un familiar que me consiguió trabajo en una finca en la que hay sembrado de cebolla. Me fui porque el país está muy fuerte. Dejé a mis hijos de cuatro y ocho años con mi mamá, tengo que trabajar para darles de comer a ellos, y mi meta es llevarlos a vivir conmigo. No he podido comunicarme con ellos porque no tengo teléfono, cuando llegue a mi destino los llamo”, añade.

Estos pasos ilegales son peligrosos para los migrantes, pero especialmente para las mujeres, pues se ven expuestas a sufrir violencias basadas en género. Allí hay “cuerpos que se movilizan de un país a otro, y junto con ellos transitan los sobornos de agentes de la Fuerza Pública de ambos países, las extorsiones de actores armados ilegales, las violencias sobre los cuerpos que migran, como el acoso, la humillación, las violaciones y las agresiones contra población LGBT. También transitan partes de cuerpos como cabezas, manos y pies que se dejan estratégicamente dispersos por las trochas, tales restos son además grabados y el material audiovisual es circulado por medio de cadenas de Whatsapp entre los habitantes para expresar su dominio sobre todas las formas de vida en La Parada y desmontar cualquier muestra de empatía ante tanta exhibición de crueldad”, revela el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander en su boletín número tres.

El cruce irregular también incluye mercancías de contrabando. De Colombia a Venezuela salen todo tipo de productos como arroz, aceite, papel higiénico, licores, celulares, insumos médicos, entre otros. Mientras lo que entra es poco, principalmente carne y queso. Una de las personas que se dedica a esta actividad le contó a este medio que son 14 los pagos que deben hacer para poder transportar la mercancía, dos de estos se los pagan a miembros de la Fuerza Pública del lado colombiano de la frontera y los otros 12, del lado venezolano, entre grupos legales e ilegales. Además, los contrabandistas no pueden traficar con estupefacientes porque esa actividad es exclusiva de los ilegales que dominan la frontera.

El Eln, los Rastrojos, EPL, disidencia del frente 33 son los grupos ilegales que hacen presencia en el territorio, según la alerta temprana 35 de 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo. Además de estos grupos está el Clan del Golfo, que tuvo una incursión en el área rural de Cúcuta en diciembre de 2020. Desde entonces en el territorio hay una reconfiguración de los poderes armados ilegales en el territorio, según Wilfredo Cañizarez, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar.

“Hay algunos que encuentran en la frontera, en la informalidad y en la presencia diferencial del Estado en Cúcuta un lugar en donde ejercer un dominio para tener unas rentas ilícitas, ya sea por el cobro de peajes en las trochas, el paso de mercancías, drogas, armas, minería... cualquier tipo de paso de productos de un lado a otro. En Cúcuta, desde 2018, hay presencia del Tren de Aragua, que las autoridades lo consideran de mayor número y peligrosidad, vienen del estado Aragua de Venezuela. Hay otros más esporádicos, como los maracuchos”, dice Kenny Sanguino, investigador en temas de migración y criminalidad de la Universidad Libre de Cúcuta.

En medio de esta dinámica se han presentado varias explosiones y ataques en la ciudad. Las más recientes sucedieron el martes 14 de diciembre, cuando dos artefactos explosivos detonaron en cercanías del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta. En uno de los eventos murió una persona que llevaba los explosivos y los intendentes de la Policía William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez. Tres días después se registró otra explosión en la estación de Policía del sector “La Ye de Astilleros”, en El Zulia, Norte de Santander.

El paso legal y la atención institucional

Si bien la ilegalidad y clandestinidad son parte de la dinámica de la frontera, del otro lado está el paso legal. Hay tres puentes por los que hay un tránsito diario y regular en esta zona del país: el Puente Internacional de Tienditas, el Puente Internacional Simón Bolívar y el Puente Internacional Francisco de Paula Santander (PIFPS). Se estima, por ejemplo, que por el Francisco de Paula Santander, que no es el más concurrido, transitan a diario entre cuatro mil a cinco mil personas. La mayoría de ellas lo hacen para recibir atención en salud o porque viven en Venezuela y estudian en Cúcuta, o son viajeros documentados.

Para atravesar los puentes los venezolanos deben estar debidamente documentados y cumplir con el pico y cédula (según el último dígito de su identificación) o portar algún documento médico que justifique su estancia en Colombia. En la entrada hay un personal de salud que se encarga de asegurarse de que se cumplan las medidas de bioseguridad y de verificar la validez de las órdenes médicas, puesto que muchas veces son falsificadas. Del otro lado de la frontera la Guardia Nacional Bolivariana hace presencia y vigila el tránsito, aunque no lo regulan.

El paso por los puentes es únicamente peatonal, por eso es común ver que algunos se regresan a su país con maletas y bolsas llenas de productos que compraron en Colombia. Esto en vista de que el comercio binacional sigue detenido, pese a la petición constante que realizan desde diferentes sectores. “Hay una inexistencia de relaciones diplomáticas. Se espera que haya pronto una reactivación comercial donde el departamento Norte Santander y el estado de Táchira recuperen el título como la frontera más dinámica de Latinoamérica como antes. Así la gente del interior del país de Venezuela podrá venir a invertir. Esto mejoraría las garantías y oportunidades para los migrantes”, asevera Karol Yessid Blanco, personero de Cúcuta.

Aunque la falta de relaciones diplomáticas entre ambos países complejiza la atención de la migración, desde la Alcaldía de la capital nortesantandereana le apuestan a sembrar la migración. “Lo que encontramos nosotros con tanto flujo migratorio es que los que aspiran a quedarse en Cúcuta tienen una capacitación muy baja, mientras que sus necesidades son todas en cuanto a la reconversión social, económica, educativa y laboral. Ahora nuestra percepción es hacer el ejercicio humanitario y de siembra de la migración a partir de la educación. Es la única herramienta que nos permitirá consolidar unas muy buenas relaciones entre migrantes y locales”, comenta Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta.

La estrategia también tiene como objeto tratar de disminuir los índices de violencia contra ciudadanos venezolanos en la ciudad, pues entre el 1° de enero y el 5 de diciembre del año pasado, 41 extranjeros fueron víctimas de homicidio y en 2020 la cifra llegó a los 55, según la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Además, son los que más sufren otro tipo de agresiones. “La población migrante padeció en mayor medida la violencia psicológica (31 % de los reportes), física (28 %), sexual (28 %) y económica/patrimonial (26 %) a manos de desconocidos, parejas, familiares y Fuerza Pública (esta última con prominente representación en casos de agresiones físicas, 18 %, y psicológicas, 16 %). Un 52 % de las agresiones psicológicas ocurrieron por personas desconocidas, lo que produce alertas en torno a la intersección de las violencias basadas en género y los ataques xenofóbicos contra mujeres migrantes”, asegura el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander.

La violencia no es un asunto aislado, sino que se relaciona con la percepción que tienen las personas acerca de los migrantes. La última encuesta de Cúcuta Cómo Vamos, de 2021, mostró que 46,4 % de los encuestados de la ciudad consideran que la migración es una amenaza y el 14,2 % que es una posible amenaza. “Hay un grupo amplio de personas que piensan esto cuando ya tenemos entre el 13 y 15 % de la población de Cúcuta que es migrante y equivale a la cantidad de personas que viven en los barrios más grandes de la ciudad”, concluye Sanguino.