El miércoles 22 de diciembre de 2021, se desvanecieron las esperanzas de los exportadores nortesantandereanos de reactivar el comercio binacional con Venezuela, desde Cúcuta, por lo menos en el mediano plazo.
Ese día, Carolina Moros —gerente de Cosmogreen, empresa de origen colombiano que brinda soluciones de limpieza para el hogar— participó de un piloto para exportar desde Cúcuta hacia Venezuela un contenedor con productos que era esperado por un cliente en el vecino país.
Y pese a cumplir con todas las exigencias legales para este tipo de operaciones, al llegar a la oficina de la DIAN en el puente internacional Francisco de Paula Santander, no había ningún funcionario de esa entidad presente en el lugar, razón por la cual se frustró el intento de lo que pudo convertirse en la reanudación del comercio binacional desde la capital de Norte de Santander.
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Lo que aún nadie entiende es por qué desde La Guajira sí es posible exportar hacia el vecino país, con los correspondientes sobrecostos de fletes, pues el desplazamiento es más largo.
Consultado por este diario, Lucas Gómez, gerente de Fronteras, se abstuvo de dar declaraciones. “Sobre la reapertura comercial el vocero de ese tema es la Cancillería y prefiero no pronunciarme frente al tema”.
Desde el estado del Táchira, Carlos Trompiz —asesor del gobernador Fredy Bernal— le comentó a El Espectador que “el presidente Maduro y el gobernador Bernal siempre han tenido disposición para que se abra la frontera. En ningún momento ha habido algún impedimento y nuestro presidente está dispuesto a sentarse con el Gobierno de Colombia para dialogar y que no haya impedimentos para restablecer las relaciones comerciales por Norte de Santander y Táchira, porque es muy costoso enviar las mercancías por Paraguachón, en La Guajira”.
Miremos por el espejo retrovisor para entender el problema: en 2015 el gobierno de Nicolás Maduro cerró los ocho pasos fronterizos binacionales para luego, en 2019, bloquear los puentes Simón Bolívar, Santander y Tienditas —que conectan los dos países— con contenedores rellenos de arena. Esa decisión perjudicó a la población binacional, al tiempo que favoreció a los grupos criminales que se movilizaban por las trochas y desde entonces se adueñaron del contrabando, el tráfico de personas y el narcotráfico, entre otros delitos.
Para no alargar la historia, en la primera semana de octubre del año pasado el gobierno venezolano comenzó la reapertura comercial del principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Duque aseguró que se haría una apertura comercial de frontera, pero hasta ahora eso no ocurrió.
“Lo que no se compadece es el tratamiento que se la da a la frontera de Norte de Santander frente a otras fronteras. No hay norma, resolución, decreto o ley que diga que la frontera de aduanas entre Norte de Santander y Táchira esté cerrada y nadie sabe por qué no se puede abrir”, comenta Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial de Norte de Santander.
Añade que parte del problema se origina “porque los gobiernos de Bogotá y Caracas nos cogieron la frontera como un cuadrilátero para disputar sus diferencias ideológicas”. Hoy, si un empresario de esa región del país quiere venderle a un cliente en Venezuela debe dar la vuelta por La Guajira, y llegar a Venezuela desde Maicao y Paraguachón. Por esta vía el pago de fletes se incrementaría un 150 %.
Sandra Guzmán, quien preside la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC), capítulo Cúcuta, precisa que el paso o intercambio comercial quedó en stand by porque el gobierno del presidente Duque no ha autorizado el paso de camiones con exportaciones de mercancía. Eso hizo que todas las operaciones de comercio internacional se canalizaran hacia La Guajira, a través de Maicao y Paraguachón, y así “Cúcuta quedó en desventaja, debido a que contábamos aquí con 68 agencias de aduana, y hoy quedan solo tres”.
Como cada agencia tenía diez trabajadores, esto significa que más de 600 personas perdieron su empleo, en una ciudad que en noviembre de 2021 tuvo el tercer peor indicador de desempleo: 19,5 %, entre 23 ciudades y áreas metropolitanas del país.
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Visión social del problema
Germán Umaña, presidente ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana (CCV), justifica con argumentos de fondo por qué es necesaria la apertura comercial de la frontera, tanto para Táchira como para Norte de Santander. “Abrir las fronteras contribuirá a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población venezolana”, y explica que en ese contexto de graves dificultades provocadas por el hecho de que no haya comercio ni inversiones regionales, Norte de Santander tiene 20 % más pobreza que el resto del país e igual pasa en Táchira, en donde hay más pobreza que en el resto de Venezuela.
Norte de Santander, además, tiene 6 % más de desempleo que las demás regiones de Colombia, similar al indicador en la frontera Táchira frente al resto de Venezuela.
Entonces, afirma Umaña, una recuperación socioeconómica en la zona de frontera “contribuirá a mejorar el tema de la seguridad. Infortunadamente, por las trochas, los cálculos de la Cámara Colombo-Venezolana indican que están pasando entre US$600 y US$800 millones por contrabando, y si se legaliza el comercio a través de las aduanas se remplazará el comercio ilegal por uno legal y eso mejorará la seguridad, porque así vamos a combatir el lavado de activos y el contrabando, y también mejorarán las condiciones de salud en la frontera, porque se permitirá la comercialización de medicamentos”.
Y va más allá al señalar que con la normalización en el intercambio comercial desde Cúcuta “se combatirá la violación de derechos humanos que existe por las trochas, relacionado con las coimas que reciben los agentes delincuenciales que hay en la frontera, pero también se contribuirá a mejorar condiciones de los derechos de la mujer, degradados por la corrupción y la presencia de actores armados ilegales, así como la seguridad alimentaria, “porque la exportación de alimentos se está haciendo por vías ilegales”.
“Entendemos la posición del Gobierno Nacional desde el punto de vista diplomático, pues hay grandes dificultades que ambos gobiernos nacionales tendrán que solucionar. Sin embargo, tanto constitucional como legalmente puede haber acuerdos regionales para recuperar el bienestar de las fronteras”, concluye Umaña.
Cuando el comercio binacional en 2008 era de US$8.000 millones, el 70 % de mercancías pasaba por la frontera Táchira-Norte de Santander, pero desde 2015 se comenzó a deteriorar (ver infografía). En caso de abrirse el paso por Cúcuta, la CCV calcula que en 2022 las exportaciones llegarían a más de US$1.200 millones, lo que recuperaría el comercio binacional desde el punto de vista legal.
Otra voz consultada sobre el tema es la de Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), quien no ve buenas perspectivas teniendo en cuenta dos variables que impiden el intercambio por Cúcuta: la política y el asunto de pagos. “El tema es inminentemente político, más que económico. El presidente Maduro habló la reactivación de la frontera, pero no pasó de un simple anuncio. Y el otro tema es de tipo económico, ya que desde 2009, cuando se dio el primer cierre de la frontera, los empresarios colombianos no reciben pagos anticipados desde Venezuela por la mercancía. Estos dos puntos no han sido solucionados y eso impide el intercambio por Cúcuta”.
Mientras tanto, Carolina Moros, gerente de Cosmogreen, con voz entrecortada y al borde del llanto, relata que “la historia nuestra es dura, tuvimos que sacar veinte trabajadores. No podemos quedarnos sentados llorando, nos toca levantarnos de esto, poner la mejor actitud. Esto no es un capricho, no estamos intentando que se abra la frontera porque sea un acto de rebeldía nuestra o un interés de algún grupo político. Lo estamos haciendo porque realmente lo necesitamos”.
