Cuiracuas, los indígenas siona que usan la cartografía para cuidar su territorio

Mario Erazo tiene 42 años. Es gobernador del resguardo Buenavista del pueblo siona en Putumayo y también cuiracua, es decir, guardia indígena. Junto a sus compañeros, se levanta muy temprano en las mañanas para recorrer su territorio. Antes de salir, desde el mandato del legado ancestral de su pueblo, toman yagé, la medicina tradicional y espiritual, para que su yai bain (que traduce gente tigre, como se les dice a los taitas mayores) los cure, dándoles fuerza y fortaleza para caminar.

Durante el espacio ceremonial, con la toma del yagé, los cuiracuas visualizan cómo se encuentra el territorio y piden permiso a sus espíritus ancestrales para entrar con cuidado al recorrido previsto. Posteriormente, se aseguran de llevar GPS y celulares que tengan un programa que permite marcar puntos y así construir mapas del resguardo.

Erazo y sus compañeros forman parte de un grupo de indígenas de esta comunidad que se han educado en el uso de tecnología para la construcción de mapas que les permitan tener insumos documentales y sustentar sus reclamos ante las instituciones públicas.

El resguardo Buenavista es una de las 12 comunidades que conforman el pueblo siona. En 1974, la zona fue declarada reserva indígena y nueve años después, en 1983, la comunidad logró que el Estado, mediante el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), les titulara el resguardo con la resolución 045 del 21 de julio de ese año. Inicialmente, consiguieron el título de 4.500 hectáreas, pero desde 2017, con una solicitud de restitución de tierras, han pedido que les amplíen el territorio a 52.029 hectáreas. Dicha solicitud aún se encuentra en estudio por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Después de los recorridos, Erazo y el resto de los cuiracuas ingresan la información recopilada en un sistema especial de procesamiento de datos llamada QGIS, que permite, en la cartografía, señalar lugares identificados como zonas afectadas por deforestación, sitios sagrados, fuentes de agua y quebradas, entre otros. Todo enmarcado desde la construcción de mapas narrativos que nacen del sentir y el conocimiento de sus abuelos.

De esta manera, los cuiracuas generan conocimiento para el beneficio colectivo, una práctica que, al ser construida por la misma comunidad, les da la confianza de saber que la información se va a quedar con ellos en territorio desde el sentir y el hacer.

El censo actualizado de la comunidad señala que su población es de 730 personas y 235 familias. Su mai coca (lengua materna) desciende del tukano occidental y sus prácticas de identidad cultural se basan en la chagra. Este es un espacio de educación en donde sus mayoras y mayores les enseñan a sus hijos a cuidar y sembrar en su territorio plantas medicinales y de alimentos para subsistir, así como la espiritualidad por medio de la toma del sagrado remedio del yagé.

La historia de los cuiracuas de la comunidad siona se remonta a 2012, cuando comenzó un conflicto con la petrolera Amerisur Exploración Colombia Ltda., filial en el país de la británica Amerisur. Esta empresa luego pasó a llamarse La Nueva Amerisur, una vez la chilena Geopark la adquirió en 2020. La compañía comenzó una exploración petrolera en una zona que la comunidad considera su territorio ancestral, aunque quedaba fuera del resguardo delimitado en 1983.

Como lo cuenta el reportaje ‘La larga lucha de los siona en defensa de su territorio ancestral’, del medio Verdad Abierta, la empresa hizo entre 2014 y 2015 una consulta previa para buscar el respaldo de la comunidad a la exploración petrolera. Este es un requisito que obliga la ley colombiana cuando se busca realizar un proyecto extractivista en una comunidad étnica.

En la investigación de Verdad Abierta se señala que existieron varias irregularidades en la consulta. “No contó con el acompañamiento ni de la Dirección de Asunto Étnicos (del Ministerio del Interior), ni de la Defensoría, ni la Procuraduría”, señala el reportaje. Aunque la comunidad decidió, en la consulta previa, rechazar el proyecto petrolero, Amerisur continúo trabajando en la zona.

En 2015, Armando Maniguaje, un líder de la comunidad, viajó a Lago Agrio, Ecuador, y con el apoyo de Alianza Ceibo, una organización que reúne a cuatro pueblos indígenas, comenzó el proceso denominado Defensores Territoriales. En ese lugar, varios miembros de la guardia indígena comenzaron a capacitarse en cartografía, comunicación y derechos humanos. “Ahí, Armando conoció a una abogada, y con su apoyo iniciamos a reclamar nuestros derechos e impulsamos el proceso de restitución de tierras. Todo esto fue en 2016, cuando desde el resguardo les enviamos resoluciones al Gobierno y a la petrolera”, cuenta Erazo.

Para esa misma época, comenzó el proceso de solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con una caracterización del terreno. La comunidad había hecho un trabajo previo entre 2008 y 2011, recorriendo lo que considera su territorio ancestral y quería usar esta información en el proceso. “Nosotros recorrimos todo el territorio ancestral solicitado, pero la URT quería delimitarlo de forma satelital”, cuenta Erazo.

En ese momento, los cuiracuas, utilizando todo lo que habían aprendido, recorrieron todo el territorio que iban a solicitar en restitución, con el apoyo de Alianza Ceibo. En ese momento, determinaron que, con la ampliación, el predio era de 52.029 hectáreas.

Los cuiracuas cuentan que, hasta 2019, cada año recorrían todo lo que ellos consideran su territorio ancestral, caminando por lugares que son sagrados para la comunidad. Adiela Mera, lideresa cuiracua, cuenta que recogen los puntos para construir los mapas en sitios en los que encuentran sus plantas sagradas, sus alimentos y sus fuentes de agua. “Ser cuiracua es un legado de nuestros ancestros. En la actualidad, nos encontramos de forma física para salvaguardar y defender nuestro territorio por la vida y pervivencia de nuestro pueblo siona”, afirmó Mera, quien lleva el proceso de fortalecimiento cultural por medio de la danza con niños/as, jóvenes y adolescentes siona del resguardo Buenavista.

Angie Rivera es geógrafa y coordinadora del área de Geografía y Territorio del Observatorio de Derechos Territoriales de los pueblos Indígenas, de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, una organización que sirve como espacio de concertación entre los pueblos originarios y el Gobierno nacional. Rivera señala que los territorios son muy complejos y no se reducen a la descripción que puede tener un predio de un particular. “No solo es su casa, también están los ríos, los sitios sagrados, los cerros, los lugares de peregrinación para sus rituales. Así estos elementos no aparezcan en los documentos que definen los límites del resguardo, forman parte de la identificación y de la cosmología de cada pueblo”, explica Rivera.

El gobernador Erazo cuenta que entre 2015 y 2019, los cuiracua recorrieron hasta cuatro veces por año todo su territorio ancestral y lograron “caracterizar a través de mapas” todo lo que encontraron. “En 2019 tuvimos que parar por la presencia de grupos armados en la zona y recibimos muchas amenazas. Nuestra última entrada fue en el año 2019, cuando la empresa Amerisur abrió trochas con el fin de realizar sísmica en el territorio que hoy seguimos peleando jurídicamente. En aquel entonces, encontramos taladros, cables y otra maquinaria”, cuenta el gobernador.

Con toda la información que recogieron los cuiracuas, en 2017, el resguardo solicitó ante la URT la restitución de lo que consideran su territorio ancestral. La entidad aceptó la petición y, como indica la Ley 1448 de 2011, envió el proceso a un juez de tierras. En ese momento, la URT asumió la representación de la comunidad en el caso y en conjunto solicitaron medidas cautelares ante el Juzgado Primero Civil Especializado Restitución de Tierras de Mocoa.

Lo que se buscaba era que, con una decisión judicial, se protegiera el territorio solicitado, mientras se definía el proceso de restitución de tierras en los tribunales. Estas medidas fueron otorgadas en el Auto Interlocutorio 531 del 21 de agosto de 2018, en donde emitieron 15 órdenes a instituciones del Estado para resguardar todo lo que ha pedido la comunidad hasta se tenga una sentencia definitiva.

Las medidas cautelares ordenaron suspender la toma de decisiones en procesos administrativos y judiciales sobre el territorio ancestral solicitado por los siona y las actividades de exploración y explotación petrolera hasta que se dicte la sentencia que defina la solicitud de restitución de tierras. Además, también parar el proceso de la constitución de resguardo a favor del cabildo Kwesx Kiwe, una comunidad indígena nasa que llegó al territorio hace más de tres décadas y que también reclama la propiedad de la tierra.

Los siona llevaron el caso también ante instancias internacionales, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 otorgó medidas cautelares con la resolución 53 MC 395-18, para proteger su territorio.

En 2019, el resguardo decidió quitarle su representación en el proceso a la URT y asignárselo a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una organización de la sociedad civil que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos y de otra serie de afectaciones del conflicto armado. Según el gobernador Erazo, esta decisión se tomó porque la comunidad no quería verse representada por una entidad del Estado, que en el pasado no ha hecho valer sus derechos.

Precisamente, Angie Rivera, de la CNTI, señala que el hecho de que los indígenas siona hayan tenido que aprender herramientas digitales para construir mapas con el fin de sustentar sus reclamos es una muestra de la falta de conciencia desde el Estado a la hora de aplicar los derechos territoriales de estos pueblos. “Las entidades públicas deberían hacer un reconocimiento y una identificación del territorio que las comunidades siempre han habitado, e incluirlas en el proceso”, señala Rivera.

La geógrafa explica que, si bien hay resguardos como Buenavista, que ha logrado formarse por su cuenta para crear sus propios mapas, hay casos de comunidades con entornos más vulnerables, o que no han podido encontrar apoyo en esta vía. “Todo esto afecta a la comunidad. Cuando solo dependen del trabajo del Estado, son años los que duran estos procedimientos sin que haya un reconocimiento de su territorio”, dice Rivera.

Nury Martínez, coordinadora del área de Tierras y Derecho territoriales de la CCJ, explicó que el juez insiste en que en el proceso judicial se deben agotar varias actividades antes de iniciar la fase probatoria, incluyendo la notificación a terceros que se declaren interesados en el territorio objeto del proceso. Desde 2018, cuando la demanda fue admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, hasta la actualidad se sigue en la etapa de notificación y no se ha logrado abrir la etapa probatoria.

La CCJ interpuso una acción de tutela en octubre de 2021 para exigir la celeridad del proceso y la apertura de la fase de pruebas, el asunto llegó a revisión a la Corte Constitucional y mediante la sentencia T-341 de 2022 ordenó al despacho que lleva el caso y a los entes de control tres medidas particulares para que avance el proceso, entre ellas la culminación de notificación a terceros para pasar a etapa probatoria. El 18 de julio de 2023 se adelantaron actividades ordenadas por el juez para notificar a terceros interesados, esta actividad fue desarrollada coordinadamente entre la URT, la Defensoría del Pueblo y la CCJ. “Sabemos que todavía nos demoramos en esta etapa debido a la gran cantidad de personas vinculadas e interesadas en ser partícipes del proceso. Esto no culmina con la sentencia, se busca reconocer al sujeto colectivo como víctima del conflicto armado, acreditando la existencia de los problemas territoriales para garantizar la reparación colectiva”, cuenta Martínez, de la CCJ.

Además de la petrolera y de la otra comunidad indígena, en el territorio reclamado por el resguardo siona Buenavista también viven varios campesinos que llegaron y que en la actualidad insisten en la construcción de una carretera, esto en contra de la voluntad de los indígenas, lo que hace más complejo el proceso judicial.

Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad espera que se actualice la información que tiene la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Unidad de Restitución de Tierras (URT) en cuanto al territorio constituido. Existe una falta de coherencia entre los mapas de las instituciones del Estado y el territorio que se describió con la creación del resguardo en 1983 y la realidad actual. Durante estas cuatro décadas, el resguardo compró nuevos predios para sumarlos al territorio colectivo y dentro de la solicitud de restitución, la comunidad pide que la ANT amplíe el resguardo, teniendo en cuenta estas propiedades.

Además, ante la solicitud de un juez, la comunidad espera trabajar junto a las entidades para construir mapas que muestren el estado de la deforestación del territorio y los predios en los que viven los campesinos y la comunidad nasa en la zona de ampliación que piden los siona.

La abogada Martínez, de la CCJ, señala que el fortalecimiento de las autoridades territoriales de la comunidad ha sido clave y se da desde varios puntos: “Conociendo el territorio, caminándolo y cuidándolo; entendiendo los procesos que se hacen para cuidarlo frente a los terceros y compartiendo con la comunidad y vinculándola a esos procesos”.

Martínez agrega que las actividades que se han hecho para identificar las zonas protegidas para la comunidad se hacen desde su cultura, desde sus conocimientos ancestrales, desde su espiritualidad. “Son recorridos que han permitido identificar geográficamente puntos estratégicos para poder brindarles herramientas a las instituciones del Estado que se encuentran en una mora de poder garantizar la claridad de los territorios”, cuenta la funcionaria de la CCJ.

Los cuiracuas dicen que todo este proceso de aprendizaje les ha aportado, además, en la construcción de un gobierno propio que les da mayor autoridad para ejercer su autonomía en el territorio. Este grupo de indígenas resaltan la importancia de sus conocimientos transgeneracionales que los ha identificado culturalmente como ziobain, el aprender a leer el territorio desde las herramientas ancestrales.

También son conscientes de la importancia de capacitarse en todos los ámbitos de estudio con herramientas tecnológicas que les permitan seguir cuidando y defendiendo el territorio para la pervivencia de su pueblo bajo sus propias formas de vida. “El territorio habla por sí solo y su conexión espiritual es base fundamental. Tener registro de ello es importante”, concluye el gobernador del resguardo.

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) como parte de la segunda edición del proyecto ‘CdR/Lab Periodismo para cubrir los conflictos por la tierra’.

Mario Erazo tiene 42 años. Es gobernador del resguardo Buenavista del pueblo siona en Putumayo y también cuiracua, es decir, guardia indígena. Junto a sus compañeros, se levanta muy temprano en las mañanas para recorrer su territorio. Antes de salir, desde el mandato del legado ancestral de su pueblo, toman yagé, la medicina tradicional y espiritual, para que su yai bain (que traduce gente tigre, como se les dice a los taitas mayores) los cure, dándoles fuerza y fortaleza para caminar.

Durante el espacio ceremonial, con la toma del yagé, los cuiracuas visualizan cómo se encuentra el territorio y piden permiso a sus espíritus ancestrales para entrar con cuidado al recorrido previsto. Posteriormente, se aseguran de llevar GPS y celulares que tengan un programa que permite marcar puntos y así construir mapas del resguardo.

Erazo y sus compañeros forman parte de un grupo de indígenas de esta comunidad que se han educado en el uso de tecnología para la construcción de mapas que les permitan tener insumos documentales y sustentar sus reclamos ante las instituciones públicas.

El resguardo Buenavista es una de las 12 comunidades que conforman el pueblo siona. En 1974, la zona fue declarada reserva indígena y nueve años después, en 1983, la comunidad logró que el Estado, mediante el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), les titulara el resguardo con la resolución 045 del 21 de julio de ese año. Inicialmente, consiguieron el título de 4.500 hectáreas, pero desde 2017, con una solicitud de restitución de tierras, han pedido que les amplíen el territorio a 52.029 hectáreas. Dicha solicitud aún se encuentra en estudio por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Después de los recorridos, Erazo y el resto de los cuiracuas ingresan la información recopilada en un sistema especial de procesamiento de datos llamada QGIS, que permite, en la cartografía, señalar lugares identificados como zonas afectadas por deforestación, sitios sagrados, fuentes de agua y quebradas, entre otros. Todo enmarcado desde la construcción de mapas narrativos que nacen del sentir y el conocimiento de sus abuelos.

De esta manera, los cuiracuas generan conocimiento para el beneficio colectivo, una práctica que, al ser construida por la misma comunidad, les da la confianza de saber que la información se va a quedar con ellos en territorio desde el sentir y el hacer.

El censo actualizado de la comunidad señala que su población es de 730 personas y 235 familias. Su mai coca (lengua materna) desciende del tukano occidental y sus prácticas de identidad cultural se basan en la chagra. Este es un espacio de educación en donde sus mayoras y mayores les enseñan a sus hijos a cuidar y sembrar en su territorio plantas medicinales y de alimentos para subsistir, así como la espiritualidad por medio de la toma del sagrado remedio del yagé.

La historia de los cuiracuas de la comunidad siona se remonta a 2012, cuando comenzó un conflicto con la petrolera Amerisur Exploración Colombia Ltda., filial en el país de la británica Amerisur. Esta empresa luego pasó a llamarse La Nueva Amerisur, una vez la chilena Geopark la adquirió en 2020. La compañía comenzó una exploración petrolera en una zona que la comunidad considera su territorio ancestral, aunque quedaba fuera del resguardo delimitado en 1983.

Como lo cuenta el reportaje ‘La larga lucha de los siona en defensa de su territorio ancestral’, del medio Verdad Abierta, la empresa hizo entre 2014 y 2015 una consulta previa para buscar el respaldo de la comunidad a la exploración petrolera. Este es un requisito que obliga la ley colombiana cuando se busca realizar un proyecto extractivista en una comunidad étnica.

En la investigación de Verdad Abierta se señala que existieron varias irregularidades en la consulta. “No contó con el acompañamiento ni de la Dirección de Asunto Étnicos (del Ministerio del Interior), ni de la Defensoría, ni la Procuraduría”, señala el reportaje. Aunque la comunidad decidió, en la consulta previa, rechazar el proyecto petrolero, Amerisur continúo trabajando en la zona.

En 2015, Armando Maniguaje, un líder de la comunidad, viajó a Lago Agrio, Ecuador, y con el apoyo de Alianza Ceibo, una organización que reúne a cuatro pueblos indígenas, comenzó el proceso denominado Defensores Territoriales. En ese lugar, varios miembros de la guardia indígena comenzaron a capacitarse en cartografía, comunicación y derechos humanos. “Ahí, Armando conoció a una abogada, y con su apoyo iniciamos a reclamar nuestros derechos e impulsamos el proceso de restitución de tierras. Todo esto fue en 2016, cuando desde el resguardo les enviamos resoluciones al Gobierno y a la petrolera”, cuenta Erazo.

Para esa misma época, comenzó el proceso de solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con una caracterización del terreno. La comunidad había hecho un trabajo previo entre 2008 y 2011, recorriendo lo que considera su territorio ancestral y quería usar esta información en el proceso. “Nosotros recorrimos todo el territorio ancestral solicitado, pero la URT quería delimitarlo de forma satelital”, cuenta Erazo.

En ese momento, los cuiracuas, utilizando todo lo que habían aprendido, recorrieron todo el territorio que iban a solicitar en restitución, con el apoyo de Alianza Ceibo. En ese momento, determinaron que, con la ampliación, el predio era de 52.029 hectáreas.

Los cuiracuas cuentan que, hasta 2019, cada año recorrían todo lo que ellos consideran su territorio ancestral, caminando por lugares que son sagrados para la comunidad. Adiela Mera, lideresa cuiracua, cuenta que recogen los puntos para construir los mapas en sitios en los que encuentran sus plantas sagradas, sus alimentos y sus fuentes de agua. “Ser cuiracua es un legado de nuestros ancestros. En la actualidad, nos encontramos de forma física para salvaguardar y defender nuestro territorio por la vida y pervivencia de nuestro pueblo siona”, afirmó Mera, quien lleva el proceso de fortalecimiento cultural por medio de la danza con niños/as, jóvenes y adolescentes siona del resguardo Buenavista.

Angie Rivera es geógrafa y coordinadora del área de Geografía y Territorio del Observatorio de Derechos Territoriales de los pueblos Indígenas, de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, una organización que sirve como espacio de concertación entre los pueblos originarios y el Gobierno nacional. Rivera señala que los territorios son muy complejos y no se reducen a la descripción que puede tener un predio de un particular. “No solo es su casa, también están los ríos, los sitios sagrados, los cerros, los lugares de peregrinación para sus rituales. Así estos elementos no aparezcan en los documentos que definen los límites del resguardo, forman parte de la identificación y de la cosmología de cada pueblo”, explica Rivera.

El gobernador Erazo cuenta que entre 2015 y 2019, los cuiracua recorrieron hasta cuatro veces por año todo su territorio ancestral y lograron “caracterizar a través de mapas” todo lo que encontraron. “En 2019 tuvimos que parar por la presencia de grupos armados en la zona y recibimos muchas amenazas. Nuestra última entrada fue en el año 2019, cuando la empresa Amerisur abrió trochas con el fin de realizar sísmica en el territorio que hoy seguimos peleando jurídicamente. En aquel entonces, encontramos taladros, cables y otra maquinaria”, cuenta el gobernador.

Con toda la información que recogieron los cuiracuas, en 2017, el resguardo solicitó ante la URT la restitución de lo que consideran su territorio ancestral. La entidad aceptó la petición y, como indica la Ley 1448 de 2011, envió el proceso a un juez de tierras. En ese momento, la URT asumió la representación de la comunidad en el caso y en conjunto solicitaron medidas cautelares ante el Juzgado Primero Civil Especializado Restitución de Tierras de Mocoa.

Lo que se buscaba era que, con una decisión judicial, se protegiera el territorio solicitado, mientras se definía el proceso de restitución de tierras en los tribunales. Estas medidas fueron otorgadas en el Auto Interlocutorio 531 del 21 de agosto de 2018, en donde emitieron 15 órdenes a instituciones del Estado para resguardar todo lo que ha pedido la comunidad hasta se tenga una sentencia definitiva.

Las medidas cautelares ordenaron suspender la toma de decisiones en procesos administrativos y judiciales sobre el territorio ancestral solicitado por los siona y las actividades de exploración y explotación petrolera hasta que se dicte la sentencia que defina la solicitud de restitución de tierras. Además, también parar el proceso de la constitución de resguardo a favor del cabildo Kwesx Kiwe, una comunidad indígena nasa que llegó al territorio hace más de tres décadas y que también reclama la propiedad de la tierra.

Los siona llevaron el caso también ante instancias internacionales, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 otorgó medidas cautelares con la resolución 53 MC 395-18, para proteger su territorio.

En 2019, el resguardo decidió quitarle su representación en el proceso a la URT y asignárselo a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una organización de la sociedad civil que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos y de otra serie de afectaciones del conflicto armado. Según el gobernador Erazo, esta decisión se tomó porque la comunidad no quería verse representada por una entidad del Estado, que en el pasado no ha hecho valer sus derechos.

Precisamente, Angie Rivera, de la CNTI, señala que el hecho de que los indígenas siona hayan tenido que aprender herramientas digitales para construir mapas con el fin de sustentar sus reclamos es una muestra de la falta de conciencia desde el Estado a la hora de aplicar los derechos territoriales de estos pueblos. “Las entidades públicas deberían hacer un reconocimiento y una identificación del territorio que las comunidades siempre han habitado, e incluirlas en el proceso”, señala Rivera.

La geógrafa explica que, si bien hay resguardos como Buenavista, que ha logrado formarse por su cuenta para crear sus propios mapas, hay casos de comunidades con entornos más vulnerables, o que no han podido encontrar apoyo en esta vía. “Todo esto afecta a la comunidad. Cuando solo dependen del trabajo del Estado, son años los que duran estos procedimientos sin que haya un reconocimiento de su territorio”, dice Rivera.

Nury Martínez, coordinadora del área de Tierras y Derecho territoriales de la CCJ, explicó que el juez insiste en que en el proceso judicial se deben agotar varias actividades antes de iniciar la fase probatoria, incluyendo la notificación a terceros que se declaren interesados en el territorio objeto del proceso. Desde 2018, cuando la demanda fue admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, hasta la actualidad se sigue en la etapa de notificación y no se ha logrado abrir la etapa probatoria.

La CCJ interpuso una acción de tutela en octubre de 2021 para exigir la celeridad del proceso y la apertura de la fase de pruebas, el asunto llegó a revisión a la Corte Constitucional y mediante la sentencia T-341 de 2022 ordenó al despacho que lleva el caso y a los entes de control tres medidas particulares para que avance el proceso, entre ellas la culminación de notificación a terceros para pasar a etapa probatoria. El 18 de julio de 2023 se adelantaron actividades ordenadas por el juez para notificar a terceros interesados, esta actividad fue desarrollada coordinadamente entre la URT, la Defensoría del Pueblo y la CCJ. “Sabemos que todavía nos demoramos en esta etapa debido a la gran cantidad de personas vinculadas e interesadas en ser partícipes del proceso. Esto no culmina con la sentencia, se busca reconocer al sujeto colectivo como víctima del conflicto armado, acreditando la existencia de los problemas territoriales para garantizar la reparación colectiva”, cuenta Martínez, de la CCJ.

Además de la petrolera y de la otra comunidad indígena, en el territorio reclamado por el resguardo siona Buenavista también viven varios campesinos que llegaron y que en la actualidad insisten en la construcción de una carretera, esto en contra de la voluntad de los indígenas, lo que hace más complejo el proceso judicial.

Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad espera que se actualice la información que tiene la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Unidad de Restitución de Tierras (URT) en cuanto al territorio constituido. Existe una falta de coherencia entre los mapas de las instituciones del Estado y el territorio que se describió con la creación del resguardo en 1983 y la realidad actual. Durante estas cuatro décadas, el resguardo compró nuevos predios para sumarlos al territorio colectivo y dentro de la solicitud de restitución, la comunidad pide que la ANT amplíe el resguardo, teniendo en cuenta estas propiedades.

Además, ante la solicitud de un juez, la comunidad espera trabajar junto a las entidades para construir mapas que muestren el estado de la deforestación del territorio y los predios en los que viven los campesinos y la comunidad nasa en la zona de ampliación que piden los siona.

La abogada Martínez, de la CCJ, señala que el fortalecimiento de las autoridades territoriales de la comunidad ha sido clave y se da desde varios puntos: “Conociendo el territorio, caminándolo y cuidándolo; entendiendo los procesos que se hacen para cuidarlo frente a los terceros y compartiendo con la comunidad y vinculándola a esos procesos”.

Martínez agrega que las actividades que se han hecho para identificar las zonas protegidas para la comunidad se hacen desde su cultura, desde sus conocimientos ancestrales, desde su espiritualidad. “Son recorridos que han permitido identificar geográficamente puntos estratégicos para poder brindarles herramientas a las instituciones del Estado que se encuentran en una mora de poder garantizar la claridad de los territorios”, cuenta la funcionaria de la CCJ.

Los cuiracuas dicen que todo este proceso de aprendizaje les ha aportado, además, en la construcción de un gobierno propio que les da mayor autoridad para ejercer su autonomía en el territorio. Este grupo de indígenas resaltan la importancia de sus conocimientos transgeneracionales que los ha identificado culturalmente como ziobain, el aprender a leer el territorio desde las herramientas ancestrales.

También son conscientes de la importancia de capacitarse en todos los ámbitos de estudio con herramientas tecnológicas que les permitan seguir cuidando y defendiendo el territorio para la pervivencia de su pueblo bajo sus propias formas de vida. “El territorio habla por sí solo y su conexión espiritual es base fundamental. Tener registro de ello es importante”, concluye el gobernador del resguardo.

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) como parte de la segunda edición del proyecto ‘CdR/Lab Periodismo para cubrir los conflictos por la tierra’.