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En Colombia, cuando una pareja con hijos de por medio, que sean menores de edad o que se encuentren estudiando, decide darle fin a su relación, se deben definir una serie de acuerdos y compromisos como la custodia de los niños, la cuota de alimentos y la frecuencia de las visitas.
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Uno de los aspectos que puede resultar más complicado y que en muchas ocasiones llega hasta las instancias judiciales es definir la cuota de alimentos. Esta obligación es el valor que debe pagar el padre o madre para cubrir las necesidades básicas de su hijo: alimentación, educación, vestuario, recreación y asistencia médica.
Para determinar cuánto debe pagar un progenitor de cuota de alimentos se tienen en cuenta aspectos como el nivel de ingreso económico, la edad del niño o niña y sus necesidades. Adicionalmente, el valor puede ser hasta el 50 % del salario mensual y debe repartirse proporcionalmente según el número de hijos que tenga el padre o la madre obligado a pasar la cuota.
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Ahora bien, fijar la cifra de la cuota puede hacerse a través de un acta conciliación entre los padres, la cual debe presentarse ante una Comisaría de Familia o en los centros de conciliación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Em caso de no llegar a un acuerdo, debe recurrirse a un juez de familia, que será el encargado de definir el monto teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados.
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¿La cuota alimentaria sube este 2023?
El valor de la cuota alimentaria para este 2023 debe ser discutido entre los padres de los menores de edad, teniendo en cuenta aspectos como el Índice de Precios al Consumidor o el aumento del salario mínimo, que para este año fueron del 13.12 % y el 16 % respectivamente.
No obstante, el ICBF sostiene que no hay una fórmula determinada para establecer la suma que debe pagar el padre o la madre. Asimismo, el cambio del valor de la cuota puede realizarse en cualquier momento del año ante nuevas condiciones económicas o necesidades del menor de edad.
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En caso de que el progenitor no labore, la cuota de alimentos se definirá sobre el salario mínimo legal vigente. El incumplimiento de esta obligación puede llegar a significar penas entre los 16 y 54 meses de prisión y multas entre los 13,33 y 30 salarios mínimos.