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                                                                                                                                Daños por derrumbes, ¿quién responde?

                                                                                                                                El sismo del 24 de mayo coadyuvó al desastre. Si no hubo prevención, el Estado debe indemnizar a los afectados.

                                                                                                                                Ricardo Ávila Palacios

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Desde el mismo día de la tragedia, Alberto Mariño Samper, gerente de Coviandes, firma que administra la concesión de los 87 kilómetros de ese importante tramo vial en el centro del país, reconoció que el derrumbe se originó como consecuencia inmediata del sismo del 24 de mayo que tuvo su epicentro en Puente Quetame, Cundinamarca, afirmación que ratificó en declaraciones a El Espectador.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Ante las circunstancias, hizo un llamado urgente al Ministerio del Medio Ambiente para que lidere con prontitud un vigoroso y extenso programa de reforestación en la vía Bogotá-Villavicencio, donde, al igual que en otros corredores viales, hay una deforestación preocupante. “Si no somos capaces (de reforestar), vamos a tener carreteras que necesitarán obras más costosas y de menos duración”.

                                                                                                                                Quizás esa afirmación se traduce parcialmente en los $30 mil millones que en lo corrido del año ha invertido el Invías en varias carreteras del país, que en su gran mayoría presentan severos problemas de erosión en su entorno, que se manifiestan en taponamientos de las vías por la caída de tierra y material rocoso.

                                                                                                                                Por eso, Mariño observa que “cuando hay deforestación, se cambia el uso del suelo y, por añadidura, hay explotación minera. Todo eso afecta al medio ambiente, las fuentes hídricas, los páramos, y se origina la erosión del terreno”.

                                                                                                                                Escenarios jurídicos

                                                                                                                                Sobre el tema, este diario consultó al abogado especializado en derecho administrativo y docente titular de la Universidad del Rosario Manuel Restrepo Medina, quien considera que “si la causa determinante de la inestabilidad del terreno fue el movimiento telúrico, habría una circunstancia de fuerza mayor que en principio exoneraría al Estado de responsabilidad por falla en el servicio”, apreciación compartida por Mariño.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Sin embargo, el experto aclara que “debe tenerse en cuenta que entre el sismo y el deslizamiento transcurrieron 50 días, lapso en el cual se tendría que haber evaluado el impacto del evento natural sobre la obra y determinado las implicaciones probables en el caso de la concurrencia de otros fenómenos como el invierno, para establecer la existencia de riesgos para los usuarios de la obra. Si no se hizo ese diagnóstico y no se tomaron las medidas preventivas y correctivas pertinentes, entonces sí se podría llegar a plantear un escenario de responsabilidad patrimonial a cargo del Estado”.

                                                                                                                                Al ser indagado sobre si en este caso hubo omisión del Estado al no evitar la tragedia, Restrepo explica que “si se trata de un fenómeno natural imprevisible e irresistible, como acontece en el caso de un sismo, la omisión se presenta cuando ocurrido el fenómeno no se hace un diagnóstico de las implicaciones que se pueden llegar a derivar de su ocurrencia o no se toman las medidas preventivas y correctivas frente a los nuevos riesgos generados por su acaecimiento”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                El jurista es enfático en precisar que el Estado estaría obligado a indemnizar a las víctimas “cuando se demuestre que frente a la existencia de determinadas condiciones esos eventos eran previsibles y con medidas de protección se hubieran podido eliminar los riesgos de daño generados por su ocurrencia probable; pero si se prueba que el evento era imprevisible, por su solo acaecimiento no habría lugar a responsabilizar al Estado”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                “Si no se puede probar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, el principio de solidaridad podría ser un camino para dejar indemnes a los afectados. En los casos en los cuales este principio se ha aplicado, como en España y Francia frente a los atentados terroristas, su establecimiento se ha hecho por ley”, explica.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Al final, con o sin demandas de por medio, Coviandes está a punto de  terminar un estudio de vulneración y sismicidad de la vía Bogotá-Villavicencio. Por ahora, a decir de Mariño, la tarea inmediata del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) es conseguir $60 mil millones para hacer estudios y obras que permitan ponerle fin a las avalanchas, entre ellas la construcción de un túnel de 4 mil metros de longitud entre los kilómetros 45 y 49 de ese concurrido tramo vial del centro del país.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Desde el mismo día de la tragedia, Alberto Mariño Samper, gerente de Coviandes, firma que administra la concesión de los 87 kilómetros de ese importante tramo vial en el centro del país, reconoció que el derrumbe se originó como consecuencia inmediata del sismo del 24 de mayo que tuvo su epicentro en Puente Quetame, Cundinamarca, afirmación que ratificó en declaraciones a El Espectador.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Ante las circunstancias, hizo un llamado urgente al Ministerio del Medio Ambiente para que lidere con prontitud un vigoroso y extenso programa de reforestación en la vía Bogotá-Villavicencio, donde, al igual que en otros corredores viales, hay una deforestación preocupante. “Si no somos capaces (de reforestar), vamos a tener carreteras que necesitarán obras más costosas y de menos duración”.

                                                                                                                                Quizás esa afirmación se traduce parcialmente en los $30 mil millones que en lo corrido del año ha invertido el Invías en varias carreteras del país, que en su gran mayoría presentan severos problemas de erosión en su entorno, que se manifiestan en taponamientos de las vías por la caída de tierra y material rocoso.

                                                                                                                                Por eso, Mariño observa que “cuando hay deforestación, se cambia el uso del suelo y, por añadidura, hay explotación minera. Todo eso afecta al medio ambiente, las fuentes hídricas, los páramos, y se origina la erosión del terreno”.

                                                                                                                                Escenarios jurídicos

                                                                                                                                Sobre el tema, este diario consultó al abogado especializado en derecho administrativo y docente titular de la Universidad del Rosario Manuel Restrepo Medina, quien considera que “si la causa determinante de la inestabilidad del terreno fue el movimiento telúrico, habría una circunstancia de fuerza mayor que en principio exoneraría al Estado de responsabilidad por falla en el servicio”, apreciación compartida por Mariño.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Al ser indagado sobre si en este caso hubo omisión del Estado al no evitar la tragedia, Restrepo explica que “si se trata de un fenómeno natural imprevisible e irresistible, como acontece en el caso de un sismo, la omisión se presenta cuando ocurrido el fenómeno no se hace un diagnóstico de las implicaciones que se pueden llegar a derivar de su ocurrencia o no se toman las medidas preventivas y correctivas frente a los nuevos riesgos generados por su acaecimiento”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                El jurista es enfático en precisar que el Estado estaría obligado a indemnizar a las víctimas “cuando se demuestre que frente a la existencia de determinadas condiciones esos eventos eran previsibles y con medidas de protección se hubieran podido eliminar los riesgos de daño generados por su ocurrencia probable; pero si se prueba que el evento era imprevisible, por su solo acaecimiento no habría lugar a responsabilizar al Estado”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                “Si no se puede probar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, el principio de solidaridad podría ser un camino para dejar indemnes a los afectados. En los casos en los cuales este principio se ha aplicado, como en España y Francia frente a los atentados terroristas, su establecimiento se ha hecho por ley”, explica.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Al final, con o sin demandas de por medio, Coviandes está a punto de  terminar un estudio de vulneración y sismicidad de la vía Bogotá-Villavicencio. Por ahora, a decir de Mariño, la tarea inmediata del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) es conseguir $60 mil millones para hacer estudios y obras que permitan ponerle fin a las avalanchas, entre ellas la construcción de un túnel de 4 mil metros de longitud entre los kilómetros 45 y 49 de ese concurrido tramo vial del centro del país.

                                                                                                                                Por Ricardo Ávila Palacios

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