"Decisión de la Corte es una derrota del Estado": líder de Ríos Vivos sobre consultas populares

La decisión de la Corte Constitucional con respecto al efecto de las consultas populares, en la que estableció que estas no podrán vetar proyectos minero-energéticos, ha generado el rechazo de organizaciones sociales en distintos territorios.

Isabel Cristina Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que recientemente recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos como proceso colectivo del año, habló con El Espectador sobre su postura frente a la decisión. Sus planteamientos los emite, además, luego de haber liderado por una década una lucha contra el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, y consolidarse como una de las principales líderes ambientalistas en el país.

Lea: Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional

¿Cómo percibe esa decisión de la Corte Constitucional que prácticamente deja sin efecto a las consultas populares? ¿Es una derrota para las comunidades?

Es una derrota de la legitimidad del Estado. Las consultas en todas sus formas, tanto las previas como las populares, como ambientales, como todos los mecanismos para preguntar, para concertar, para que haya un diálogo con las comunidades, son aspectos fundamentales cuando el Estado es legítimo. Lo que demuestra esto es que tenemos un Estado ilegítimo en Colombia, que tiene que imponerse en los territorios, prohibirle a la gente que decida sobre su futuro.

Esa decisión es el sustento de la ilegitimidad. Es decirles a sus ciudadanos "tienen que hacer lo que se ordene desde el Estado central". No se puede opinar, no se puede discernir, no se puede decir “yo quiero una forma de vida distinta”. En los Estados en los que hay consenso social, que son los Estados más fuertes, se consulta absolutamente todo. Hay tanto miedo a consultar al pueblo colombiano que se prefiere imponer las decisiones. Si el Estado central tuviera la legitimidad necesaria para que esas decisiones fueran aprobadas por el pueblo, no tendría que imponerlas. Y eso aplica en las tres ramas del poder público: en la ejecutiva, la legislativa y, con lo que pasó ayer, también en la judicial. 

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¿Qué viene para las comunidades, las organizaciones sociales, los territorios luego de esta decisión?

Hoy se está generando un tremendo disenso porque nosotros los ambientalistas vamos a seguir en la lucha por más que la Corte nos diga una cosa, porque es que nos estamos jugando la vida misma. Nosotros, por todas las dificultades que hemos tenido, nos la vamos a seguir jugando. El escenario se puede complejizar, pero nosotros el derecho a disentir lo vamos a seguir ejerciendo. Lo que va a suceder es que se va a agudizar la movilización social. 

Siempre va a haber manera de oponerse. Una cosa es la ley y otra cosa muy distinta es la norma socialmente construida, y el consenso social en muchos territorios es que no queremos minería. Ese consenso no se rompe con una jurisprudencia arbitraria, que cuando es en contra del consenso social, pues nosotros tenemos derecho incluso a no acatarla. Lo que va a ocurrir es que nosotros sencillamente vamos a decir: esa norma es ilegítima. Lo que estamos viendo es que este país no encuentra manera de solucionar sus conflictos sociales y ambientales por la vía del diálogo y del consenso. 

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La decisión llega en un momento en el que el debate sobre la transición hacia una matriz de energía más limpia está encendido...

En el planeta hay una reflexión realmente contundente en términos de la transición energética. En el Foro Nacional del agua en Bogotá la semana pasada, la reflexión del embajador de Canadá era muy concreta. A pesar de que su país es completamente extractivista, y que las relaciones de los movimientos sociales en Colombia con Canadá son muy difíciles porque hay muchas empresas canadienses destruyéndonos aquí en territorio -y también en su país, aunque no con la voracidad que lo vienen a hacer en otros países -, decía que los grandes megaproyectos hidroeléctricos están mandados a recoger.

La matriz energética tiene que cambiar y va a cambiar no por la oferta sino por la demanda. Él lo que planteaba era que precisamente la transformación de la matriz energética gira en torno a demandar menos energía. Nuestras reflexiones entre líderes aquí en el territorio han girado en ese sentido: el problema de la matriz energética planetaria – que muchos académicos también en Europa lo han venido planteando - es la demanda de energía. Aunque las apuestas de oferta de energía hay que discutirlas y por supuesto las hidroeléctricas no son energía limpia, el centro de la discusión tiene que estar es en la demanda.

¿Estamos hablando entonces de transformar los hábitos de consumo?

Si uno centra la discusión en la manera de producirla, se desvía porque hay que producir energía. El problema es cuánta energía se necesita y cuánta se está demandando, porque se está llegando a niveles absurdos. El planeta no va a soportar esa demanda de energía, no tiene manera de ofertarla, porque hay un colapso. Es decir, los combustibles fósiles están llegando a su fin. Entonces el problema es de una forma de vida distinta que no demande esas cantidades de energía y por supuesto de una transición a otras formas de generar esa energía. Pero si se atiende la demanda, estaríamos hablando realmente de una transformación en la matriz. 

La vida rural, la ausencia de concentración poblacional, la dispersión poblacional, que es la vida en el campo y no la vida de las ciudades nos da esa solución. Entre más concentración poblacional haya, hay más demanda de servicios. Ya grandes teóricos han propuesto nuevas formas para habitar el planeta. 

La decisión de la Corte Constitucional con respecto al efecto de las consultas populares, en la que estableció que estas no podrán vetar proyectos minero-energéticos, ha generado el rechazo de organizaciones sociales en distintos territorios.

Isabel Cristina Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que recientemente recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos como proceso colectivo del año, habló con El Espectador sobre su postura frente a la decisión. Sus planteamientos los emite, además, luego de haber liderado por una década una lucha contra el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, y consolidarse como una de las principales líderes ambientalistas en el país.

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¿Cómo percibe esa decisión de la Corte Constitucional que prácticamente deja sin efecto a las consultas populares? ¿Es una derrota para las comunidades?

Es una derrota de la legitimidad del Estado. Las consultas en todas sus formas, tanto las previas como las populares, como ambientales, como todos los mecanismos para preguntar, para concertar, para que haya un diálogo con las comunidades, son aspectos fundamentales cuando el Estado es legítimo. Lo que demuestra esto es que tenemos un Estado ilegítimo en Colombia, que tiene que imponerse en los territorios, prohibirle a la gente que decida sobre su futuro.

Esa decisión es el sustento de la ilegitimidad. Es decirles a sus ciudadanos "tienen que hacer lo que se ordene desde el Estado central". No se puede opinar, no se puede discernir, no se puede decir “yo quiero una forma de vida distinta”. En los Estados en los que hay consenso social, que son los Estados más fuertes, se consulta absolutamente todo. Hay tanto miedo a consultar al pueblo colombiano que se prefiere imponer las decisiones. Si el Estado central tuviera la legitimidad necesaria para que esas decisiones fueran aprobadas por el pueblo, no tendría que imponerlas. Y eso aplica en las tres ramas del poder público: en la ejecutiva, la legislativa y, con lo que pasó ayer, también en la judicial. 

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¿Qué viene para las comunidades, las organizaciones sociales, los territorios luego de esta decisión?

Hoy se está generando un tremendo disenso porque nosotros los ambientalistas vamos a seguir en la lucha por más que la Corte nos diga una cosa, porque es que nos estamos jugando la vida misma. Nosotros, por todas las dificultades que hemos tenido, nos la vamos a seguir jugando. El escenario se puede complejizar, pero nosotros el derecho a disentir lo vamos a seguir ejerciendo. Lo que va a suceder es que se va a agudizar la movilización social. 

Siempre va a haber manera de oponerse. Una cosa es la ley y otra cosa muy distinta es la norma socialmente construida, y el consenso social en muchos territorios es que no queremos minería. Ese consenso no se rompe con una jurisprudencia arbitraria, que cuando es en contra del consenso social, pues nosotros tenemos derecho incluso a no acatarla. Lo que va a ocurrir es que nosotros sencillamente vamos a decir: esa norma es ilegítima. Lo que estamos viendo es que este país no encuentra manera de solucionar sus conflictos sociales y ambientales por la vía del diálogo y del consenso. 

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La decisión llega en un momento en el que el debate sobre la transición hacia una matriz de energía más limpia está encendido...

En el planeta hay una reflexión realmente contundente en términos de la transición energética. En el Foro Nacional del agua en Bogotá la semana pasada, la reflexión del embajador de Canadá era muy concreta. A pesar de que su país es completamente extractivista, y que las relaciones de los movimientos sociales en Colombia con Canadá son muy difíciles porque hay muchas empresas canadienses destruyéndonos aquí en territorio -y también en su país, aunque no con la voracidad que lo vienen a hacer en otros países -, decía que los grandes megaproyectos hidroeléctricos están mandados a recoger.

La matriz energética tiene que cambiar y va a cambiar no por la oferta sino por la demanda. Él lo que planteaba era que precisamente la transformación de la matriz energética gira en torno a demandar menos energía. Nuestras reflexiones entre líderes aquí en el territorio han girado en ese sentido: el problema de la matriz energética planetaria – que muchos académicos también en Europa lo han venido planteando - es la demanda de energía. Aunque las apuestas de oferta de energía hay que discutirlas y por supuesto las hidroeléctricas no son energía limpia, el centro de la discusión tiene que estar es en la demanda.

¿Estamos hablando entonces de transformar los hábitos de consumo?

Si uno centra la discusión en la manera de producirla, se desvía porque hay que producir energía. El problema es cuánta energía se necesita y cuánta se está demandando, porque se está llegando a niveles absurdos. El planeta no va a soportar esa demanda de energía, no tiene manera de ofertarla, porque hay un colapso. Es decir, los combustibles fósiles están llegando a su fin. Entonces el problema es de una forma de vida distinta que no demande esas cantidades de energía y por supuesto de una transición a otras formas de generar esa energía. Pero si se atiende la demanda, estaríamos hablando realmente de una transformación en la matriz. 

La vida rural, la ausencia de concentración poblacional, la dispersión poblacional, que es la vida en el campo y no la vida de las ciudades nos da esa solución. Entre más concentración poblacional haya, hay más demanda de servicios. Ya grandes teóricos han propuesto nuevas formas para habitar el planeta.