Defensoría alerta riesgo de reclutamiento de niños indígenas awá
La presencia de grupos armados ha vulnerado a las comunidades en Nariño, Putumayo y Cauca. Organizaciones indígenas hicieron un llamado al Gobierno nacional ante una serie de acciones sistemáticas contra la población en el último mes.
La disputa territorial entre disidencias de las Farc en los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca tienen en alto riesgo a indígenas awá y comunidades afro de la región, según lo alertó la Defensoría, que resalta la dificultad de las poblaciones para movilizarse, así como el reclutamiento forzado de menores de edad.
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“En la Defensoría del Pueblo hemos emitido esta Alerta Temprana por la disputa territorial entre grupos armados ilegales y por los hostigamientos armados, amenazas en contra de las comunidades y autoridades étnicas, confinamiento, homicidios y desplazamientos forzados. Estos escenarios afectan de manera directa los derechos territoriales, la autonomía y participación de estas comunidades étnicas”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El ente de control resalta la situación en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos de Ipiales, así como hechos puntuales registrados en Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Villagarzón (Putumayo) y Piamonte (Cauca), que ponen en riesgo a 49 comunidades awá, que, por las confrontaciones no pueden realizar labores diarias de pesca o caza, como tampoco acceder a zonas donde se realizan rituales.
De igual forma, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo identificó reclutamiento forzado y uso de menores de edad por parte de grupos armados que les están ofreciendo entrar a sus filas.
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A la par, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) alertó que durante agosto se registraron una serie de hechos sistemáticos que sigue poniendo en riesgo a la comunidad, pese a que tres fallos de la Corte Constitucional exigen salvaguardar la etnia y a que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), pidió medidas cautelares ante el ataque a esta comunidad, que integran alrededor de 25.000 personas.
Entre los hechos que destaca Unipa está el asesinato de Yobani Andrés Cabezas y Bautistas Ortiz, quienes salieron desplazados de Barbacoas y días después fueron encontrados muertos, junto a otras cuatro personas, en el Bajo Putumayo.
Además, se ha presentado confinamiento en cuatro comunidades, debido a enfrentamientos, estigmatizaciones, restricción en la movilidad e instalación de minas antipersonales, mientras que en Llorente (Tumaco) se registró un ataque a un grupo de profesores awá. El 29 de agosto, en el Pinde, asesinaron al indígena Luis William Canticus y un día después sacaron de su casa a Jhon Wilmer Bisbicus, a quien más tarde encontraron muerto en el corregimiento el Vallenato, en Tumaco.
Ante estos hechos violentos, las comunidades pidieron al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional hacer las verificaciones de las crisis humanitaria y dar atención. De la misma forma, solicitan revisar el cumplimiento de las medidas que piden la protección de los indígenas awá.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo una serie de recomendaciones para que se adopten medidas humanitarias para proteger a los indígenas y a los afro, así como enfatizó el deber del Estado de prevenir acciones que afecten a las comunidades.
“Reiteramos nuestra solicitud a los grupos armados ilegales para que tengan gestos de paz y dejen de lado las acciones bélicas que afecta a la población civil y, de manera particular, contra las comunidades indígenas y afro, ya que ellos son sujetos de especial protección constitucional”, mencionó Camargo.
La disputa territorial entre disidencias de las Farc en los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca tienen en alto riesgo a indígenas awá y comunidades afro de la región, según lo alertó la Defensoría, que resalta la dificultad de las poblaciones para movilizarse, así como el reclutamiento forzado de menores de edad.
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“En la Defensoría del Pueblo hemos emitido esta Alerta Temprana por la disputa territorial entre grupos armados ilegales y por los hostigamientos armados, amenazas en contra de las comunidades y autoridades étnicas, confinamiento, homicidios y desplazamientos forzados. Estos escenarios afectan de manera directa los derechos territoriales, la autonomía y participación de estas comunidades étnicas”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El ente de control resalta la situación en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos de Ipiales, así como hechos puntuales registrados en Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Villagarzón (Putumayo) y Piamonte (Cauca), que ponen en riesgo a 49 comunidades awá, que, por las confrontaciones no pueden realizar labores diarias de pesca o caza, como tampoco acceder a zonas donde se realizan rituales.
De igual forma, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo identificó reclutamiento forzado y uso de menores de edad por parte de grupos armados que les están ofreciendo entrar a sus filas.
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A la par, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) alertó que durante agosto se registraron una serie de hechos sistemáticos que sigue poniendo en riesgo a la comunidad, pese a que tres fallos de la Corte Constitucional exigen salvaguardar la etnia y a que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), pidió medidas cautelares ante el ataque a esta comunidad, que integran alrededor de 25.000 personas.
Entre los hechos que destaca Unipa está el asesinato de Yobani Andrés Cabezas y Bautistas Ortiz, quienes salieron desplazados de Barbacoas y días después fueron encontrados muertos, junto a otras cuatro personas, en el Bajo Putumayo.
Además, se ha presentado confinamiento en cuatro comunidades, debido a enfrentamientos, estigmatizaciones, restricción en la movilidad e instalación de minas antipersonales, mientras que en Llorente (Tumaco) se registró un ataque a un grupo de profesores awá. El 29 de agosto, en el Pinde, asesinaron al indígena Luis William Canticus y un día después sacaron de su casa a Jhon Wilmer Bisbicus, a quien más tarde encontraron muerto en el corregimiento el Vallenato, en Tumaco.
Ante estos hechos violentos, las comunidades pidieron al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional hacer las verificaciones de las crisis humanitaria y dar atención. De la misma forma, solicitan revisar el cumplimiento de las medidas que piden la protección de los indígenas awá.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo una serie de recomendaciones para que se adopten medidas humanitarias para proteger a los indígenas y a los afro, así como enfatizó el deber del Estado de prevenir acciones que afecten a las comunidades.
“Reiteramos nuestra solicitud a los grupos armados ilegales para que tengan gestos de paz y dejen de lado las acciones bélicas que afecta a la población civil y, de manera particular, contra las comunidades indígenas y afro, ya que ellos son sujetos de especial protección constitucional”, mencionó Camargo.