Defensoría: hay alto riesgo de confrontaciones entre Agc y Eln en Nuquí (Chocó)
la Defensoría del Pueblo también emitió una Alerta de Inminencia para el municipio de Bahía Solano (Chocó)
Ante el riesgo de afectaciones a la vida y el bienestar de las comunidades de los resguardos indígenas Río Valle y Boroboro, y Jurubidá Chorí Alto Baudó, por cuenta de posibles confrontaciones armadas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia Agc-Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (Eln); la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta de Inminencia para los municipios de Bahía Solano y Nuquí (Chocó).
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La Alerta Temprana de Inminencia 017-2022 establece que estos dos grupos armados e ilegales se disputan el control territorial en la zona para adelantar sus acciones ilegales.
A través de su Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo logró determinar que existe una altísima probabilidad de incremento de desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, homicidios selectivos y múltiples, masacres, accidentes con minas antipersonal, amenazas e intimidaciones contra la población.
“Hago un llamado a las autoridades nacionales y locales para que de manera inmediata se tomen las medidas necesarias para evitar que estas comunidades indígenas sean víctimas de la violación de sus derechos fundamentales, sobre todo a la vida e integridad”, resaltó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En lo que es interpretado por la Defensoría como “un claro desafío por el control de la zona”, entre el 28 de junio y el 14 de julio del 2022 se presentaron cuatro incursiones en cercanías o dentro de los resguardos por parte de hombres armados de los dos grupos armados, lo cual ha puesto en peligro a las comunidades de la zona.
“Desde la Defensoría del Pueblo entregamos 10 recomendaciones para las autoridades civiles y fuerza pública, entre ellas, que se realicen operaciones de registro y control en las zona con el propósito de prevenir acciones bélicas entre los grupos armados”, puntualizó Carlos Camargo.
Una alerta que estaba cantada
El anuncio de la Defensoría del Pueblo, al amanecer de este viernes 22 de julio, tiene un precedente significativo sobre ese territorio: las seis misiones humanitarias realizadas en 2021 en seis municipios del departamento del Chocó, por parte de las autoridades étnicas, la Iglesia Católica y otras Iglesias.
(Lo invitamos a leer: ¿Por qué los jueces pueden negar las visitas de los abuelos a sus nietos?)
En las misiones, de acuerdo al documento, pudo observarse que la crisis de derechos humanos y humanitaria que viven la población del Chocó y el Occidente de Antioquia, tiene hoy el carácter de una emergencia compleja que desborda la capacidad de respuesta de los organismos humanitarios nacionales e internacionales y ante la cual, el Estado colombiano y el gobierno actual, permanecen indiferentes y sin empatía social. Esta crisis que ha sido denunciada permanentemente por la Iglesia, las organizaciones étnico-territoriales, ONG de derechos humanos y organismos humanitarios se expresa en algunas constantes como:
Enfrentamiento entre actores armados, especialmente entre el Eln y el Clan del Golfo; aunque también empieza a verse una presencia incipiente de las disidencias de las Farc. La disputa territorial se centra en el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y el posicionamiento frente a actuales y futuros megaproyectos.
Para los habitantes de los territorios en los cuales se realizaron las Misiones Humanitarias, la crisis no es nueva. El Chocó, el Pacífico y el Occidente de Antioquia, vienen padeciendo una grave crisis de derechos humanos, que en razón del conflicto armado interno, políticas públicas equivocadas y proyectos inconsultos ha derivado en crisis humanitarias profundas, este se suma a las afectaciones por los desastres naturales y el cambio climáticos.
En ese contexto las comunidades le han exigido al gobierno colombiano retomar con urgencia la vía del diálogo y la negociación política con todos los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio nacional y en especial en los territorios de comunidades campesinas, negras e indígenas. Las posibilidades de sobrevivir como pueblos étnicos (hace años advertida por la Corte Constitucional), en las condiciones actuales del conflicto, dependen de una negociación de paz con los actuales actores armados, que alivie la grave crisis que viven nuestros territorios; forman parte de las conclusiones extractadas de las seis visitas humanitarias citadas.
Ante el riesgo de afectaciones a la vida y el bienestar de las comunidades de los resguardos indígenas Río Valle y Boroboro, y Jurubidá Chorí Alto Baudó, por cuenta de posibles confrontaciones armadas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia Agc-Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (Eln); la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta de Inminencia para los municipios de Bahía Solano y Nuquí (Chocó).
(Lo invitamos a leer: A la cárcel mujer que habría secuestrado a bebé de dos meses en Manizales)
La Alerta Temprana de Inminencia 017-2022 establece que estos dos grupos armados e ilegales se disputan el control territorial en la zona para adelantar sus acciones ilegales.
A través de su Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo logró determinar que existe una altísima probabilidad de incremento de desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, homicidios selectivos y múltiples, masacres, accidentes con minas antipersonal, amenazas e intimidaciones contra la población.
“Hago un llamado a las autoridades nacionales y locales para que de manera inmediata se tomen las medidas necesarias para evitar que estas comunidades indígenas sean víctimas de la violación de sus derechos fundamentales, sobre todo a la vida e integridad”, resaltó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En lo que es interpretado por la Defensoría como “un claro desafío por el control de la zona”, entre el 28 de junio y el 14 de julio del 2022 se presentaron cuatro incursiones en cercanías o dentro de los resguardos por parte de hombres armados de los dos grupos armados, lo cual ha puesto en peligro a las comunidades de la zona.
“Desde la Defensoría del Pueblo entregamos 10 recomendaciones para las autoridades civiles y fuerza pública, entre ellas, que se realicen operaciones de registro y control en las zona con el propósito de prevenir acciones bélicas entre los grupos armados”, puntualizó Carlos Camargo.
Una alerta que estaba cantada
El anuncio de la Defensoría del Pueblo, al amanecer de este viernes 22 de julio, tiene un precedente significativo sobre ese territorio: las seis misiones humanitarias realizadas en 2021 en seis municipios del departamento del Chocó, por parte de las autoridades étnicas, la Iglesia Católica y otras Iglesias.
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En las misiones, de acuerdo al documento, pudo observarse que la crisis de derechos humanos y humanitaria que viven la población del Chocó y el Occidente de Antioquia, tiene hoy el carácter de una emergencia compleja que desborda la capacidad de respuesta de los organismos humanitarios nacionales e internacionales y ante la cual, el Estado colombiano y el gobierno actual, permanecen indiferentes y sin empatía social. Esta crisis que ha sido denunciada permanentemente por la Iglesia, las organizaciones étnico-territoriales, ONG de derechos humanos y organismos humanitarios se expresa en algunas constantes como:
Enfrentamiento entre actores armados, especialmente entre el Eln y el Clan del Golfo; aunque también empieza a verse una presencia incipiente de las disidencias de las Farc. La disputa territorial se centra en el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y el posicionamiento frente a actuales y futuros megaproyectos.
Para los habitantes de los territorios en los cuales se realizaron las Misiones Humanitarias, la crisis no es nueva. El Chocó, el Pacífico y el Occidente de Antioquia, vienen padeciendo una grave crisis de derechos humanos, que en razón del conflicto armado interno, políticas públicas equivocadas y proyectos inconsultos ha derivado en crisis humanitarias profundas, este se suma a las afectaciones por los desastres naturales y el cambio climáticos.
En ese contexto las comunidades le han exigido al gobierno colombiano retomar con urgencia la vía del diálogo y la negociación política con todos los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio nacional y en especial en los territorios de comunidades campesinas, negras e indígenas. Las posibilidades de sobrevivir como pueblos étnicos (hace años advertida por la Corte Constitucional), en las condiciones actuales del conflicto, dependen de una negociación de paz con los actuales actores armados, que alivie la grave crisis que viven nuestros territorios; forman parte de las conclusiones extractadas de las seis visitas humanitarias citadas.