Demandarán a Colombia por no cumplir fallo del San José
La compañía norteamericana Sea Search Armada tomó la decisión luego de que la Presidencia le dijera que, por ahora, no le interesa el rescate del galeón.
Nelson Fredy Padilla
Ante un tribunal del Distrito de Columbia, en La Florida, será demandada la Nación en un intento final de la compañía Sea Search Armada (SSA) para obligar al gobierno de Álvaro Uribe a ejecutar el rescate del galeón San José, hundido hace 300 años en cercanías a las Islas del Rosario.
Así lo reveló a El Espectador el abogado de la firma en Colombia, Danilo Devis Pereira, quien dijo haber agotado todas las instancias posibles para que el Estado materialice el fallo de la Corte Suprema de Justicia de julio del año pasado, según el cual todo lo que allí se encuentre en calidad de patrimonio cultural es propiedad de la Nación y lo que sea tesoro debe ser repartido por mitades.
Luego de que el alto tribunal le reconociera en última instancia derechos económicos sobre el naufragio, la SSA envió a Uribe seis peticiones para que ordene la operación de localización y recuperación del que se considera el mayor tesoro de la época de la Colonia. Sin embargo, la Presidencia rechazó las pretensiones de la multinacional (ver recuadro) diciendo que la decisión del máximo tribunal de la justicia ordinaria no obliga al Estado a hacer una operación inmediata y que mientras sea posible, el Gobierno defenderá lo que se hundió con el San José como patrimonio cultural de los colombianos.
La primera demanda contra el Estado interpuesta por esta firma data de comienzos de los años 80, luego de que la Dirección Marítima de la Armada Nacional (Dimar) la reconociera como denunciante del naufragio con derecho a la mitad del tesoro, hecho que intentó ser revertido por el gobierno de Belisario Betancur mediante un decreto en el que sólo le reconocía el 5% sobre los bienes con valor económico.
Este hecho fue el que llevó a la SSA a demandar ante el juzgado décimo de Barranquilla, proceso que cerró la Corte el año pasado. El caso también pasó por la Corte Constitucional, que a mediados de 2003 hizo un llamado a defender los bienes sumergidos del país por encima de los intereses de los cazafortunas. Aún así, es el fallo de la Suprema el que ahora faculta a los estadounidenses para reclamar el derecho sobre los bienes materiales hundidos por los ingleses el 8 de junio de 1708 durante un intento por saquear su carga de oro y plata con destino a la Corona española. La historia del caso fue reconstruida por este diario en la edición del domingo pasado.
El Espectador acudió a la Presidencia de la República en busca de su versión, pero el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, no respondió los requerimientos, según su oficina, por encontrarse en el exterior.
El cruce de cartas Gobierno-SSA
La primera carta fue enviada al presidente Álvaro Uribe el 8 de agosto de 2007 por el director general de SSA, Jack Harbeston. En ella lo notifica de la decisión de la Corte y le pide que tome las decisiones que le competen para hacer efectiva la decisión. No fue respondida. Danilo Devis, apoderado de SSA, envió otra petición al Presidente con fecha agosto 15, invitándolo a dialogar. El 19 de octubre lo citaron en la Secretaría Jurídica del Palacio de Nariño. Lo atendió el asesor Armando López Cortés. Lo escuchó, pero manifestó no tener poder decisorio. Devis insistió en su petición el 13 de diciembre.
El 10 de enero de 2008 el secretario jurídico de Uribe, Edmundo del Castillo, escribió que el Gobierno respeta el fallo de la Corte pero que “el señor Presidente de la República no me ha delegado para atender sus planteamientos”. SSA refutó el 24 de enero conminando al Gobierno a acatar a la Corte. El 18 de febrero, Del Castillo dijo que “el fallo en cuestión… no compromete gestión alguna precontractual o contractual de la Nación, como tampoco la relativa al tema de recuperación del hallazgo”.
En marzo 3, SSA advirtió que la actitud del Gobierno quiere “impedir el ejercicio de un derecho de dominio reconocido por sentencia judicial”. El 28 de marzo, Del Castillo se ratificó. El 25 de abril SSA envió una última carta a Uribe. Pidió “que no se interfiera nuestro acceso al naufragio... a efecto de tomar posesión de lo que nos pertenece”. Respondió Del Castillo el 16 de mayo: “El fallo en ninguna parte ordena que el actor tenga ‘acceso al naufragio’ como lo pretende el peticionario”. Consideró que la sentencia no ordena la recuperación del tesoro.
SSA dice que tesoro sería peruano
El Gobierno colombiano se sostiene en defender el concepto de patrimonio cultural nacional, mientras la contraparte dice haber demostrado que el tesoro ni siquiera era colombiano porque la embarcación había zarpado de Portobello, Perú, por orden del virreinato de ese país.
Además, el San José tenía bandera española. Es decir, aparte de los derechos colombianos, porque el galeón se fue a pique en sus aguas territoriales, están en discusión los de otros dos países que se cree entrarán a terciar a nivel internacional una vez se intervenga la zona donde se supone quedaron los restos. España ya ha ganado varios pleitos en Estados Unidos sobre galeones con su bandera que zozobraron en el Atlántico.
Según el abogado Devis, “qué tanto es patrimonio cultural del Perú, de otro país o de Colombia, sólo se sabrá cuando se llegué allá y se rescate y a eso es a lo que se está negando el Gobierno”.
Ante un tribunal del Distrito de Columbia, en La Florida, será demandada la Nación en un intento final de la compañía Sea Search Armada (SSA) para obligar al gobierno de Álvaro Uribe a ejecutar el rescate del galeón San José, hundido hace 300 años en cercanías a las Islas del Rosario.
Así lo reveló a El Espectador el abogado de la firma en Colombia, Danilo Devis Pereira, quien dijo haber agotado todas las instancias posibles para que el Estado materialice el fallo de la Corte Suprema de Justicia de julio del año pasado, según el cual todo lo que allí se encuentre en calidad de patrimonio cultural es propiedad de la Nación y lo que sea tesoro debe ser repartido por mitades.
Luego de que el alto tribunal le reconociera en última instancia derechos económicos sobre el naufragio, la SSA envió a Uribe seis peticiones para que ordene la operación de localización y recuperación del que se considera el mayor tesoro de la época de la Colonia. Sin embargo, la Presidencia rechazó las pretensiones de la multinacional (ver recuadro) diciendo que la decisión del máximo tribunal de la justicia ordinaria no obliga al Estado a hacer una operación inmediata y que mientras sea posible, el Gobierno defenderá lo que se hundió con el San José como patrimonio cultural de los colombianos.
La primera demanda contra el Estado interpuesta por esta firma data de comienzos de los años 80, luego de que la Dirección Marítima de la Armada Nacional (Dimar) la reconociera como denunciante del naufragio con derecho a la mitad del tesoro, hecho que intentó ser revertido por el gobierno de Belisario Betancur mediante un decreto en el que sólo le reconocía el 5% sobre los bienes con valor económico.
Este hecho fue el que llevó a la SSA a demandar ante el juzgado décimo de Barranquilla, proceso que cerró la Corte el año pasado. El caso también pasó por la Corte Constitucional, que a mediados de 2003 hizo un llamado a defender los bienes sumergidos del país por encima de los intereses de los cazafortunas. Aún así, es el fallo de la Suprema el que ahora faculta a los estadounidenses para reclamar el derecho sobre los bienes materiales hundidos por los ingleses el 8 de junio de 1708 durante un intento por saquear su carga de oro y plata con destino a la Corona española. La historia del caso fue reconstruida por este diario en la edición del domingo pasado.
El Espectador acudió a la Presidencia de la República en busca de su versión, pero el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, no respondió los requerimientos, según su oficina, por encontrarse en el exterior.
El cruce de cartas Gobierno-SSA
La primera carta fue enviada al presidente Álvaro Uribe el 8 de agosto de 2007 por el director general de SSA, Jack Harbeston. En ella lo notifica de la decisión de la Corte y le pide que tome las decisiones que le competen para hacer efectiva la decisión. No fue respondida. Danilo Devis, apoderado de SSA, envió otra petición al Presidente con fecha agosto 15, invitándolo a dialogar. El 19 de octubre lo citaron en la Secretaría Jurídica del Palacio de Nariño. Lo atendió el asesor Armando López Cortés. Lo escuchó, pero manifestó no tener poder decisorio. Devis insistió en su petición el 13 de diciembre.
El 10 de enero de 2008 el secretario jurídico de Uribe, Edmundo del Castillo, escribió que el Gobierno respeta el fallo de la Corte pero que “el señor Presidente de la República no me ha delegado para atender sus planteamientos”. SSA refutó el 24 de enero conminando al Gobierno a acatar a la Corte. El 18 de febrero, Del Castillo dijo que “el fallo en cuestión… no compromete gestión alguna precontractual o contractual de la Nación, como tampoco la relativa al tema de recuperación del hallazgo”.
En marzo 3, SSA advirtió que la actitud del Gobierno quiere “impedir el ejercicio de un derecho de dominio reconocido por sentencia judicial”. El 28 de marzo, Del Castillo se ratificó. El 25 de abril SSA envió una última carta a Uribe. Pidió “que no se interfiera nuestro acceso al naufragio... a efecto de tomar posesión de lo que nos pertenece”. Respondió Del Castillo el 16 de mayo: “El fallo en ninguna parte ordena que el actor tenga ‘acceso al naufragio’ como lo pretende el peticionario”. Consideró que la sentencia no ordena la recuperación del tesoro.
SSA dice que tesoro sería peruano
El Gobierno colombiano se sostiene en defender el concepto de patrimonio cultural nacional, mientras la contraparte dice haber demostrado que el tesoro ni siquiera era colombiano porque la embarcación había zarpado de Portobello, Perú, por orden del virreinato de ese país.
Además, el San José tenía bandera española. Es decir, aparte de los derechos colombianos, porque el galeón se fue a pique en sus aguas territoriales, están en discusión los de otros dos países que se cree entrarán a terciar a nivel internacional una vez se intervenga la zona donde se supone quedaron los restos. España ya ha ganado varios pleitos en Estados Unidos sobre galeones con su bandera que zozobraron en el Atlántico.
Según el abogado Devis, “qué tanto es patrimonio cultural del Perú, de otro país o de Colombia, sólo se sabrá cuando se llegué allá y se rescate y a eso es a lo que se está negando el Gobierno”.