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El paso por el tapón del Darién no solo enfrenta a los migrantes a las difíciles condiciones de una selva húmeda, con caminos improvisados que llegan a atravesar afluentes y hasta bordear abismos, sino que además los puede convertir en víctimas de robos, abusos sexuales y hasta asesinatos, por cuenta de grupos que han encontrado lugares claves donde agredir a los caminantes.
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Con el aumento de personas cruzando la frontera entre Colombia y Panamá, también han ascendido las denuncias como las de violencia sexual que ahora preocupan por la cantidad de casos que se han registrado en lo que va corrido de este año.
Tan solo en la segunda semana de febrero, Médicos Sin Fronteras registró 113 abusos que reportaron personas que llegaron del lado panameño. “Lo que describen es que después de un punto en que ellos llaman ‘Banderas’, se presentan los casos (...). En los últimos eventos nos han referido hechos de personas que se resisten a los robos y son golpeadas o asesinadas. Ahora, en febrero, se presentó un caso, que varios repetían, sobre cerca de 300 personas retenidas, de las que habrían asesinado a tres”, dijo Carmenza Gálvez, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF).
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Las bandas delincuenciales andarían en grupos entre 10 y 12 personas, que abordan estratégicamente a los migrantes, para quitarle sus pertenencias y abusar de ellos, particularmente a las mujeres. Datos de MSF, indican que este año, de 220 registros de violencia sexual que han identificado, 14 corresponderían a menores de edad y nueve a hombres.
En el más reciente informe de Human Rights Watch sobre el Darién, los investigadores señalaron que en la mayoría de los relatos de las víctimas se indica que los atacantes separan a las mujeres de los hombres y una vez lo hacen, obligan a las mujeres a desnudarse con la excusa de buscar objetos de valor.
En uno de los relatos, una mujer angoleña explicó que la robaron dos veces después de salir de Colombia. En uno de esos momentos, los separaron por nacionalidades y les pidieron dinero. “Dos hombres le pusieron a ella un machete en el cuello, la golpearon con la culata de un rifle, la tiraron al suelo y la violaron. Después apuntaron el machete contra su hija y la violaron”, señala HRW.
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Lo que preocupa ahora es que en los primeros dos meses de este año se han registrado más de 200 violaciones, que es casi la tercera parte de casos que registró la organización en todo el 2023, que fueron 676. La alerta se centra en que a pesar de que ya se había advertido del aumento de casos en los últimos años, así como de la brutalidad que ejercen los atacantes, no se han visto respuestas efectivas de prevención.
Para Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el manejo ha sido grave. Además de que la topografía de la selva hace que la migración se haga en condiciones de mayor vulnerabilidad, la atención no ha sido suficiente y en determinados momentos se ha desbordado la capacidad.
Sumado a esto está el subregistro. A favor de los delincuentes está el hecho de que la mayoría de las víctimas son migrantes, que van de paso, con prisa, aterrados y sin mecanismos de denuncia ágiles y eficaces, lo que hace que finalmente no denuncien. “Usualmente, la gente espera una semana mientras avanzan sus procesos y si no ve ninguna resolución, muy pocas acceden a quedarse. Sumado a eso hay miedo, pocas personas saben que tienen derecho a denunciar, lo que hace que esos crímenes queden impunes”, indicó Gálvez.
Además, Rodríguez indica que hay otro tipo de victimizaciones que no se reconocen. “Lamentablemente, la ruta que toman los migrantes también es utilizada por otros negocios ilegales, por lo que son sometidos a requisas meticulosas en las que los guardias utilizan los mismos guantes con varias personas, lo que es un acto abusivo que también se convierte en violencia”.
Tanto del lado colombiano como panameño no hay acciones directas ni específicas para enfrentar esta situación, en parte se justifican en las dificultades para custodiar la selva, pero tampoco se reconoce la voluntad de los países para facilitar la denuncia o la atención de las personas que han sido víctimas de abuso sexual.
“Nosotros les recomendamos a las personas que consulten porque tratamiento, ya que dentro de las primeras 72 horas pueden prevenir infecciones, embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, o se puede hacer una intervención psicológica o una atención médica de urgencia que pueda prevenir consecuencias a largo plazo”, señala Galvis.
Una situación más se suma a este hecho. Desde el pasado lunes 4 de marzo, la MSF tuvo que suspender las actividades médicas en el Darién, debido a que las autoridades panameñas señalaron que no se ha renovado el convenio de colaboración entre la organización y el Ministerio de Salud de dicho país.
“La organización médica, -que el pasado 29 de febrero alertó nuevamente sobre el aumento de los ataques y abusos sexuales que sufren las personas en tránsito al cruzar la selva, confía en poder retomar la atención médica en el Darién lo antes posible”, señaló la MSF.
