Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Habitantes del corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, en Ipiales, Nariño, denunciaron el secuestro y asesinatos de seis personas, que pertenecerían a las comunidades indígenas Awá y Nasa.
Según el pronunciamiento de la comunidad, seis integrantes del pueblo indígena fueron secuestrados el 14 de agosto por el grupo armado ilegal Comandos de Frontera. Luego, el 23 de agosto se les informó la masacre de seis personas que permanecían secuestradas en el bajo Putumayo.
(Lea: Citan a marchas contra Gustavo Petro por Reforma Tributaria: Fecha y quienes)
“Entre las personas asesinadas se encuentran dos comuneros Awá que fueron reportados como desaparecidos el 14 de agosto. Las víctimas identificadas son Yobani Ortiz, Bautista Ortiz, Manuel Anderson Villacorte Pascal, John Fredy Villacorte Pascal”, manifestaron. Estos hechos habrían ocurrido entre la noche del lunes 22 de agosto y la madrugada del martes 23.
Desde la gobernación de Nariño informaron que “las muertes se presentan en el municipio de La Hormiga, departamento del Putumayo; algunas de las víctimas son o vivían en la zona rural del municipio de Ipiales en la zona de Sucumbíos, frente a eso se realiza una articulación con el Gobierno departamental del Putumayo con las autoridades de la zona para avanzar con las investigaciones y el fortalecimiento institucional”, dijo el secretario de gobierno, Amilkar Pantoja.
(Lea: Por asesinato de periodistas: anuncian plantón en la Fiscalía de Santa Marta)
A esta situación también suman otro hecho en el que asesinaron a los hermanos Humberto y Miguel Basto. De acuerdo con la información que suministraron, los dos hombres fueron sacados de su casa y al día siguiente los asesinaron en jurisdicción del municipio Valle del Guamuez, en Putumayo.
“Estas acciones son métodos de terror que se desarrollan contra las comunidades campesinas e indígenas, las cuales hoy se encuentran en un alto riesgo individual y colectivo. Ante estos hechos anunciados que evidencian acciones de intimidación que constantemente indígenas y campesinos está recibiendo en medio de la ausencia del Estado y el silencio cómplice de las fuerzas militares presentes en la zona”, denunciaron.
Las comunidades le solicitan a las autoridades departamentales y nacionales que se realicen las respectivas investigaciones que permitan determinar qué sucedió. Asimismo, le pidieron a la Defensoría emitir una alerta a este municipio y que se busquen soluciones reales frente a la expansión de cultivos ilícitos de coca.