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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) denunció que en lo corrido del mes de julio, en distintos municipios del departamento, miembros de las AGC, o el Clan del Golfo según el gobierno, han convocado a reuniones en las que luego de prometer ayudas para la comunidad advierten que “erradicarán” consumidores de drogas, trabajadoras sexuales, personas que cometan delitos, y quienes denuncien su presencia ante las autoridades.
Reuniones como estas se habrían presentado en veredas de los municipios de Ovejas, Los Palmitos y Morroa, de la subregión de los Montes de María. Además, el comité denuncia el hostigamiento por parte de los hombres armados en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. A las llamadas y mensajes de texto que envían a sus celulares, se suman averiguaciones y hostigamientos contra estos.
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Por ejemplo, el 6 de julio, hombres señalados de pertenecer a las AGC llegaron hasta la finca “Darandía”, y le preguntaron a un vecino del predio si esas tierras pertenecían a un líder del Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado). Esas averiguaciones resultan peligrosas si se considera que en reiteradas ocasiones los líderes sociales han sido declarados como “objetivo militar” por parte de este grupo armado.
La denuncia también critica la inoperancia de la fuerza pública en el departamento. Si bien el comité reconoce que hubo una gran operación de la fuerza pública para capturar a finales de junio a Arnovis Mercado “Arnovis”, quien era cabecilla de una estructura de las AGC, también reconocen que este, desde la cárcel, llamó a varios líderes sociales para amenazarlos por las denuncias que habían interpuesto en su contra.
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Adicionalmente, una semana después de su captura, Arnovis fue dejado en libertad, “lo que genera profunda desconfianza en el actuar y competencias de las autoridades”, señala Rodrigo Ramírez, líder social del departamento. Por último, el comité denuncia que la presencia de las AGC en San Onofre es “hegemónica” y que, además de las consecuencias en la seguridad para la población y los líderes, “lanchas cargadas de cocaína siguen saliendo bajo la luz del día y bajo la penumbra de la noche, pese a la presencia de las fuerzas militares en tierra y la guardia costera en agua”.
Por último, el CPDH le pide a la Defensoría del Pueblo emitir una alerta temprana sobre la situación en el departamento, así como intervenciones desde el orden nacional, ante la desconfianza que existe hacia las autoridades locales, además de un acompañamiento internacional solicitado a la ONU. También le piden a la Unidad Nacional de Protección “que realice la valoración de riesgo colectivo e individuales que correspondan”.