El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava Sánchez, denunció presuntas irregularidades que se habrían evidenciado en contratos, hechos por la anterior administración, para procesos misionales y de apoyo, así como anunció la aplicación de un nuevo modelo para garantizar la transparencia.
Aunque no dio nombres, Pava aseguró que este miércoles entregará el informe a la Contraloría, en el que se evidenciaría manipulación de contratos para favorecimientos políticos. Así mismo, resaltó que en los hallazgos se encuentran contratos en los que no había soportes financieros, concentración de convenios y falta de firmas en algunos documentos.
Entre los casos está el del contratista CFD Ingenieria S.A.S., cuyo representante legal es Carlos Francisco Díaz-Granados Guerra, familiar del senador Carlos Francisco Díaz Granados Martínez, quien obtuvo 23 proyectos en 2021 y 2022 en el Caribe y Santander por un valor de más de $500 mil millones para obras y de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE).
Otro de los cuestionamientos se centra en el servicio de maquinaria amarilla, ya que se encontraron órdenes por más de $332 mil millones sin respaldo presupuestal, lo que generó un endeudamiento para a entidad y reclamaciones de los contratistas, que se intentan conciliar con intermediación de la Procuraduría.
Asimismo, se determinó que de los recursos de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE), solo el 12 % se destinaron para el programa, mientras que el resto se utilizó en un rubro denominado Otros, el cual no tiene objetivos ni se especifica de qué forma este gasto se relaciona con este presupuesto
A esto se suman contratos de proveeduría sin la firma de los contratistas o el exdirector de la Ungrd. En cuanto a proyectos de mitigación para la reducción del riesgo de desastres “se encontró más de un 28 % de obras siniestradas, con problemas en su ejecución, por ser contratadas con esquemas básicos, sin diseños definitivos y, por lo tanto, hay proyectos que terminaron con graves dificultades y hoy muchos presentan problemas en la terminación de las obras. Seguramente se presentarán reclamaciones y nuevos riesgos”, destacó Pava.
Por último, se habló de las investigaciones en curso por parte de la Contraloría y la Fiscalía, en las que estaría 18 proyectos en La Mojana, así como Pava indicó que se trabaja en el cambio del modelo de contratación. “Vamos a garantizar los procesos con transparencia a través de convocatorias amplias en Colombia Compra Eficiente, con contratación directa en algunos casos por medio de organizaciones sociales y comunitarias, y la maquinaria amarilla se contratará con el Ejército Nacional para evitar que quede en manos de particulares”.