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Tras el asesinato de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos reconocidos líderes sociales del Cesar, distintas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denuncian la responsabilidad del Estado colombiano en ambos homicidios. “El Estado ha venido realizando prácticas sistemáticas en el territorio nacional contra los líderes sociales, que han sido víctimas de estigmatización, desplazamiento, asesinato y judicialización”, manifestó Noraldo Díaz, integrante de la junta directiva del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Teófilo Acuña y Jorge Tafur lideraban procesos de restitución de tierras en el Cesar. Además de esto, también realizaban denuncias sobre el ejercicio paralelo entre la Fuerza Pública y el paramilitarismo, señaló Erika Prieto, del Congreso de los Pueblos. El 16 de febrero, los líderes, en compañía de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes, denunciaron que miembros de los grupos de terratenientes llegan armados a cortar las cercas de los campesinos, en el municipio de San Martín, Cesar.
“Estas dinámicas de amenaza han sido permanentes en el territorio. Hemos pedido la protección de la vida, pero no hemos recibido respuesta”, indicó Prieto. En el caso particular de Teófilo Acuña, la lideresa manifestó que se pidió protección para él el pasado 7 de enero. El 12 de febrero se le realizó un análisis de su situación de seguridad y no se le brindó una protección, indicó Erika Prieto.
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Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, condenó los señalamientos hechos a los líderes sociales por parte de las autoridades, ya que a ambos se les realizaron montajes judiciales, como describen las organizaciones sociales. Yepes relató que en diciembre de 2020 la Fiscalía y Policía publicaron un cartel en el que indicaban que Teófilo Acuña hacía parte de la conducción de masas para la rebelión, sin que ese señalamiento hubiera sido probado en juicio.
“Se le puso una lápida en el pecho, se lo señaló nacional y regionalmente”, indicó Yepes. “No hay duda de que hay un vínculo directo entre los señalamientos de las autoridades y el desenlace fatal de los líderes”.
Las organizaciones le hicieron un llamado al Gobierno nacional para que garantice la seguridad y vida de los movimientos sociales en el territorio. Asimismo, instaron a la Fiscalía a que investigue de forma independiente estos asesinatos. “Las respuestas de las autoridades han sido ineficientes, la prueba de esto es el asesinato de nuestros compañeros”, puntualizó Erika Prieto.