Derechos tras las rejas

En la última década, y gracias a los frecuentes casos denunciados por Colombia Diversa, las personas LGBTI que se encuentran recluidas en las cárceles se han animado a reclamar sus derechos a través de la acción de tutela. Un recurso con el que, según un informe de esa ONG, se ha avanzado en el reconocimiento de la visita íntima, las manifestaciones de afecto y el respeto de la identidad de género de las mujeres trans, quienes antes eran obligadas a cortar su pelo y no les permitían ingresar su ropa y maquillaje.

Aunque la organización reconoce que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha dado pasos importantes en los últimos años, estas problemáticas persisten, al igual que el hacinamiento, la violencia, la ingobernabilidad y la corrupción. Además advierte que el marco legal de protección a favor de la población LGBTI privada de la libertad es insuficiente y que la orientación sexual y la identidad de género siguen siendo factores de riesgo.

Según el Inpec, 815 personas LGBTI están recluidas en las cárceles colombianas, de las cuales 350 son mujeres lesbianas, 198 bisexuales, 161 hombres gays, 102 transgeneristas y 4 intersexuales. Los establecimientos de reclusión de Bogotá, Medellín y Cali, así como los de reclusión de mujeres en Jamundí, Popayán y Cúcuta, aglutinan gran parte de esta población.

Una de las principales causas que hacen más urgente la alerta sobre los derechos humanos de la comunidad LGBTI en el interior las prisiones es, según Colombia Diversa, la insistente separación y las restricciones en las visitas íntimas de parejas del mismo sexo con base en requisitos injustificados y algunas veces desproporcionados. Los problemas que más se han registrado corresponden especialmente a casos en las prisiones de Picaleña (Ibagué), San Cristóbal (Medellín), Jamundí (Valle del Cauca) y El Pedregal (Antioquia).

Algunas autoridades penitenciarias exigen, como requisito para el goce del derecho a la visita íntima, la realización de serologías y exámenes de VIH-sida, y las mujeres lesbianas son las más afectadas. Usualmente la entidad prestadora de salud, Caprecom, tarda entre tres o seis meses para entregar resultados, y la visita no se autoriza en tanto no se los tenga.

En el complejo carcelario Coped El Pedregal, por ejemplo, se les exige a las mujeres lesbianas demostrar que se trata de una “relación estable”, de matrimonio o unión marital, como requisito para autorizar la vista íntima. “El trasfondo de dicho requisito es la discriminación y los estereotipos en contra de las personas homosexuales”, concluye el análisis de Colombia Diversa.

La Personería de Cali ha sido una de las entidades denunciantes de la vulneración de derechos a la comunidad LGBTI. El personero de la capital del Valle, Andrés Santamaría, informó que el hacinamiento no para. La cárcel de Villahermosa tiene una capacidad para 1.600 presos y alberga más de 6.600. En el patio 3, donde hay más de 800 internos, hay un pasillo que alberga a 40 mujeres trans y gays.

“Hay trans que señalan que sufren violaciones a sus derechos, revelan ser obligadas a interrumpir sus tratamientos hormonales y demoras en el suministro de medicamentos”, asegura. Aunque la creación de pabellones exclusivos de LGBTI ha recibido críticas por ratificar la discriminación, Santamaría sostiene que la iniciativa busca contrarrestar tratos indignos, señalamientos y agresiones físicas contra quienes defienden su feminidad a toda costa.

En la última década, y gracias a los frecuentes casos denunciados por Colombia Diversa, las personas LGBTI que se encuentran recluidas en las cárceles se han animado a reclamar sus derechos a través de la acción de tutela. Un recurso con el que, según un informe de esa ONG, se ha avanzado en el reconocimiento de la visita íntima, las manifestaciones de afecto y el respeto de la identidad de género de las mujeres trans, quienes antes eran obligadas a cortar su pelo y no les permitían ingresar su ropa y maquillaje.

Aunque la organización reconoce que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha dado pasos importantes en los últimos años, estas problemáticas persisten, al igual que el hacinamiento, la violencia, la ingobernabilidad y la corrupción. Además advierte que el marco legal de protección a favor de la población LGBTI privada de la libertad es insuficiente y que la orientación sexual y la identidad de género siguen siendo factores de riesgo.

Según el Inpec, 815 personas LGBTI están recluidas en las cárceles colombianas, de las cuales 350 son mujeres lesbianas, 198 bisexuales, 161 hombres gays, 102 transgeneristas y 4 intersexuales. Los establecimientos de reclusión de Bogotá, Medellín y Cali, así como los de reclusión de mujeres en Jamundí, Popayán y Cúcuta, aglutinan gran parte de esta población.

Una de las principales causas que hacen más urgente la alerta sobre los derechos humanos de la comunidad LGBTI en el interior las prisiones es, según Colombia Diversa, la insistente separación y las restricciones en las visitas íntimas de parejas del mismo sexo con base en requisitos injustificados y algunas veces desproporcionados. Los problemas que más se han registrado corresponden especialmente a casos en las prisiones de Picaleña (Ibagué), San Cristóbal (Medellín), Jamundí (Valle del Cauca) y El Pedregal (Antioquia).

Algunas autoridades penitenciarias exigen, como requisito para el goce del derecho a la visita íntima, la realización de serologías y exámenes de VIH-sida, y las mujeres lesbianas son las más afectadas. Usualmente la entidad prestadora de salud, Caprecom, tarda entre tres o seis meses para entregar resultados, y la visita no se autoriza en tanto no se los tenga.

En el complejo carcelario Coped El Pedregal, por ejemplo, se les exige a las mujeres lesbianas demostrar que se trata de una “relación estable”, de matrimonio o unión marital, como requisito para autorizar la vista íntima. “El trasfondo de dicho requisito es la discriminación y los estereotipos en contra de las personas homosexuales”, concluye el análisis de Colombia Diversa.

La Personería de Cali ha sido una de las entidades denunciantes de la vulneración de derechos a la comunidad LGBTI. El personero de la capital del Valle, Andrés Santamaría, informó que el hacinamiento no para. La cárcel de Villahermosa tiene una capacidad para 1.600 presos y alberga más de 6.600. En el patio 3, donde hay más de 800 internos, hay un pasillo que alberga a 40 mujeres trans y gays.

“Hay trans que señalan que sufren violaciones a sus derechos, revelan ser obligadas a interrumpir sus tratamientos hormonales y demoras en el suministro de medicamentos”, asegura. Aunque la creación de pabellones exclusivos de LGBTI ha recibido críticas por ratificar la discriminación, Santamaría sostiene que la iniciativa busca contrarrestar tratos indignos, señalamientos y agresiones físicas contra quienes defienden su feminidad a toda costa.