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Con camisetas blancas, carteles y arengas los habitantes del municipio Roberto Payán (Nariño) se movilizaron pacíficamente para hacer un llamado al gobierno nacional y a las instituciones nacionales para que atiendan la ola de desplazamiento forzado más alta que se ha visto en los últimos años.
Más de 3 mil personas, alrededor de 1.000 familias, han llegado hasta San José de las Lagunas, cabecera municipal del municipio, por enfrentamientos entre disidentes de las Farc de los Frentes Oliver Sinisterra y 30 Alfonso Cano que iniciaron el pasado 7 de mayo en zona rural del municipio.
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El alcalde Juan Carlos Sinisterra pide ayuda urgente al Gobierno nacional. Solicitan la presencia del Ejército Nacional para devolver la seguridad al territorio. Adicionalmente, piden colaboración para atender a las familias que continúan llegando al municipio.
Para hospedar a la población han utilizado el albergue municipal y dispuesto de tres de las cuatro sedes educativas y han alquilado casas. Sin embargo, informan que muchas tienen problemas de humedad, estancamiento de aguas residuales y goteras, por lo que es necesario adecuarlas para que puedan ser utilizadas.
Requieren alimentos, medicamentos, elementos de aseo personal, agua potable o un sistema de purificación de aguas, tanques de almacenamiento, elementos de bioseguridad, material didáctico y de educación y material de construcción para adecuar las instalaciones.
El 13 de mayo un equipo de Médicos Sin Fronteras hizo una intervención para atender las necesidades de la población. Reportan que encontraron un panorama preocupante, principalmente en términos de salud mental.
Los enfriamientos iniciaron en las zonas de los ríos Saundé, Ispí, Pirí y Gialpi, que pertenecen al Consejo comunitario Unión de Cuencas, se han desplazado hacia los ríos Telembí y Patía, afectando por el momento los consejos comunitarios Integración del Telembí, Catanguero y El progreso. Estos grupos se disputan la zona que es un corredor estratégico hacia el Pacífico.
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Desde finales de 2019, en el municipio se han presentado alteraciones del orden público que han generado eventos de desplazamiento forzado masivo, afectando a la población afrocolombiana que allí habita. Se desconoce la cifra exacta de familias afectadas hasta la fecha de hoy, pero este número supera los 1.000.
Debido al desabastecimiento por cuenta de los bloqueos en las vías, está en riesgo la salud alimentaria de la población, y a eso se le suma la amenaza del Covid-19. Para la administración está siendo insostenible el manejo de la situación.
*De la Fundación Color de Colombia