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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años a Aury Socorro Guerrero Bowie, gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre los años 2012 y 2015.
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Según indicó el ente de control, la exmandataria no habría adelantado oportunamente los procesos de contratación o designación de la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato 540 de 2012, celebrado con la IPS Universidad de Antioquia para la operación asistencial y logística de la red pública hospitalaria del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
“Guerrero permitió que este negocio jurídico estuviera sin vigilancia, control y seguimiento entre agosto y octubre de 2012, todo el año 2013 y gran parte de los años 2014 y 2015″, señaló la Procuraduría. En la misma línea, sancionó a los exsecretarios de Salud Gonzalo Eduardo Martínez Pérez (2012-2013) y Miguel Alfredo May Salcedo (2013-2016), quienes fueron suspendidos en el ejercicio del cargo por el término de uno y dos meses, respectivamente.
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Las faltas disciplinarias fueron calificadas como gravísima en el caso de Guerrero Bowie, y graves en el de los exsecretarios de Salud. “Por no estar ya en sus cargos deberán pagar el monto equivalente al término de la sanción en salarios mínimos de acuerdo con lo devengado en la época de los hechos”, comunicó el ente de control.
Los implicados en este caso podrán apelar esta decisión ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
Otras investigaciones
La Procuraduría General de la Nación informó en febrero de este año que la exgobernadora estaría implicada en presuntas irregularidades en contratos para la construcción de una vía perimetral Cliff y de un megacolegio, ambos financiados con recursos del sistema general de regalías.
De acuerdo con el ente de control, la exmandataria tenía en su poder informes de la supervisora alertando sobre retrasos injustificados en la construcción de la vía perimetral y no concretó acciones para cumplir con los tiempos pactados (7 meses). Para esta obra se destinó una suma de $450 millones y se terminó 27 meses después, cuando ya había cambiado la gobernación.
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Con respecto al megacolegio en el sector de San Luis, la Procuraduría determinó que el contrato se celebró sin que se hubieran elaborado los diseños previos correspondientes, necesarios para dar inicio a las obras.