Disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca disparó homicidios en Magdalena

El ataque que segó las vidas de los periodistas Dilia Contreras y Leiner Montero, quienes el pasado 28 de agosto regresaban de cubrir las fiestas patronales del corregimiento Santa Rosa de Lima, en Fundación (Magdalena), volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en ese departamento del norte de Colombia.

Según comunicó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en los últimos dos años Montero, quien era director del medio radial Sol Digital Stereo, recibió amenazas que lo llevaron a desinstalar los transmisores de su emisora.

La situación de riesgo se extiende a los demás municipios y se profundiza en personas que ejercen trabajos sociales o liderazgos en sus comunidades. En lo que va de 2022 se han registrado al menos 210 muertes violentas solo en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera.

(Le puede interesar: Denuncian el secuestro y asesinato de seis indígenas nariñenses en Putumayo)

Así lo documentó la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada (PDHAL), organización que se ha convertido en una red de apoyo para líderes y lideresas de Magdalena. El Espectador habló con su director ejecutivo, Lerber Dimas Vásquez, sobre las causas del aumento de la violencia, así como de su propuesta a algunos senadores de crear líneas de urgencia para defensores de derechos humanos.

¿Cuáles son los principales hallazgos de la plataforma en cuanto a los homicidios en Magdalena?

Hemos trabajado con personas de los diferentes municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira, quienes nos entregan información precisa sobre hechos que ellos no pueden denunciar por la presencia de un actor armado en su territorio.

Vemos con preocupación la problemática de homicidios que tienen Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera. Esto se debe a una disputa por el control del territorio entre el Clan del Golfo y los Pachenca. Estas tensiones han generado este año, hasta el 24 de agosto 210 homicidios en esos municipios. El Distrito de Santa Marta lidera la lista con 127 asesinatos.

¿Cuál es su balance en el departamento de Magdalena con respecto al año pasado?

En relación, por ejemplo, con Santa Marta, tuvo para la misma fecha 117 homicidios. La tendencia no es a estabilizarse. Santa Marta, en su mejor época, llegó a tener 76 homicidios por 100 mil habitantes, y eso nos parecía mucho, pero ahora estamos duplicando las cifras, y eso es grave porque no hay una medida que permita reducirlos.

En Santa Marta matan a cualquier hora del día. Han cogido la ciudad como un escenario de conquista, lo que ha hecho que incluso balas perdidas hayan cobrado la vida de una lideresa comunal, de una docente y, hace muy pocos días, de un líder sindical.

¿Cómo definiría la situación de riesgo y amenaza para líderes y organizaciones sociales en el departamento?

Es muy negativa, porque Magdalena ha tenido una tendencia a no darles garantías a sus líderes. Nos preocupa, porque un asesinato de un líder social o de un defensor de derechos humanos frena todo un proceso, ya que son personas que representan comunidades, barrios y organizaciones que no tienen la posibilidad de manifestarse.

(También puede leer: Comunidades piden no cerrar la frontera Colombo- Venezolana nunca más)

Tal es el caso de Alejandro Llinás, líder adulto mayor asesinado miserablemente, lo que detuvo un proceso de denuncia por incursión paramilitar en el Parque Nacional Natural Tayrona. También está el asesinato de Maritza Quiroz, una mujer afro, doblemente victimizada, que la mataron delante de su familia, eso frenó todo un proceso de restitución de tierras.

También nos tiene preocupados la acción de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para cuidar de la vida de los líderes. Ahora estamos denunciando el caso de Hilary Sánchez, lideresa de Fundación, zona en donde asesinaron a los dos periodistas. Aquí hay un control desmedido de las AGC y hace muy poco tiempo capturaron a sus cabecillas: alias 57 y alias 81.

A esta mujer le implementaron un esquema de seguridad y le entregaron un vehículo que ha estado 24 meses dañado. La deja varada y botada en cualquier parte. Hace 20 días el carro se dañó y, aunque la UNP debe entregar un carro sustituto después de 24 horas, no se lo han brindado.

Esto demuestra que los líderes sociales, comunales, sindicales y defensores de derechos humanos tienen pocas posibilidades de apoyo, incluso de las entidades locales y departamentales.

¿Las zonas de los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET) están bajo el dominio de los grupos paramilitares?

Están imponiendo sanciones, están cobrando plata, han establecido impuestos por ventas de bienes de hasta el 20 %. ¿Dónde está el Estado para restablecer derechos y mitigar las acciones contra estas personas que han sido víctimas del conflicto armado?

En Siberia, por ejemplo, tuvimos un combate entre paramilitares, lo que llevó al desplazamiento forzado de más de mil personas. Pese a que el gobernador y el comandante del Ejército hicieron presencia, volvieron a matar y a torturar a una persona allí. Esto se suma a la retención de profesores en esta zona.

Pero si nos vamos al sector de San Pedro, tenemos que hay por lo menos tres personas desaparecidas. La Plataforma consiguió los nombres y las fotos, porque ni la Policía, ni el Ejército, ni la Fiscalía lo habían hecho, y tenemos información de una cuarta persona que no aparece. Lo preocupante es que las personas dicen que los asesinaron, pero todavía la Fuerza Pública no ha ido al sitio para verificar la situación. Sabemos que las compañeras sentimentales de dos de ellos tuvieron que salir desplazadas y calladas del territorio.

¿En qué consisten las mesas de trabajo que le propusieron al senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar?, ¿qué propuestas contemplan?

La Plataforma tiene un trabajo amplio, con una red de apoyo de amigos y líderes en todo el departamento, lo que permite generar lazos de confianza y establecer un diálogo con los afectados. Conocemos las problemáticas casi en el momento en el que están ocurriendo. Por ejemplo, nos enteramos rápidamente del asesinato de Neiver Pertuz, quien era un reconocido líder del corregimiento de Santa Rita, jurisdicción del municipio de Remolino.

Pedimos las mesas de trabajo porque siempre nos excluyen de los espacios, ya que somos una voz incómoda para todas las entidades oficiales, y queremos aportar un panorama sobre cómo están distribuidos los actores armados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

(Le puede interesar: Por asesinato de periodistas: anuncian plantón en la Fiscalía de Santa Marta)

Lo segundo, es que nos permitan establecer mesas de trabajo con las comunidades afectadas, para ver de qué manera empezamos a brindar seguridad en el departamento. Necesitamos líneas de urgencia para saber el momento en el que un líder está en riesgo y garantizarle, por lo menos, que no lo vayan a matar. También es necesario generar líneas estratégicas de seguridad y de intervención, porque esto tiene que estar basado en el concepto de seguridad humana y no simplemente en la presencia del Ejército.

Requerimos un mecanismo que permita que el Estado llegue a ese territorio, porque todas esas zonas tienen en común el abandono. No hay garantías para el acceso a la salud, a la educación, ni existe un canal de diálogo con las alcaldías para que los campesinos accedan a créditos o para transportar sus productos, porque las vías están en pésimo estado.

El ataque que segó las vidas de los periodistas Dilia Contreras y Leiner Montero, quienes el pasado 28 de agosto regresaban de cubrir las fiestas patronales del corregimiento Santa Rosa de Lima, en Fundación (Magdalena), volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en ese departamento del norte de Colombia.

Según comunicó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en los últimos dos años Montero, quien era director del medio radial Sol Digital Stereo, recibió amenazas que lo llevaron a desinstalar los transmisores de su emisora.

La situación de riesgo se extiende a los demás municipios y se profundiza en personas que ejercen trabajos sociales o liderazgos en sus comunidades. En lo que va de 2022 se han registrado al menos 210 muertes violentas solo en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera.

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Así lo documentó la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada (PDHAL), organización que se ha convertido en una red de apoyo para líderes y lideresas de Magdalena. El Espectador habló con su director ejecutivo, Lerber Dimas Vásquez, sobre las causas del aumento de la violencia, así como de su propuesta a algunos senadores de crear líneas de urgencia para defensores de derechos humanos.

¿Cuáles son los principales hallazgos de la plataforma en cuanto a los homicidios en Magdalena?

Hemos trabajado con personas de los diferentes municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira, quienes nos entregan información precisa sobre hechos que ellos no pueden denunciar por la presencia de un actor armado en su territorio.

Vemos con preocupación la problemática de homicidios que tienen Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera. Esto se debe a una disputa por el control del territorio entre el Clan del Golfo y los Pachenca. Estas tensiones han generado este año, hasta el 24 de agosto 210 homicidios en esos municipios. El Distrito de Santa Marta lidera la lista con 127 asesinatos.

¿Cuál es su balance en el departamento de Magdalena con respecto al año pasado?

En relación, por ejemplo, con Santa Marta, tuvo para la misma fecha 117 homicidios. La tendencia no es a estabilizarse. Santa Marta, en su mejor época, llegó a tener 76 homicidios por 100 mil habitantes, y eso nos parecía mucho, pero ahora estamos duplicando las cifras, y eso es grave porque no hay una medida que permita reducirlos.

En Santa Marta matan a cualquier hora del día. Han cogido la ciudad como un escenario de conquista, lo que ha hecho que incluso balas perdidas hayan cobrado la vida de una lideresa comunal, de una docente y, hace muy pocos días, de un líder sindical.

¿Cómo definiría la situación de riesgo y amenaza para líderes y organizaciones sociales en el departamento?

Es muy negativa, porque Magdalena ha tenido una tendencia a no darles garantías a sus líderes. Nos preocupa, porque un asesinato de un líder social o de un defensor de derechos humanos frena todo un proceso, ya que son personas que representan comunidades, barrios y organizaciones que no tienen la posibilidad de manifestarse.

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Tal es el caso de Alejandro Llinás, líder adulto mayor asesinado miserablemente, lo que detuvo un proceso de denuncia por incursión paramilitar en el Parque Nacional Natural Tayrona. También está el asesinato de Maritza Quiroz, una mujer afro, doblemente victimizada, que la mataron delante de su familia, eso frenó todo un proceso de restitución de tierras.

También nos tiene preocupados la acción de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para cuidar de la vida de los líderes. Ahora estamos denunciando el caso de Hilary Sánchez, lideresa de Fundación, zona en donde asesinaron a los dos periodistas. Aquí hay un control desmedido de las AGC y hace muy poco tiempo capturaron a sus cabecillas: alias 57 y alias 81.

A esta mujer le implementaron un esquema de seguridad y le entregaron un vehículo que ha estado 24 meses dañado. La deja varada y botada en cualquier parte. Hace 20 días el carro se dañó y, aunque la UNP debe entregar un carro sustituto después de 24 horas, no se lo han brindado.

Esto demuestra que los líderes sociales, comunales, sindicales y defensores de derechos humanos tienen pocas posibilidades de apoyo, incluso de las entidades locales y departamentales.

¿Las zonas de los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET) están bajo el dominio de los grupos paramilitares?

Están imponiendo sanciones, están cobrando plata, han establecido impuestos por ventas de bienes de hasta el 20 %. ¿Dónde está el Estado para restablecer derechos y mitigar las acciones contra estas personas que han sido víctimas del conflicto armado?

En Siberia, por ejemplo, tuvimos un combate entre paramilitares, lo que llevó al desplazamiento forzado de más de mil personas. Pese a que el gobernador y el comandante del Ejército hicieron presencia, volvieron a matar y a torturar a una persona allí. Esto se suma a la retención de profesores en esta zona.

Pero si nos vamos al sector de San Pedro, tenemos que hay por lo menos tres personas desaparecidas. La Plataforma consiguió los nombres y las fotos, porque ni la Policía, ni el Ejército, ni la Fiscalía lo habían hecho, y tenemos información de una cuarta persona que no aparece. Lo preocupante es que las personas dicen que los asesinaron, pero todavía la Fuerza Pública no ha ido al sitio para verificar la situación. Sabemos que las compañeras sentimentales de dos de ellos tuvieron que salir desplazadas y calladas del territorio.

¿En qué consisten las mesas de trabajo que le propusieron al senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar?, ¿qué propuestas contemplan?

La Plataforma tiene un trabajo amplio, con una red de apoyo de amigos y líderes en todo el departamento, lo que permite generar lazos de confianza y establecer un diálogo con los afectados. Conocemos las problemáticas casi en el momento en el que están ocurriendo. Por ejemplo, nos enteramos rápidamente del asesinato de Neiver Pertuz, quien era un reconocido líder del corregimiento de Santa Rita, jurisdicción del municipio de Remolino.

Pedimos las mesas de trabajo porque siempre nos excluyen de los espacios, ya que somos una voz incómoda para todas las entidades oficiales, y queremos aportar un panorama sobre cómo están distribuidos los actores armados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Lo segundo, es que nos permitan establecer mesas de trabajo con las comunidades afectadas, para ver de qué manera empezamos a brindar seguridad en el departamento. Necesitamos líneas de urgencia para saber el momento en el que un líder está en riesgo y garantizarle, por lo menos, que no lo vayan a matar. También es necesario generar líneas estratégicas de seguridad y de intervención, porque esto tiene que estar basado en el concepto de seguridad humana y no simplemente en la presencia del Ejército.

Requerimos un mecanismo que permita que el Estado llegue a ese territorio, porque todas esas zonas tienen en común el abandono. No hay garantías para el acceso a la salud, a la educación, ni existe un canal de diálogo con las alcaldías para que los campesinos accedan a créditos o para transportar sus productos, porque las vías están en pésimo estado.