¿Dónde están las invasiones de tierras en Colombia?

En 26 departamentos del país la Defensoría del Pueblo ha identificado 108 invasiones, en las que alrededor de 6.000 personas estaría ocupando los predios con diferentes motivaciones, según un balance que presentó el defensor Carlos Camargo en el inicio del primer Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social.

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De acuerdo con el ente de control, los departamentos en los que más se han identificado estas dinámicas son Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, mientras que “la mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos”, dijo Camargo.

Pero las motivaciones no son las mismas. Según el defensor, existen dos intereses: primero, el de comunidades con carencia de tierras, que reclaman el derecho al acceso a propiedades consideradas improductivas, como pueden ser baldíos, fiscales patrimoniales y predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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“Una segunda causa, se vincula a ocupaciones ejercidas por población étnica, que en el marco del ejercicio denominado como “liberación de la madre tierra”, ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural. Esta última situación se registra en mayor medida en los departamentos de Cauca y Vichada”, explicó el defensor.

También se han identificado casos particulares en Guainía, Huila y la región del Urabá, donde las invasiones estarían relacionadas con comunidades que buscan construir vivienda propia, ante el déficit habitacional en las zonas, por lo que se han ocupado predios en proceso de restitución.

Por último, está el conflicto de tierras en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca, donde la Defensoría ha encontrado conflictos latentes entre comunidades, que vienen de tiempo atrás y que requieren atención y mediación del Gobierno.

“Se ha exacerbado la conflictividad intercultural que involucra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y las disputas en torno a la territorialidad. Así mismo, se identifican vulneraciones a otros derechos como la vida, libertad e integridad, propiedad, el acceso progresivo a la tierra, vivienda, educación, salud, servicios públicos, acceso a crédito agropecuario y afectaciones al medio ambiente”, destacó el defensor.

Ante este panorama, Camargo resaltó la importancia del diálogo directo con las comunidades involucradas, así como la necesidad de desarrollar rápidamente acciones, en cumplimiento a los cambios estructurales que prometió el actual gobierno, con el fin de evitar nuevos procesos de movilización social.

De la misma forma, el ente de control llama la atención sobre la participación de estructuras ilegales en este proceso, ya que a través del seguimiento de Alertas Tempranas se ha identificado que en una de cada 10 invasiones están involucrados grupos armados.

En 26 departamentos del país la Defensoría del Pueblo ha identificado 108 invasiones, en las que alrededor de 6.000 personas estaría ocupando los predios con diferentes motivaciones, según un balance que presentó el defensor Carlos Camargo en el inicio del primer Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social.

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De acuerdo con el ente de control, los departamentos en los que más se han identificado estas dinámicas son Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, mientras que “la mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos”, dijo Camargo.

Pero las motivaciones no son las mismas. Según el defensor, existen dos intereses: primero, el de comunidades con carencia de tierras, que reclaman el derecho al acceso a propiedades consideradas improductivas, como pueden ser baldíos, fiscales patrimoniales y predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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“Una segunda causa, se vincula a ocupaciones ejercidas por población étnica, que en el marco del ejercicio denominado como “liberación de la madre tierra”, ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural. Esta última situación se registra en mayor medida en los departamentos de Cauca y Vichada”, explicó el defensor.

También se han identificado casos particulares en Guainía, Huila y la región del Urabá, donde las invasiones estarían relacionadas con comunidades que buscan construir vivienda propia, ante el déficit habitacional en las zonas, por lo que se han ocupado predios en proceso de restitución.

Por último, está el conflicto de tierras en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca, donde la Defensoría ha encontrado conflictos latentes entre comunidades, que vienen de tiempo atrás y que requieren atención y mediación del Gobierno.

“Se ha exacerbado la conflictividad intercultural que involucra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y las disputas en torno a la territorialidad. Así mismo, se identifican vulneraciones a otros derechos como la vida, libertad e integridad, propiedad, el acceso progresivo a la tierra, vivienda, educación, salud, servicios públicos, acceso a crédito agropecuario y afectaciones al medio ambiente”, destacó el defensor.

Ante este panorama, Camargo resaltó la importancia del diálogo directo con las comunidades involucradas, así como la necesidad de desarrollar rápidamente acciones, en cumplimiento a los cambios estructurales que prometió el actual gobierno, con el fin de evitar nuevos procesos de movilización social.

De la misma forma, el ente de control llama la atención sobre la participación de estructuras ilegales en este proceso, ya que a través del seguimiento de Alertas Tempranas se ha identificado que en una de cada 10 invasiones están involucrados grupos armados.