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En medio de la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, la radiografía de la situación de las comunidades originarias no es alentadora, sobre todo en materia de seguridad y derechos humanos. Prueba de ello es el balance que dejaron los casi dos meses de paro nacional, en términos de agresiones y ataques contra integrantes de los pueblos que participaron en las protestas y movilizaciones. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), junto con la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona, del Putumayo (ACIPS), presentaron dos informes sobre estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con la información entregada por las organizaciones, desde que comenzó el paro nacional hasta el 10 de junio de 2021, se presentaron 47 agresiones específicas contra las comunidades indígenas entre señalamientos, amenazas, hostigamientos, confrontaciones, constreñimientos y desaparición forzada. Los datos de CNTI y la ACIPS sostienen, además, que ocho indígenas murieron en el marco de las protestas. El departamento en donde más afectaciones hubo fue el Valle del Cauca, con 24 hechos, siendo el más preocupante el ocurrido el 9 de mayo de 2021, cuando se presentó un ataque contra la minga indígena, que participaba en las manifestaciones en Cali. Por otra parte, en Cauca, Nariño y Putumayo se reportaron en cada uno hasta cinco hechos de este tipo contra pueblos originarios.
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“Dijeron que nos habían disparado con armas traumáticas, pero resulta que ese tipo de municiones no atraviesan un hueso. Yo todavía estoy en muletas, porque me destruyeron la tibia, cinco centímetros debajo de la rodilla. Me tuvieron que operar en la Clínica Valle del Lili, donde me pudieron reconstruir la pierna izquierda, aunque la pude haber perdido. Después de tres meses todavía no puedo caminar. Tengo una placa de titanio de veinte centímetros, que va desde la rodilla hasta el tobillo, y once clavos que atraviesan el hueso de un lado al otro”. El relato es de Marlon Yesid Martínez, uno de los heridos por el ataque de civiles armados contra la minga indígena en Cali, el domingo 9 de mayo, que dejó un saldo de doce indígenas heridos. En los videos que se han conocido de ese día se observa a personas vestidas con camisetas blancas disparando armas de fuego, ante la inacción de agentes de la Policía.
El balance de lo ocurrido sigue siendo lamentable. Al caso de Martínez se suma el de Daniela Soto, autoridad del cabildo indígena universitario de Popayán, quien llegó ese día al hospital sin signos vitales tras recibir un impacto de bala que entró por el abdomen y salió por la cadera, pero se salvó de morir. También está Jerson Ignacio Tróchez Tenorio, quien recibió un disparo en la rodilla derecha y, aunque no necesitó cirugía, tiene daños psicológicos como miedo a los ruidos fuertes.
Además de estas personas, también resultaron heridos en el mismo hecho Segundo Pequí Ramos, Alexánder Frider Yule Ramos, Kevin Antonio Mora, Pedro Herney Ramos Perdomo, Dubán David Ciclos Ñuscue, Educardo Ul Ul, Yerson Javier Tálaga Ulcué, Sandro Leonel Camayo Ipia e Iván René Casso Hurtado.
“Estuve en un estado muy crítico. Tuvieron que intervenirme quirúrgicamente por los daños que me causó la bala. Me dieron 45 días de incapacidad junto con la recuperación que me dieron en la Clínica Valle del Lili; hoy ya estoy mejor físicamente. Emocionalmente todavía estoy muy golpeada. No he recibido ningún apoyo por parte de las instituciones estatales. En el momento en el que yo estaba en la clínica debatiéndome entre la vida y la muerte, la única presencia que hubo de las instituciones fue la Fiscalía, para intentar judicializarme o criminalizarme”, señala Daniela Soto.
La minga había llegado al lugar luego de recibir una llamada del consejero del CRIC, Hárold Secué, donde les informaba que había sido retenido por hombres que estaban en camionetas blancas y no lo dejaban ingresar a la ciudad. “Cuando llegamos a La María, un uniformado golpeó a un miembro de la guardia indígena y ahí caímos en la provocación e intentamos capturar a esta persona para llevarla a nuestra justicia. Ahí empezaron los tiros”, narra Marlon Martínez.
Según el informe presentado por el CNTI y la ACIPS, 27 de los 47 ataques perpetrados contra indígenas durante el paro nacional fueron por parte de miembros de la fuerza pública y uno, precisamente el de ese 9 de mayo, fue coordinado entre la Policía y civiles. “Ahí en La María varios uniformados nos dispararon. A mí me dieron en la rodilla y fue un agente el que lo hizo. Yo salí de unos matorrales donde nos estábamos escondiendo y ahí fue que disparó”, asegura Jerson Tenorio.
Aída Quilcué, exconsejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), recuerda que ese día, cuando llegaron a hacer la mediación para lograr la liberación de Secué, su esquema de seguridad decidió dar la vuelta al ver hombres armados. “Cuando me devolví para la universidad fue que empezaron a sonar los tiros. Muchos impactaron en mi camioneta, que menos mal aguantó, pero quedó en muy mal estado, casi inservible por la cantidad de disparos que recibió”, rememora.
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Tres meses después de estos hechos, tanto Daniela Soto como Marlon Martínez aseguran que los procesos judiciales están detenidos en la Fiscalía y que los videos en los que se ve a los civiles vestidos de blanco disparando no fueron aceptados como pruebas en los casos. Recientemente incluso Amnistía Internacional hizo un llamado al Gobierno por este caso, señalando que no solo se debe rechazar la existencia de un discurso estigmatizante contra las personas indígenas que acompañaron las manifestaciones en Cali, “sino que se les responsabilice de los ataques que sufrieron y no se emita ningún reproche por las conductas violentas ejercidas por civiles armados en coordinación con agentes de la Policía Nacional”. El organismo insistió, además, en que las autoridades tienen un deber de especial protección de los pueblos indígenas, garantizando sus derechos fundamentales y que “las expresiones discriminatorias contra pueblos indígenas contravienen las obligaciones de derecho internacional y promueven la violencia y la impunidad que aún prevalece”.
La CNTI y la ACIPS han hecho un llamado a las autoridades nacionales, pues dicen que “la emergencia del paro no ha significado un cambio importante en el ritmo de la tasa de homicidios contra indígenas que se ha venido presentando desde la firma del Acuerdo Final de Paz y en especial durante el año 2021”. Sostienen que desde el 1° de enero hasta el 28 de abril pasado fueron asesinados 34 indígenas. Una penosa cifra a la que hay que sumarle los otros nueve indígenas asesinados durante las movilizaciones del paro nacional.