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A menos de un mes del cierre del relleno sanitario El Carrasco, los planes de contingencia solicitados por la Procuraduría a los alcaldes no son claros. Dieciséis municipios de Santander no podrán disponer de este lugar para la disposición final de las basuras a partir del 14 de agosto.
El proceso del cierre del relleno sanitario viene desde 2009, debido a una acción popular interpuesta por los habitantes del barrio Porvenir, ubicado a menos de un kilómetro del lugar. La comunidad señalaba que El Carrasco generaba afectaciones por cuenta de los malos olores y roedores en el lugar. Sin embargo, la constante declaración de emergencias sanitarias ha pospuesto ese cierre, motivo por el cual, once años después el relleno sigue funcionando.
El pasado 25 de mayo, el juez John Avendaño, del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, le puso fecha definitiva al cierre, tras el desacato de una orden de 2019, que obligaba a los alcaldes a buscar un nuevo lugar para disponer de las basuras. Sin embargo, encontrar un reemplazo que acoja las mil toneladas diarias de residuos que recibe el lugar ha tomado más tiempo del esperado.
Sobre esta situación, y el panorama general de El Carrasco, El Espectador habló con José Pablo Ortiz, director de las Empresas de Aseo de Bucaramanga (EMAB), encargada de este servicio y del funcionamiento del relleno sanitario.
¿Cuál es la situación de El Carrasco?
Se determinó un cierre para el 13 de agosto, pero la verdad es que El Carrasco no se puede cerrar porque recibe mil toneladas diarias de 16 municipios del departamento; el 65 % de las basuras de Santander llegan allí. Aspiraríamos a tener por lo menos dos años más, tenemos capacidad para seguir depositando basuras. En ese tiempo esperaríamos que ya se pueda materializar un nuevo relleno. Se contrató un estudio con el Área Metropolitana y la Universidad Industrial de Santander, que hizo una investigación en varios municipios donde se determinaron algunas opciones.
¿Por qué se determinó cerrar El Carrasco?
Hubo una denuncia puesta por los habitantes del barrio el Porvenir, vecino de El Carrasco. Ahí inició todo y entró el juez a mediar. Las causas de esa denuncia hoy en día no existen. Si en su momento se presentaron, hoy en día no se presentan. Pero pues ya el juez decretó el cierre, y creo que no se puede echar para atrás y debe continuar. Ante la emergencia sanitaria y la situación, tanto el juez como la ANLA han tenido que entender que el cierre definitivo no se puede dar todavía, hasta que se tenga un nuevo sitio no se puede cerrar. Los habitantes del barrio Porvenir pusieron una tutela y derechos de petición por la cercanía, los olores... Un juez falló contra El Carrasco y ordenó el cierre del mismo. Desde hace aproximadamente quince años se viene manejando ese cierre, pero la verdad es que El Carrasco no se puede cerrar porque no hay dónde depositar las basuras. Se decretó una emergencia sanitaria, que fue la estrategia que se utilizó para seguir disponiendo los residuos allí, y por eso vienen prórrogas y prórrogas.
¿Qué gestiones se han hecho ante la decisión tomada por el juez?
Ante la nueva fecha de cierre, hemos presentado un proyecto a la ANLA —que es la autoridad ambiental, antes era la CDMB—, pero el Ministerio Ambiental le pasó la responsabilidad a la ANLA. Hoy en día es esa entidad la que debe dar los permisos y la que ha venido dando las prórrogas. La semana pasada estuvimos en Bogotá pidiéndoles la colaboración y la comprensión, porque ellos saben que El Carrasco no se puede cerrar. ¿Cómo hacemos nosotros con mil toneladas de basura diarias? Eso sería una catástrofe. El 12 de julio tuvimos una mesa técnica con la ANLA. Hemos presentado varios estudios, entregamos un informe donde estamos solicitando una prórroga para 733.000 metros cúbicos adicionales, que se pueden disponer y que no hay problemas de estabilidad, ni lixiviados (el líquido que queda cuando se descomponen los residuos sólidos), ni que se vaya a presentar ninguna catástrofe ni problema ambiental. También nos reunimos con la Procuraduría, le solicitamos que convocara al gobernador para que fuera algo concertado entre todos los municipios y que se diera la voluntad política. Esto no es algo solo de la EMAB ni de Bucaramanga, son proyectos que requieren muchísima inversión, permisos y licencias ambientales que no son tan fáciles de obtener.
¿Qué opciones hay como reemplazo de El Carrasco?
Se hizo un estudio bastante detallado en el que se evaluaron cerca de diez lotes, en diferentes municipios. Allí intervinieron muchísimos profesionales no solo de Santander sino de otras partes del país. Con este se definieron varios lotes. Uno era el de Lebrija, que tenía la mayor puntuación; pero la comunidad no dejó entrar a hacer los últimos estudios. Uno de los problemas de los lotes es que pueden ser muy buenos y cumplir todas las alternativas o condiciones, pero hay que hacerles veinte kilómetros de vía o los camiones tendrían que pasar por un centro poblado todos los días. Incluso, hay otra opción en Chocoita, en Girón, que tiene licencia para ser un relleno sanitario, pero la comunidad no dejó. Tendrían que pasar todos los camiones de la basura por Girón, lo cual sería complicado. Habría que construir una vía de muchos kilómetros, eso lo hace muy costoso.
¿Qué pasará con este lugar una vez se haga el cierre?
La EMAB y todos los municipios tenemos un compromiso de clausura y de posclausura. Hay que adecuarlo. El día que yo lo cierre, voy a seguir generando lixiviados durante unos veinte años más, entonces yo tengo que garantizar ese tratamiento y tiene que haber una recuperación. Normalmente se pueden hacer parques, áreas con paneles solares, hay cierto tipo de obras que se pueden hacer. Hay una que está en el ojo de huracán, que es un parque contemplativo que construyó la anterior administración y no se ha podido abrir al público. Son más de tres hectáreas con canchas, alumbrado y senderos. La idea era que fuera para el disfrute de los vecinos, pero no se solicitó el permiso con la entidad ambiental antes de abrirlo. Se construyó y cuando se fue a abrir la ANLA no dio la autorización. Hubo una inversión de algo más de $4.000 millones y ya lleva más de dos años.