El colegio en donde ser homosexual es una falta grave

 Mientras el colegio Gimnasio Castillo Campestre realizaba este miércoles el acto de desagravio para Sergio Urrego, joven que se suicidó el 4 de agosto del año pasado tras ser víctima de discriminación en esa institución por ser gay, la organización Caribe Afirmativo denunciaba que el colegio Guillermo Carey, en Barranquilla, discrimina a los homosexuales en su manual de convivencia.

Según ese documento institucional, el “comportamiento homosexual (varones y hembras) dentro y fuera de la institución” es una falta grave, una situación de “tipo tres”, lo que quiere decir que es “una agresión escolar que podría constituir un delito contra la libertad, integridad y formación sexual”.

Al conocerse públicamente dicha disposición, la polémica creció entre la comunidad LGBTI y defensores de derechos humanos porque hace cinco meses la sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional (en respuesta a una acción de tutela interpuesta por la mamá de Sergio Urrego, Alba Reyes Arenas, en la que solicitó un acto de desagravio por la violación de los derechos a la intimidad, igualdad y buen nombre de su hijo) ordenó al Ministerio de Educación, que en un plazo de un año, revise todos los manuales de convivencia en el país y garantice que sean respetuosos con la orientación sexual.

En ese mismo fallo, el alto tribunal reconoció que hay una falta de operatividad de la política pública de convivencia escolar y, por eso, dio órdenes como ésta tendientes a implementar mecanismos de detección temprana para que casos como el de Sergio Urrego no se repitan.

Aunque al Ministerio de Educación se le dio un plazo de un año para hacer esos ajustes, el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, asegura que “es claro que el espíritu de la decisión es prevenir cualquier tipo de violencia basada en la orientación sexual y, por tanto, es prioritario que se actúe desde ya. Por eso, le solicitamos oficialmente a la Secretaría de Educación de Barranquilla que se corte cualquier discriminación en los establecimientos educativos”.

El colegio Guillermo Carey, además, respalda el referendo promovido por la senadora Viviane Morales, que quiere prohibir la adopción por parte de las parejas homosexuales (avalada por la Corte Constitucional el 4 de noviembre), que está en etapa de recolección de firmas y que ya cuenta con el respaldo de 32 congresistas. La institución educativa repartió hoy el formulario para apoyar esta iniciativa en una reunión de padres de familia.

“El hecho de que el establecimiento educativo haga este proselitismo de firmar contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo sigue enarbolando las banderas de discriminación en el colegio y las hace más latentes”, agrega Castañeda.

En respuesta a las críticas, Nohemí Janson, rectora del colegio, afirma que éste no discrimina a nadie y que no se han negado cupos por estas razones. “Estamos en libertad de promover el referendo, ningún padre está obligado a firmar. Somos un colegio confesional basado en principios bíblicos y la Constitución respalda la libertad de conciencia y religiosa. Cuando se fractura la familia el primer afectado es el menor edad, promovemos que nuestros niños tenga el derecho constitucional de tener una mamá y papá, varón y hembra”.

Al respecto, Castañeda replica que “Colombia es un Estado no confesional, no hay ninguna afiliación religiosa en particular, y que la libertad de cultos no está por encima de la garantía de los derechos humanos. La razón de ser de un establecimiento educativo no es la libertad de cultos, porque para eso están los centros religiosos, es el derecho a la educación. Además se debe respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Ante la pregunta de si consideraría modificar su manual de convivencia, Janson responde que éste fue impreso a principios del año pasado, pero que al final de cada año siempre se hace una revisión. Por lo que la comunidad educativa se reunirá y lo decidirá. “No tenemos problema en acatar las órdenes de la Corte”, concluye.

Olga Zaráte, vocera del Viceministerio de Educación preescolar, básica y media, le dijo a El Espectador que la entidad acompañará a este colegio en dos semanas para trabajar con este el manual de convivencia. "Es un colegio con características especiales porque profesa un credo cristiano. No queremos un escarnio público a los niños de ese colegio porque creen en su fe que eso que está escrito está bien. Queremos escucharlos. Queremos aclararle al país que son 18 mil manuales de convivencia que debemos analizar para asegurar la diversidad de género. Vamos a empezar a priorizar donde hay mayores dificultades: los colegios privados. Por ahí arrancaremos".

Si conoce más casos como éste, escriba a pcuartas@elespectador.com

 Mientras el colegio Gimnasio Castillo Campestre realizaba este miércoles el acto de desagravio para Sergio Urrego, joven que se suicidó el 4 de agosto del año pasado tras ser víctima de discriminación en esa institución por ser gay, la organización Caribe Afirmativo denunciaba que el colegio Guillermo Carey, en Barranquilla, discrimina a los homosexuales en su manual de convivencia.

Según ese documento institucional, el “comportamiento homosexual (varones y hembras) dentro y fuera de la institución” es una falta grave, una situación de “tipo tres”, lo que quiere decir que es “una agresión escolar que podría constituir un delito contra la libertad, integridad y formación sexual”.

Al conocerse públicamente dicha disposición, la polémica creció entre la comunidad LGBTI y defensores de derechos humanos porque hace cinco meses la sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional (en respuesta a una acción de tutela interpuesta por la mamá de Sergio Urrego, Alba Reyes Arenas, en la que solicitó un acto de desagravio por la violación de los derechos a la intimidad, igualdad y buen nombre de su hijo) ordenó al Ministerio de Educación, que en un plazo de un año, revise todos los manuales de convivencia en el país y garantice que sean respetuosos con la orientación sexual.

En ese mismo fallo, el alto tribunal reconoció que hay una falta de operatividad de la política pública de convivencia escolar y, por eso, dio órdenes como ésta tendientes a implementar mecanismos de detección temprana para que casos como el de Sergio Urrego no se repitan.

Aunque al Ministerio de Educación se le dio un plazo de un año para hacer esos ajustes, el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, asegura que “es claro que el espíritu de la decisión es prevenir cualquier tipo de violencia basada en la orientación sexual y, por tanto, es prioritario que se actúe desde ya. Por eso, le solicitamos oficialmente a la Secretaría de Educación de Barranquilla que se corte cualquier discriminación en los establecimientos educativos”.

El colegio Guillermo Carey, además, respalda el referendo promovido por la senadora Viviane Morales, que quiere prohibir la adopción por parte de las parejas homosexuales (avalada por la Corte Constitucional el 4 de noviembre), que está en etapa de recolección de firmas y que ya cuenta con el respaldo de 32 congresistas. La institución educativa repartió hoy el formulario para apoyar esta iniciativa en una reunión de padres de familia.

“El hecho de que el establecimiento educativo haga este proselitismo de firmar contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo sigue enarbolando las banderas de discriminación en el colegio y las hace más latentes”, agrega Castañeda.

En respuesta a las críticas, Nohemí Janson, rectora del colegio, afirma que éste no discrimina a nadie y que no se han negado cupos por estas razones. “Estamos en libertad de promover el referendo, ningún padre está obligado a firmar. Somos un colegio confesional basado en principios bíblicos y la Constitución respalda la libertad de conciencia y religiosa. Cuando se fractura la familia el primer afectado es el menor edad, promovemos que nuestros niños tenga el derecho constitucional de tener una mamá y papá, varón y hembra”.

Al respecto, Castañeda replica que “Colombia es un Estado no confesional, no hay ninguna afiliación religiosa en particular, y que la libertad de cultos no está por encima de la garantía de los derechos humanos. La razón de ser de un establecimiento educativo no es la libertad de cultos, porque para eso están los centros religiosos, es el derecho a la educación. Además se debe respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Ante la pregunta de si consideraría modificar su manual de convivencia, Janson responde que éste fue impreso a principios del año pasado, pero que al final de cada año siempre se hace una revisión. Por lo que la comunidad educativa se reunirá y lo decidirá. “No tenemos problema en acatar las órdenes de la Corte”, concluye.

Olga Zaráte, vocera del Viceministerio de Educación preescolar, básica y media, le dijo a El Espectador que la entidad acompañará a este colegio en dos semanas para trabajar con este el manual de convivencia. "Es un colegio con características especiales porque profesa un credo cristiano. No queremos un escarnio público a los niños de ese colegio porque creen en su fe que eso que está escrito está bien. Queremos escucharlos. Queremos aclararle al país que son 18 mil manuales de convivencia que debemos analizar para asegurar la diversidad de género. Vamos a empezar a priorizar donde hay mayores dificultades: los colegios privados. Por ahí arrancaremos".

Si conoce más casos como éste, escriba a pcuartas@elespectador.com