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“Ya nos cansamos de dar información por los medios porque eso nos esta boleteando mucho y estamos muy amenazados”, respondió por WhatsApp un líder indígena del Chocó cuando intentamos contactarlo para hablar sobre la situación de seguridad en el departamento de las comunidades étnicas. En una llamada telefónica recibimos una respuesta similar por parte de un líder religioso que hasta hace algunos meses exponía su identidad cuando denunciaba la crítica situación humanitaria en la región. Las respuestas se repiten en funcionarios públicos y habitantes de los municipios más afectados y es un reflejo claro de la gravedad de la situación que se vive en la región. Muchos no quieren ni hablar, otros lo hacen siempre y cuando no se revele su identidad.
Hasta mediados de la semana pasada 145 personas en San Miguel, un corregimiento a dos horas y media en río de la cabecera de Medio San Juan (Chocó), se encontraban confinadas por los combates que sostenían la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo. Pero el jueves 16 de septiembre decidieron empacar algunas pertenencias y huir del lugar. En San Miguel quedaron los grupos armados, mientras que los desplazados llegaron hasta Medio San Juan. Hace un mes, del 12 al 13 de agosto, enfrentamientos entre estos mismos grupos en los corregimientos de La Unión y Dipurdú del Guasimo, del mismo municipio, habían ocasionado el desplazamiento de 1.200 personas y el confinamiento de otras 1.300. Según la Defensoría del Pueblo, la agudización de la violencia en la región se debe a la ruptura de un pacto entre la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo, que en 2017 habían acordado no agredirse.
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A los desplazamientos y confinamientos se suman, en la última semana, los asesinatos de dos líderes indígenas y de un exintegrante de la guerrilla de las Farc que se había acogido al proceso de paz. El 16 de septiembre, en Acandí, fue asesinado Efrén Antonio Bailarín, quien había sido gobernador del resguardo Chidima Toló perteneciente al pueblo embera ryabida. Tres días después, en horas de la noche, Manuel Mena, exguerrillero en proceso de reincorporación, fue sacado de su casa y baleado en la zona rural de Quibdó. A la mañana siguiente, en la comunidad de Alto Guayabalito, en el Carmen del Darién, fue asesinado Dilio Bailarín por hombres armados.
Lo ocurrido en estos últimos días es un capítulo más de una crisis humanitaria que ha sido amplia e insistentemente denunciada por habitantes, autoridades locales, organizaciones sociales, oenegés y entidades del Estado. Según la Defensoría del Pueblo, del 1° de enero al 13 de septiembre, en el departamento se registraron 18 hechos de desplazamiento en nueve municipios, once en comunidades indígenas y siete en afrodescendientes, que afectaron a 5.943 personas de 2.311 familias.
En ese mismo período de tiempo, advierte la entidad, se han presentado “94 eventos masivos de confinamiento que han afectado a 27.701 personas de 6.641 familias, pertenecientes a 81 comunidades indígenas y trece afrodescendientes”. Por último, la Defensoría señala que en lo corrido del año han sido asesinados quince ciudadanos en proceso de reintegración luego de la firma de paz, siete de ellos en Quibdó, aunque esa cifra aumentó al incluir el caso de Mena.
Ante la constante vulneración de derechos humanos a la que se enfrenta el 72 % de la población del departamento —alrededor de 396.000 personas— según Carlos Camargo, defensor del Pueblo, la comisión segunda de la Cámara de Representantes adelantó la semana pasada una serie de sesiones en Quibdó. En estas también participó el ministro de Defensa, Diego Molano, quien dio a conocer que seis pelotones militares reforzarán los patrullajes en Chocó y anunció la conformación de un “Escuadrón Antidisparos” en la capital del departamento, para mitigar la acción de los grupos armados.
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Sin embargo, para John Arley Murillo, representante por el Chocó, es claro que anuncios como este y otros que se han hecho en el pasado no ayudan a solucionar la crítica situación del departamento. “Todo se va en palabras, en anuncios, en buena voluntad, pero en resultados efectivos muy pocos”, comenta Murillo, quien agrega que el orden público del presente se deriva de los históricos incumplimientos del Estado y los gobiernos con las comunidades del Pacífico.
Incumplimientos que quedaron en evidencia a finales de agosto cuando la Comisión Afrocolombiana de la Cámara de Representantes adelantó un debate de control político contra varios ministros para evaluar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Estado y los comités de los paros cívicos del 2016 y 2017 en Chocó y Buenaventura. A los debates no asistieron los ministros citados y, según Murillo, citante del espacio, “los resultados fueron nefastos frente al cumplimiento, pero importantes porque ayudaron a evidenciar el incumplimiento y la actitud del gobierno con el Chocó y con el Pacífico, que no es la mejor ni se ve una voluntad política de cumplir con nuestras comunidades”.
Un líder religioso que pidió no ser identificado señala que, además de los incumplimientos por parte del Estado, preocupa que se estén presentando las mismas dinámicas que hace veinte años: “Creemos, en el fondo, que lo que hay aquí es una avanzada al estilo del año 97, cuando los grupos armados son solo la punta de lanza de las grandes empresas para quedarse con la riqueza del departamento”, y agrega que la militarización tanto legal e ilegal del Chocó es motivo de alerta.
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No obstante, desde la personería municipal de Medio San Juan señalan que las comunidades “están pidiendo a gritos que les militaricen el pueblo para al menos asegurarse que no van a ocurrir los hechos mientras el Ejército está allí”. Esta opción fue puesta sobre la mesa en el reciente consejo de seguridad que se adelantó en el municipio la semana pasada; a pesar de todo, el Ejército, que se comprometió a realizar labores de inteligencia y contrainteligencia en la zona, así como a asegurar el corregimiento de San Miguel para garantizar el retorno seguro de los habitantes desplazados, no habría llegado hasta la comunidad y “gran parte de la población está retornando sin esas condiciones de garantía”, comenta una de las víctimas.
Mientras los sanjuaneños piden soluciones locales e inmediatas, organizaciones sociales, consejos comunitarios, representantes de la Iglesia católica y la misma Defensoría instan al Estado colombiano a adoptar medidas estructurales y de largo plazo, como la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 y la aplicación de la directiva número 2 de la Procuraduría General de la Nación, que plantea las directrices para diseñar y ejecutar un plan que “resuelva la situación de violencia y las violaciones a los derechos humanos en el Chocó”, entre otras iniciativas de paz propuestas en el departamento.