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El lunes 22 de febrero, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que once personas fueron asesinadas en cuatro hechos de violencia distintos en Tumaco, Nariño, durante el fin de semana del 20 y 21 de febrero. Según la información preliminar, las acciones violentas fueron el resultado de los enfrentamientos armados entre la estructura Óliver Siniestra de las disidencia de las Farc y Los Contadores.
Los primeros dos muertos fueron encontrados el sábado 20 de febrero, a la 1:00 de la tarde, en el corregimiento de Caunapi, Tumaco. Más tarde, se halló un cuerpo sin vida en la vereda Villa Rica. El domingo 21 de febrero, a las 5:00 de la mañana, se encontraron tres cuerpos en el corregimiento de Llorente. El mismo día, a las 5:00 de la tarde, unidades del Ejército Nacional encontraron cinco cuerpos sin vida en la vereda Puerto Rico, los cuales - según el ministro - fueron trasladados por la comunidad a diferentes lugares sin que se permitieran la ejecución de los actos urgentes investigativos por parte de las autoridades competentes. Ese mismo día, la Asociación de Ayuda Solidaria ANDAS, denunció una incursión armada en Puerto Rico desde las 11:00 de la mañana.
Molano sostuvo que “en el departamento hoy existen 36.000 hectáreas de cultivos ilícitos, de los cuales 9.796 están en Tumaco, con una potencial producción anual de 75 toneladas de cocaína”. Por los recientes hechos violentos, el ministro ofreció una recompensa de hasta $200 millones para dar con el paradero de alias El Gringo, cabecilla del frente Oliver Sinisterra y alias Mario 40, cabecilla de Los Contadores.
“A todos los organismo de investigación la solicitud del Gobierno departamental es dar golpes efectivos en la desarticulación de estas bandas criminales”, dijo el gobernador Jhon Rojas. Agregó que es necesario adelantar acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes con acciones sociales.
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La violencia en Tumaco
Juana Valentina Cabezas, investigadora del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), explicó que Tumaco es el municipio con la situación más crítica en todo Nariño. La salida al Pacífico y las economías ilegales lo convierte en una zona apetecida por los grupos armados. El frente Óliver Sinisterra de las disidencia de las Farc y Los Contadores son las estructuras con más fuerza en esa zona. Sin embargo, la configuración armada es compleja, pues son muchos los actores que intentan ingresar al territorio; constantemente hay cambio en los mandos; se rompen y construyen alianzas.
De acuerdo con Cabezas, el frente Óliver Sinisterra (se hacen llamar también Bloque Occidental Alfonso Cano) es una disidencia que nace antes de la firma del Acuerdo de Paz y está “aislada” de las demás, no tiene alianzas con Gentil Duarte ni con otros frentes. Antes era comandada por alias Guacho, tras su muerte el cargo quedó en manos de alias El Gringo. Los Contadores, por su parte, son un grupo narco-paramilitar formado por exmiembros de las Farc, pero la investigadora hace énfasis en que no son una disidencia como se ha afirmado públicamente. Este grupo se ha fortalecido, cuenta con poder y dinero, pues maneja cultivos ilícitos y otras economías ilegales. Alias Contador, sería el líder, quien sigue dando órdenes desde la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de ser capturado en febrero de 2020.
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El recrudecimiento de la violencia se asocia con la disputa por las rutas del narcotráfico y el control del territorio. “Actualmente, el que se apodera de las rutas, cobra por gramaje a los demás grupos que desean pasar por la zona. Y no solo está la coca, también pasan oro e incluso hay trata de personas”, afirmó. El Eln no ha logrado ingresar; mientras que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia están en el área urbana monopolizando pequeñas bandas criminales. En cambio, las Guerrillas Unidas del Pacifico (GUP) - disidencias de las Farc -sí están ubicadas en zona rural de Tumaco, se conoce que han tenido alianzas con Los Contadores.
Cabezas explica que hay mucho negocios manejados en la zona por estos grupos, incluso algunos legales. Los habitantes de Tumaco son amenazados constantemente, por eso las organizaciones sociales solicitan la reactivación de la Mesa Territorial de Garantías de Nariño para que se atienda la situación. De hecho, el 21 de febrero se difundió un panfleto en el municipio firmado por el Comando Coordinador de Occidente en el que se amenaza a personas que, según ellos, hacen parte del frente Óliver Sinisterra.
En octubre de 2020, El Espectador conoció detalles sobre uno de los narcotraficantes que, de acuerdo con los organismos del Estado, dominan los envíos de cocaína. Se trata de Cachano, quien usaría la región Pacífica para enviar droga a Honduras y Panamá por medio de lanchas de alta velocidad, sumergibles y semisumergibles en puertos ilegales en Acandí (Chocó). Cachano tiene tanto poder en Nariño que es quien negocia con los emisarios de los carteles de la droga mexicanos, que ingresan por la frontera colomboecuatoriana.
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La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la difícil situación de este municipio nariñense. Con la alerta temprana 001-20, emitida en enero de 2020, se explicó el escenario de riesgo al que está expuesta la población - en especial la junta directiva del Consejo Comunitario Unión del Río Chagüi, lideres y defensores de derechos humanos - por la presencia y el accionar de estructuras armadas de disidencia de las Farc y Los Contadores. El 31 de octubre de 2019 también se emitió la alerta 045-19 para Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. En esta la Defensoría revela el escenario de amenaza al que están expuestas las comunidades por la confrontación entre grupos armados ilegales, en las que están involucradas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Eln y las disidencias de las Farc.
Los grupos armados en Nariño
En Nariño hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln); del Clan del Golfo (Agc); Los Contadores; y también de las disidencias de las Farc, específicamente, del Frente Óliver Sinisterra. Además, hay Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), que en algunas ocasiones actúan bajo el mando de los anteriormente mencionados, como oficinas de cobro y redes de apoyo. Los Negritos, La Empresa y El Nuevo Grupo son algunos ejemplos.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), el número de actores armados presentes en el departamento habría aumentado en 2020. “De acuerdo con la información que nos han dado desde inteligencia militar, se cuenta que en Nariño hay unos quince que agrupan a cerca de 831 hombres armados. A eso hay que sumarle que algunos grupos tienen contactos directos con los carteles mexicanos”, dijo Jesús Arciniegas, director de Fundepaz en Nariño.
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Los grupos armados ilegales se disputan, además del narcotráfico, la minería ilegal. Este es un departamento que comparte fronteras con Ecuador y tiene salida a la costa Pacífica. A esto se le suma, según Fundepaz, que Nariño es un punto importante para las rutas del narcotráfico hacia las costas pacíficas de países como Honduras y Nicaragua, y también en México, para su posterior traslado hasta Estados Unidos. Como si fuera poco, en Nariño se refina la coca de Putumayo, Caquetá y Guaviare.
La Gobernación ha advertido que los municipios más expuestos al accionar de los grupos al margen de la ley son Cuande, Olaya Herrera, El Charco, Las Olas y Mosquera; en el Pacífico sur, Francisco Pizarro y Tumaco; la región del Telembí, donde está Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas; por último, Cuinditara, Policarpa, El Rosario y Leiva.
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Los hechos de este fin de semana no son aislados. El sábado 15 de agosto de 2020 se conoció la masacre de ocho jóvenes en Samaniego. Estos habían regresado a su casa por la cuarentena y se reunieron para hacer un asado. Hombres encapuchados irrumpieron en la reunión y los asesinaron. El 18 de agosto se confirmó la masacre de tres comuneros indígenas en el resguardo awá Pialapi Pueblo Viejo, ubicado en el municipio de Ricaurte. El 22 del mismo mes, también en Nariño, en el corregimiento de La Guayacana, zona rural de Tumaco, hubo otra masacre de seis personas no identificadas y al día siguiente la Gobernación confirmó que otras tres personas habían sido asesinadas en el corregimiento de Llorente, del municipio costero.
El 4 de septiembre, en zona rural del municipio de Buesaco, corregimiento de Santa Fe, se encontraron los cuerpos de cuatro personas asesinadas con arma de fuego. El 1º de febrero de 2021, cinco jóvenes - que habían desaparecido desde el viernes 29 de enero - fueron encontrados muertos en zona rural del municipio de Policarpa (Nariño). Estos son solo algunos de los casos. A estos se les suman los desplazamientos: solo en 2020 ascendieron a 43 en el departamento - de los 90 que se presentaron en todo el país según la Defensoría - dejando afectadas a 14.000 personas.