El costo humano del petróleo en Puerto Gaitán

Vertimientos contaminantes en Caño Rubiales, sismos en el municipio de Puerto Gaitán, represión de los líderes sindicales y un impacto negativo sobre el pueblo indígena sikuani. Esos son algunos de los problemas sociales y ambientales que encontró la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en los bloques petroleros de Rubiales-Pirirí, más conocidos como campo Rubiales.

Para llegar a esta conclusión la FIDH, compuesta por más de 100 organizaciones de derechos humanos de 10 países, estudió las acciones de la petrolera por dos años, entrevistó a autoridades públicas y privadas, y encuestó a más de 500 pobladores, trabajadores e indígenas. En estos estudios también participaron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad Internacional en Colombia (Paso).

El informe se publicó 11 días después de que la empresa canadiense Pacific Exploration & Production Corp. le entregara campo Rubiales, el bloque petrolero más productivo del país, a la empresa nacional Ecopetrol, ya que la multinacional se encuentra al borde de la quiebra. Pero la gran pregunta que se hacen los pobladores de Meta es: ¿quién asumirá los pasivos ambientales que Pacific dejó en Colombia?

Ese es uno de los cuestionamientos que Héctor Sánchez, líder comunitario, dice haberle hecho a Ecopetrol durante las reuniones que ha sostenido con la compañía. “Ecopetrol afirma que los problemas causados en 2015 o antes son responsabilidad de la operadora y que ellos se responsabilizarán de ahora en adelante. Cuando hablamos con Pacific nos dicen que todo lo hicieron de acuerdo con su licencia. Entonces nosotros pensamos que algo malo debe tener la licencia, porque aquí, en la realidad, el daño es obvio”, dijo.

Al remitirle esta pregunta a Pacific, la petrolera contestó que “tal y como siempre lo ha hecho, cumplirá con todas las obligaciones y los compromisos establecidos en la ley colombiana y en las licencias ambientales, incluyendo la mitigación de impactos ambientales y sociales derivados directamente de su operación”.

El agua, el mayor costo ambiental

Desde 1999 hasta 2013 el municipio de Puerto Gaitán sufrió 11 temblores. Así lo muestra la Red Sismológica Nacional y el Servicio Geológico Colombiano. En contraste, entre el 2 de abril de 2013 y el 28 de junio de 2016 se han producido 976 sismos. Esto, dice el informe de la FIDH, podría ser resultado de técnicas de reinyección bajo tierra de aguas residuales con las que operan las empresas en campo Rubiales.

El estudio explica que, como hay tanta agua en los yacimientos donde se encuentra el petróleo en campo Rubiales, por cada barril de crudo extraído se producen cerca de 20 barriles de agua residual. Cada día se producen 1’250.000 barriles del líquido que se vierten a caño Rubiales o se reinyectan en los yacimientos. Esto podría causar alteraciones en el subsuelo.

Hay que aclarar que la red sismológica instalada en el área no es suficientemente amplia para establecer el origen de los temblores. Acerca de esta inquietud la petrolera afirma que “la información reportada hasta ahora concluye que la actividad no ha representado, ni representa, ningún riesgo para la población que habita y trabaja en la región”. Sin embargo, la comunidad no está tranquila con esta explicación.

Para reducir los vertimientos de aguas industriales, Pacific creó el proyecto Agrocascada. La idea con esta iniciativa era tratar el agua residual y luego reutilizarla en el riego de cultivo de palma africana. Pero también ahí la FIDH encontró irregularidades ya que la petrolera habría plantado más palma de la que se le había autorizado y sobrepasó la cantidad de agua con la que las regaba. Esto contaminó el medioambiente y menguó la biodiversidad.

Los problemas ambientales, explica el estudio, han permeado las comunidades indígenas en la zona. Líderes de la comunidad sikuani reportaron cambios en los modos de producción y pérdida de autosuficiencia porque los animales que solían comer ahora escasean.

Pobladores reclaman derechos laborales

El equipo de investigación entrevistó a habitantes de las veredas Rubiales, Santa Helena y Puerto Triunfo, en su mayoría trabajadores de Pacific y sus empresas contratistas. También habló con comunidades indígenas, representantes de Ecopetrol, Pacific, y una compañía contratista. Además sostuvo reuniones con autoridades nacionales, regionales y locales, embajadas e instituciones internacionales, sindicatos y ONG. Todo esto para dimensionar los impactos sociales en la comunidad.

El 81 % de los trabajadores encuestados opinaron que la empresa no permitía la afiliación libre y voluntaria a un sindicato y 79 % de ellos afirman que podrían ser despedidos como represalia por afiliarse a la Unión Sindical Obrera (USO).

Asimismo, se encontró que el 92 % de los encuestados eran empleados tercerizados, en su mayoría contratados mediante contratos a término fijo o de prestación de servicios, a pesar de que laboran en proyectos permanentes. Esto es una subcontratación irregular y, según los investigadores, equivaldría a una tercerización ilegal. “Muchos trabajadores que enfrentamos problemas y no tenemos cómo expresarnos optamos por manifestarnos. Algunos fuimos judicializados por esto”, afirma Héctor Sánchez, líder comunitario.

Aquí entra a jugar lo que el estudio llama las “asimetrías ante el sistema judicial”. Una de las cosas que más alarmó a la FIDH es que las petroleras financian directamente a la Fuerza Pública y la Fiscalía General. “Existe un patrón de asimetrías ante el sistema judicial, en particular un desbalance entre la débil respuesta judicial e impunidad frente a casos de asesinato y agresiones físicas a manifestantes y la celeridad de investigaciones en las que la empresa ostenta la calidad de víctima”, explica el estudio.

A raíz de todo esto los investigadores concluyeron que hay limitaciones a la libertad de expresión de los pobladores de la zona y faltan espacios para el diálogo y la organización ciudadana. Pero la empresa niega tal coerción. Ellos afirman que sus sindicatos son un grupo de la mayor importancia, con los que “mantiene relaciones de respeto dentro del marco legal colombiano y laboral internacional”.

Al final del estudio, las tres organizaciones hacen una serie de recomendaciones. Algunas son ambientales, como instalar mecanismos de monitoreo en tiempo real de las cantidades y calidades de crudo y aguas producidas.

Otras sugerencias son sociales, como establecer estándares claros en Canadá para asegurarse de que empresas de ese país asuman su responsabilidad cuando haya evidencia de daños ambientales o violaciones a los derechos humanos que se deban a sus actividades extractivas.

Para Héctor Sánchez todas estas peticiones son muy importantes, pero afirma que si sólo pudiera pedir dos cosas serían que recuperen el agua del caño para poder tomarla sin temor a enfermarse y que impulsen proyectos productivos que desliguen la economía local del petróleo.

Vertimientos contaminantes en Caño Rubiales, sismos en el municipio de Puerto Gaitán, represión de los líderes sindicales y un impacto negativo sobre el pueblo indígena sikuani. Esos son algunos de los problemas sociales y ambientales que encontró la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en los bloques petroleros de Rubiales-Pirirí, más conocidos como campo Rubiales.

Para llegar a esta conclusión la FIDH, compuesta por más de 100 organizaciones de derechos humanos de 10 países, estudió las acciones de la petrolera por dos años, entrevistó a autoridades públicas y privadas, y encuestó a más de 500 pobladores, trabajadores e indígenas. En estos estudios también participaron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad Internacional en Colombia (Paso).

El informe se publicó 11 días después de que la empresa canadiense Pacific Exploration & Production Corp. le entregara campo Rubiales, el bloque petrolero más productivo del país, a la empresa nacional Ecopetrol, ya que la multinacional se encuentra al borde de la quiebra. Pero la gran pregunta que se hacen los pobladores de Meta es: ¿quién asumirá los pasivos ambientales que Pacific dejó en Colombia?

Ese es uno de los cuestionamientos que Héctor Sánchez, líder comunitario, dice haberle hecho a Ecopetrol durante las reuniones que ha sostenido con la compañía. “Ecopetrol afirma que los problemas causados en 2015 o antes son responsabilidad de la operadora y que ellos se responsabilizarán de ahora en adelante. Cuando hablamos con Pacific nos dicen que todo lo hicieron de acuerdo con su licencia. Entonces nosotros pensamos que algo malo debe tener la licencia, porque aquí, en la realidad, el daño es obvio”, dijo.

Al remitirle esta pregunta a Pacific, la petrolera contestó que “tal y como siempre lo ha hecho, cumplirá con todas las obligaciones y los compromisos establecidos en la ley colombiana y en las licencias ambientales, incluyendo la mitigación de impactos ambientales y sociales derivados directamente de su operación”.

El agua, el mayor costo ambiental

Desde 1999 hasta 2013 el municipio de Puerto Gaitán sufrió 11 temblores. Así lo muestra la Red Sismológica Nacional y el Servicio Geológico Colombiano. En contraste, entre el 2 de abril de 2013 y el 28 de junio de 2016 se han producido 976 sismos. Esto, dice el informe de la FIDH, podría ser resultado de técnicas de reinyección bajo tierra de aguas residuales con las que operan las empresas en campo Rubiales.

El estudio explica que, como hay tanta agua en los yacimientos donde se encuentra el petróleo en campo Rubiales, por cada barril de crudo extraído se producen cerca de 20 barriles de agua residual. Cada día se producen 1’250.000 barriles del líquido que se vierten a caño Rubiales o se reinyectan en los yacimientos. Esto podría causar alteraciones en el subsuelo.

Hay que aclarar que la red sismológica instalada en el área no es suficientemente amplia para establecer el origen de los temblores. Acerca de esta inquietud la petrolera afirma que “la información reportada hasta ahora concluye que la actividad no ha representado, ni representa, ningún riesgo para la población que habita y trabaja en la región”. Sin embargo, la comunidad no está tranquila con esta explicación.

Para reducir los vertimientos de aguas industriales, Pacific creó el proyecto Agrocascada. La idea con esta iniciativa era tratar el agua residual y luego reutilizarla en el riego de cultivo de palma africana. Pero también ahí la FIDH encontró irregularidades ya que la petrolera habría plantado más palma de la que se le había autorizado y sobrepasó la cantidad de agua con la que las regaba. Esto contaminó el medioambiente y menguó la biodiversidad.

Los problemas ambientales, explica el estudio, han permeado las comunidades indígenas en la zona. Líderes de la comunidad sikuani reportaron cambios en los modos de producción y pérdida de autosuficiencia porque los animales que solían comer ahora escasean.

Pobladores reclaman derechos laborales

El equipo de investigación entrevistó a habitantes de las veredas Rubiales, Santa Helena y Puerto Triunfo, en su mayoría trabajadores de Pacific y sus empresas contratistas. También habló con comunidades indígenas, representantes de Ecopetrol, Pacific, y una compañía contratista. Además sostuvo reuniones con autoridades nacionales, regionales y locales, embajadas e instituciones internacionales, sindicatos y ONG. Todo esto para dimensionar los impactos sociales en la comunidad.

El 81 % de los trabajadores encuestados opinaron que la empresa no permitía la afiliación libre y voluntaria a un sindicato y 79 % de ellos afirman que podrían ser despedidos como represalia por afiliarse a la Unión Sindical Obrera (USO).

Asimismo, se encontró que el 92 % de los encuestados eran empleados tercerizados, en su mayoría contratados mediante contratos a término fijo o de prestación de servicios, a pesar de que laboran en proyectos permanentes. Esto es una subcontratación irregular y, según los investigadores, equivaldría a una tercerización ilegal. “Muchos trabajadores que enfrentamos problemas y no tenemos cómo expresarnos optamos por manifestarnos. Algunos fuimos judicializados por esto”, afirma Héctor Sánchez, líder comunitario.

Aquí entra a jugar lo que el estudio llama las “asimetrías ante el sistema judicial”. Una de las cosas que más alarmó a la FIDH es que las petroleras financian directamente a la Fuerza Pública y la Fiscalía General. “Existe un patrón de asimetrías ante el sistema judicial, en particular un desbalance entre la débil respuesta judicial e impunidad frente a casos de asesinato y agresiones físicas a manifestantes y la celeridad de investigaciones en las que la empresa ostenta la calidad de víctima”, explica el estudio.

A raíz de todo esto los investigadores concluyeron que hay limitaciones a la libertad de expresión de los pobladores de la zona y faltan espacios para el diálogo y la organización ciudadana. Pero la empresa niega tal coerción. Ellos afirman que sus sindicatos son un grupo de la mayor importancia, con los que “mantiene relaciones de respeto dentro del marco legal colombiano y laboral internacional”.

Al final del estudio, las tres organizaciones hacen una serie de recomendaciones. Algunas son ambientales, como instalar mecanismos de monitoreo en tiempo real de las cantidades y calidades de crudo y aguas producidas.

Otras sugerencias son sociales, como establecer estándares claros en Canadá para asegurarse de que empresas de ese país asuman su responsabilidad cuando haya evidencia de daños ambientales o violaciones a los derechos humanos que se deban a sus actividades extractivas.

Para Héctor Sánchez todas estas peticiones son muy importantes, pero afirma que si sólo pudiera pedir dos cosas serían que recuperen el agua del caño para poder tomarla sin temor a enfermarse y que impulsen proyectos productivos que desliguen la economía local del petróleo.