El desplazamiento en Colombia por desastres naturales: al menos 500.000 afectados
En 2021 se registraron 3.400 emergencias. En lo corrido de 2022 el mayor desastre ocurrió el 8 de febrero, entre Dosquebradas y Pereira (Risaralda), donde 18 personas murieron y por lo menos otras 30 quedaron heridas, a causa de un deslizamiento de tierra. Si hay tragedias anunciadas ¿por qué no se evitan? Lecciones y falencias.
Pese a que no se presenta en las mismas condiciones que el desplazamiento forzado por el conflicto armado, la movilización de personas por desastres naturales no pasa inadvertida. Según información de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), en 2021 cerca de medio millón de personas resultaron afectadas en 3.400 emergencias atendidas. De estas, alrededor de 160.700 reportaron daños en sus viviendas o su destrucción total, por lo que tuvieron que reubicarse, mientras que más de la mitad de las emergencias fueron por inundaciones y crecientes súbitas, debido a las dos temporadas de lluvias que azotaron el país durante 2021.
El caso más destacado es el de La Mojana, en donde 153.000 personas se vieron afectadas por las inundaciones que provocó el desbordamiento del río Cauca, tras el rompimiento de un dique en el sector Cara e’ Gato, que en principio era de 400 metros de ancho y superó los 1.200 metros. Lamentablemente, cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres estaba a punto de terminar el cierre del boquete, el jueves 3 de marzo colapsaron los trabajos de mitigación en La Mojana por creciente del río.
Un fracaso que había sido anticipado por el líder ambiental Isidro Álvarez, quien el 1° de marzo -en declaraciones El Espectador- aseguró que las obras son insuficientes para afrontar la próxima temporada de lluvias. “Luego tiene que venir un proceso de compactación y ampliación de la banca, entonces no va a dar tiempo porque desde marzo empiezan las lluvias fuertes y aumenta el nivel de las aguas. Soy poco optimista de esa situación. Yo creo que vamos a tener una nueva emergencia; probablemente de mayores proporciones”.
La subregión de La Mojana abarca 11 municipios en los departamentos de Sucre (6), Bolívar (3), Córdoba (1) y Antioquia (1). Allí confluyen los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, tres de los grandes cuerpos de agua del país, una característica que la hace propensa a las inundaciones, que se exacerban con las temporadas de lluvias.
(Lo invitamos a leer: “Hay carencias en el sistema de gestión de desastres: Camilo Flórez Góngora)
El común denominador en la mayoría de municipios del país es la ausencia de componentes de gestión del riesgo en sus planes de ordenamiento territorial.
Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) ha advertido sobre los riesgos durante las temporadas de lluvias y sequías, de “pérdidas significativas en los cultivos, afectando la inseguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades rurales”, así como resaltan que socios humanitarios han modificado sus líneas de acción para atender este tipo de emergencias, por lo que se requiere una mayor atención de este aspecto por parte de los gobiernos ya que, pese a la ayuda, solo se logró atender el 31 % de los casos reportados.
(Lo invitamos a leer: Opinión / De un país reactivo hacia un país preventivo)
Lo indignante en este tipo de tragedias es que muchas pudieron evitarse y, con ello, salvaguardado centenares de vidas. Pudo ocurrir así en el desastre del pasado 8 de febrero en Dosquedradas (Risaralda), donde un deslizamiento de tierra, que todos en la zona sabían que en cualquier momento ocurriría, al final mató a 17 personas y dejó a más de 30 heridas.
“Desde 1989, en Pereira y Dosquedradas hay inventario de viviendas en zona de riesgo, y el barrio La Esneda está incluido ahí, porque siempre ha sido identificado por fenómenos de remoción en masa, por inundación y por avenidas torrenciales, una categoría de riesgo no mitigable. Es decir, que no hay manera de disminuir el riesgo para evitar un desastre”, le explicó a El Espectador Deliana Cardozo Peláez, ambientalista popular y geóloga integrante del Comité de Defensa del Territorio.
(Lo invitamos a leer: Desplazamiento forzado aumentó 181 % en 2021)
Carlos Flórez Góngora, ingeniero civil e investigador del área de sísmica, coincide con Cardozo. “Por un lado está la ausencia de monitoreo, la falta de instrumentación asociados a los sistemas de alerta temprana que, en Colombia, aún no se tienen. Del otro lado hay una recurrencia de faltas y fallas en la implementación de las políticas de gestión del riesgo que impiden articular a diferentes instituciones de diversas características, pero que confluyen en la búsqueda de soluciones a los problemas de amenazas naturales. Según el World Map of Risk 2021, Colombia aparece con un World Risk Index medio (https://weltrisikobericht.de/weltrisikobericht-2021-e/#worldriskindex), sin embargo, debe trabajarse muy duro para llevarlo a un índice de riesgo bajo. Esto implicaría una revisión rigurosa de la Ley 1523 de 2012 y su verdadera contribución al conocimiento y la reducción del riesgo por amenazas naturales. Lo de Dosquebradas es una crónica de un desastre anunciado”.
La Sociedad Colombiana de Geología y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP), al lamentar la calamidad pública presentada entre Dosquebradas y Pereira (Risaralda), hizo énfasis en que “los desastres no son naturales”, y que Colombia necesita un geólogo por municipio para que las inundaciones y movimientos en masa no influyan en la pérdida de vidas humanas y bienes materiales.
“Es una realidad que día a día se toman decisiones en los municipios de nuestro país en torno al uso del agua subterránea, los recursos minero – energéticos o incluso de aspectos relacionados con el ordenamiento y la planeación territorial. Sin embargo, muchas de estas decisiones trascendentales, no tienen en cuenta el concepto técnico de los geólogos o geólogas y esto lleva a obrar, por acción u omisión, en situaciones que ponen en peligro a la población, o incluso, conducen a desaprovechar los recursos presentes en el territorio que podrían contribuir al bienestar de los ciudadanos”, señaló la ACGGP en un comunicado
Entretanto, Nelson Obregón Neira, investigador del área de hidrociencias de la Universidad Javeriana, en Bogotá, se pregunta si hemos reducido el riesgo, a lo cual contesta con un contundente “No”. “Lo contradictorio es que tenemos normas de ordenación y planificación de todo. Existen más de 50 instrumentos de estos, a los cuales un alcalde debe enfrentarse para ordenar, controlar y planear su territorio”.
Entonces, ¿por qué siguen ocurriendo desastres como el de Pereira? Para Obregón la respuesta no es sencilla, porque “intervienen factores culturales, sociales, económicos y, por supuesto, históricos, que tienen que ver incluso con el desplazamiento de personas por la violencia. No les resulta fácil a los gobernadores y alcaldes gestionar esta ‘herencia’”.
Al ser indagado sobre por qué está fallando la tarea de prevención y riesgo desde alcaldías y gobernaciones, Camilo Flórez Góngora, biólogo y magíster en estudios ambientales, comenta que “puede ser una combinación de factores que afecta la implementación adecuada de la política de la gestión del riesgo. Quisiera referirme a dos en particular, ya que se puede hacer comparaciones internacionales mediante indicadores de gestión. El primer factor es la falta de capacidad adaptativa y el segundo es la falta de capacidad de respuesta institucional y de infraestructura. En general, Colombia está catalogado como un país de riesgo medio en el Índice Mundial del Riesgo. En los últimos 11 informes de 2011 a 2021 se ha mantenido en riesgo medio, con una ligera tendencia a mejorar. En la región, por ejemplo, países como Guatemala y Costa Rica están entre los primeros 15 con riesgo alto. Sin embargo, Costa Rica es un buen ejemplo en el manejo del riesgo por tener una mejor capacidad adaptativa y una mejor capacidad de respuesta que Colombia. Esto quiere decir que podemos aprender mucho sobre cómo opera la gestión del riesgo allí. Esta falta de capacidad en la gestión del riesgo es susceptible de mejorarse rápidamente mediante una mejora en la implementación de la política que contrarreste los vacíos de articulación y coordinación entre las entidades del sector”.
Pese a que no se presenta en las mismas condiciones que el desplazamiento forzado por el conflicto armado, la movilización de personas por desastres naturales no pasa inadvertida. Según información de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), en 2021 cerca de medio millón de personas resultaron afectadas en 3.400 emergencias atendidas. De estas, alrededor de 160.700 reportaron daños en sus viviendas o su destrucción total, por lo que tuvieron que reubicarse, mientras que más de la mitad de las emergencias fueron por inundaciones y crecientes súbitas, debido a las dos temporadas de lluvias que azotaron el país durante 2021.
El caso más destacado es el de La Mojana, en donde 153.000 personas se vieron afectadas por las inundaciones que provocó el desbordamiento del río Cauca, tras el rompimiento de un dique en el sector Cara e’ Gato, que en principio era de 400 metros de ancho y superó los 1.200 metros. Lamentablemente, cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres estaba a punto de terminar el cierre del boquete, el jueves 3 de marzo colapsaron los trabajos de mitigación en La Mojana por creciente del río.
Un fracaso que había sido anticipado por el líder ambiental Isidro Álvarez, quien el 1° de marzo -en declaraciones El Espectador- aseguró que las obras son insuficientes para afrontar la próxima temporada de lluvias. “Luego tiene que venir un proceso de compactación y ampliación de la banca, entonces no va a dar tiempo porque desde marzo empiezan las lluvias fuertes y aumenta el nivel de las aguas. Soy poco optimista de esa situación. Yo creo que vamos a tener una nueva emergencia; probablemente de mayores proporciones”.
La subregión de La Mojana abarca 11 municipios en los departamentos de Sucre (6), Bolívar (3), Córdoba (1) y Antioquia (1). Allí confluyen los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, tres de los grandes cuerpos de agua del país, una característica que la hace propensa a las inundaciones, que se exacerban con las temporadas de lluvias.
(Lo invitamos a leer: “Hay carencias en el sistema de gestión de desastres: Camilo Flórez Góngora)
El común denominador en la mayoría de municipios del país es la ausencia de componentes de gestión del riesgo en sus planes de ordenamiento territorial.
Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) ha advertido sobre los riesgos durante las temporadas de lluvias y sequías, de “pérdidas significativas en los cultivos, afectando la inseguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades rurales”, así como resaltan que socios humanitarios han modificado sus líneas de acción para atender este tipo de emergencias, por lo que se requiere una mayor atención de este aspecto por parte de los gobiernos ya que, pese a la ayuda, solo se logró atender el 31 % de los casos reportados.
(Lo invitamos a leer: Opinión / De un país reactivo hacia un país preventivo)
Lo indignante en este tipo de tragedias es que muchas pudieron evitarse y, con ello, salvaguardado centenares de vidas. Pudo ocurrir así en el desastre del pasado 8 de febrero en Dosquedradas (Risaralda), donde un deslizamiento de tierra, que todos en la zona sabían que en cualquier momento ocurriría, al final mató a 17 personas y dejó a más de 30 heridas.
“Desde 1989, en Pereira y Dosquedradas hay inventario de viviendas en zona de riesgo, y el barrio La Esneda está incluido ahí, porque siempre ha sido identificado por fenómenos de remoción en masa, por inundación y por avenidas torrenciales, una categoría de riesgo no mitigable. Es decir, que no hay manera de disminuir el riesgo para evitar un desastre”, le explicó a El Espectador Deliana Cardozo Peláez, ambientalista popular y geóloga integrante del Comité de Defensa del Territorio.
(Lo invitamos a leer: Desplazamiento forzado aumentó 181 % en 2021)
Carlos Flórez Góngora, ingeniero civil e investigador del área de sísmica, coincide con Cardozo. “Por un lado está la ausencia de monitoreo, la falta de instrumentación asociados a los sistemas de alerta temprana que, en Colombia, aún no se tienen. Del otro lado hay una recurrencia de faltas y fallas en la implementación de las políticas de gestión del riesgo que impiden articular a diferentes instituciones de diversas características, pero que confluyen en la búsqueda de soluciones a los problemas de amenazas naturales. Según el World Map of Risk 2021, Colombia aparece con un World Risk Index medio (https://weltrisikobericht.de/weltrisikobericht-2021-e/#worldriskindex), sin embargo, debe trabajarse muy duro para llevarlo a un índice de riesgo bajo. Esto implicaría una revisión rigurosa de la Ley 1523 de 2012 y su verdadera contribución al conocimiento y la reducción del riesgo por amenazas naturales. Lo de Dosquebradas es una crónica de un desastre anunciado”.
La Sociedad Colombiana de Geología y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP), al lamentar la calamidad pública presentada entre Dosquebradas y Pereira (Risaralda), hizo énfasis en que “los desastres no son naturales”, y que Colombia necesita un geólogo por municipio para que las inundaciones y movimientos en masa no influyan en la pérdida de vidas humanas y bienes materiales.
“Es una realidad que día a día se toman decisiones en los municipios de nuestro país en torno al uso del agua subterránea, los recursos minero – energéticos o incluso de aspectos relacionados con el ordenamiento y la planeación territorial. Sin embargo, muchas de estas decisiones trascendentales, no tienen en cuenta el concepto técnico de los geólogos o geólogas y esto lleva a obrar, por acción u omisión, en situaciones que ponen en peligro a la población, o incluso, conducen a desaprovechar los recursos presentes en el territorio que podrían contribuir al bienestar de los ciudadanos”, señaló la ACGGP en un comunicado
Entretanto, Nelson Obregón Neira, investigador del área de hidrociencias de la Universidad Javeriana, en Bogotá, se pregunta si hemos reducido el riesgo, a lo cual contesta con un contundente “No”. “Lo contradictorio es que tenemos normas de ordenación y planificación de todo. Existen más de 50 instrumentos de estos, a los cuales un alcalde debe enfrentarse para ordenar, controlar y planear su territorio”.
Entonces, ¿por qué siguen ocurriendo desastres como el de Pereira? Para Obregón la respuesta no es sencilla, porque “intervienen factores culturales, sociales, económicos y, por supuesto, históricos, que tienen que ver incluso con el desplazamiento de personas por la violencia. No les resulta fácil a los gobernadores y alcaldes gestionar esta ‘herencia’”.
Al ser indagado sobre por qué está fallando la tarea de prevención y riesgo desde alcaldías y gobernaciones, Camilo Flórez Góngora, biólogo y magíster en estudios ambientales, comenta que “puede ser una combinación de factores que afecta la implementación adecuada de la política de la gestión del riesgo. Quisiera referirme a dos en particular, ya que se puede hacer comparaciones internacionales mediante indicadores de gestión. El primer factor es la falta de capacidad adaptativa y el segundo es la falta de capacidad de respuesta institucional y de infraestructura. En general, Colombia está catalogado como un país de riesgo medio en el Índice Mundial del Riesgo. En los últimos 11 informes de 2011 a 2021 se ha mantenido en riesgo medio, con una ligera tendencia a mejorar. En la región, por ejemplo, países como Guatemala y Costa Rica están entre los primeros 15 con riesgo alto. Sin embargo, Costa Rica es un buen ejemplo en el manejo del riesgo por tener una mejor capacidad adaptativa y una mejor capacidad de respuesta que Colombia. Esto quiere decir que podemos aprender mucho sobre cómo opera la gestión del riesgo allí. Esta falta de capacidad en la gestión del riesgo es susceptible de mejorarse rápidamente mediante una mejora en la implementación de la política que contrarreste los vacíos de articulación y coordinación entre las entidades del sector”.