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Por ahora, la medida militar para contrarrestar en Arauca los nefastos efectos en la sociedad civil por las acciones criminales de las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln han fracasado. Los resultados saltan a la vista: según cifras de la Defensoría del Pueblo, reportadas el 2 de febrero, durante lo que va corrido de 2022 han muerto de forma violenta 66 civiles y más de 1.200 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado en ese departamento del oriente del país.
La zozobra y el terror se sienten cada vez que debimos contactar fuentes en el territorio para que nos dieran una lectura de lo que allí sucede. Nadie quiere exponerse y prefieren guardar silencio.
Solo una persona de las consultadas accedió a hablar bajo el manto del anonimato para evitar represalias. Y esa voz coincidió con las declaraciones dadas a El Espectador por Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).
Ambas fuentes señalan que urge un diálogo inmediato para parar el baño de sangre y tratar de recuperar la tranquilidad en las comunidades.
“Desde nuestro punto de pista, el presidente Iván Duque ha tomado decisiones erradas que han conllevado al deterioro de la seguridad del país y a que haya menos posibilidades de consolidar la paz. De cierta manera el Gobierno tenía la oportunidad de poner en marcha acciones para prevenir y minimizar lo que está pasando en Arauca, aplicando de manera efectiva el Acuerdo de Paz con las Farc y una actitud diferente frente al Eln. Si no quería dialogar, que por lo menos apoye los esfuerzos de la sociedad civil para alcanzar acuerdos mínimos humanitarios”, comentó Sánchez-Garzoli durante la transmisión en vivo efectuada por este diario el pasado miércoles, en el foro “¿Qué ha pasado en los últimos 30 días en Arauca?”.
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Desde Arauca, la fuente consultada advirtió que es perentorio buscar el diálogo en la región y que entre más actores del territorio participen será mejor. “Llamar al diálogo, para que se propicien los espacios para conversar y que las comunidades expresen lo que están pensando. En el pasado la Iglesia intervino y hay que echarle mano a esa opción para abrir espacios, porque la solución militar lo que hace es exacerbar el conflicto”.
En la misma línea la misión de la OEA en Colombia promueve un diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN, última guerrilla activa del país, según un informe divulgado el jueves que señaló mayor violencia entre los grupos armados ilegales que operan en territorio colombiano.En su último reporte semestral, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) dijo que “continúa acompañando las iniciativas de búsqueda de acercamiento y diálogo” entre el Estado y el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), en armas desde 1964.”En este contexto, (la misión) alienta a las partes a no cesar en los esfuerzos para alcanzar (...) una paz completa” tras el acuerdo de 2016 con las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agregó.
La fuente citada cuestionó, además, la decisión del Gobierno de designar como gobernador encargado de Arauca al militar retirado Alejandro Navas. “Que nos hayan puesto a un gobernador militar y que no ha podido coordinar las diferentes fuerzas deja al aire dos preguntas: “Porque no quiere o por incapacidad”.
El historiador Tomás Perea, otro de los participantes en el mencionado foro, recordó que “el conflicto en Arauca no es espontáneo, es un conflicto histórico con un pico de violencia mayor en 2003, con picos en 2006 y 2012 por los enfrentamientos entre las Farc y Eln. Desde entonces hay una baja después de la firma del Acuerdo de Paz. Y a pesar de que en 2020 hay un conteo bajo de casos, podemos afirmar que este es un conflicto con diferentes intensidades, y a pesar de que la intensidad se ha reducido en los últimos años, vemos que es un conflicto constante”.
Para Juan Carlos Torre Rosa, de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, en Saravena, lo que está sucediendo en Arauca “es lejano a esta matriz de opinión que se ha querido montar, en el sentido de que se trata de un enfrentamiento entre mafias, cuando en realidad es consecuencia de los intereses que el mundo imperial y la oligarquía tienen, relacionados con el saqueo de los bienes de la naturaleza y sus pretensiones injerencistas e intervencionistas en la hermana República Bolivariana de Venezuela”.
En ese escenario, Torre Rosa cree que se “ha buscado profundizar la militarización con sus afanes de paramilitarizar los territorios. Por ello se explica que se haga oídos sordos al clamor de la población que pide parar las agresiones contra los líderes, defensores de derechos humanos, sus bienes y proyectos, los cuales han venido sufriendo atentados terroristas sin que se cumpla con la obligación legal de protegerlos”.
En otra mirada a este complejo conflicto que afecta a ese departamento del oriente de Colombia, la fuente anónima consultada llamó la atención por la decisión adoptada desde agosto de 2021 para levantar los retenes militares en Arauca.
¿Por qué esa decisión? ¿Qué les interesa transportar por las carreteras? ¿A qué obedeció esa estrategia? ¿Fue para justificar la confrontación? Hay que mirar los intereses ocultos que se mueven ahí”, reflexionó.
Resulta de capital importancia, añadió, restablecer las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela. “Cómo carajos van a coordinar los operativos militares si hay un vacío estatal que fue copado por los ilegales que pasaron a regular esas relaciones. ¿A quién le interesa perpetuar este caos? ¿Por qué no buscan el diálogo? ¿A quién le conviene que no nos hablemos con Venezuela y que las relaciones continúen rotas? ¿A qué otros poderes que no podemos ver les interesa esa ruptura? Aquí pasa algo más allá de lo que todos sabemos”, sentenció la fuente consultada por este diario y que pidió el anonimato.