El ejército antirrestitución y la guerra contra los reclamantes

Como varios analistas, centros de investigación y hasta funcionarios públicos, lo habían anticipado, la guerra contra la verdad y la restitución de tierras comenzó de forma directa. El 11 de abril fue atacada una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras cuando ejecutaba un procedimiento de georreferenciación de un predio al que se le iniciaba el proceso de restitución. Las ráfagas de fusil, disparadas desde una zona montañosa de la vereda Paravandó, Mutatá, dejó cuatro policías heridos, quienes, por su gravedad, tuvieron que ser trasladados, en Helicóptero, desde Mutatá a un hospital de primer nivel en Apartadó.

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En declaraciones a los medios de comunicación, el teniente coronel Carlos Fernando Cano Jiménez, comandante encargado del Departamento de la Policía Urabá, recalcó que, en la zona donde se produjo el ataque, delinque la subestructura Carlos Vásquez de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Pero otra versión es la que tienen líderes y reclamantes de tierras de Urabá y Córdoba. Todo parece indicar que nuevamente, como hace algunos años, hay una estructura criminal denominada ejército antirrestitución. Su objetivo es acabar o como ellos lo dicen “exterminar”, a todo campesino que reclame tierra o verdad. No debe olvidarse que esa zona fue una de las que más padeció el despojo de tierras liderado por paramilitares. Hasta los cementerios los sembraron de palma africana.

Un reclamante de tierra, a quien le fue restituido su predio en el municipio de Turbo, habló sobre la existencia del ejército antirrestitución de tierras: “son mercenarios al servicio de un número reducido de ganaderos, palmicultores y bananeros de la región”.

Según la fuente, está estructura criminal, no es un grupo con una jerarquía definida, son desmovilizados de los grupos guerrilleros y de las AUC que conviven con los reclamantes en la región y son contratados de forma esporádica para actuar: “cuando los necesitan, los arman, le ponen capuchas, hacen su daño y después los ve uno andando horondos por la calle. Conozco de casos donde hasta nietos, bisnietos o sobrinos de reclamantes atacan a sus familiares”.

Con respecto al accionar de las AGC contra los reclamantes de tierras la fuente expresó: “yo con ellos no he tenido problemas, solo me piden que no lleve ni ejército, ni mi esquema de seguridad cuando vaya a la tierrita. Ellos me han dicho: 'si a alguien en verdad le quitaron su tierra, que la reclame'”.

Por otro lado, para Manuel Mercado, reclamante y líder de restitución de tierras en Urabá, lo ocurrido el 11 de abril con la comisión de URT, deja en evidencia el abandono en que se encuentran por parte del gobierno nacional, los reclamantes de tierras, funcionarios y miembros de fuerza pública encargados de llevar a cabo los procesos de restitución.  Según el señor Mercado, parece que existiera una política debajo de la mesa para que los procesos no se den: “a los líderes y reclamantes de tierras nos están quitando los esquemas de seguridad, con el fin de que no continuemos con los procesos. A mí, por ejemplo, a pesar de las amenazas, me lo redujeron a un solo escolta sin vehículo. Mi tierra me la entregaron. No puedo ir a ella. Tengo, prácticamente, casa por cárcel; solo me puedo mover unas cuadras y eso porque vivo cerca de la estación de policía”.

Consultado el señor Mercado, fundador de la ONG Tierra y Vida, acerca de la existencia del grupo Ejecito Anti-Restitución de Tierras, este expresó: “en Urabá no sabemos de dónde vienen las balas que nos matan. Los procesos judiciales contra los actores materiales e intelectuales nunca progresan”.

Según informe de la Acnur “El riesgo de volver a casa”, con fecha de 4 de septiembre de 2013, el ejército antirrestitución de tierras inicia su accionar después de sancionada de la ley de víctimas, mediante amenazas a líderes de restitución y periodistas que informan sobre el tema. Luego de una serie de capturas, esta estructura dejo de existir, pero ahora las cosas han cambiado y nuevamente amedrentan en calles y veredas de la zona.

Para la Policía Nacional, según uno de sus informes de 2012, una de las personas que lideraron la creación del ejército antirrestitución de tierras, fue la hermana de crianza de los Castaño Gil, Sor Teresa Gómez Álvarez. Su papel principal en las AUC, en 1991, fue la creación de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), de la cual era representante legal. Funpazcor pretendió crear una reforma agraria para campesinos víctimas de las Farc y el EPL, el proyecto se adelantaría en miles de hectáreas donadas por los paramilitares. Sor teresa Gómez fue condenada en el 2015 a doce años de prisión por el despojo de tierras en Urabá, pero al parecer la estructurada armada creada por ella, persiste.

A todo lo anterior se le suma la iniciativa de la senadora María Fernanda Cabal, quien con un proyecto de ley busca proteger a los denominados “terceros de buena fe”, es decir, aquellos empresarios y políticos que al final se quedaron con las cerca de 6 millones de hectáreas despojadas en el marco del conflicto, y que, según ellos, no sabían que esas tierras estaban manchadas de sangre. Desde la criminalidad y desde algunos sectores políticos se están intentando legalizar el despojo y bloquear la restitución de tierras.

*Investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación.

Como varios analistas, centros de investigación y hasta funcionarios públicos, lo habían anticipado, la guerra contra la verdad y la restitución de tierras comenzó de forma directa. El 11 de abril fue atacada una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras cuando ejecutaba un procedimiento de georreferenciación de un predio al que se le iniciaba el proceso de restitución. Las ráfagas de fusil, disparadas desde una zona montañosa de la vereda Paravandó, Mutatá, dejó cuatro policías heridos, quienes, por su gravedad, tuvieron que ser trasladados, en Helicóptero, desde Mutatá a un hospital de primer nivel en Apartadó.

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En declaraciones a los medios de comunicación, el teniente coronel Carlos Fernando Cano Jiménez, comandante encargado del Departamento de la Policía Urabá, recalcó que, en la zona donde se produjo el ataque, delinque la subestructura Carlos Vásquez de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Pero otra versión es la que tienen líderes y reclamantes de tierras de Urabá y Córdoba. Todo parece indicar que nuevamente, como hace algunos años, hay una estructura criminal denominada ejército antirrestitución. Su objetivo es acabar o como ellos lo dicen “exterminar”, a todo campesino que reclame tierra o verdad. No debe olvidarse que esa zona fue una de las que más padeció el despojo de tierras liderado por paramilitares. Hasta los cementerios los sembraron de palma africana.

Un reclamante de tierra, a quien le fue restituido su predio en el municipio de Turbo, habló sobre la existencia del ejército antirrestitución de tierras: “son mercenarios al servicio de un número reducido de ganaderos, palmicultores y bananeros de la región”.

Según la fuente, está estructura criminal, no es un grupo con una jerarquía definida, son desmovilizados de los grupos guerrilleros y de las AUC que conviven con los reclamantes en la región y son contratados de forma esporádica para actuar: “cuando los necesitan, los arman, le ponen capuchas, hacen su daño y después los ve uno andando horondos por la calle. Conozco de casos donde hasta nietos, bisnietos o sobrinos de reclamantes atacan a sus familiares”.

Con respecto al accionar de las AGC contra los reclamantes de tierras la fuente expresó: “yo con ellos no he tenido problemas, solo me piden que no lleve ni ejército, ni mi esquema de seguridad cuando vaya a la tierrita. Ellos me han dicho: 'si a alguien en verdad le quitaron su tierra, que la reclame'”.

Por otro lado, para Manuel Mercado, reclamante y líder de restitución de tierras en Urabá, lo ocurrido el 11 de abril con la comisión de URT, deja en evidencia el abandono en que se encuentran por parte del gobierno nacional, los reclamantes de tierras, funcionarios y miembros de fuerza pública encargados de llevar a cabo los procesos de restitución.  Según el señor Mercado, parece que existiera una política debajo de la mesa para que los procesos no se den: “a los líderes y reclamantes de tierras nos están quitando los esquemas de seguridad, con el fin de que no continuemos con los procesos. A mí, por ejemplo, a pesar de las amenazas, me lo redujeron a un solo escolta sin vehículo. Mi tierra me la entregaron. No puedo ir a ella. Tengo, prácticamente, casa por cárcel; solo me puedo mover unas cuadras y eso porque vivo cerca de la estación de policía”.

Consultado el señor Mercado, fundador de la ONG Tierra y Vida, acerca de la existencia del grupo Ejecito Anti-Restitución de Tierras, este expresó: “en Urabá no sabemos de dónde vienen las balas que nos matan. Los procesos judiciales contra los actores materiales e intelectuales nunca progresan”.

Según informe de la Acnur “El riesgo de volver a casa”, con fecha de 4 de septiembre de 2013, el ejército antirrestitución de tierras inicia su accionar después de sancionada de la ley de víctimas, mediante amenazas a líderes de restitución y periodistas que informan sobre el tema. Luego de una serie de capturas, esta estructura dejo de existir, pero ahora las cosas han cambiado y nuevamente amedrentan en calles y veredas de la zona.

Para la Policía Nacional, según uno de sus informes de 2012, una de las personas que lideraron la creación del ejército antirrestitución de tierras, fue la hermana de crianza de los Castaño Gil, Sor Teresa Gómez Álvarez. Su papel principal en las AUC, en 1991, fue la creación de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), de la cual era representante legal. Funpazcor pretendió crear una reforma agraria para campesinos víctimas de las Farc y el EPL, el proyecto se adelantaría en miles de hectáreas donadas por los paramilitares. Sor teresa Gómez fue condenada en el 2015 a doce años de prisión por el despojo de tierras en Urabá, pero al parecer la estructurada armada creada por ella, persiste.

A todo lo anterior se le suma la iniciativa de la senadora María Fernanda Cabal, quien con un proyecto de ley busca proteger a los denominados “terceros de buena fe”, es decir, aquellos empresarios y políticos que al final se quedaron con las cerca de 6 millones de hectáreas despojadas en el marco del conflicto, y que, según ellos, no sabían que esas tierras estaban manchadas de sangre. Desde la criminalidad y desde algunos sectores políticos se están intentando legalizar el despojo y bloquear la restitución de tierras.

*Investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación.