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Un nuevo capítulo en el litigio jurídico que libran el exconcejal de Medellín Bernardo Guerra Hoyos y la abogada Carmen Torres Sánchez, se dio en la mañana de este miércoles 24 de agosto cuando la Procuraduría General de la Nación (PGN) profirió cargos disciplinarios contra el dirigente político liberal, por presuntas manifestaciones injuriosas y calumniosas contra una ciudadana.
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El asunto que hoy tiene contra las cuerdas a Guerra Hoyos se originó el 29 de noviembre de 2016, cuando el entonces concejal habría manifestado que la abogada Torres Sánchez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como defensora del contralor departamental Sergio Zuluaga, se dedicaba, junto con su esposo, a realizar malas prácticas médicas en consultorios de garaje, en Medellín.
Según la afectada Guerra aseguró que ella “es una abogada de dudosa reputación, que desde su llegada al país se ha dedicado a malas prácticas médicas en consultorios de garaje en la Ciudad de Medellín, que ella y su esposo fueron condenados en Estados Unidos por el delito de homicidio después que realizaran una cirugía plástica a una mujer y esta muriera al ser abandonada en la calle, y que se valieron de la libertad condicional que les fue otorgada, para regresar a Colombia y evadir la justicia de ese país”, fueron las palabras de Guerra Hoyos.
En el pliego de cargos, el órgano de control señaló que para hacer tal declaración Guerra Hoyos se basó en un correo electrónico, “sin reparo alguno sobre su veracidad, convirtiéndolas de esta forma en propias”.
El Ministerio Público, en un comunicado, señaló que el investigado “demeritó y descalificó la labor profesional y la vida personal de Carmen Torres Sánchez sin que sus manifestaciones puedan entenderse amparadas por el discurso político, porque la afectada no era servidora pública y en nada servían al interés general como quedó demostrado en el acervo probatorio; además, en el momento de los hechos la actividad de control político del concejal estaba dirigida a reprochar las acciones del entonces contralor departamental de Antioquia”.
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El órgano de control señaló que Guerra Hoyos habría desconocido los derechos al buen nombre, la honra y la integridad de la abogada Torres Sánchez, los cuales debía proteger por ser autoridad para ese momento.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta del exconcejal como una falta grave cometida a título de dolo.
Guerra Hoyos, sin embargo, ha considerado que ninguna de las afirmaciones realizadas vulnera el derecho a la intimidad de la demandante, porque se trata de asuntos de interés y dominio público, ya que primero, involucran personas que realizan actividades de relevancia social y disciplinaria, y segundo, la información se encuentra no solo en la prensa nacional, sino también en la extranjera. Insistió en que la información publicada es razonable, y que para su caso no precisa que se trate de verdad fáctica o judicial, sino que agote una carga mínima de razonabilidad.
Postura diferente a la de Guerra asumió la Corte Constitucional al resolver un fallo de tutela en 2017, interpuesto por la afectada. En la decisión, el máximo tribunal constitucional el ordenó al exconcejal rectificar la información en una declaración ante la sesión plenaria del Concejo Municipal de Medellín, Antioquia, como en su página web oficial, en su cuenta personal de Twitter y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional. Y todo por violar los principios de veracidad e imparcialidad con sus declaraciones.
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¿Quién es Bernardo Guerra?
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos es un médico y político del Partido Liberal, exconcejal de Medellín, quien también se ha desempeñado como senador y diputado de la Asamblea de Antioquia. Ha ganado reconocimiento gracias a la línea crítica que ha sostenido frente a anteriores gobiernos de Medellín.
Durante la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez (2001 - 2004) en Medellín, fue particularmente notoria y escandalosa la denuncia que hizo Bernardo Alejandro Guerra siendo senador de la República. Acusó de despilfarro en las Empresas Públicas de Medellín (EPM) con la compra de una vajilla china de más de $90 millones, el contrato de unos 500 vuelos chárter y otras irregularidades durante la gerencia de Edith Cecilia Urrego Herrera, quien motivada por las presiones del escándalo público anunció su renuncia en noviembre de 2003.
El concejal Bernardo Guerra Hoyos también fue uno de los opositores de la administración de Alonso Salazar Jaramillo, por supuestas irregularidades en la administración de Metrosalud, el ITM y UNE.