El fenómeno de violencia en Cúcuta

En los últimos tres meses Cúcuta ha sido el escenario de seis atentados terroristas, cuatro de los cuales estuvieron dirigidos a miembros de la fuerza pública y uno más fue un ataque al helicóptero en el que se movilizaba el presidente Iván Duque. En la ciudad y en la zona rural se libra una guerra entre grupos armados, como el frente de guerra nororiental del Eln, el frente 33 de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, además de bandas regionales como Los Rastrojos y el Epl por el control del negocio del narcotráfico. Adicionalmente, como lo ha denunciado el alcalde Jairo Yáñez, más de diez grupos nacionales e internacionales se disputan el control de las más de cincuenta trochas utilizadas para cruzar entre ambos países ante el cierre de la frontera legal; un negocio que, según expertos, es tan lucrativo como el tráfico de drogas.

La presencia de estos grupos delincuenciales, sumada a las dinámicas de una ciudad con delincuencia común y redes de microtráfico, revela un evidente deterioro en las condiciones de seguridad para los habitantes del área urbana y rural. Ejemplo de ello es el desplazamiento de los habitantes de Banco de Arena, corregimiento de Cúcuta, que a mediados de la semana pasada salieron de sus tierras por amenazas de un grupo armado no identificado. También lo son los cinco asesinatos ocurridos el pasado lunes 13 de septiembre en varias zonas de la ciudad.

También le puede interesar: “La militarización en Norte de Santander no se ha traducido en una mejora de la seguridad”

Según el Boletín de Seguridad de Border Lab —un laboratorio de innovación social que se dedica a investigar temas de migración, seguridad, derechos humanos y justicia en Norte de Santander—, entre enero y junio de este año, en Cúcuta se cometieron 104 homicidios, diez menos que en el mismo período de tiempo del 2020, lo que significa una reducción del 9 %. Sin embargo, en la zona rural, durante el primer semestre del 2021 se reportaron 17 asesinatos, dos más que en los primeros seis meses del año pasado, aumentando en un 13 % este delito.

Respecto al primer semestre del año pasado, en los primeros seis meses de este año las lesiones personales y los delitos sexuales aumentaron un 1 %, el hurto a personas lo hizo en un 3 % y la violencia intrafamiliar en un 7 %. Sin embargo, también hubo delitos que disminuyeron entre enero y junio de este año respecto al mismo período del año pasado: hurto a vehículos (-23 %), hurto a residencias (-33 %) y el hurto a entidades comerciales (-52 %).

La crisis de orden público que se vive en Cúcuta refleja el panorama de una región atravesada por la guerra que se ha enquistado y ha tenido su mayor desarrollo en la subregión del Catatumbo, donde se cultiva la hoja de coca y se procesa y distribuye la cocaína. Además hay que tener en cuenta el cierre de más de 500 kilómetros de frontera, lo cual, al igual que en la capital del departamento, “generó el reposicionamiento de algunos grupos armados del lado venezolano”, según Jorge Mantilla, experto en temas de seguridad y conflicto armado, quien afirma que este cierre “también representó una ventana de oportunidad para grupos de crimen organizado y grupos armados en términos de las economías de las trochas, porque lo que se hizo fue estimular los pasos ilegales”.

A todo esto se agrega el crecimiento del Eln en los últimos tres años y su intento por desterrar a los demás grupos armados de la región. Una estrategia que llevó, por ejemplo, al desplazamiento de Los Rastrojos de Puerto Santander a la zona rural de Cúcuta y motivó la llegada del Clan del Golfo a la región para reforzar militarmente a estos últimos. Una puja de poderes que ya había sido documentada en 2020, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advirtió que el Eln estaba ocasionado desplazamientos forzados mediante amenazas contra familiares y conocidos de personas a las que señalan de ser miembros de Los Rastrojos en Puerto Santander y Cúcuta.

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La Defensoría también llamaba la atención sobre la variedad de estructuras “que no se amoldan a la clasificación tradicional y se articulan a su vez con organizaciones que, si bien no están interesadas en el posicionamiento de determinado grupo armado, establecerán alianzas con quien les garantice la continuidad de su participación en actividades ilegales en la zona de frontera. Tal es el caso, en el municipio de Puerto Santander, de la estructura conocida como El Tren de Aragua, que realiza la captación y el traslado de mujeres migrantes para ser víctimas de trata de personas en Colombia en alianza con Los Rastrojos (...) Igualmente la intermediación de otras estructuras, por ejemplo, de vigilancia privada para obligar al desplazamiento forzado de personas a fin de quedarse con sus predios y desde allí obtener el control de zonas, especialmente en las comunas de Cúcuta.

Mantilla señala que esa presión sobre la capital nortesantandereana “ha hecho que estemos en una lógica que, para decirlo coloquialmente, no hay cama para tanta gente. No hay espacio suficiente para grupos de delincuencia local, grupos delincuenciales más organizados y asociados al tráfico y la exportación de clorhidrato de cocaína del Catatumbo y grupos armados”, dice Mantilla. Una lógica que comparte el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien señala que en la ciudad se ven “multiplicados por diez” los problemas de la región.

El Espectador habló con el mandatario local, quien hace un diagnóstico de la situación de orden público en el municipio, plantea alternativas, destaca la importancia de reabrir la frontera y habla de la revocatoria de mandato que avanza en su contra.

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¿Por qué estamos viendo tanta violencia en Cúcuta durante los últimos meses?

Cúcuta le está poniendo la cara a un problema de orden nacional e internacional. Estamos frente al fenómeno migratorio más grande del mundo, estamos frente al fenómeno del narcotráfico más grande del mundo, estamos frente a la situación histórica de un país que otrora era rico y ahora es el más pobre de América, y, obviamente, el drama social, económico, ambiental, militar y de inseguridad que se cocina alrededor de todos estos temas tiene una explicación muy natural que es el deterioro de la democracia de Venezuela.

Pero todos esos son problemas ya conocidos, entonces ¿por qué se dan seis atentados en tres meses?

Sin duda, puede ser una respuesta de los grupos delincuenciales a las mismas acciones de erradicación forzosa del Gobierno, a las decisiones del alto Gobierno de intervenir directamente en la zona. Esto ha hecho que, ante el tamaño del negocio del narcotráfico, se dé esa reacción por parte de los grupos ilegales.

Y en la zona rural la situación es similar. Han aumentado los homicidios respecto al primer semestre del año pasado, así como los desplazamientos. ¿Qué está sucediendo allí?

A través de la zona rural de Cúcuta, como se sabe, se dan las rutas del narcotráfico, además desde hace seis años largos la frontera ha estado cerrada y está siendo ocupada cada vez más por grupos delincuenciales nacionales e internacionales, que controlan las rutas del narcotráfico en no menos de 500 kilómetros de longitud. Esto hace que Cúcuta, tanto en lo urbano como lo rural, sea el epicentro de un montón de situaciones que se están saliendo de las manos. Los indicadores de atentados, violencia, homicidios y robo de vehículos, entre otros, que en general hemos tratado de neutralizar a través del plan San José que se viene ejecutando con el apoyo del Ejército y la Policía, están siendo insuficientes.

¿Por eso ha insistido en aumentar el pie de fuerza en la zona?

Exacto. He solicitado la presencia estratégica del Ejército para que con inteligencia y contrainteligencia sigan corriendo la frontera hacia Cúcuta, porque los atentados terroristas nos dicen que los terroristas están viviendo en el área urbana, entonces necesitamos urgentemente acciones. Se está haciendo un estudio de la Brigada 30 con la Policía para por lo menos duplicar en 200 o 300 unidades de la Policía en la zona con apoyo tecnológico y logístico, inteligencia y contrainteligencia que apoyen en conjunto el plan San José aplicado a la zona rural de Cúcuta y la zona metropolitana.

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Pero comunidades y expertos advierten que la militarización en la región no se ha traducido en mejoras en la seguridad.

La solicitud estratégica de reforzar la presencia militar en la zona nace no solamente de la institucionalidad, sino de todas las poblaciones del área donde están las rutas de comercio ilegal. Esta presencia garantizará, con la mayor contundencia, la confianza para continuar apoyando los procesos de erradicación voluntaria que ha iniciado la Alcaldía.

Más allá del aumento en el pie de fuerza, ¿qué necesita Cúcuta y su área rural?

Al país se le olvidó que Cúcuta es la puerta de entrada al Catatumbo; entonces, sin duda, eso tiene que ver con los más de cien años de abandono de esa región. Después de unos análisis que se han hecho, no entendemos por qué razón Cúcuta fue excluida de los municipios PDET. Esto hubiera permitido desde hace años hacer inversiones en infraestructura, educación, salud, saneamiento básico, agua potable y vivienda, que hubiera permitido mejorar la condición social de los campesinos; los hubiera blindado, en cierto sentido, de ser presa fácil del narcotráfico. La reconversión social para nosotros será siempre el punto de partida para neutralizar todas estas acciones; pero, sin duda, tienen que estar también acompañadas de la institucionalidad militar.

¿Qué tanto ayudaría a resolver los problemas de la ciudad la apertura de la frontera?

Lo grave de todo esto es que no tenemos un interlocutor válido en un tema que es de dos países. Si Colombia tuviera un interlocutor válido para resolver un tema que no es solo de orden político, sino social, económico y ambiental, pues obviamente sería mucho más sencilla su resolución. Pero Colombia está solo. El llamado es a trabajar de la mano con un diálogo constructivo entre la sociedad civil de la frontera y la sociedad civil de la zona de Cúcuta. Recuperar el comercio. A Venezuela le falta todo: bienes, servicios y comida.

Revocatoria de mandato

A través del movimiento De que se va, se va, póngale la firma, un grupo de personas busca recaudar 33.000 firmas para revocar del cargo al alcalde Yáñez.

¿Cree que pueda prosperar la revocatoria de mandato que adelantan en su contra?

Personalmente no me preocupa, yo trabajo sobre los 230 proyectos estratégicos. Respeto nuestra democracia y estaremos frenteando con resultados todas las situaciones en contra.

En diciembre, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, usted era el alcalde con la imagen desfavorable más alta del país. En marzo mejoró, pero seguía siendo baja, ¿no le preocupa esto de cara a la revocatoria?

Las últimas encuestas nos dicen que tenemos un 78 % de imagen de favorabilidad, y eso que es una encuesta hecha por los opositores. Yo creo que detrás de estas percepciones están los sesgos de quienes hacen las encuestas y de quien las paga. Yo sí quisiera tener los recursos para hacer una encuesta verdaderamente extensa y profunda sobre lo que hemos hecho.

En los últimos tres meses Cúcuta ha sido el escenario de seis atentados terroristas, cuatro de los cuales estuvieron dirigidos a miembros de la fuerza pública y uno más fue un ataque al helicóptero en el que se movilizaba el presidente Iván Duque. En la ciudad y en la zona rural se libra una guerra entre grupos armados, como el frente de guerra nororiental del Eln, el frente 33 de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, además de bandas regionales como Los Rastrojos y el Epl por el control del negocio del narcotráfico. Adicionalmente, como lo ha denunciado el alcalde Jairo Yáñez, más de diez grupos nacionales e internacionales se disputan el control de las más de cincuenta trochas utilizadas para cruzar entre ambos países ante el cierre de la frontera legal; un negocio que, según expertos, es tan lucrativo como el tráfico de drogas.

La presencia de estos grupos delincuenciales, sumada a las dinámicas de una ciudad con delincuencia común y redes de microtráfico, revela un evidente deterioro en las condiciones de seguridad para los habitantes del área urbana y rural. Ejemplo de ello es el desplazamiento de los habitantes de Banco de Arena, corregimiento de Cúcuta, que a mediados de la semana pasada salieron de sus tierras por amenazas de un grupo armado no identificado. También lo son los cinco asesinatos ocurridos el pasado lunes 13 de septiembre en varias zonas de la ciudad.

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Según el Boletín de Seguridad de Border Lab —un laboratorio de innovación social que se dedica a investigar temas de migración, seguridad, derechos humanos y justicia en Norte de Santander—, entre enero y junio de este año, en Cúcuta se cometieron 104 homicidios, diez menos que en el mismo período de tiempo del 2020, lo que significa una reducción del 9 %. Sin embargo, en la zona rural, durante el primer semestre del 2021 se reportaron 17 asesinatos, dos más que en los primeros seis meses del año pasado, aumentando en un 13 % este delito.

Respecto al primer semestre del año pasado, en los primeros seis meses de este año las lesiones personales y los delitos sexuales aumentaron un 1 %, el hurto a personas lo hizo en un 3 % y la violencia intrafamiliar en un 7 %. Sin embargo, también hubo delitos que disminuyeron entre enero y junio de este año respecto al mismo período del año pasado: hurto a vehículos (-23 %), hurto a residencias (-33 %) y el hurto a entidades comerciales (-52 %).

La crisis de orden público que se vive en Cúcuta refleja el panorama de una región atravesada por la guerra que se ha enquistado y ha tenido su mayor desarrollo en la subregión del Catatumbo, donde se cultiva la hoja de coca y se procesa y distribuye la cocaína. Además hay que tener en cuenta el cierre de más de 500 kilómetros de frontera, lo cual, al igual que en la capital del departamento, “generó el reposicionamiento de algunos grupos armados del lado venezolano”, según Jorge Mantilla, experto en temas de seguridad y conflicto armado, quien afirma que este cierre “también representó una ventana de oportunidad para grupos de crimen organizado y grupos armados en términos de las economías de las trochas, porque lo que se hizo fue estimular los pasos ilegales”.

A todo esto se agrega el crecimiento del Eln en los últimos tres años y su intento por desterrar a los demás grupos armados de la región. Una estrategia que llevó, por ejemplo, al desplazamiento de Los Rastrojos de Puerto Santander a la zona rural de Cúcuta y motivó la llegada del Clan del Golfo a la región para reforzar militarmente a estos últimos. Una puja de poderes que ya había sido documentada en 2020, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advirtió que el Eln estaba ocasionado desplazamientos forzados mediante amenazas contra familiares y conocidos de personas a las que señalan de ser miembros de Los Rastrojos en Puerto Santander y Cúcuta.

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La Defensoría también llamaba la atención sobre la variedad de estructuras “que no se amoldan a la clasificación tradicional y se articulan a su vez con organizaciones que, si bien no están interesadas en el posicionamiento de determinado grupo armado, establecerán alianzas con quien les garantice la continuidad de su participación en actividades ilegales en la zona de frontera. Tal es el caso, en el municipio de Puerto Santander, de la estructura conocida como El Tren de Aragua, que realiza la captación y el traslado de mujeres migrantes para ser víctimas de trata de personas en Colombia en alianza con Los Rastrojos (...) Igualmente la intermediación de otras estructuras, por ejemplo, de vigilancia privada para obligar al desplazamiento forzado de personas a fin de quedarse con sus predios y desde allí obtener el control de zonas, especialmente en las comunas de Cúcuta.

Mantilla señala que esa presión sobre la capital nortesantandereana “ha hecho que estemos en una lógica que, para decirlo coloquialmente, no hay cama para tanta gente. No hay espacio suficiente para grupos de delincuencia local, grupos delincuenciales más organizados y asociados al tráfico y la exportación de clorhidrato de cocaína del Catatumbo y grupos armados”, dice Mantilla. Una lógica que comparte el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien señala que en la ciudad se ven “multiplicados por diez” los problemas de la región.

El Espectador habló con el mandatario local, quien hace un diagnóstico de la situación de orden público en el municipio, plantea alternativas, destaca la importancia de reabrir la frontera y habla de la revocatoria de mandato que avanza en su contra.

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¿Por qué estamos viendo tanta violencia en Cúcuta durante los últimos meses?

Cúcuta le está poniendo la cara a un problema de orden nacional e internacional. Estamos frente al fenómeno migratorio más grande del mundo, estamos frente al fenómeno del narcotráfico más grande del mundo, estamos frente a la situación histórica de un país que otrora era rico y ahora es el más pobre de América, y, obviamente, el drama social, económico, ambiental, militar y de inseguridad que se cocina alrededor de todos estos temas tiene una explicación muy natural que es el deterioro de la democracia de Venezuela.

Pero todos esos son problemas ya conocidos, entonces ¿por qué se dan seis atentados en tres meses?

Sin duda, puede ser una respuesta de los grupos delincuenciales a las mismas acciones de erradicación forzosa del Gobierno, a las decisiones del alto Gobierno de intervenir directamente en la zona. Esto ha hecho que, ante el tamaño del negocio del narcotráfico, se dé esa reacción por parte de los grupos ilegales.

Y en la zona rural la situación es similar. Han aumentado los homicidios respecto al primer semestre del año pasado, así como los desplazamientos. ¿Qué está sucediendo allí?

A través de la zona rural de Cúcuta, como se sabe, se dan las rutas del narcotráfico, además desde hace seis años largos la frontera ha estado cerrada y está siendo ocupada cada vez más por grupos delincuenciales nacionales e internacionales, que controlan las rutas del narcotráfico en no menos de 500 kilómetros de longitud. Esto hace que Cúcuta, tanto en lo urbano como lo rural, sea el epicentro de un montón de situaciones que se están saliendo de las manos. Los indicadores de atentados, violencia, homicidios y robo de vehículos, entre otros, que en general hemos tratado de neutralizar a través del plan San José que se viene ejecutando con el apoyo del Ejército y la Policía, están siendo insuficientes.

¿Por eso ha insistido en aumentar el pie de fuerza en la zona?

Exacto. He solicitado la presencia estratégica del Ejército para que con inteligencia y contrainteligencia sigan corriendo la frontera hacia Cúcuta, porque los atentados terroristas nos dicen que los terroristas están viviendo en el área urbana, entonces necesitamos urgentemente acciones. Se está haciendo un estudio de la Brigada 30 con la Policía para por lo menos duplicar en 200 o 300 unidades de la Policía en la zona con apoyo tecnológico y logístico, inteligencia y contrainteligencia que apoyen en conjunto el plan San José aplicado a la zona rural de Cúcuta y la zona metropolitana.

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Pero comunidades y expertos advierten que la militarización en la región no se ha traducido en mejoras en la seguridad.

La solicitud estratégica de reforzar la presencia militar en la zona nace no solamente de la institucionalidad, sino de todas las poblaciones del área donde están las rutas de comercio ilegal. Esta presencia garantizará, con la mayor contundencia, la confianza para continuar apoyando los procesos de erradicación voluntaria que ha iniciado la Alcaldía.

Más allá del aumento en el pie de fuerza, ¿qué necesita Cúcuta y su área rural?

Al país se le olvidó que Cúcuta es la puerta de entrada al Catatumbo; entonces, sin duda, eso tiene que ver con los más de cien años de abandono de esa región. Después de unos análisis que se han hecho, no entendemos por qué razón Cúcuta fue excluida de los municipios PDET. Esto hubiera permitido desde hace años hacer inversiones en infraestructura, educación, salud, saneamiento básico, agua potable y vivienda, que hubiera permitido mejorar la condición social de los campesinos; los hubiera blindado, en cierto sentido, de ser presa fácil del narcotráfico. La reconversión social para nosotros será siempre el punto de partida para neutralizar todas estas acciones; pero, sin duda, tienen que estar también acompañadas de la institucionalidad militar.

¿Qué tanto ayudaría a resolver los problemas de la ciudad la apertura de la frontera?

Lo grave de todo esto es que no tenemos un interlocutor válido en un tema que es de dos países. Si Colombia tuviera un interlocutor válido para resolver un tema que no es solo de orden político, sino social, económico y ambiental, pues obviamente sería mucho más sencilla su resolución. Pero Colombia está solo. El llamado es a trabajar de la mano con un diálogo constructivo entre la sociedad civil de la frontera y la sociedad civil de la zona de Cúcuta. Recuperar el comercio. A Venezuela le falta todo: bienes, servicios y comida.

Revocatoria de mandato

A través del movimiento De que se va, se va, póngale la firma, un grupo de personas busca recaudar 33.000 firmas para revocar del cargo al alcalde Yáñez.

¿Cree que pueda prosperar la revocatoria de mandato que adelantan en su contra?

Personalmente no me preocupa, yo trabajo sobre los 230 proyectos estratégicos. Respeto nuestra democracia y estaremos frenteando con resultados todas las situaciones en contra.

En diciembre, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, usted era el alcalde con la imagen desfavorable más alta del país. En marzo mejoró, pero seguía siendo baja, ¿no le preocupa esto de cara a la revocatoria?

Las últimas encuestas nos dicen que tenemos un 78 % de imagen de favorabilidad, y eso que es una encuesta hecha por los opositores. Yo creo que detrás de estas percepciones están los sesgos de quienes hacen las encuestas y de quien las paga. Yo sí quisiera tener los recursos para hacer una encuesta verdaderamente extensa y profunda sobre lo que hemos hecho.