“El glifosato sería nuestra puerta al infierno”: líderes campesinos

En medio del rosario de masacres que en las últimas tres semanas han vuelto a despertar el miedo y la incertidumbre en el país, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa la tesis de que detrás del incremento de la violencia en los territorios están los intereses del narcotráfico por el control de rutas y cultivos ilícitos en zonas claves del país. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo incluso que volver a la aspersión aérea podría tener un resultado positivo para enfrentar las masacres: “En las condiciones de hoy, reiniciar la aspersión aérea es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un resultado positivo en este asunto de los homicidios colectivos que tienen indignado al país”.

La afirmación reabrió el debate en las regiones con mayores afectaciones históricas por el narcotráfico y que siguen en la mira por la alta densidad de cultivos ilícitos y por los porcentajes de resiembra de coca, como el caso de Putumayo, Nariño y Cauca.

Para Sandra Panchalo, vocera de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en Nariño, el Estado ha desviado la atención de los problemas estructurales de los campesinos al sur del país, para “inventarse nuevas realidades”.

Según la lideresa, “llegar a consensos con el Gobierno es difícil porque no hay voluntad genuina de diálogo. las bases del Acuerdo de Paz siguen igual, todos los campesinos queremos cumplir, pero se nos está estigmatizando de forma errónea. Dicen que la resiembra en nuestro departamento aumentó un 6,4 %, pero los indicadores de monitoreo de la ONU hablan de una reducción sustancial cercana al 10 %. Son avances y hay muestras de que la voluntad para sustituir cultivos es del 100 %”.

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A su turno, Wílmar Madroñero, líder de la Coccam en Putumayo, asegura que el regreso a la agenda pública de las aspersiones con glifosato es evidencia de que el Estado no tiene una ruta clara de inversión para acabar con el narcotráfico en las regiones, más que todo “en un momento en el que no hay un desarrollo mayor al 20 % en el PNIS y en el que el campesino necesita mejores condiciones como consecuencia de la pandemia”.

Para Madroñero, es claro que la urgencia del Gobierno es quedar bien ante Estados Unidos sin tener en cuenta que la historia del país demuestra que la aspersión solo ha logrado que los cultivos se extiendan: “Solo ha servido -además de enfermar y acabar cultivos sanos- para que los narcos trasladen los cultivos desde los lugares que fueron contaminados hacia nuevas zonas donde antes no existían”.

Léider Valencia, líder cocalero del Cauca, teme que esta nueva etapa del debate en torno al regreso del glifosato haga que los grupos armados ilegales tomen represalias en contra de los campesinos. “Si omiten lo que dice la misma Corte Constitucional, a la hora de ver los efectos nocivos sobre nuestra salud, por lo menos piensen en que estas técnicas no resuelven nada de fondo, sino que por el contrario, desaten la furia de los dueños de las parcelas ilegales”, sentencia.

Una lucha cíclica

A mediados de mayo de 2020, un colectivo de campesinos en Policarpa (Nariño) interpuso y ganó una tutela con la que se logró suspender una audiencia virtual programada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la que se iba a discutir el retorno de la aspersión aérea. El juzgado encargado de la decisión determinó que no existían las condiciones óptimas para que participaran las comunidades.

Aunque la ANLA había programado una nueva audiencia para este 1° de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto ordenó nuevamente la suspensión, insistiendo en que no se garantizaba la participación real y masiva de los habitantes de los 104 municipios en donde se realizaría la aspersión aérea.

Entretanto, las comunidades insisten en que debe haber una implementación y fortalecimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria y en que ha habido una reducción en zonas de siembra. De hecho, el más reciente “Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos”, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), precisa que dicha reducción ha sido de un 62 % en Caquetá, 29 % en Antioquia, 12 % en Nariño y de un 5 % en Putumayo.

Lea también: Regreso de fumigación con glifosato, más lejos de lo que dice el Gobierno

“Además de un diálogo justo y equilibrado, queremos que no nos metan en un “plan sombrilla”, en el que estigmatizan a todo nuestro departamento como zona cocalera. Por ejemplo, han puesto dentro de sus objetivos de erradicación forzada y de aspersión a Sandoná, La Florida y El Tambo, cuando es conocido por la misma ONU que los cultivos no se concentran ahí”, advierte Sandra Panchalo.

Yuly Artunduaga, líder campesina del sur de Putumayo pide que en lugar de atacar al campo con glifosato siempre que suben los índices de criminalidad, “se avancen en apuestas transformadoras como la puesta en marcha del PNIS, que no son algo cíclico, sino algo horizontal que permite avanzar en los liderazgos regionales y en la implementación de la paz”.

En medio del rosario de masacres que en las últimas tres semanas han vuelto a despertar el miedo y la incertidumbre en el país, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa la tesis de que detrás del incremento de la violencia en los territorios están los intereses del narcotráfico por el control de rutas y cultivos ilícitos en zonas claves del país. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo incluso que volver a la aspersión aérea podría tener un resultado positivo para enfrentar las masacres: “En las condiciones de hoy, reiniciar la aspersión aérea es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un resultado positivo en este asunto de los homicidios colectivos que tienen indignado al país”.

La afirmación reabrió el debate en las regiones con mayores afectaciones históricas por el narcotráfico y que siguen en la mira por la alta densidad de cultivos ilícitos y por los porcentajes de resiembra de coca, como el caso de Putumayo, Nariño y Cauca.

Para Sandra Panchalo, vocera de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en Nariño, el Estado ha desviado la atención de los problemas estructurales de los campesinos al sur del país, para “inventarse nuevas realidades”.

Según la lideresa, “llegar a consensos con el Gobierno es difícil porque no hay voluntad genuina de diálogo. las bases del Acuerdo de Paz siguen igual, todos los campesinos queremos cumplir, pero se nos está estigmatizando de forma errónea. Dicen que la resiembra en nuestro departamento aumentó un 6,4 %, pero los indicadores de monitoreo de la ONU hablan de una reducción sustancial cercana al 10 %. Son avances y hay muestras de que la voluntad para sustituir cultivos es del 100 %”.

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A su turno, Wílmar Madroñero, líder de la Coccam en Putumayo, asegura que el regreso a la agenda pública de las aspersiones con glifosato es evidencia de que el Estado no tiene una ruta clara de inversión para acabar con el narcotráfico en las regiones, más que todo “en un momento en el que no hay un desarrollo mayor al 20 % en el PNIS y en el que el campesino necesita mejores condiciones como consecuencia de la pandemia”.

Para Madroñero, es claro que la urgencia del Gobierno es quedar bien ante Estados Unidos sin tener en cuenta que la historia del país demuestra que la aspersión solo ha logrado que los cultivos se extiendan: “Solo ha servido -además de enfermar y acabar cultivos sanos- para que los narcos trasladen los cultivos desde los lugares que fueron contaminados hacia nuevas zonas donde antes no existían”.

Léider Valencia, líder cocalero del Cauca, teme que esta nueva etapa del debate en torno al regreso del glifosato haga que los grupos armados ilegales tomen represalias en contra de los campesinos. “Si omiten lo que dice la misma Corte Constitucional, a la hora de ver los efectos nocivos sobre nuestra salud, por lo menos piensen en que estas técnicas no resuelven nada de fondo, sino que por el contrario, desaten la furia de los dueños de las parcelas ilegales”, sentencia.

Una lucha cíclica

A mediados de mayo de 2020, un colectivo de campesinos en Policarpa (Nariño) interpuso y ganó una tutela con la que se logró suspender una audiencia virtual programada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la que se iba a discutir el retorno de la aspersión aérea. El juzgado encargado de la decisión determinó que no existían las condiciones óptimas para que participaran las comunidades.

Aunque la ANLA había programado una nueva audiencia para este 1° de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto ordenó nuevamente la suspensión, insistiendo en que no se garantizaba la participación real y masiva de los habitantes de los 104 municipios en donde se realizaría la aspersión aérea.

Entretanto, las comunidades insisten en que debe haber una implementación y fortalecimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria y en que ha habido una reducción en zonas de siembra. De hecho, el más reciente “Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos”, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), precisa que dicha reducción ha sido de un 62 % en Caquetá, 29 % en Antioquia, 12 % en Nariño y de un 5 % en Putumayo.

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“Además de un diálogo justo y equilibrado, queremos que no nos metan en un “plan sombrilla”, en el que estigmatizan a todo nuestro departamento como zona cocalera. Por ejemplo, han puesto dentro de sus objetivos de erradicación forzada y de aspersión a Sandoná, La Florida y El Tambo, cuando es conocido por la misma ONU que los cultivos no se concentran ahí”, advierte Sandra Panchalo.

Yuly Artunduaga, líder campesina del sur de Putumayo pide que en lugar de atacar al campo con glifosato siempre que suben los índices de criminalidad, “se avancen en apuestas transformadoras como la puesta en marcha del PNIS, que no son algo cíclico, sino algo horizontal que permite avanzar en los liderazgos regionales y en la implementación de la paz”.