El hospital de Ocaña y las denuncias que le habrían costado la vida al líder Jorge Solano

Después de dedicarse 40 años al activismo anticorrupción y a la defensa de las víctimas del conflicto armado, el 3 de noviembre de 2020 el líder social Jorge Solano fue asesinado por sicarios que le propinaron dos disparos en la puerta de su casa, en Ocaña (Norte de Santander). Solano se desempeñó como presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada (Asvida) y como delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña. El último año de su vida le hizo seguimiento a la gestión del Hospital Emiro Quintero Cañizares , de segundo nivel, y en varias ocasiones hizo denuncias públicas sobre los hechos de corrupción que allí ocurrían. “Usted no pudo con amenazas, no pudo con el soborno, ni seguramente podrá por la vía judicial. Le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato (...). Cualquier cosa que me pase ya sabemos quién puede ser”, dijo el líder al entonces gerente, Jairo Pinzón, a través de un video publicado en redes sociales, seis meses antes del asesinato.

Leer: “El asesinato de mi padre es parte de un genocidio”: hijo del líder Jorge Solano

Las investigaciones por este caso ya están arrojando resultados. El 16 de febrero la Fiscalía informó que un juez de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los dos presuntos autores intelectuales del crimen. Se trata de Carlos Daniel Pinzón Ramírez y de Luis López Delgado, imputados por homicidio agravado, en calidad de coautores; por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y por concierto para delinquir agravado. Según el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, uno de los implicados es primo del exgerente del hospital.

En noviembre ya habían capturado a Jhon Freddy Espinosa, conocido como el Burro, quien habría sido el autor material. Las pruebas indican que los acusados recibieron $40 millones por ejecutar el homicidio: Carlos Pinzón se habría encargado de contratar a los autores materiales y de conseguir el arma, mientras que López vigilaba a la víctima antes y después del hecho.

El exgerente Pinzón, por su parte, sostiene que no tuvo nada que ver con el asesinato de Solano y que fue “el primero en rechazar estos actos”, pues vivió en carne propia la violencia cuando asesinaron a su papá. Además dice que el líder no lo demandó, mientras que él sí presentó reclamaciones por injuria y calumnia. “Nunca tuve un diálogo con él, ni siquiera a través de un tercero”, dijo. Por medio de un comunicado, aseguró que no es familiar de Carlos Pinzón y que ya se puso a disposición de la Fiscalía para hacer las aclaraciones lo antes posible.

Este no es el único tema que tiene a Pinzón en problemas. El primero, por la celebración de cinco contratos para la ejecución de obras de adecuación y mantenimiento que debían desarrollarse, en su mayoría, en la sede principal del hospital, estos sumaban más de $938 millones. Según el órgano de control, lo hizo sin realizar una convocatoria pública y sin contar con la aprobación de la junta directiva, con lo cual habría desconocido el manual de contratación.

En el segundo cargo se le cuestiona por haber celebrado seis contratos, también de manera directa, para el suministro de material quirúrgico, afectando el rubro presupuestal en cerca de $1.175 millones. En el tercero se advierte una posible falta disciplinaria en la celebración directa (otra vez) de nueve contratos y una orden de compra para el suministro de medicamentos.

Un mes después, la Superintendencia de Salud intervino el Emiro Quintero Cañizares e identificó 87 deficiencias administrativas, financieras y asistenciales que suponían un riesgo, para la atención de los usuarios y para los recursos del sistema de salud. En la auditoría se identificaron, entre otras cosas, lazos familiares entre los proveedores favorecidos con contratos millonarios; en seis contratistas se concentró el 40 % del presupuesto asignado para 2020. Además, hubo al menos 20 hallazgos en contratos, en la revisión de 2019 y los primeros meses de 2020, en los que se habrían violado principios como la transparencia, buena fe y objetividad.

El registro de los pacientes se llevaba en un cuaderno, se identificaron medicamentos que no estaban relacionados en ningún contrato y superan los $3 mil millones; había una nómina paralela, se estaban prestando servicios sin la autorización de la Superintendencia, entre otras cosas. A esto se sumaron los hallazgos del agente interventor, Yamil Blel Cervantes, que ya fueron remitidos a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. En diálogo con El Espectador, Blel explicó que cuando le entregaron el hospital este aparentemente tenía un superávit presupuestal, pero en realidad de los $94.469 millones registrados en cuentas por cobrar, tan solo $26.752 millones eran recuperables y los pasivos del hospital pasaron de $18.297 millones a $29.300.

Sin embargo, el 15 de diciembre el juez segundo del circuito judicial de Cúcuta tuteló derecho al trabajo y al debido proceso a favor de Jairo Pinzón, ordenando que retomara el cargo. Aunque Blel cuenta que la Supersalud interpuso recursos y él mismo promovió un incidente de nulidad del fallo, las acciones fueron rechazadas por el juez que incluso sancionó al superintendente de Salud y al gobernador de Norte de Santander con un desacato que en su momento fue ratificado por el Tribunal.

El 9 de febrero este diario habló con Pinzón, quien argumentó que habían violado el debido proceso y por eso puso la tutela, dijo también que la Supersalud en años anteriores evidenció hallazgos y planteó un plan de mejoramiento que “se cumplió al 100 %”. Aun así, en 2020 decidieron hacer la intervención “sin darle la posibilidad de subsanar o hacer un plan de mejora”.

Frente a las múltiples inconsistencias, manifestó que va a demostrar que no hubo malos manejos en sus cinco años como gerente, para él financieramente el hospital “es un modelo a nivel nacional, viable, sostenible y estable”. De hecho, sostuvo que tenían ahorros de 15 mil millones para nuevas infraestructuras. En cuanto a los contratos, aseveró que contrató conforme al manual. “Como personas tenemos errores, ningún gobernante es perfecto, pero buscamos la excelencia”, dijo. En ese momento, señaló que confiaba en la justicia y que -como abogado- esperaba que se ratificara la decisión del juez de Cúcuta. Concluyó que conoce las leyes y se apega a ellas, y que “espiritualmente su vida está dada al servicio”.

Sin embargo, Pinzón renunció a su cargo el lunes 15 de febrero, luego de llevar menos de un mes al frente del hospital. “El 16 de febrero el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con un fallo en el que se hace justicia, revocó todo lo actuado por el juez de Cúcuta y argumentó que al doctor Pinzón no se le vulneraron sus derechos fundamentales”, afirmó Blel. El alto tribunal también sostuvo que la toma de posesión de la Supersalud no es un proceso sancionatorio ni disciplinario en el que se requiera contar con la presencia del exgerente, pues lo que se está juzgando es la situación de la entidad y no la conducta del funcionario. Además se dijo que este tuvo la oportunidad de presentar planes de mejoramiento en la inspección y vigilancia previas, y no lo hizo.

Por otro lado, el interventor dijo que intentaron dañar su imagen con información falsa difundida por redes sociales, en la que lo acusaban, por ejemplo, de haberse quedado con dinero. Por ese medio también recibió amenazas de muerte: desde diciembre que se volvieron más frecuentes este mes: “Por perfiles falsos y algunos verdaderos me decían que me llevarían al Catatumbo, que me iban a sacar los dientes sin anestesia, que me iban a desaparecer del mapa como desaparecieron a un veedor de la localidad”, contó. La Unidad Nacional de Protección le otorgó un esquema de seguridad y él ya puso la denuncia.

La contralora delegada para el sector Salud, Lina María Aldana, le informó a este diario que, aunque inicialmente el tema del hospital no era competencia de la Contraloría General de la República, sino de la departamental, la Superintendencia pidió apoyo para atender la situación del Emiro Quintero Cañizares, pues tiene una de las situaciones más críticas del país. “Con el fin de actuar, por el riesgo que presenta el hospital, decidimos incluirlo en el plan nacional de vigilancia, estará dentro de una actuación especial de fiscalización que iniciará el próximo mes”, señaló.

Blel asegura que Pinzón tomó posesión desde el 22 de enero, aunque el empalme comenzó el 25 enero y finalizó el 10 de febrero. “Lo lógico era que asumiera las funciones después de la entrega definitiva, pero él mismo se autorizó para delegar funciones en el enfermero jefe; se tomaron decisiones que debemos evaluar”, concluyó. Por el momento, continuará con la ejecución del plan para recuperar el hospital, en sus primeros 50 días de gestión ya se evidenciaban avances: aumento en las ventas, disminución del gasto en contratación con terceros; nuevas especialidades como neurología clínica y cirugía plástica y la habilitación 17 camas de la unidad respiratoria.

Después de dedicarse 40 años al activismo anticorrupción y a la defensa de las víctimas del conflicto armado, el 3 de noviembre de 2020 el líder social Jorge Solano fue asesinado por sicarios que le propinaron dos disparos en la puerta de su casa, en Ocaña (Norte de Santander). Solano se desempeñó como presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada (Asvida) y como delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña. El último año de su vida le hizo seguimiento a la gestión del Hospital Emiro Quintero Cañizares , de segundo nivel, y en varias ocasiones hizo denuncias públicas sobre los hechos de corrupción que allí ocurrían. “Usted no pudo con amenazas, no pudo con el soborno, ni seguramente podrá por la vía judicial. Le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato (...). Cualquier cosa que me pase ya sabemos quién puede ser”, dijo el líder al entonces gerente, Jairo Pinzón, a través de un video publicado en redes sociales, seis meses antes del asesinato.

Leer: “El asesinato de mi padre es parte de un genocidio”: hijo del líder Jorge Solano

Las investigaciones por este caso ya están arrojando resultados. El 16 de febrero la Fiscalía informó que un juez de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los dos presuntos autores intelectuales del crimen. Se trata de Carlos Daniel Pinzón Ramírez y de Luis López Delgado, imputados por homicidio agravado, en calidad de coautores; por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y por concierto para delinquir agravado. Según el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, uno de los implicados es primo del exgerente del hospital.

En noviembre ya habían capturado a Jhon Freddy Espinosa, conocido como el Burro, quien habría sido el autor material. Las pruebas indican que los acusados recibieron $40 millones por ejecutar el homicidio: Carlos Pinzón se habría encargado de contratar a los autores materiales y de conseguir el arma, mientras que López vigilaba a la víctima antes y después del hecho.

El exgerente Pinzón, por su parte, sostiene que no tuvo nada que ver con el asesinato de Solano y que fue “el primero en rechazar estos actos”, pues vivió en carne propia la violencia cuando asesinaron a su papá. Además dice que el líder no lo demandó, mientras que él sí presentó reclamaciones por injuria y calumnia. “Nunca tuve un diálogo con él, ni siquiera a través de un tercero”, dijo. Por medio de un comunicado, aseguró que no es familiar de Carlos Pinzón y que ya se puso a disposición de la Fiscalía para hacer las aclaraciones lo antes posible.

Este no es el único tema que tiene a Pinzón en problemas. El primero, por la celebración de cinco contratos para la ejecución de obras de adecuación y mantenimiento que debían desarrollarse, en su mayoría, en la sede principal del hospital, estos sumaban más de $938 millones. Según el órgano de control, lo hizo sin realizar una convocatoria pública y sin contar con la aprobación de la junta directiva, con lo cual habría desconocido el manual de contratación.

En el segundo cargo se le cuestiona por haber celebrado seis contratos, también de manera directa, para el suministro de material quirúrgico, afectando el rubro presupuestal en cerca de $1.175 millones. En el tercero se advierte una posible falta disciplinaria en la celebración directa (otra vez) de nueve contratos y una orden de compra para el suministro de medicamentos.

Un mes después, la Superintendencia de Salud intervino el Emiro Quintero Cañizares e identificó 87 deficiencias administrativas, financieras y asistenciales que suponían un riesgo, para la atención de los usuarios y para los recursos del sistema de salud. En la auditoría se identificaron, entre otras cosas, lazos familiares entre los proveedores favorecidos con contratos millonarios; en seis contratistas se concentró el 40 % del presupuesto asignado para 2020. Además, hubo al menos 20 hallazgos en contratos, en la revisión de 2019 y los primeros meses de 2020, en los que se habrían violado principios como la transparencia, buena fe y objetividad.

El registro de los pacientes se llevaba en un cuaderno, se identificaron medicamentos que no estaban relacionados en ningún contrato y superan los $3 mil millones; había una nómina paralela, se estaban prestando servicios sin la autorización de la Superintendencia, entre otras cosas. A esto se sumaron los hallazgos del agente interventor, Yamil Blel Cervantes, que ya fueron remitidos a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. En diálogo con El Espectador, Blel explicó que cuando le entregaron el hospital este aparentemente tenía un superávit presupuestal, pero en realidad de los $94.469 millones registrados en cuentas por cobrar, tan solo $26.752 millones eran recuperables y los pasivos del hospital pasaron de $18.297 millones a $29.300.

Sin embargo, el 15 de diciembre el juez segundo del circuito judicial de Cúcuta tuteló derecho al trabajo y al debido proceso a favor de Jairo Pinzón, ordenando que retomara el cargo. Aunque Blel cuenta que la Supersalud interpuso recursos y él mismo promovió un incidente de nulidad del fallo, las acciones fueron rechazadas por el juez que incluso sancionó al superintendente de Salud y al gobernador de Norte de Santander con un desacato que en su momento fue ratificado por el Tribunal.

El 9 de febrero este diario habló con Pinzón, quien argumentó que habían violado el debido proceso y por eso puso la tutela, dijo también que la Supersalud en años anteriores evidenció hallazgos y planteó un plan de mejoramiento que “se cumplió al 100 %”. Aun así, en 2020 decidieron hacer la intervención “sin darle la posibilidad de subsanar o hacer un plan de mejora”.

Frente a las múltiples inconsistencias, manifestó que va a demostrar que no hubo malos manejos en sus cinco años como gerente, para él financieramente el hospital “es un modelo a nivel nacional, viable, sostenible y estable”. De hecho, sostuvo que tenían ahorros de 15 mil millones para nuevas infraestructuras. En cuanto a los contratos, aseveró que contrató conforme al manual. “Como personas tenemos errores, ningún gobernante es perfecto, pero buscamos la excelencia”, dijo. En ese momento, señaló que confiaba en la justicia y que -como abogado- esperaba que se ratificara la decisión del juez de Cúcuta. Concluyó que conoce las leyes y se apega a ellas, y que “espiritualmente su vida está dada al servicio”.

Sin embargo, Pinzón renunció a su cargo el lunes 15 de febrero, luego de llevar menos de un mes al frente del hospital. “El 16 de febrero el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con un fallo en el que se hace justicia, revocó todo lo actuado por el juez de Cúcuta y argumentó que al doctor Pinzón no se le vulneraron sus derechos fundamentales”, afirmó Blel. El alto tribunal también sostuvo que la toma de posesión de la Supersalud no es un proceso sancionatorio ni disciplinario en el que se requiera contar con la presencia del exgerente, pues lo que se está juzgando es la situación de la entidad y no la conducta del funcionario. Además se dijo que este tuvo la oportunidad de presentar planes de mejoramiento en la inspección y vigilancia previas, y no lo hizo.

Por otro lado, el interventor dijo que intentaron dañar su imagen con información falsa difundida por redes sociales, en la que lo acusaban, por ejemplo, de haberse quedado con dinero. Por ese medio también recibió amenazas de muerte: desde diciembre que se volvieron más frecuentes este mes: “Por perfiles falsos y algunos verdaderos me decían que me llevarían al Catatumbo, que me iban a sacar los dientes sin anestesia, que me iban a desaparecer del mapa como desaparecieron a un veedor de la localidad”, contó. La Unidad Nacional de Protección le otorgó un esquema de seguridad y él ya puso la denuncia.

La contralora delegada para el sector Salud, Lina María Aldana, le informó a este diario que, aunque inicialmente el tema del hospital no era competencia de la Contraloría General de la República, sino de la departamental, la Superintendencia pidió apoyo para atender la situación del Emiro Quintero Cañizares, pues tiene una de las situaciones más críticas del país. “Con el fin de actuar, por el riesgo que presenta el hospital, decidimos incluirlo en el plan nacional de vigilancia, estará dentro de una actuación especial de fiscalización que iniciará el próximo mes”, señaló.

Blel asegura que Pinzón tomó posesión desde el 22 de enero, aunque el empalme comenzó el 25 enero y finalizó el 10 de febrero. “Lo lógico era que asumiera las funciones después de la entrega definitiva, pero él mismo se autorizó para delegar funciones en el enfermero jefe; se tomaron decisiones que debemos evaluar”, concluyó. Por el momento, continuará con la ejecución del plan para recuperar el hospital, en sus primeros 50 días de gestión ya se evidenciaban avances: aumento en las ventas, disminución del gasto en contratación con terceros; nuevas especialidades como neurología clínica y cirugía plástica y la habilitación 17 camas de la unidad respiratoria.