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Después de que fuera sancionada la ley 1861 del 4 de agosto de 2017, que modifica el servicio militar y que “abre un régimen de transición de los remisos”, este lunes empezará en Bucaramanga (Santander) el proceso para dar amnistías a los remisos. Gracias a esto, más de 950 mil personas se verán beneficiadas.
(Lea aquí: Comienzan a regir cambios al servicio militar).
Sobre el comienzo de estas convocatorias, el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, explicó este jueves que “estamos en el proceso de planteamiento para que en el último trimestre de este año haremos todos los esfuerzos para poder agilizar estos procesos. Está incorporación que acabamos de hacer fue exitosa y ya más jóvenes se están acercando con todos los nuevos beneficios de la ley de reclutamiento".
Este proceso, según la ley 1861, tiene plazo de un año. Por lo que entre septiembre de este año y enero próximo se harán las convocatorias en Bucaramanga (Santander), Florencia (Caquetá), Cajicá (Cundinamarca), Bogotá, Granada (Meta), Pereira (Risaralda), Ibagué (Tolima), Barranquilla (Atlántico), Chiquinquirá (Boyacá), Sincelejo (Sucre), Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta), Neiva (Huila), Cali (Valle del Cauca), Pitalito (Huila), Montería (Córdoba), Bogotá, Ibagué (Tolima), Popayán (Cauca), Cúcuta (Norte de Santander), Armenia (Quindío), Tunja (Boyacá) y, por último y tercera vez, Bogotá.
Entre los que se verán beneficiados se encuentran los remisos mayores de 24 años, hijos únicos, huérfanos de padre o madre, hijos integrantes de miembros la Fuerza Pública, clérigos y religiosos, objetores de conciencia, víctimas del conflicto armado, desmovilizados, personas en condición de discapacidad, entre otros. Además, quienes durante el siguiente año solucionen su situación militar, solo tendrán que pagar el costo de la expedición de la libreta, es decir, $111.000.
El general Mejía también aseguró que al interior del Ejército se está intentando controlar la venta de las libretas, aseverando que ya son “decenas” de los militares que han sido retirados. “Hemos encontrado al interior del sistema de reclutamiento personas que han deshornado el uniforme militar. Han sido retiradas de la institución y judicializadas por la Fiscalía General. Es un mensaje muy claro de decir que esta ley lucha frontalmente contra la corrupción”, dijo.