El Magdalena Medio, azotado por los ilegales
Grupos ilegales buscan detentar el control del territorio en esa subregión. Con Tráfico de estupefacientes, extorsiones y homicidios financian la compra de armas. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Eln y disidencias de la Farc están presentes en la zona.
Luisa Fernanda Orozco Valencia
La situación del Magdalena Medio es crítica. Así lo advirtió la Corpo ración Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) mediante un comunicado que publicaron el 3 de enero en su cuenta de Twitter. Allí describían que en diciembre de 2021 se registraron ocho homicidios en dos de sus 44 municipios: tres en Barrancabermeja (Santander) y cinco en San Pablo (Bolívar), siendo Wílmar Ascanio Angarita, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) la última víctima.
¿El motivo de disputa? Grupos al margen de la ley buscan detentar el control del territorio y las actividades características de la subregión. La ganadería, la pesca, la minería legal e ilegal, y el cultivo de palma de aceite son sus principales motores económicos, que abarcan los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Caldas, Cesar y Bolívar.
“Los grupos armados acuden a la minería y a la extorsión porque los fortalecen para sus actividades económicas, como la adquisición de armas y el tráfico de estupefacientes”, afirma Juan Pablo Aguirre, capitán de la Policía Nacional del Magdalena Medio.
De los 44 municipios que componen el Magdalena Medio, en Antioquia se encuentran Caracolí, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó y Maceo. Este último declaró toque de queda de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. hasta el 28 de febrero por el incremento de hechos violentos.
Uno de los casos que despertó las alertas en la subregión fue el de René Higuita, exjugador de la selección de Colombia y el Atlético Nacional. El 28 de diciembre del año pasado, el exarquero publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve de sombrero y ensillando a un caballo. “Ya no solamente hay que pagar el impuesto en la ciudad, sino acá en el monte”, dijo Higuita.
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Otros sectores de la población también han sido víctimas de extorsión y violaciones a los derechos humanos por parte de actores armados. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Eln, disidencias de las desmovilizadas Farc y demás grupos del crimen organizado son algunos de los que tienen presencia en el Magdalena Medio.
La finca de Higuita, por ejemplo, está entre Puerto Berrío y Yondó. Allí la ganadería es una de las principales actividades económicas. Ganaderos, comerciantes y demás personas que habitan estos territorios son los más afectados por las extorsiones.
Pero este hecho criminal se realiza de manera diferente en lo urbano y lo rural. El personero de Yondó, Gonzalo Jiménez, afirma que “en el casco urbano las bacrim extorsionan a los tenderos y comerciantes pequeños. La cuota oscila entre $200 mil y $1 millón. La excusa que utilizan los actores ilegales es camuflarlas por una suma de dinero a cambio de cuidar el sector”.
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Adicionalmente, grupos armados como guerrillas y disidencias han incrementado su presencia en la ruralidad desde que comenzó la pandemia. La suma de las extorsiones está determinada según el número de cabezas de ganado o el tamaño del terreno que posean las víctimas. “Ellos se justifican diciendo que es para contribuir a la causa, y que a cambio ellos otorgan seguridad. También, desde 2021 con alerta temprana, se informó sobre el crecimiento del microtráfico. Por eso las extorsiones se han incrementado hacia las personas pudientes de la región, como pasó con el exarquero de la selección de Colombia, pero ese tipo de vacunas siempre han existido”, dice Jiménez.
Aunque las extorsiones son recurrentes, el número de denuncias es considerablemente bajo. Jiménez asegura que “la gente denuncia muy poco, a menos que haya un tipo de amenaza que los haga ir. Muchas personas que no pagan la extorsión se ven obligadas a desplazarse por miedo. Ese es el modus operandi”.
Como prueba de esto, El Espectador intentó comunicarse con varios comités ganaderos de la subregión para hablar sobre la situación de la zona, pero ninguno de ellos concedió entrevistas.
¿Más amenazas a los derechos humanos?
Las extorsiones no son los únicos delitos que ocurren en la zona. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia, hasta septiembre de 2021 se había denunciado un aumento en los homicidios de la subregión, con 53 asesinatos registrados frente a 40 de 2020. Además, Credhos informó en su comunicado sobre ocho homicidios más en diciembre de 2021.
Esta corporación también se pronunció sobre el aumento de desplazamientos forzados masivos e individuales, amenazas, atentados, homicidios y desapariciones forzadas, específicamente en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Wilches y Barrancabermeja. “Las causas están relacionadas esencialmente con las disputas territoriales entre grupos armados ilegales por el control de rutas y economías ilícitas”, menciona Credhos.
Asimismo, como expresa el informe “¿Dónde están nuestrxs desaparecidxs?”, por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) junto a Colombia Nunca Más, la Fuerza Pública ha cumplido un papel determinante en los hechos violentos cometidos contra la población. Su colaboración con grupos paramilitares se ha comprobado en algunos casos de desaparición forzada de la subregión.
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¿Qué ha pasado con la alerta de Higuita?
Desde que la noticia fue publicada en diversos medios del país, Higuita ha tenido respuesta por parte de varios sectores, además de la oficialidad. “Sabemos que estamos en un conflicto no solamente en el Magdalena Medio, sino en todo el país. Hace 30 años estoy en la zona, y la verdad es que quiero permanecer”, le dijo el exarquero a El Espectador.
Como respuesta a las crecientes amenazas, el 27 de enero se efectuó una reunión en Bucaramanga, entre las autoridades de Antioquia y Santander. Su propósito: crear nuevas estrategias para combatir la criminalidad en la subregión.
Una de las decisiones más importantes fue la creación de un grupo de Comando y Control compuesto por las autoridades policiales y militares de ambos departamentos, así como el fortalecimiento de la inteligencia para identificar a los grupos ilegales, la mejora de los dispositivos tecnológicos para monitoreo y vigilancia, el aumento de patrullajes y retenes en las vías, y la creación de mecanismos de evaluación y revisión para verificar la efectividad de los operativos.
Aunque René Higuita no denunció ante la Fiscalía las extorsiones en su contra, se han adelantado acciones por parte de las autoridades locales para esclarecer los hechos. La alerta pública que hizo el exarquero sobre la situación de la subregión fue una de las motivaciones para estas nuevas medidas de seguridad. La violación a los derechos humanos se ha cometido de manera histórica en el Magdalena Medio no solo hacia los ganaderos, sino contra otros miembros de la sociedad.
La situación del Magdalena Medio es crítica. Así lo advirtió la Corpo ración Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) mediante un comunicado que publicaron el 3 de enero en su cuenta de Twitter. Allí describían que en diciembre de 2021 se registraron ocho homicidios en dos de sus 44 municipios: tres en Barrancabermeja (Santander) y cinco en San Pablo (Bolívar), siendo Wílmar Ascanio Angarita, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) la última víctima.
¿El motivo de disputa? Grupos al margen de la ley buscan detentar el control del territorio y las actividades características de la subregión. La ganadería, la pesca, la minería legal e ilegal, y el cultivo de palma de aceite son sus principales motores económicos, que abarcan los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Caldas, Cesar y Bolívar.
“Los grupos armados acuden a la minería y a la extorsión porque los fortalecen para sus actividades económicas, como la adquisición de armas y el tráfico de estupefacientes”, afirma Juan Pablo Aguirre, capitán de la Policía Nacional del Magdalena Medio.
De los 44 municipios que componen el Magdalena Medio, en Antioquia se encuentran Caracolí, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó y Maceo. Este último declaró toque de queda de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. hasta el 28 de febrero por el incremento de hechos violentos.
Uno de los casos que despertó las alertas en la subregión fue el de René Higuita, exjugador de la selección de Colombia y el Atlético Nacional. El 28 de diciembre del año pasado, el exarquero publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve de sombrero y ensillando a un caballo. “Ya no solamente hay que pagar el impuesto en la ciudad, sino acá en el monte”, dijo Higuita.
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Otros sectores de la población también han sido víctimas de extorsión y violaciones a los derechos humanos por parte de actores armados. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Eln, disidencias de las desmovilizadas Farc y demás grupos del crimen organizado son algunos de los que tienen presencia en el Magdalena Medio.
La finca de Higuita, por ejemplo, está entre Puerto Berrío y Yondó. Allí la ganadería es una de las principales actividades económicas. Ganaderos, comerciantes y demás personas que habitan estos territorios son los más afectados por las extorsiones.
Pero este hecho criminal se realiza de manera diferente en lo urbano y lo rural. El personero de Yondó, Gonzalo Jiménez, afirma que “en el casco urbano las bacrim extorsionan a los tenderos y comerciantes pequeños. La cuota oscila entre $200 mil y $1 millón. La excusa que utilizan los actores ilegales es camuflarlas por una suma de dinero a cambio de cuidar el sector”.
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Adicionalmente, grupos armados como guerrillas y disidencias han incrementado su presencia en la ruralidad desde que comenzó la pandemia. La suma de las extorsiones está determinada según el número de cabezas de ganado o el tamaño del terreno que posean las víctimas. “Ellos se justifican diciendo que es para contribuir a la causa, y que a cambio ellos otorgan seguridad. También, desde 2021 con alerta temprana, se informó sobre el crecimiento del microtráfico. Por eso las extorsiones se han incrementado hacia las personas pudientes de la región, como pasó con el exarquero de la selección de Colombia, pero ese tipo de vacunas siempre han existido”, dice Jiménez.
Aunque las extorsiones son recurrentes, el número de denuncias es considerablemente bajo. Jiménez asegura que “la gente denuncia muy poco, a menos que haya un tipo de amenaza que los haga ir. Muchas personas que no pagan la extorsión se ven obligadas a desplazarse por miedo. Ese es el modus operandi”.
Como prueba de esto, El Espectador intentó comunicarse con varios comités ganaderos de la subregión para hablar sobre la situación de la zona, pero ninguno de ellos concedió entrevistas.
¿Más amenazas a los derechos humanos?
Las extorsiones no son los únicos delitos que ocurren en la zona. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia, hasta septiembre de 2021 se había denunciado un aumento en los homicidios de la subregión, con 53 asesinatos registrados frente a 40 de 2020. Además, Credhos informó en su comunicado sobre ocho homicidios más en diciembre de 2021.
Esta corporación también se pronunció sobre el aumento de desplazamientos forzados masivos e individuales, amenazas, atentados, homicidios y desapariciones forzadas, específicamente en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Wilches y Barrancabermeja. “Las causas están relacionadas esencialmente con las disputas territoriales entre grupos armados ilegales por el control de rutas y economías ilícitas”, menciona Credhos.
Asimismo, como expresa el informe “¿Dónde están nuestrxs desaparecidxs?”, por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) junto a Colombia Nunca Más, la Fuerza Pública ha cumplido un papel determinante en los hechos violentos cometidos contra la población. Su colaboración con grupos paramilitares se ha comprobado en algunos casos de desaparición forzada de la subregión.
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¿Qué ha pasado con la alerta de Higuita?
Desde que la noticia fue publicada en diversos medios del país, Higuita ha tenido respuesta por parte de varios sectores, además de la oficialidad. “Sabemos que estamos en un conflicto no solamente en el Magdalena Medio, sino en todo el país. Hace 30 años estoy en la zona, y la verdad es que quiero permanecer”, le dijo el exarquero a El Espectador.
Como respuesta a las crecientes amenazas, el 27 de enero se efectuó una reunión en Bucaramanga, entre las autoridades de Antioquia y Santander. Su propósito: crear nuevas estrategias para combatir la criminalidad en la subregión.
Una de las decisiones más importantes fue la creación de un grupo de Comando y Control compuesto por las autoridades policiales y militares de ambos departamentos, así como el fortalecimiento de la inteligencia para identificar a los grupos ilegales, la mejora de los dispositivos tecnológicos para monitoreo y vigilancia, el aumento de patrullajes y retenes en las vías, y la creación de mecanismos de evaluación y revisión para verificar la efectividad de los operativos.
Aunque René Higuita no denunció ante la Fiscalía las extorsiones en su contra, se han adelantado acciones por parte de las autoridades locales para esclarecer los hechos. La alerta pública que hizo el exarquero sobre la situación de la subregión fue una de las motivaciones para estas nuevas medidas de seguridad. La violación a los derechos humanos se ha cometido de manera histórica en el Magdalena Medio no solo hacia los ganaderos, sino contra otros miembros de la sociedad.