“El PAE no es un regalo, es un derecho”: Contraloría

De las 96 entidades territoriales certificadas, 95 iniciaron su calendario académico antes del 12 de febrero; sin embargo, para esa fecha, solo 47 reportaron el inicio de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Así lo evidenció la Contraloría junto con el Ministerio de Educación.

La información más actualizada la tiene la Procuraduría. El 23 de febrero, el Ministerio Público pidió a nueve gobernadores y 22 alcaldes, que hasta esa fecha no habían reportado el inicio del programa en sus territorios, informar sobre la fecha proyectada para arrancar y, en caso de no haber iniciado, precisar las razones de los retrasos.

En conversación con El Espectador, el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, comenta cuáles son las acciones que adelantan para garantizar que la comida llegue a los niños y evitar la corrupción que históricamente se ha presentado en este programa.

¿Qué pasa con la ejecución del PAE?

Lo ideal es que cuando los niños entren al colegio cuenten ya con el PAE, pero evidenciamos que las entidades territoriales no están siendo juiciosas con el tema. En muchos casos los niños van al colegio por su comida, pues se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Con corte al 12 de febrero, de los 5’600.000 estudiantes, aún faltaban 3’200.000 por recibir la alimentación. Hay 96 entidades territoriales certificadas, 95 de estas ya habían comenzado la jornada escolar (Vichada iniciaba el 15) y, para ese momento, 48 no habían reportado el inicio del PAE a la Unidad de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación. Son 38 las entidades territoriales que presentaban mayor rezago, porque no contrataron dentro de las dos semanas de plazo máximo después del inicio del calendario.

Los tres municipios que más nos preocupan son Pitalito, Huila; Quibdó, Chocó; y Lorica, Córdoba. Iniciaron el calendario entre el 11 y 18 de enero y, para esa fecha, todavía no arrancaban con el programa. Los siguientes con más retraso eran Bogotá, que inició el calendario el 25 de enero, así como Buenaventura, Cauca, Chía, Chocó, Córdoba, Facatativá, Girón, Guaviare, Piedecuesta, Popayán, Sincelejo y Yopal. Después de la primera alerta, con corte al 29 de enero, se aceleró el proceso: pasamos de 74 que no habían iniciado con el programa a 48. Pronto se emitirá un nuevo boletín actualizado.

¿De dónde sale el presupuesto? ¿Cómo lo controlan?

Tiene tres fuentes: los recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías. Según la Unidad de Alimentación Escolar, para 2021 se destinaron $2,4 billones para este programa, y $1,4 provienen de la nación. Desde la Contraloría vigilamos el tema desde tres puntos: el enfoque preventivo, con la reforma constitucional ya podemos generar las alertas y no hay que esperar hasta el año siguiente; las auditorías, para verificar cómo se comportaron las entidades territoriales financieramente y en términos de ejecución, y los procesos de responsabilidad fiscal. Hasta el momento hay 157 procesos de responsabilidad fiscal por más de $51.000 millones.

También se advirtió una menor contratación respecto a 2020...

Hay un castigo financiero y presupuestal para las entidades territoriales que no ejecutan los recursos. Cuando no se inician los programas a tiempo, deben contratarse menos días y presupuestalmente se castiga a la entidad el año siguiente. Por otro lado, la pandemia implicó un fenómeno de deserción escolar significativo, hay grandes retos en cuanto a la conectividad. La Unidad de Alimentación y el Ministerio de Educación definirán cuántos estudiantes efectivamente iniciarán jornada escolar este año, respecto a los 5’300.000 estudiantes que tenemos del año pasado.

¿Cómo se asigna el presupuesto?

El año anterior se fija en el Presupuesto General de la Nación y hay unas asignaciones para cada entidad territorial; en cuanto a regalías, hay bianualidad, pero se guardan los recursos para cada entidad. La Unidad de Alimentación Escolar parte de la asignación histórica, es decir, la del inicio de año es la misma del año anterior + IPC. Luego se hace reducción o incremento si su atención varió en número de estudiantes o días y, posteriormente, se distribuye el recurso disponible entre quienes aumentaron, en atención al orden de prioridad que establece la resolución. Así que todo depende de sus reportes territoriales, tanto de atención como de ejecución de recursos.

¿Qué enseñanzas dejó 2020 respecto a la implementación del PAE en medio de la pandemia?

A los niños no les podemos echar la culpa de la pandemia, por el contrario, el manejo de la pandemia debe responder a los niños. La falta de conexión y las restricciones disminuyeron el control social. Los escándalos del PAE no solo se quedan en temas como el de la carne de caballo, por eso es importante establecer otras formas de control, que los padres de familia, contralores estudiantiles y estudiantes sepan a qué tienen derecho y que las raciones están establecidas, ya sean para llevar a casa o comer en el colegio. Otro tema que evidenciamos es que a las manipuladoras del PAE no las están contratando adecuadamente, les pagan por días, sin prestaciones sociales.

¿Por qué considera que se presentan tantos casos de corrupción en el PAE?

Hay una gran disposición de recursos públicos, los beneficiarios son población vulnerable y no hay políticas claras en fijación de precios. Esto último también se evidenció en la entrega de ayudas alimentarias y la necesidad de fijar los topes de los alimentos. Se ha trabajado en distribuir responsabilidades del tema en los territorios, pero es muy importante concientizar respecto a que esto no es un regalo, es un derecho, y no hay ninguna excusa -ni la pandemia- para no ejecutar los recursos.

¿Cómo pueden los colombianos denunciar las irregularidades?

Tenemos una oficina en cada departamento, pero también canales virtuales. Puede denunciar por medio de la aplicación ControlApp, por el correo electrónico cgr@contraloria.gov.co y por redes sociales.

De las 96 entidades territoriales certificadas, 95 iniciaron su calendario académico antes del 12 de febrero; sin embargo, para esa fecha, solo 47 reportaron el inicio de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Así lo evidenció la Contraloría junto con el Ministerio de Educación.

La información más actualizada la tiene la Procuraduría. El 23 de febrero, el Ministerio Público pidió a nueve gobernadores y 22 alcaldes, que hasta esa fecha no habían reportado el inicio del programa en sus territorios, informar sobre la fecha proyectada para arrancar y, en caso de no haber iniciado, precisar las razones de los retrasos.

En conversación con El Espectador, el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, comenta cuáles son las acciones que adelantan para garantizar que la comida llegue a los niños y evitar la corrupción que históricamente se ha presentado en este programa.

¿Qué pasa con la ejecución del PAE?

Lo ideal es que cuando los niños entren al colegio cuenten ya con el PAE, pero evidenciamos que las entidades territoriales no están siendo juiciosas con el tema. En muchos casos los niños van al colegio por su comida, pues se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Con corte al 12 de febrero, de los 5’600.000 estudiantes, aún faltaban 3’200.000 por recibir la alimentación. Hay 96 entidades territoriales certificadas, 95 de estas ya habían comenzado la jornada escolar (Vichada iniciaba el 15) y, para ese momento, 48 no habían reportado el inicio del PAE a la Unidad de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación. Son 38 las entidades territoriales que presentaban mayor rezago, porque no contrataron dentro de las dos semanas de plazo máximo después del inicio del calendario.

Los tres municipios que más nos preocupan son Pitalito, Huila; Quibdó, Chocó; y Lorica, Córdoba. Iniciaron el calendario entre el 11 y 18 de enero y, para esa fecha, todavía no arrancaban con el programa. Los siguientes con más retraso eran Bogotá, que inició el calendario el 25 de enero, así como Buenaventura, Cauca, Chía, Chocó, Córdoba, Facatativá, Girón, Guaviare, Piedecuesta, Popayán, Sincelejo y Yopal. Después de la primera alerta, con corte al 29 de enero, se aceleró el proceso: pasamos de 74 que no habían iniciado con el programa a 48. Pronto se emitirá un nuevo boletín actualizado.

¿De dónde sale el presupuesto? ¿Cómo lo controlan?

Tiene tres fuentes: los recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías. Según la Unidad de Alimentación Escolar, para 2021 se destinaron $2,4 billones para este programa, y $1,4 provienen de la nación. Desde la Contraloría vigilamos el tema desde tres puntos: el enfoque preventivo, con la reforma constitucional ya podemos generar las alertas y no hay que esperar hasta el año siguiente; las auditorías, para verificar cómo se comportaron las entidades territoriales financieramente y en términos de ejecución, y los procesos de responsabilidad fiscal. Hasta el momento hay 157 procesos de responsabilidad fiscal por más de $51.000 millones.

También se advirtió una menor contratación respecto a 2020...

Hay un castigo financiero y presupuestal para las entidades territoriales que no ejecutan los recursos. Cuando no se inician los programas a tiempo, deben contratarse menos días y presupuestalmente se castiga a la entidad el año siguiente. Por otro lado, la pandemia implicó un fenómeno de deserción escolar significativo, hay grandes retos en cuanto a la conectividad. La Unidad de Alimentación y el Ministerio de Educación definirán cuántos estudiantes efectivamente iniciarán jornada escolar este año, respecto a los 5’300.000 estudiantes que tenemos del año pasado.

¿Cómo se asigna el presupuesto?

El año anterior se fija en el Presupuesto General de la Nación y hay unas asignaciones para cada entidad territorial; en cuanto a regalías, hay bianualidad, pero se guardan los recursos para cada entidad. La Unidad de Alimentación Escolar parte de la asignación histórica, es decir, la del inicio de año es la misma del año anterior + IPC. Luego se hace reducción o incremento si su atención varió en número de estudiantes o días y, posteriormente, se distribuye el recurso disponible entre quienes aumentaron, en atención al orden de prioridad que establece la resolución. Así que todo depende de sus reportes territoriales, tanto de atención como de ejecución de recursos.

¿Qué enseñanzas dejó 2020 respecto a la implementación del PAE en medio de la pandemia?

A los niños no les podemos echar la culpa de la pandemia, por el contrario, el manejo de la pandemia debe responder a los niños. La falta de conexión y las restricciones disminuyeron el control social. Los escándalos del PAE no solo se quedan en temas como el de la carne de caballo, por eso es importante establecer otras formas de control, que los padres de familia, contralores estudiantiles y estudiantes sepan a qué tienen derecho y que las raciones están establecidas, ya sean para llevar a casa o comer en el colegio. Otro tema que evidenciamos es que a las manipuladoras del PAE no las están contratando adecuadamente, les pagan por días, sin prestaciones sociales.

¿Por qué considera que se presentan tantos casos de corrupción en el PAE?

Hay una gran disposición de recursos públicos, los beneficiarios son población vulnerable y no hay políticas claras en fijación de precios. Esto último también se evidenció en la entrega de ayudas alimentarias y la necesidad de fijar los topes de los alimentos. Se ha trabajado en distribuir responsabilidades del tema en los territorios, pero es muy importante concientizar respecto a que esto no es un regalo, es un derecho, y no hay ninguna excusa -ni la pandemia- para no ejecutar los recursos.

¿Cómo pueden los colombianos denunciar las irregularidades?

Tenemos una oficina en cada departamento, pero también canales virtuales. Puede denunciar por medio de la aplicación ControlApp, por el correo electrónico cgr@contraloria.gov.co y por redes sociales.