“El PAE tenía mucha información oculta”: Juan Carlos Martínez

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) está en la mira de los órganos de control debido a las múltiples irregularidades halladas por la Contraloría durante pandemia, entre las que se destacan la entrega de alimentos en mal estado y demoras en la contratación como en la ejecución del programa.

Según el ente de control, durante 2021 el PAE tuvo una cobertura del 74,4 %, es decir que se atendieron a más de cinco millones de niños y niñas recibieron la atención del programa, sin embargo, por lo menos 1,5 millones de menores de edad no habrían recibido la comida, mientras que, en total, 13 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentaron fallas en cobertura, calidad y logística.

(Lea: Denuncian mal estado en algunos alimentos del PAE en Santander)

A más de un mes del inicio de clases presenciales en el país, las fallas persisten en algunos municipios. Según la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), creada en 2020 por el Gobierno Nacional y encargada de elaborar los lineamientos del PAE, además de brindar la información a los entes de control para hacerle seguimiento al funcionamiento del Programa, con corte al 11 de febrero, de las 96 ETC que hay en todo el país, 69 están entregando el PAE y 27 aún no inician, lo que debería encender las alarmas tanto del Ministerio como de las secretarías de Educación.

Junto a esto, se ha determinado que a persar de que el PAE debe cubrir 180 días hábiles de los 194 del calendario académico, en colegios como los de Popayán hubo un retraso superior a cinco meses y en Putumayo no se atendió durante el primer semestre de 2021. Este año ocho ETC preocupan a los organismos de control debido a que iniciarán con incumplimientos, principalmente por no han contratado o en el peor de los casos, no han iniciado los procesos licitatorios.

(También puede leer: Suspenden la entrega del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena)

El Espectador habló con el director de la Unidad de Alimentos para Aprender, Juan Carlos Martínez, quien explicó en qué están trabajando para solucionar los problemas de fondo del PAE y señaló que la clave del éxito del programa es la transparencia y el control social sobre el mismo.

¿Por qué hay retrasos o suspensiones en el servicio del PAE?

El informe de la Contraloría sobre el PAE 2021 menciona especialmente los días de no atención. Algunos interrumpieron a la mitad porque hicieron un contrato corto mientras que salía la licitación o se presentó alguna tutela porque había algo indebido en la licitación que deja un hueco de uno o dos meses sin atención a los niños. En otros casos es claro que sí se adelantaron procesos, pero hubo factores externos; no todos los que pararon el servicio fue porque quisieron. Algunos suspendieron por el paro o por desabastecimiento y ahí no hubo mala voluntad. Otros decidieron hacerlo sin argumentos y eso lo tendrán que valorar los entes de control.

¿Qué están haciendo para solucionar los problemas de retrasos y suspensiones del PAE?

El año pasado generamos dos cambios de ley en conjunto con el Congreso, ya sancionados por el presidente. Antes la planeación financiera era imposible hacerla con tiempo, porque la norma prohibía la asignación de recursos nacionales mientras no estuvieran determinados. Por tanto, hacer vigencias futuras y adelantar los procesos contractuales solo era viable cuando se hiciera en noviembre la asignación nacional de los recursos para las entidades territoriales y sacar así una licitación pública y atender a mediados de enero era imposible en dos meses y medio. Ahora tenemos una ley que les impide a la nación y a las entidades territoriales reducir el aporte de una vigencia a la otra, por lo tanto ya está garantizado el mínimo de la continuidad y eso significa que desde el 1° de enero de este año pueden estar planeando el año entrante y hacer vigencias futuras. Se acabó esa disculpa.

¿Y cuál es el otro inconveniente?

El otro tema que estamos solucionando son dos artículos que trabajamos en conjunto con los órganos de control y con Colombia Compra Eficiente y que metimos en la Ley de Transparencia que sancionó el presidente en enero. Uno: se pone la sanción más alta a los contratistas PAE incumplidos, con diez años de inhabilidad. Dos: todos sabemos que hay casos con intereses indebidos y se dan beneficios para adjudicar, y eso corrompe la administración. Hay muchos casos en los que el administrador es correcto, pero queda sin poder sancionar al contratista que incumple porque si declara la caducidad del contrato el recurso queda bloqueado hasta que se resuelva y entonces el servicio a los niños se acaba. Los gobernantes decían, “no puedo sancionar al contratista porque se me vuelve un lío social mucho más grave”. Esta ley establece que se pueden incluir, en el caso de paro, cláusulas excepcionales para garantizar que ese recurso no quede bloqueado.

(Le puede interesar: Avioneta ambulancia chocó contra muro en aeropuerto de San Andrés)

¿Por qué se siguen reportando retrasos en la ejecución del PAE si hay normativas para evitarlo?

La ley salió en diciembre y esperamos lograr tenerla totalmente reglamentada para abril. Hace cuatro años esto ni siquiera se verificaba y, de hecho, hace cinco o seis años ninguno de estos contratos arrancaba desde el primer día. Antes ni siquiera se monitoreaba por qué el PAE se tenía que prestar desde el primer día, como el apoyo de transporte. El año pasado 61 entidades iniciaron a tiempo, este año sueño que sean más de 70 y el año entrante, espero que sean las 96, porque con esa ley ya no tendrán disculpa.

¿Qué proyecciones tienen para este año con el PAE?

Esperamos subir a seis millones de niños atendidos, el año pasado estuvimos con 5’840.000, hace una década esto no llegaba a tres millones. Quienes firman las actas de cumplimiento de los menús y las raciones, que deben estar publicados en los colegios según nuestra norma, son los rectores y esto tiene que funcionar sistematizado de tal forma que lo que se comprometió ahí mismo en el sistema se valide, con ese mismo sistema se pague y no pueda haber alteración del número de raciones.

Segundo, tenemos un nuevo módulo que ya está en prueba, que se llama “PAEstar al día”. Ahí la comunidad podrá ver los menús que reporta la entidad para cada una de las sedes y el número de raciones para que de verdad exista control social. También las personas pueden entrar a nuestra página, y ver el Informe Nacional de la Operación (INOP) del PAE, y ahí tiene semana a semana qué entidad está funcionando, con qué servicios, si tuvo problemas, cuántos niños está atendiendo, con qué modalidad se está atendiendo. Esa es una de las cosas que creemos fundamentales para el éxito en el PAE: la transparencia. Esto tenía mucha información oculta.

Sobre la sistematización de la información, ¿hay algún avance?

El Banco Mundial ya venía haciendo este trabajo por solicitud de algunas entidades territoriales. Nosotros hicimos un convenio con ellos el año pasado y desarrollamos el sistema con todos los componentes. Es decir, el diseño ya lo acabamos y está en marcha la licitación para desarrollar la primera etapa, lo que significa que la planeación territorial quedará totalmente sistematizada. Además, dejamos diseñada la segunda fase, mientras que la tercera se va a hacer con un crédito internacional, o sea, hay garantías de que el sistema se desarrollará completo. Ese es un tema que tenemos claro, esto solo funciona con transparencia, es imposible que una persona vele por 44.000 instituciones educativas todos los días.

La Contraloría alertó que en el Amazonas no se implementó el PAE para la población indígena. ¿Cómo se debe aplicar el programa con estas comunidades?

Desde el 2018 por un acuerdo de la nación con los indígenas, se determinó que siempre deben acordarse los menús con la comunidad, que debe incluirse en la minuta, donde no solo se estipula la cantidad de gramos y calorías. Esto se hace porque hay comunidades que no toman leche de vaca y no se les puede imponer tomarla. Si ellos toman leche de cabra hay que darles ese tipo de leche, si allá en esa zona no hay cultura de comer pescado hay que buscar otras proteínas. El otro punto que establece la norma es que las comunidades puedan desarrollar sus capacidades administrativas, o sea, permitirles que sean ellos los administradores y ejecutores del programa.

¿A qué se exponen las entidades territoriales que no cumplieron con la ejecución del PAE?

Desde esta administrativa, que es la que nos compete como Unidad, se tiene claro que si el plan era atender 180 días y solo atendieron 160, se va a reducir la asignación de recursos. Solo se tiene en cuenta lo que se atendió bien y lo que no se descuenta en la siguiente vigencia, porque, en teoría, esa plata le tuvo que haber sobrado. Hasta ahí llega nuestra competencia. Si lo que hubo fue una mala planeación, una demora por falta de planeación, por no asignar los recursos oportunamente, por no hacer el debido proceso, es la Procuraduría la única que tiene competencia para determinar si hubo una falta grave y si eso amerita una sanción o una destitución de un funcionario. En caso de que se haya utilizado el recurso en lo que no se debía, será la Contraloría la que deba entrar a recuperar esos recursos por malversación de los fondos.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) está en la mira de los órganos de control debido a las múltiples irregularidades halladas por la Contraloría durante pandemia, entre las que se destacan la entrega de alimentos en mal estado y demoras en la contratación como en la ejecución del programa.

Según el ente de control, durante 2021 el PAE tuvo una cobertura del 74,4 %, es decir que se atendieron a más de cinco millones de niños y niñas recibieron la atención del programa, sin embargo, por lo menos 1,5 millones de menores de edad no habrían recibido la comida, mientras que, en total, 13 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentaron fallas en cobertura, calidad y logística.

(Lea: Denuncian mal estado en algunos alimentos del PAE en Santander)

A más de un mes del inicio de clases presenciales en el país, las fallas persisten en algunos municipios. Según la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), creada en 2020 por el Gobierno Nacional y encargada de elaborar los lineamientos del PAE, además de brindar la información a los entes de control para hacerle seguimiento al funcionamiento del Programa, con corte al 11 de febrero, de las 96 ETC que hay en todo el país, 69 están entregando el PAE y 27 aún no inician, lo que debería encender las alarmas tanto del Ministerio como de las secretarías de Educación.

Junto a esto, se ha determinado que a persar de que el PAE debe cubrir 180 días hábiles de los 194 del calendario académico, en colegios como los de Popayán hubo un retraso superior a cinco meses y en Putumayo no se atendió durante el primer semestre de 2021. Este año ocho ETC preocupan a los organismos de control debido a que iniciarán con incumplimientos, principalmente por no han contratado o en el peor de los casos, no han iniciado los procesos licitatorios.

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El Espectador habló con el director de la Unidad de Alimentos para Aprender, Juan Carlos Martínez, quien explicó en qué están trabajando para solucionar los problemas de fondo del PAE y señaló que la clave del éxito del programa es la transparencia y el control social sobre el mismo.

¿Por qué hay retrasos o suspensiones en el servicio del PAE?

El informe de la Contraloría sobre el PAE 2021 menciona especialmente los días de no atención. Algunos interrumpieron a la mitad porque hicieron un contrato corto mientras que salía la licitación o se presentó alguna tutela porque había algo indebido en la licitación que deja un hueco de uno o dos meses sin atención a los niños. En otros casos es claro que sí se adelantaron procesos, pero hubo factores externos; no todos los que pararon el servicio fue porque quisieron. Algunos suspendieron por el paro o por desabastecimiento y ahí no hubo mala voluntad. Otros decidieron hacerlo sin argumentos y eso lo tendrán que valorar los entes de control.

¿Qué están haciendo para solucionar los problemas de retrasos y suspensiones del PAE?

El año pasado generamos dos cambios de ley en conjunto con el Congreso, ya sancionados por el presidente. Antes la planeación financiera era imposible hacerla con tiempo, porque la norma prohibía la asignación de recursos nacionales mientras no estuvieran determinados. Por tanto, hacer vigencias futuras y adelantar los procesos contractuales solo era viable cuando se hiciera en noviembre la asignación nacional de los recursos para las entidades territoriales y sacar así una licitación pública y atender a mediados de enero era imposible en dos meses y medio. Ahora tenemos una ley que les impide a la nación y a las entidades territoriales reducir el aporte de una vigencia a la otra, por lo tanto ya está garantizado el mínimo de la continuidad y eso significa que desde el 1° de enero de este año pueden estar planeando el año entrante y hacer vigencias futuras. Se acabó esa disculpa.

¿Y cuál es el otro inconveniente?

El otro tema que estamos solucionando son dos artículos que trabajamos en conjunto con los órganos de control y con Colombia Compra Eficiente y que metimos en la Ley de Transparencia que sancionó el presidente en enero. Uno: se pone la sanción más alta a los contratistas PAE incumplidos, con diez años de inhabilidad. Dos: todos sabemos que hay casos con intereses indebidos y se dan beneficios para adjudicar, y eso corrompe la administración. Hay muchos casos en los que el administrador es correcto, pero queda sin poder sancionar al contratista que incumple porque si declara la caducidad del contrato el recurso queda bloqueado hasta que se resuelva y entonces el servicio a los niños se acaba. Los gobernantes decían, “no puedo sancionar al contratista porque se me vuelve un lío social mucho más grave”. Esta ley establece que se pueden incluir, en el caso de paro, cláusulas excepcionales para garantizar que ese recurso no quede bloqueado.

(Le puede interesar: Avioneta ambulancia chocó contra muro en aeropuerto de San Andrés)

¿Por qué se siguen reportando retrasos en la ejecución del PAE si hay normativas para evitarlo?

La ley salió en diciembre y esperamos lograr tenerla totalmente reglamentada para abril. Hace cuatro años esto ni siquiera se verificaba y, de hecho, hace cinco o seis años ninguno de estos contratos arrancaba desde el primer día. Antes ni siquiera se monitoreaba por qué el PAE se tenía que prestar desde el primer día, como el apoyo de transporte. El año pasado 61 entidades iniciaron a tiempo, este año sueño que sean más de 70 y el año entrante, espero que sean las 96, porque con esa ley ya no tendrán disculpa.

¿Qué proyecciones tienen para este año con el PAE?

Esperamos subir a seis millones de niños atendidos, el año pasado estuvimos con 5’840.000, hace una década esto no llegaba a tres millones. Quienes firman las actas de cumplimiento de los menús y las raciones, que deben estar publicados en los colegios según nuestra norma, son los rectores y esto tiene que funcionar sistematizado de tal forma que lo que se comprometió ahí mismo en el sistema se valide, con ese mismo sistema se pague y no pueda haber alteración del número de raciones.

Segundo, tenemos un nuevo módulo que ya está en prueba, que se llama “PAEstar al día”. Ahí la comunidad podrá ver los menús que reporta la entidad para cada una de las sedes y el número de raciones para que de verdad exista control social. También las personas pueden entrar a nuestra página, y ver el Informe Nacional de la Operación (INOP) del PAE, y ahí tiene semana a semana qué entidad está funcionando, con qué servicios, si tuvo problemas, cuántos niños está atendiendo, con qué modalidad se está atendiendo. Esa es una de las cosas que creemos fundamentales para el éxito en el PAE: la transparencia. Esto tenía mucha información oculta.

Sobre la sistematización de la información, ¿hay algún avance?

El Banco Mundial ya venía haciendo este trabajo por solicitud de algunas entidades territoriales. Nosotros hicimos un convenio con ellos el año pasado y desarrollamos el sistema con todos los componentes. Es decir, el diseño ya lo acabamos y está en marcha la licitación para desarrollar la primera etapa, lo que significa que la planeación territorial quedará totalmente sistematizada. Además, dejamos diseñada la segunda fase, mientras que la tercera se va a hacer con un crédito internacional, o sea, hay garantías de que el sistema se desarrollará completo. Ese es un tema que tenemos claro, esto solo funciona con transparencia, es imposible que una persona vele por 44.000 instituciones educativas todos los días.

La Contraloría alertó que en el Amazonas no se implementó el PAE para la población indígena. ¿Cómo se debe aplicar el programa con estas comunidades?

Desde el 2018 por un acuerdo de la nación con los indígenas, se determinó que siempre deben acordarse los menús con la comunidad, que debe incluirse en la minuta, donde no solo se estipula la cantidad de gramos y calorías. Esto se hace porque hay comunidades que no toman leche de vaca y no se les puede imponer tomarla. Si ellos toman leche de cabra hay que darles ese tipo de leche, si allá en esa zona no hay cultura de comer pescado hay que buscar otras proteínas. El otro punto que establece la norma es que las comunidades puedan desarrollar sus capacidades administrativas, o sea, permitirles que sean ellos los administradores y ejecutores del programa.

¿A qué se exponen las entidades territoriales que no cumplieron con la ejecución del PAE?

Desde esta administrativa, que es la que nos compete como Unidad, se tiene claro que si el plan era atender 180 días y solo atendieron 160, se va a reducir la asignación de recursos. Solo se tiene en cuenta lo que se atendió bien y lo que no se descuenta en la siguiente vigencia, porque, en teoría, esa plata le tuvo que haber sobrado. Hasta ahí llega nuestra competencia. Si lo que hubo fue una mala planeación, una demora por falta de planeación, por no asignar los recursos oportunamente, por no hacer el debido proceso, es la Procuraduría la única que tiene competencia para determinar si hubo una falta grave y si eso amerita una sanción o una destitución de un funcionario. En caso de que se haya utilizado el recurso en lo que no se debía, será la Contraloría la que deba entrar a recuperar esos recursos por malversación de los fondos.