“El país podría vivir un nuevo Chicoralazo”

El caso de la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, ha sido emblemático en el país, debido a que cuenta con varios ingredientes de lo que ha significado el conflicto en Colombia para los campesinos. Esta semana se llevará a cabo una audiencia de clarificación de la propiedad en disputa entre una empresa palmicultora y los campesinos de la zona. El Espectador habló con Juan Felipe García, director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, quien ha acompañado el proceso de los campesinos para reivindicar sus derechos.

¿Por qué la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana decidió tomar el caso de Las Pavas hace ya seis años?

Porque el caso enfrenta a unos campesinos con una empresa palmera que tiene muchos recursos jurídicos para enfrentar este tipo de procesos, y nos hemos dado cuenta de que los campesinos pierden muchos de estos, por la aparición de influencias políticas de esas empresas que tienen recursos políticos, jurídicos y económicos. La clínica intenta construir una defensa de los derechos de los campesinos y un equilibrio en esas relaciones asimétricas.

Claro, pero casos como esos hay muchos en el país. ¿Por qué escogieron el de Las Pavas particularmente?

Porque era el momento de expansión del cultivo de palma africana que venía del norte de Bolívar hacia el Magdalena Medio. Se planteaba entonces la problemática del marco de legalidad de los predios y consideramos que los campesinos tenían derechos sobre ellos.

El proceso jurídico de Las Pavas ha tenido muchos episodios que los medios de comunicación han registrado, desde que los campesinos son acusados de falsas víctimas hasta que se reconocen como tales. ¿Cuál es el estado actual?

Por eso este es un caso emblemático, porque los campesinos, a pesar de todas esas acusaciones, han seguido creyendo en la justicia, aunque les han coartado sus derechos. Hoy, después de una investigación de la Fiscalía y de un estudio de la Unidad de Víctimas, los campesinos del municipio de Buenos Aires fueron reconocidos como víctimas de desplazamiento.

¿Quién fue el responsable del desplazamiento de estos campesinos del Magdalena Medio?

La Fiscalía está averiguando quién fue el responsable. Lo que nosotros hemos argumentado es que el autor es un miembro no desmovilizado del bloque Central Bolívar de los paramilitares, alias Rapidito, que está libre.

Si ya se reconoció que son víctimas y fueron desplazados, entonces, ¿por qué persiste el interrogante sobre quién es el propietario de la tierra?

Porque en 2007 la empresa palmera Aportes San Isidro y el Grupo Daabon compraron la hacienda Las Pavas.

Pero el Grupo Daabon ha dicho que ya no es dueño de esos predios porque vendió su participación…

Sí, ellos ya no aparecen en los folios de matrícula porque vendieron, pero siguen teniendo interés en el proceso porque son propietarios de tierras aledañas. Ellos necesitan que esté liberado para que siga la expansión del cultivo de palma.

¿Quién le vendió ese predio a las empresas?

Lo que se probó durante el proceso es que quien les vendió fue un narcotraficante: Jesús Emilio Escobar Fernández, que abandonó los predios en los años 90 huyendo de un ajuste de cuentas con la casa Castaño. Eso aparece claramente en el libro de Carlos Castaño, implícitamente con su nombre, y en las investigaciones de María Teresa Ronderos.

¿Las empresas reconocen a Escobar como mafioso?

Siempre han dicho que es un respetado ganadero, pero en 2005, cuando el bloque Central Bolívar se desmovilizó, los campesinos volvieron a las tierras y al año siguiente pidieron al Estado que les resolviera ese abandono, y ahí empezó el proceso de extinción. En ese momento Jesús Emilio Escobar, interesado, inició el proceso, fue con paramilitares, los volvió a desplazar y le vendió a la palmera Aportes San Isidro y Daabon en 2007.

¿En qué momento la zona empieza a ser explotada por los campesinos?

La ley colombiana dice que si hay tres años de inexplotacion de las tierras, éstas se devuelven al Estado. En 2006, cuando los campesinos le pidieron al Incoder la extinción de las tierras, por llevar allí más de una década, se demostró que el señor Escobar no había explotado el terreno desde que se fue.

¿La expropiación por parte del Estado se dio en su momento para darles la razón a los campesinos?

Cuando se estaba en la diligencia del proceso de extinción de dominio, las empresas no asistieron porque manifestaron que eran perseguidos políticos del gobierno de Juan Manuel Santos y que ese proceso era político. Algo que vemos con mucha curiosidad, porque siempre que a un poderoso le van a aplicar la ley resulta que lo están persiguiendo, y cuando tienen leyes que los favorece, entonces sí la ley es aplicable. Pero cuando no, denuncian que es una persecución política.

¿Quiénes son los amigos de estos empresarios palmeros que están dentro de las instituciones?

En 2010 estaba en la gerencia del Incoder Rodolfo Campo Soto, y el proceso de extinción de dominio no se había tocado desde 2006. Los campesinos llevaban cuatro años esperando, y Campo Soto llegó al Incoder, terminó el proceso en tres meses, eliminó la prueba reina de la inexplotación de Jesús Emilio Escobar y declaró que no hay lugar de extinción de dominio.

Sí, pero luego la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos…

Claro, la Corte terminó tumbando ese proceso. Pero nosotros, a finales de 2015, le dirigimos un derecho de petición al subgerente de tierras del Incoder, Carlos Ignacio Carmona, ficha del superintendente de Notariado, solicitándole que cumpliera la sentencia de la Corte, es decir, que cancelara la propiedad a Aportes San Isidro, y nos respondió que no podían realizar nuevos actos, que eso le tocaba a la nueva entidad. Y resulta que el 29 de diciembre, estando el instituto en liquidación, se estableció que iba a pedir la revocatoria de los actos administrativos de extinción de dominio.

En este caso, ¿quiénes son los amigos dentro de la institucionalidad?

En este caso Carmona, según lo que estamos viendo, porque es un claro ejemplo de los amigos, porque para cumplir la sentencia de la Corte, hay que esperar a la nueva entidad; pero para hacer la extinción de dominio, ahí sí pueden hacer nuevos actos.

¿Qué explicación da el Incoder para reabrir el proceso?

Nosotros no hemos tenido acceso al proceso. Eso ha salido en medios de comunicación, donde han dicho que tienen nuevas pruebas en términos de falsas víctimas, pero formalmente no han radicado esa solicitud de revocatoria y han dicho que el procedimiento tiene muchos vicios.

¿De qué manera les está ayudando el señor Carmona a las empresas?

El documento con el que estaban trabajando para argumentar la revocatoria de esos actos administrativos es una copia textual en más del 70% de la demanda que la empresa San Isidro hizo ante el Consejo de Estado. Es decir, estamos ante una colusión de intereses, en donde le estaban haciendo un favor a la empresa.

¿Podrá la política influir en este caso?

Creo que acá hay algo de fondo y es el contexto político en relación con lo que se ha acordado en La Habana. Muchos hablan de que lo que se está viendo es un nuevo Chicoralazo.

¿Cómo así?

Que mientras en Presidencia se firman los acuerdos de paz, en el que se incluyen cambios agrarios, muchos sectores que se han opuesto a ese proceso lo que están tratando de hacer es apropiarse de la institucionalidad agraria, como pasó en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que lo dejaron solo con su reforma.

Eso sería muy grave para el proceso y los acuerdos…

Claro, pero asimismo lo es la negación que han aplicado las empresas en muchos de estos casos y que es una de las actitudes que más afectan los procesos de reconciliación, no reconocer a las víctimas como tal. Por lo general quienes las niegan son beneficiarios de la guerra o personas tan politizadas en medio de una enorme polarización.

Volviendo a la hacienda Las Pavas, ¿quiénes ocupan esas tierras hoy?

Hay explotación económica de familias campesinas que viven en un caserío que se llama Buenos Aires, a 20 minutos de Las Pavas.

Pero, si los campesinos no viven en la hacienda Las Pavas, ¿cómo pueden ser considerados desplazados?

Esa fue una de las razones por las cuales se dijo que eran falsas víctimas, porque nunca habían vivido en Las Pavas, lo que fácticamente es verdad, pero jurídicamente no lo es, porque la ley de desplazamiento protege tanto su lugar de residencia como de trabajo. Si a usted le prohibieran ir a su lugar de trabajo, que fue el caso de ellos, es constitutivo de desplazamiento.

El caso de la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, ha sido emblemático en el país, debido a que cuenta con varios ingredientes de lo que ha significado el conflicto en Colombia para los campesinos. Esta semana se llevará a cabo una audiencia de clarificación de la propiedad en disputa entre una empresa palmicultora y los campesinos de la zona. El Espectador habló con Juan Felipe García, director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, quien ha acompañado el proceso de los campesinos para reivindicar sus derechos.

¿Por qué la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana decidió tomar el caso de Las Pavas hace ya seis años?

Porque el caso enfrenta a unos campesinos con una empresa palmera que tiene muchos recursos jurídicos para enfrentar este tipo de procesos, y nos hemos dado cuenta de que los campesinos pierden muchos de estos, por la aparición de influencias políticas de esas empresas que tienen recursos políticos, jurídicos y económicos. La clínica intenta construir una defensa de los derechos de los campesinos y un equilibrio en esas relaciones asimétricas.

Claro, pero casos como esos hay muchos en el país. ¿Por qué escogieron el de Las Pavas particularmente?

Porque era el momento de expansión del cultivo de palma africana que venía del norte de Bolívar hacia el Magdalena Medio. Se planteaba entonces la problemática del marco de legalidad de los predios y consideramos que los campesinos tenían derechos sobre ellos.

El proceso jurídico de Las Pavas ha tenido muchos episodios que los medios de comunicación han registrado, desde que los campesinos son acusados de falsas víctimas hasta que se reconocen como tales. ¿Cuál es el estado actual?

Por eso este es un caso emblemático, porque los campesinos, a pesar de todas esas acusaciones, han seguido creyendo en la justicia, aunque les han coartado sus derechos. Hoy, después de una investigación de la Fiscalía y de un estudio de la Unidad de Víctimas, los campesinos del municipio de Buenos Aires fueron reconocidos como víctimas de desplazamiento.

¿Quién fue el responsable del desplazamiento de estos campesinos del Magdalena Medio?

La Fiscalía está averiguando quién fue el responsable. Lo que nosotros hemos argumentado es que el autor es un miembro no desmovilizado del bloque Central Bolívar de los paramilitares, alias Rapidito, que está libre.

Si ya se reconoció que son víctimas y fueron desplazados, entonces, ¿por qué persiste el interrogante sobre quién es el propietario de la tierra?

Porque en 2007 la empresa palmera Aportes San Isidro y el Grupo Daabon compraron la hacienda Las Pavas.

Pero el Grupo Daabon ha dicho que ya no es dueño de esos predios porque vendió su participación…

Sí, ellos ya no aparecen en los folios de matrícula porque vendieron, pero siguen teniendo interés en el proceso porque son propietarios de tierras aledañas. Ellos necesitan que esté liberado para que siga la expansión del cultivo de palma.

¿Quién le vendió ese predio a las empresas?

Lo que se probó durante el proceso es que quien les vendió fue un narcotraficante: Jesús Emilio Escobar Fernández, que abandonó los predios en los años 90 huyendo de un ajuste de cuentas con la casa Castaño. Eso aparece claramente en el libro de Carlos Castaño, implícitamente con su nombre, y en las investigaciones de María Teresa Ronderos.

¿Las empresas reconocen a Escobar como mafioso?

Siempre han dicho que es un respetado ganadero, pero en 2005, cuando el bloque Central Bolívar se desmovilizó, los campesinos volvieron a las tierras y al año siguiente pidieron al Estado que les resolviera ese abandono, y ahí empezó el proceso de extinción. En ese momento Jesús Emilio Escobar, interesado, inició el proceso, fue con paramilitares, los volvió a desplazar y le vendió a la palmera Aportes San Isidro y Daabon en 2007.

¿En qué momento la zona empieza a ser explotada por los campesinos?

La ley colombiana dice que si hay tres años de inexplotacion de las tierras, éstas se devuelven al Estado. En 2006, cuando los campesinos le pidieron al Incoder la extinción de las tierras, por llevar allí más de una década, se demostró que el señor Escobar no había explotado el terreno desde que se fue.

¿La expropiación por parte del Estado se dio en su momento para darles la razón a los campesinos?

Cuando se estaba en la diligencia del proceso de extinción de dominio, las empresas no asistieron porque manifestaron que eran perseguidos políticos del gobierno de Juan Manuel Santos y que ese proceso era político. Algo que vemos con mucha curiosidad, porque siempre que a un poderoso le van a aplicar la ley resulta que lo están persiguiendo, y cuando tienen leyes que los favorece, entonces sí la ley es aplicable. Pero cuando no, denuncian que es una persecución política.

¿Quiénes son los amigos de estos empresarios palmeros que están dentro de las instituciones?

En 2010 estaba en la gerencia del Incoder Rodolfo Campo Soto, y el proceso de extinción de dominio no se había tocado desde 2006. Los campesinos llevaban cuatro años esperando, y Campo Soto llegó al Incoder, terminó el proceso en tres meses, eliminó la prueba reina de la inexplotación de Jesús Emilio Escobar y declaró que no hay lugar de extinción de dominio.

Sí, pero luego la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos…

Claro, la Corte terminó tumbando ese proceso. Pero nosotros, a finales de 2015, le dirigimos un derecho de petición al subgerente de tierras del Incoder, Carlos Ignacio Carmona, ficha del superintendente de Notariado, solicitándole que cumpliera la sentencia de la Corte, es decir, que cancelara la propiedad a Aportes San Isidro, y nos respondió que no podían realizar nuevos actos, que eso le tocaba a la nueva entidad. Y resulta que el 29 de diciembre, estando el instituto en liquidación, se estableció que iba a pedir la revocatoria de los actos administrativos de extinción de dominio.

En este caso, ¿quiénes son los amigos dentro de la institucionalidad?

En este caso Carmona, según lo que estamos viendo, porque es un claro ejemplo de los amigos, porque para cumplir la sentencia de la Corte, hay que esperar a la nueva entidad; pero para hacer la extinción de dominio, ahí sí pueden hacer nuevos actos.

¿Qué explicación da el Incoder para reabrir el proceso?

Nosotros no hemos tenido acceso al proceso. Eso ha salido en medios de comunicación, donde han dicho que tienen nuevas pruebas en términos de falsas víctimas, pero formalmente no han radicado esa solicitud de revocatoria y han dicho que el procedimiento tiene muchos vicios.

¿De qué manera les está ayudando el señor Carmona a las empresas?

El documento con el que estaban trabajando para argumentar la revocatoria de esos actos administrativos es una copia textual en más del 70% de la demanda que la empresa San Isidro hizo ante el Consejo de Estado. Es decir, estamos ante una colusión de intereses, en donde le estaban haciendo un favor a la empresa.

¿Podrá la política influir en este caso?

Creo que acá hay algo de fondo y es el contexto político en relación con lo que se ha acordado en La Habana. Muchos hablan de que lo que se está viendo es un nuevo Chicoralazo.

¿Cómo así?

Que mientras en Presidencia se firman los acuerdos de paz, en el que se incluyen cambios agrarios, muchos sectores que se han opuesto a ese proceso lo que están tratando de hacer es apropiarse de la institucionalidad agraria, como pasó en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que lo dejaron solo con su reforma.

Eso sería muy grave para el proceso y los acuerdos…

Claro, pero asimismo lo es la negación que han aplicado las empresas en muchos de estos casos y que es una de las actitudes que más afectan los procesos de reconciliación, no reconocer a las víctimas como tal. Por lo general quienes las niegan son beneficiarios de la guerra o personas tan politizadas en medio de una enorme polarización.

Volviendo a la hacienda Las Pavas, ¿quiénes ocupan esas tierras hoy?

Hay explotación económica de familias campesinas que viven en un caserío que se llama Buenos Aires, a 20 minutos de Las Pavas.

Pero, si los campesinos no viven en la hacienda Las Pavas, ¿cómo pueden ser considerados desplazados?

Esa fue una de las razones por las cuales se dijo que eran falsas víctimas, porque nunca habían vivido en Las Pavas, lo que fácticamente es verdad, pero jurídicamente no lo es, porque la ley de desplazamiento protege tanto su lugar de residencia como de trabajo. Si a usted le prohibieran ir a su lugar de trabajo, que fue el caso de ellos, es constitutivo de desplazamiento.