El proyecto de ley que busca incentivar la inclusión laboral de comunidades étnicas

El Representante a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente, Jhon Arley Murillo Benitez, habló con El Espectador sobre el proyecto de ley que llamaron “Certificado Étnico de Responsabilidad Empresarial”, el cual busca incentivar la inclusión laboral de personas de las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. Murillo nació en Istmina, Chocó. Es abogado de la Universidad Santiago de Cali y docente universitario.

La Representante a la Cámara por Chocó, Astrid Sanchez fue la autora de esta iniciativa. El Proyecto se enmarca en un concepto global sobre el combate de la “Pigmentocracia” o “colorismo” con el que Sánchez se ha comprometido como invitada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Bélgica dentro del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Este 20 de julio la Congresista, que es miembro del partido de la U, se va convertir en la primera mujer afro en ser primera vicepresidente de la Cámara de Representantes.

Sánchez explica que la Pigmentocracia fue una práctica colonialista en América, rezago de la esclavitud que discriminaría a indígenas y afrodescendientes durante los años posteriores. “De este modo se discriminó socialmente, permitiendo el acceso a educación, oficios y profesiones de acuerdo al color de la piel. Práctica que ha perdurado y hoy se evidencia en Colombia en los cargos directivos y profesionales. Según un estudio de la ANDI los cargos directivos se ocupan así: Blancos 62 %, mestizos 30%, afrocolombianos 6% e Indígenas 1%”, señala.

Actualmente, hay dos representantes a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente. Murillo, quien hace parte del partido Colombia Renaciente y Hernán Banguero, avalado por el Consejo Comunitario La Mamuncia. La primera vez que se escogieron representantes para estas curules fue en 1994, en aquella ocasión los elegidos fueron Zulia Mena y Agustín Valencia. En 1998 se suspendió la representación afro, hasta que se modificó la reglamentación con la ley 649 de 2001.

VIDEO: Le puede interesar: “Racismo en Colombia y en Estados Unidos: ser negro no es delito”

¿Usted considera que hay racismo laboral en Colombia?

Claro que sí, incluso lo he vivido. Iniciando mi carrera asistía a entrevistas de trabajo y muchas veces me descartaban, aunque cumplía con el perfil. Hay estudios técnicos que lo demuestran. La Universidad de los Andes y Dejusticia realizaron una investigación que demostró que un hombre o una mujer afrodescendiente tiene un 10% menos de probabilidades de ser tenido en cuenta para ocupar un cargo, así cumpla con el perfil.

En Cali, según un estudio que realizó la Universidad Icesi, la brecha salarial indica que para un afrocolombiano un año más de educación en su perfil académico significa solamente un incremento del 6% en el salario; mientras que para alguien que no sea afro es del 8%. Así tengamos más educación tienden a pagarnos menos. El estudio demostró que las comunidades afrodescendientes tienen menos posibilidad de acceder a cargos directivos en empresas privadas. Hay casos emblemáticas como el de John Jack Becerra, quien fue maltratado en su espacio de trabajo (Becerra denunció durante años las conductas racistas de las que era víctima en una empresa de Bogotá. La Corte Constitucional en 2018 ordenó al Ministerio de Trabajo crear una ruta eficaz para atender quejas por discriminación racial en el trabajo). Hay pruebas del racismo y la desigualdad de oportunidades.

Leer: El racismo laboral: una realidad en Colombia

¿En qué consiste el proyecto de ley que busca aumentar el acceso laboral a las comunidades étnicas?

El proyecto de ley del “certificado étnico de responsabilidad laboral” busca avanzar en estrategias para brindarle a las comunidades étnicas acceso e igualdad de condiciones en el mercado laboral. Es una acción afirmativa para cerrar esta brecha. El proyecto consiste en que las empresas que tengan un 10% de trabajadores de comunidades étnicas en su personal, se hacen acreedoras de un certificado étnico empresarial que otorgaría el Ministerio del Trabajo. Con ese certificado obtendrán un puntaje adicional para los concursos de contratos del Estado. Eso va a motivar a las empresas a vincular más personas de comunidades afrodescendientes y demás etnias.

La representante por Chocó, Astrid Sánchez, del partido de la U, y yo somos coautores. Fui coordinador ponente en los dos debates. El proyecto inicialmente iba dirigido a comunidades negras, pero lo ampliamos a las comunidades étnicas en general para que se vean beneficiados también los indígenas, rom, gitanos. Fue aprobado por unanimidad y ya pasa al Senado, también cuenta con el visto bueno del Ministerio del Trabajo. Esta sería la primera norma que garantiza una acción afirmativa de acceso laboral para las comunidades étnicas del país.

El Colectivo de abogados Justicia Racial y otros abogados que trabajan el tema afirman que la ciudadanía no denuncia la discriminación laboral porque no hay una respuesta efectiva. En materia de legislación, ¿qué podría plantearse en Colombia no solo para cerrar la brecha, sino para que se atiendan las denuncias de forma efectiva?

Las denuncias llegan a la Fiscalía, pero no se tramitan y quedan en el olvido. Estamos revisando la posibilidad de hacer un debate a la Fiscalía General de la Nación para revisar las estadísticas que tienen en relación con las denuncias por discriminación, especialmente discriminación laboral. Mucha gente no denuncia porque se exponen.

Hay que revisar si la norma requiere reformas. También queremos hacer un debate al Ministerio del Interior porque hay un observatorio que se creó especialmente para eso, pero no está funcionando. La gente debe sentirse acompañada y saber que hay acciones frente a la denuncia, pero también hay que avanzar en más legislación para la igualdad de oportunidades. Tengo listo un proyecto de ley que voy a radicar el 20 de julio, la ley de Igualdad de Oportunidades. Este busca que el Estado se obligue a garantizar el acceso de comunidades afrocolombianas a cargos del Estado en un porcentaje equivalente a las personas que se autorreconocen.

¿Qué contempla ese proyecto de ley?

Queremos que en el Estado, en los distintos niveles de cargos públicos, se garantice el acceso de las comunidades negras en un porcentaje similar al de quienes se autorreconocen de acuerdo con el censo. Es decir, si somos el 10% de miembros de comunidades afrodescendientes en el país, se debe adecuar el proceso de selección de personal para garantizar que el 10% de cargos correspondan a miembros de las comunidades afrodescendientes.

Partimos de experiencias exitosas en Brasil, Uruguay, Ecuador y ahora también se aprobó en segundo debate en Costa Rica. Ese proyecto se ha presentado seis veces al Congreso y por diferentes motivos no ha sido tramitado, pero creemos que este es el momento de mayor sensibilidad en esta lucha antirracista.

Ni siquiera los cargos que existen en el Estado para comunidades negras están ocupados por personas afrocolombianas. Incluso en la Dirección de Comunidades Negras, dirigida a tratar nuestros temas y articularlos con los demás ministerios, hay más personas blancas, eso es un despropósito, se convierten en cuotas políticas. Vamos a radicar otro proyecto para pedir que esa Dirección de Comunidades Negras, unido a la Dirección de Asuntos Indígenas y todas esas 44 direcciones se reúnan y se organice el Ministerio de Etnias. Es increíble que haya seis millones de personas que pertenecen a las diferentes comunidades étnicas y no tengamos una mirada diferencial, ya está demostrado que las instituciones que existen han fracasado y no cumplen con las expectativas.

¿También buscarían que en lo laboral las denuncias tengan un tratamiento diferente?

Sí porque en lo laboral se tramitan como una queja más. Aquí hay que articular la legislación que existe a nivel de discriminación con el procedimiento laboral. No se clasifica y no hay sanciones específicas en este sentido, ya está en lo penal, pero falta avanzar en el tema laboral para que exista un procedimiento claro cuando se presenta esta discriminación con razón de la etnia. Estamos revisando hasta dónde se puede concertar con el Gobierno una reglamentación para adecuar la legislación laboral.

¿Qué otros proyectos ha adelantado en favor de las comunidades afrodescendientes?

He sido autor y coautor de varios proyectos de ley, por ejemplo, un proyecto que busca incluir a las comunidades negras e indígenas en la Comisión Nacional de Primera Infancia. También hemos logrado incluir artículos muy importantes en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como los temas del capítulo afro que por primera vez en la historia son parte del articulado del plan y no solo un anexo como ocurría anteriormente. Ahora hay 19 billones de pesos en el Plan de Desarrollo que se deberán ejecutar en favor de las comunidades afro durante este Gobierno.

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El Representante a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente, Jhon Arley Murillo Benitez, habló con El Espectador sobre el proyecto de ley que llamaron “Certificado Étnico de Responsabilidad Empresarial”, el cual busca incentivar la inclusión laboral de personas de las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. Murillo nació en Istmina, Chocó. Es abogado de la Universidad Santiago de Cali y docente universitario.

La Representante a la Cámara por Chocó, Astrid Sanchez fue la autora de esta iniciativa. El Proyecto se enmarca en un concepto global sobre el combate de la “Pigmentocracia” o “colorismo” con el que Sánchez se ha comprometido como invitada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Bélgica dentro del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Este 20 de julio la Congresista, que es miembro del partido de la U, se va convertir en la primera mujer afro en ser primera vicepresidente de la Cámara de Representantes.

Sánchez explica que la Pigmentocracia fue una práctica colonialista en América, rezago de la esclavitud que discriminaría a indígenas y afrodescendientes durante los años posteriores. “De este modo se discriminó socialmente, permitiendo el acceso a educación, oficios y profesiones de acuerdo al color de la piel. Práctica que ha perdurado y hoy se evidencia en Colombia en los cargos directivos y profesionales. Según un estudio de la ANDI los cargos directivos se ocupan así: Blancos 62 %, mestizos 30%, afrocolombianos 6% e Indígenas 1%”, señala.

Actualmente, hay dos representantes a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente. Murillo, quien hace parte del partido Colombia Renaciente y Hernán Banguero, avalado por el Consejo Comunitario La Mamuncia. La primera vez que se escogieron representantes para estas curules fue en 1994, en aquella ocasión los elegidos fueron Zulia Mena y Agustín Valencia. En 1998 se suspendió la representación afro, hasta que se modificó la reglamentación con la ley 649 de 2001.

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¿Usted considera que hay racismo laboral en Colombia?

Claro que sí, incluso lo he vivido. Iniciando mi carrera asistía a entrevistas de trabajo y muchas veces me descartaban, aunque cumplía con el perfil. Hay estudios técnicos que lo demuestran. La Universidad de los Andes y Dejusticia realizaron una investigación que demostró que un hombre o una mujer afrodescendiente tiene un 10% menos de probabilidades de ser tenido en cuenta para ocupar un cargo, así cumpla con el perfil.

En Cali, según un estudio que realizó la Universidad Icesi, la brecha salarial indica que para un afrocolombiano un año más de educación en su perfil académico significa solamente un incremento del 6% en el salario; mientras que para alguien que no sea afro es del 8%. Así tengamos más educación tienden a pagarnos menos. El estudio demostró que las comunidades afrodescendientes tienen menos posibilidad de acceder a cargos directivos en empresas privadas. Hay casos emblemáticas como el de John Jack Becerra, quien fue maltratado en su espacio de trabajo (Becerra denunció durante años las conductas racistas de las que era víctima en una empresa de Bogotá. La Corte Constitucional en 2018 ordenó al Ministerio de Trabajo crear una ruta eficaz para atender quejas por discriminación racial en el trabajo). Hay pruebas del racismo y la desigualdad de oportunidades.

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¿En qué consiste el proyecto de ley que busca aumentar el acceso laboral a las comunidades étnicas?

El proyecto de ley del “certificado étnico de responsabilidad laboral” busca avanzar en estrategias para brindarle a las comunidades étnicas acceso e igualdad de condiciones en el mercado laboral. Es una acción afirmativa para cerrar esta brecha. El proyecto consiste en que las empresas que tengan un 10% de trabajadores de comunidades étnicas en su personal, se hacen acreedoras de un certificado étnico empresarial que otorgaría el Ministerio del Trabajo. Con ese certificado obtendrán un puntaje adicional para los concursos de contratos del Estado. Eso va a motivar a las empresas a vincular más personas de comunidades afrodescendientes y demás etnias.

La representante por Chocó, Astrid Sánchez, del partido de la U, y yo somos coautores. Fui coordinador ponente en los dos debates. El proyecto inicialmente iba dirigido a comunidades negras, pero lo ampliamos a las comunidades étnicas en general para que se vean beneficiados también los indígenas, rom, gitanos. Fue aprobado por unanimidad y ya pasa al Senado, también cuenta con el visto bueno del Ministerio del Trabajo. Esta sería la primera norma que garantiza una acción afirmativa de acceso laboral para las comunidades étnicas del país.

El Colectivo de abogados Justicia Racial y otros abogados que trabajan el tema afirman que la ciudadanía no denuncia la discriminación laboral porque no hay una respuesta efectiva. En materia de legislación, ¿qué podría plantearse en Colombia no solo para cerrar la brecha, sino para que se atiendan las denuncias de forma efectiva?

Las denuncias llegan a la Fiscalía, pero no se tramitan y quedan en el olvido. Estamos revisando la posibilidad de hacer un debate a la Fiscalía General de la Nación para revisar las estadísticas que tienen en relación con las denuncias por discriminación, especialmente discriminación laboral. Mucha gente no denuncia porque se exponen.

Hay que revisar si la norma requiere reformas. También queremos hacer un debate al Ministerio del Interior porque hay un observatorio que se creó especialmente para eso, pero no está funcionando. La gente debe sentirse acompañada y saber que hay acciones frente a la denuncia, pero también hay que avanzar en más legislación para la igualdad de oportunidades. Tengo listo un proyecto de ley que voy a radicar el 20 de julio, la ley de Igualdad de Oportunidades. Este busca que el Estado se obligue a garantizar el acceso de comunidades afrocolombianas a cargos del Estado en un porcentaje equivalente a las personas que se autorreconocen.

¿Qué contempla ese proyecto de ley?

Queremos que en el Estado, en los distintos niveles de cargos públicos, se garantice el acceso de las comunidades negras en un porcentaje similar al de quienes se autorreconocen de acuerdo con el censo. Es decir, si somos el 10% de miembros de comunidades afrodescendientes en el país, se debe adecuar el proceso de selección de personal para garantizar que el 10% de cargos correspondan a miembros de las comunidades afrodescendientes.

Partimos de experiencias exitosas en Brasil, Uruguay, Ecuador y ahora también se aprobó en segundo debate en Costa Rica. Ese proyecto se ha presentado seis veces al Congreso y por diferentes motivos no ha sido tramitado, pero creemos que este es el momento de mayor sensibilidad en esta lucha antirracista.

Ni siquiera los cargos que existen en el Estado para comunidades negras están ocupados por personas afrocolombianas. Incluso en la Dirección de Comunidades Negras, dirigida a tratar nuestros temas y articularlos con los demás ministerios, hay más personas blancas, eso es un despropósito, se convierten en cuotas políticas. Vamos a radicar otro proyecto para pedir que esa Dirección de Comunidades Negras, unido a la Dirección de Asuntos Indígenas y todas esas 44 direcciones se reúnan y se organice el Ministerio de Etnias. Es increíble que haya seis millones de personas que pertenecen a las diferentes comunidades étnicas y no tengamos una mirada diferencial, ya está demostrado que las instituciones que existen han fracasado y no cumplen con las expectativas.

¿También buscarían que en lo laboral las denuncias tengan un tratamiento diferente?

Sí porque en lo laboral se tramitan como una queja más. Aquí hay que articular la legislación que existe a nivel de discriminación con el procedimiento laboral. No se clasifica y no hay sanciones específicas en este sentido, ya está en lo penal, pero falta avanzar en el tema laboral para que exista un procedimiento claro cuando se presenta esta discriminación con razón de la etnia. Estamos revisando hasta dónde se puede concertar con el Gobierno una reglamentación para adecuar la legislación laboral.

¿Qué otros proyectos ha adelantado en favor de las comunidades afrodescendientes?

He sido autor y coautor de varios proyectos de ley, por ejemplo, un proyecto que busca incluir a las comunidades negras e indígenas en la Comisión Nacional de Primera Infancia. También hemos logrado incluir artículos muy importantes en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como los temas del capítulo afro que por primera vez en la historia son parte del articulado del plan y no solo un anexo como ocurría anteriormente. Ahora hay 19 billones de pesos en el Plan de Desarrollo que se deberán ejecutar en favor de las comunidades afro durante este Gobierno.

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