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A pesar de llevar 35 años en operación, la única mina de cobre que hay en el país no ha pagado regalías por este mineral. El asunto ha desatado una ardua disputa entre la empresa que compró hace nueve años la mayor parte de las acciones de la Minera El Roble (Atico Mining) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), pero a pocos días de culminar la concesión llegaron a un acuerdo para que la minera siga operando temporalmente.
La explotación en el municipio no se ve a simple vista. La extracción del cobre se hace en minas subterráneas abiertas a partir de explosiones para obtener grandes porciones de rocas. A la zona se ingresa en vehículos que avanzan en espiral por los lugares ya explorados y por donde, a la vez, sacan las piedras que luego son trituradas en un molino gigante. Los pequeños restos pasan a una especie de piscinas en donde, a través de productos sintéticos y el bombeo de aire, se generan burbujas que separan las rocas del cobre y el molibdeno. Finalmente es exportado para su refinación. En este proceso intervienen cerca de 500 empleados directos y 200 contratistas, en torno a los cuales se generan al menos mil empleos indirectos más en la región, por lo que la mina es la principal fuente de empleo del Carmen de Atrato (Chocó), ubicado en la parte baja de las montañas en las que se hace la extracción.
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“Estamos huérfanos ante la institucionalidad. No tenemos apoyo y nunca han estado del lado de la comunidad. Por eso creamos la Mesa Social y Ambiental, de la cual soy representante legal, para articular la preocupación de los habitantes del Carmen”, dijo a El Espectador Ramón Cartagena, quien es guardián del río Atrato.
El pulso jurídico inició en 2017, cuando la ANM demandó la cláusula 22 del contrato suscrito en 1987 por Eressa (hoy Minera El Roble) y el Ministerio de Minas y Energía. “Cuando el nivel de producción anual supere las 100.000 toneladas, la participación nacional por la explotación será equivalente al 3 % del precio de venta del mineral en bruto, puesto en boca de mina o en plaza”, dice la cláusula. Esto significa que superada esta cuota, la empresa debe pagar regalías. Sin embargo, en 1992 la Corte Constitucional determinó que dicho pago era imperativo, lo que obligaría a cualquier mina a pagarlas sin importar la cantidad de producción.
No lo hicieron, ni siquiera entre 2014 y 2019, cuando la extracción superó las 100.000 toneladas anuales, por lo que, de acuerdo con los cálculos de la ANM, la compañía debe $18.000 millones de regalías y $13.000 millones por participación.
En ese contexto, la compañía Atico Mining —que en 2013 adquirió el 90 % de las acciones de la Minera El Roble— ha sostenido una disputa con la ANM por el pago de las regalías. Ambas partes —según la ANM— pactaron saldar las cuentas y seguir con la extracción de minerales del municipio, en el que viven 8.212 personas, según el censo del 2018. “Acordamos resolver la disputa en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de buscar una resolución acelerada del reclamo en curso, que actualmente está en tribunales colombianos, donde el proceso puede durar varios años”, señaló Atico Mining en un escueto comunicado del 29 de diciembre de 2021.
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Según la ANM, el acuerdo comprende el pago de $87.000 millones por cinco años, por parte de esa compañía, que ya desembolsó el primer anticipo por $3.800 millones. A pesar de esto, la minera aseguró que su operación, en el mediano y largo plazo, “aún no está resuelta”.
Antes de ese pacto, a mediados de 2021, la Contraloría General de la República dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal contra la ANM por no cobrar $21.000 millones a El Roble, desde que superó las 100.000 toneladas de producción, es decir desde 2014. Por ahora, se espera una decisión final que aún se ve lejana.
El Espectador intentó comunicarse con Atico Mining y con la ANM para conocer la naturaleza del reciente acuerdo y la situación del contrato que culminó el 23 de enero, pero no fue posible concretar una entrevista. Además, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) envió un derecho de petición a la compañía, indagando sobre la retribución de la minera a las comunidades y preguntando si abrirían un espacio con la población carmeleña para socializar las cláusulas de un nuevo contrato, pero la empresa no contestó sobre este último asunto.
“Me preocupa que no exista ningún organismo de control u organizaciones de la sociedad civil que conozcan lo que está pasando con el contrato”, aseguró Darío Cujar, ingeniero de minas y metalurgia, quien ha denunciado la falta de pago de la participación nacional y las regalías de cobre por parte de Atico Mining, así como la escasa compensación a los habitantes del municipio por la extracción de minerales.
También cuestionó el acuerdo suscrito por Atico y la ANM, ya que “no es un tribunal de arbitramento el que tiene que definir una cuestión que es de ley y que es constitucional, son las autoridades que están designadas para ello. En el caso de la Cámara de Comercio, sería si existiera una controversia de interpretación; diferente a un tema de ley”.
Atico Mining ha señalado en varias ocasiones que el lío jurídico tiene que ver con un cambio de interpretación del Decreto 2477 de 1986 por parte de la ANM y que la minera no debe pagar regalías, ya que produce un promedio anual de 42.000 toneladas de concentrado de cobre. Sin embargo, Darío Cujar sostuvo que la cuantificación de las toneladas debe hacerse sobre el material sin procesar (en bruto), de acuerdo con lo que dice el contrato, y que, si se tiene en cuenta esta condición, El Roble estaría extrayendo 138.000 toneladas desde 2014 y cerca de 290.000 actualmente.
Con respecto a la inversión social hecha por la minera, la compañía comunicó que ha sido superior a los $42.000 millones en los últimos cinco años, resaltando la compra a proveedores locales, el desarrollo de infraestructura, y el apoyo a emprendimientos, la educación y el deporte. El alcalde de El Carmen de Atrato, Jaiberth Ríos, aseguró que Atico fue un aliado estratégico durante el covid-19, con ayudas humanitarias y la donación de equipos para el hospital del municipio.|
En contraposición, el líder social Ramón Cartagena denunció que los proyectos planteados por la empresa no son integrales y habló de la necesidad de crear un plan de vivienda para los trabajadores de la mina. Además, aseguró que las afectaciones sobre las vías del municipio están relacionadas con el paso de vehículos de tres ejes y el aumento de la extracción de minerales. “Es una pesadilla. Entran por todo el casco urbano a toda hora”.Lo que más preocupa a la comunidad es lo que se pueda pactar en un nuevo contrato, pues continúa siendo una incógnita tanto para la población de Chocó como para la opinión pública. “Hoy, 35 años después, pareciera que se transita el mismo camino, al negociarse un otrosí, o prórroga, del contrato con cláusulas igual de desconocidas, de las que nos podríamos arrepentir cuando no haya marcha atrás”, dijo Cujar.
Finalmente el investigador también sugirió que, en caso de una renovación del contrato entre la minera y la ANM, se tome como base la prórroga del contrato firmado en 2019 con la compañía Drummond para la exploración y explotación de carbón en el Cesar, que contempló cláusulas relacionadas con contraprestaciones para inversión social, programas de becas, preferencia a personal de la región, capacitaciones, transferencia tecnológica, uso de recursos locales y nacionales, conservación de las vías y protección ambiental.
