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Hace unos años Karen Reátiga, integrante del Colectivo de abogados Justicia Racial, realizaba sus prácticas en un noticiero de televisión regional. “Un día me dijeron que los negros eran terribles, promiscuos, patanes, sucios, borrachos. Tengo un video en el que la persona de la sección de deportes me grita que los negros se orinan en las calles, que son los que siempre se cuelan en Transmilenio y que por algo están en los barrios pobres”. Dice que a lo largo de su vida ha sido víctima de muchas de estas agresiones y que incluso a veces no la dejaban salir en cámara o le exigían que debía alisarse el pelo.
Karen intentó hablar con el director del medio, con la universidad, con recursos humanos, con asuntos étnicos, pero al no recibir respuesta decidió parar el proceso. “En todas esas vueltas se te va el ánimo y decides resignarte”, dice.
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Para Alí Bantú Ashanti, director del Colectivo Justicia Racial, aunque en Colombia se presentan muchos casos de racismo laboral, no existen estadísticas ni denuncias formales porque las víctimas desconocen que es un delito, temen perder su empleo, no confían en las instituciones y porque “hay un 94 % de impunidad en el sistema de justicia en Colombia”. Por eso considera urgente que los casos se investiguen de manera efectiva y se haga una adecuación normativa con enfoque de reparación económica. De hecho, señala que hoy las dependencias que se crean en las instituciones del Estado para dar tratamiento étnico-racial ni siquiera son manejadas por personas afro. En el mismo enfoque coincide Andreiza Anaya, comunicadora étnica, quien asegura que el racismo es un problema estructural: “En el mercado laboral no hay un reconocimiento de la diversidad afro, raizal y palenquera, tampoco indígena. Debemos pensar ¿cuáles son los espacios que laboralmente ocupan las mujeres y los hombres negros?”.
“Los empleos que nos ofrecen son los más relegados y los peores pagos, nos han encasillado, solo nos consideran aptas para servicios domésticos”, afirma Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes. Para ella, el abandono estatal es una muestra de racismo y reproduce la miseria en los territorios. Cuenta que cuando llegó a Bogotá, se presentaba a las ofertas laborales que veía en los clasificados, pero al verla le decían que ya no necesitaban personal.
Daniel Gómez, doctor en derecho de la Universidad de Fordham (Nueva York) y exbecario Fulbright, buscó explicar en su tesis doctoral el grado de representación que tienen los afrodescendientes en la rama judicial colombiana. Encontró, por ejemplo, que ningún magistrado de la Corte Constitucional es afrodescendiente ni lo ha sido en 25 años. Según el derecho de petición que le respondió la Corte, ninguno de sus 227 empleados es afrodescendiente ni indígena. Recogió los datos de la identidad étnico-racial de 245 magistrados de tribunales superiores y solo nueve de ellos son afrodescendientes, es decir que representan el 3,77 %.
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Gómez entrevistó a 45 personas e identificó casos de discriminación en las facultades de derecho, con frases como “usted es negra, pero es bonita”, “negro tenía que ser”, “negro que corre es ratero, blanco que corre es atleta”. “Los afrodescendientes son los que se ponen a sí mismos las cadenas”, le dijeron a una persona en una de las altas cortes. Varios de los entrevistados, especialmente mujeres, dijeron que, pese a su cargo, en varias ocasiones las confundieron con el personal de limpieza. Muchos manifestaron que los consideran incompetentes por su color de piel. “¿De verdad usted es la jueza?”, le dijo un usuario en Cali a una mujer afrocolombiana; en Medellín el cliente de un abogado reconocido le manifestó que no podía creer que él era el litigante que le habían recomendado y con el que se había comunicado por teléfono.
El caso de John Jack Becerra es un precedente en el tema de racismo laboral. Se trata de un hombre que fue contratado como asistente de bodega en una empresa de Bogotá; “mono”, “gorila”, eran algunas de las palabras que le decían sus compañeros de trabajo, o comentarios como “los negros huelen mal”, “el trabajo es para los negros” y “a los negros no les gusta trabajar”.
Como a John no le sirvió quejarse en la empresa, acudió a la Fiscalía para denunciar penalmente, pero se enfrentó a las demoras y trabas burocráticas. Puso una queja ante los inspectores laborales, pero el caso quedó tres años perdido en el Ministerio de Trabajo, que al final respondió que no era la autoridad competente para el caso. Finalmente, recurrió a la acción de tutela, solicitando que el Estado dejara de ignorar ese tipo de denuncias. La Corte en 2018 le ordenó al Ministerio crear una ruta eficaz para atender quejas por discriminación racial en el trabajo.
“Un montón de agresiones en un período largo de tiempo en el que la gente no tiene cómo defenderse, porque cuando se van a quejar no les creen, dicen que es un chiste o los ven como problemáticos. Así es la discriminación racial en el trabajo en Colombia”, afirma Gómez, quien en su momento estuvo en el caso.
El profesor Moisés Medrano, doctorando en Educación de la Universidad de Cartagena y becario de Minciencias, dice que no hay condiciones institucionales que permitan abrir con tranquilidad una investigación. Para él, desde que se creó la Ley Antidiscriminación, en 2011, las expresiones de racismo han cambiado, antes eran abiertas, directas y lacerantes; ahora son frecuentes los microrracismos.
Medrano explica que las políticas actuales no tienen el suficiente alcance, “tendrían que ser tan radicales como ha sido doloroso el fenómeno de la discriminación contra hombres y mujeres negros”. Cuenta que cuando estaba realizando grupos focales para generar el Conpes de la población afro en 2014, una persona comentó que durante un proceso de selección notó que en las hojas de vida ponían “NN”, preguntó que significaba y le dijeron “no negro”.
Alí Bantú explica que el racismo en Colombia es naturalizado y transversal a todas las instituciones, espacios y vivencias. Este tipo de violencia se camufla. Los microrracismos denigran la dignidad de las personas. Por eso, para Andreiza Anay, una de las alternativas es promover ejercicios de reconocimiento de la diversidad, a través de la educación, el reconocimiento de la labor histórica de la población afrocolombiana y su importancia, “hay que contarlo en los libros, pero también con acciones”.
Evidenciar actos de racismo en el espacio laboral es importante, pero también lo es exigir que se tomen acciones para que las personas se sientan acompañadas y puedan denunciar. “Estas historias no deben convertirse solo en anécdotas a propósito de un tema coyuntural como el de George Floyd en Estados Unidos ¿Qué tiene que pasar en Colombia para que estos temas se discutan?”, dice Medrano.
¿Cómo denunciar?
En Bogotá puede comunicarse con el Ministerio de Trabajo a través de la línea 120 (vía celular) o en el teléfono 3779999. A nivel nacional se encuentra habilitado el 018000112518. También puede ingresar a www.mintrabajo.gov.co, comunicarse por medio de Facebook o en el chat virtual. El Ministerio debe actuar cuando llegan las quejas y orientar al denunciante sobre el trámite; asume la investigación de responsabilidad laboral y remite lo penal a Fiscalía.
Justicia Racial es un colectivo de abogados que trabaja en la defensa de los derechos de la población afrocolombiana, donde usted puede solicitar acompañamiento para este tipo de denuncias. Para contactarse con ellos puede ingresar a: https://justiciaracial.com/cuentanos-tu-caso/.
Bantú señala que cuando la discriminación es ejercida por funcionarios públicos y particulares que prestan servicios públicos, la Procuraduría tiene competencia en materia disciplinaria. El Ministerio del trabajo no tiene estadísticas sobre este tipo de casos, pues se clasifican dentro de cualquier otra queja laboral.
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