El reclamo de las víctimas al gobierno por demoras en las indemnizaciones

El miércoles 14 y jueves 15 de febrero en el hotel Dann en el centro de Bogotá, se reunieron delegados del Ministerio del Interior, la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, de la Unidad de Reparación a las Víctimas (URV) y Prosperidad Social con todos los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas (MNV). El motivo: discutir el proyecto de decreto con el que el gobierno nacional busca cambiar la manera cómo se tasan y distribuyen las indemnizaciones administrativas a las víctimas del conflicto armado. 

Sin embargo, existen diferencias entre las propuestas de gobierno y las aspiraciones de las víctimas.  

Odorico Guerra, candidato al senado por Alianza Verde y coordinador de la MNV, el máximo escenario de participación que tienen las víctimas en Colombia y que nació gracias a la Ley 1448 de 2011, habló con El Espectador sobre las preocupaciones que hay frente a la nueva forma con la que el gobierno busca indemnizar a las víctimas, el fracaso sobre las curules de paz y la necesidad de ampliar la ley de víctimas.

¿Desde octubre pasado la Unidad de Reparación a las Víctimas y ustedes como Mesa Nacional de Víctimas han estado en negociaciones sobre las indemnizaciones que el gobierno da a las víctimas, en qué van?

El gobierno ha presentado dos borradores de cómo puede ser el proyecto, pero la mesa ha estado en muchos aspectos en desacuerdo sobre esas propuestas.

¿Puntualmente en cuáles?

Por ejemplo, de cómo serían los criterios de priorización, el tema de la distribución de montos, en el diseño de un sistema de puntuación que la Unidad ha planteado para que pueda ser priorizado una persona más que otra y el otro es el tema de priorizar a quienes están avanzados en edad.

¿En cuáles de estos puntos la Mesa tiene reparos?

El gobierno propuso los cuatros componentes y la mesa frente a cada componente hizo su contrapropuesta.

¿Para el de priorización, cómo funcionaría?

Queremos que se tenga en cuenta el tema de la antigüedad y el tiempo de declaración de las víctimas. Algunas personas tienen enfermedades huérfanas, catastróficas, y algunas están en condiciones de vulnerabilidad por eso buscamos que la priorización que se haga se tenga en cuenta lo anterior para que más rápido reciban la indemnización quienes más la necesitan.

En el punto de los montos, desde 2011 la URV debía estimar el monto de la reparación teniendo en cuenta “la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de vulnerabilidad actual de la víctima”, ¿por qué no están de acuerdo?

Es que lo que hacía el gobierno era que cuando un hogar tenía menos de 5 integrantes solo irían a recibir un quinto del monto y así continuar aumentando dependiendo el número de personas en la familia. Lo que nosotros propusimos es que independientemente del número de integrantes debe ser por hechos victimizantes el pago. Porque no es menos doloroso para un hijo que le hayan matado a su padre así tenga siete hermanos o sea hijo único.

¿En el tema de puntuación el gobierno propone crear rangos entre víctimas de secuestro, sexuales, de lesiones permanentes, de integridad sexual, y a cada caso le variaba el valor de la indemnización desde 4 hasta los 40 SMMLV, qué problema hay con este método?

El gobierno estaba diciendo que si era madre cabeza de hogar le agregaba un porcentaje, que si era un étnico le agregaba otro porcentaje, ese tipo de cosas dan unas condiciones particulares, pero entonces había una reclamación sobre del lado de las mujeres de la mesa, y era que debía tenerse en cuenta el género mujer independientemente si era o no cabeza de hogar, o viuda. Es decir, la condición de cada mujer víctima, independiente del resto de cosas.

¿En el último punto, lo que propone la URV es que entre más próximo esté a los 74 años la víctima más rápido se le indemniza, es así?

Sí, lo que decimos es que un adulto mayor de acuerdo con la normatividad vigente es a partir de los 60 años entonces pedimos que se respete esa edad, a partir de los 60, no de los 74.

¿Y el gobierno por qué les dijo que proponía este rango de edad?

Ellos decían que por tema de recursos era mejor a partir de los 74 años, por eso decimos que si la norma determina a partir de cuándo se es adulto mayor, entonces que sea partir de esa edad que las víctimas sean indemnizadas.

¿Hay varios reclamos sobre el tiempo que le queda a la Ley de víctimas y lo poco que se ha hecho porque al inicio, sobre todo a las víctimas de desplazamiento, el gobierno los indemnizaba con subsidios de vivienda, fue así?

Sí, pero la Corte Constitucional a través de la sentencia T 025 aclaró que el derecho a educación a vivienda, entre otras, eran obligatoriedad del estado, del gobierno y que eso no podía contarse como indemnización, entonces a partir de ahí la Corte a través del auto 206 está generando la acción de crear un mecanismo para priorizar las indemnizaciones y recuerda nuevamente que la indemnización no tiene nada que ver con programas de vivienda, de empleo o de educación. Pero el gobierno nos argumenta que no tiene plata.

¿Ellos les han dado otra razón por las demoras en las indemnizaciones, más allá de la falta de dinero?

No, primero dicen que el Conpes está completamente desfinanciado, que ya se acerca la culminación de la ley en el 2021 y que le preocupa mucho que no tiene recursos para cubrir la cantidad de indemnizaciones que hay pendientes. A la fecha no va ni un millón y somos aproximadamente 8 millones 500 mil víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas.

¿Exactamente ustedes cuántas personas llevan indemnizadas y por cuánto valor?

El valor no lo tengo, pero la cifra de personas indemnizadas es cercana a las 750 mil víctimas aproximadamente.

¿No hay claridades frente al futuro de la Ley de Víctimas es posible que si no se alarga el periodo de la norma muchísima gente se podría quedar sin indemnizar?

Hay que entender que se debe alargar la ley para que la mayoría de los y las colombianas víctimas del conflicto armado puedan llegar en un determinado momento a gozar de su indemnización. Y porque como están las cosas estamos en una zozobra. Uno no sabe que si de llegar a ganar un presidente con una idea distinta pueda llegar a retroceder lo que las víctimas en nuestra lucha social hemos ganado.

¿Hay algún tipo de cálculo de cuánto tiempo se demoraría una víctima en ser reparada?

En la última reunión de la Mesa y el gobierno se habló de que las víctimas para ser indemnizadas se demorarían alrededor de 36 años. En 36 años ya muchísimas víctimas ni existirán.

¿Por qué hubo un desbalance al inicio al contar a las víctimas?

En 2011 no tenían la conciencia ni la magnitud del conflicto de más de 50 años. Incluso en su momento yo leí una justificación y se creía que podían ser entre millón quinientos y dos millones y se planeó para 3 millones como techo, pero en la realidad el número de víctimas superó las 8 millones 400 mil víctimas y es un número que puede aumentar. Y el Conpes no suple este número de personas.

Dentro de lo que proponen, ¿cómo debería ser la ampliación de la Ley de Víctimas?

Habíamos mirado que la ampliación de la ley se hiciera a 15 años, es decir, hasta 2036 pero siempre y cuando el gobierno ajuste las cifras a las víctimas que hay actualmente en el Conpes.

¿Y en el tema de la indemnización?

Propusimos que funcione similar al triage de los hospitales, es decir, que si la persona llega grave se le atienda de inmediato, y si su estado no es tan urgente se le de espera. Porque en el universo de víctimas, hay víctimas más necesitadas que otras, pero hay personas que lo necesitan aún más rápido, como personas mayores, o con enfermedades catastróficas, víctimas de violencia sexual. Por eso estamos proponiendo un triage.

¿Qué caso puntual que usted recuerde ya sea por lo difícil o por el hecho victimizante ha sido un caso alarmante que aún no haya resuelto el gobierno?

En Colombia hay muchos casos. Incluso en los sujetos de reparación colectiva como Bojayá o El Salado, mucha de esa gente todavía está a la espera de esa indemnización y nadie le presta atención. Mire usted lo que pasó con nuestra participación política en el tema de la implementación de los acuerdos de La Habana y un punto dentro del acuerdo final aprobado era que las víctimas íbamos a tener representación directa en el Congreso de la República, y mire lo que ocurrió, se hundió totalmente.

¿Qué generó en ustedes el hundimiento de las curules de paz en el Congreso?

Es muy complicado para quienes somos víctimas y estamos en campaña y además porque no venimos de familias políticas tradicionales, sino que entramos a los partidos tradicionales porque se nos castro el proyecto que nos permitía poder participar en el Congreso. Además, nosotros allá no tenemos reales defensores, si bien algunos senadores han hablado a favor nuestro no es cierto que sea la causa de nadie el defender a las víctimas. Es precisamente la necesidad de estar dentro de esas corporaciones públicas a ver si alguno de nosotros por lo menos llega a tener una voz que de verdad hable a favor nuestro.

¿Para cuándo está pactada la próxima reunión entre el gobierno y la Mesa de víctimas?

No hay fecha, nosotros le pasamos nuestras propuestas al gobierno y ellos dijeron que se iban a sentar a analizar. Hay que esperar cómo se puede llegar a un acuerdo donde ni el gobierno se sienta perdedor pero las víctimas mucho menos, porque a la larga este conflicto armado interno se le debe a la ineficiencia del gobierno, fueron ellos quienes en un determinado momento no defendieron su propia soberanía, por eso quienes hemos sido víctimas del conflicto no tenemos por qué pagar esas falencias.

El miércoles 14 y jueves 15 de febrero en el hotel Dann en el centro de Bogotá, se reunieron delegados del Ministerio del Interior, la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, de la Unidad de Reparación a las Víctimas (URV) y Prosperidad Social con todos los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas (MNV). El motivo: discutir el proyecto de decreto con el que el gobierno nacional busca cambiar la manera cómo se tasan y distribuyen las indemnizaciones administrativas a las víctimas del conflicto armado. 

Sin embargo, existen diferencias entre las propuestas de gobierno y las aspiraciones de las víctimas.  

Odorico Guerra, candidato al senado por Alianza Verde y coordinador de la MNV, el máximo escenario de participación que tienen las víctimas en Colombia y que nació gracias a la Ley 1448 de 2011, habló con El Espectador sobre las preocupaciones que hay frente a la nueva forma con la que el gobierno busca indemnizar a las víctimas, el fracaso sobre las curules de paz y la necesidad de ampliar la ley de víctimas.

¿Desde octubre pasado la Unidad de Reparación a las Víctimas y ustedes como Mesa Nacional de Víctimas han estado en negociaciones sobre las indemnizaciones que el gobierno da a las víctimas, en qué van?

El gobierno ha presentado dos borradores de cómo puede ser el proyecto, pero la mesa ha estado en muchos aspectos en desacuerdo sobre esas propuestas.

¿Puntualmente en cuáles?

Por ejemplo, de cómo serían los criterios de priorización, el tema de la distribución de montos, en el diseño de un sistema de puntuación que la Unidad ha planteado para que pueda ser priorizado una persona más que otra y el otro es el tema de priorizar a quienes están avanzados en edad.

¿En cuáles de estos puntos la Mesa tiene reparos?

El gobierno propuso los cuatros componentes y la mesa frente a cada componente hizo su contrapropuesta.

¿Para el de priorización, cómo funcionaría?

Queremos que se tenga en cuenta el tema de la antigüedad y el tiempo de declaración de las víctimas. Algunas personas tienen enfermedades huérfanas, catastróficas, y algunas están en condiciones de vulnerabilidad por eso buscamos que la priorización que se haga se tenga en cuenta lo anterior para que más rápido reciban la indemnización quienes más la necesitan.

En el punto de los montos, desde 2011 la URV debía estimar el monto de la reparación teniendo en cuenta “la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de vulnerabilidad actual de la víctima”, ¿por qué no están de acuerdo?

Es que lo que hacía el gobierno era que cuando un hogar tenía menos de 5 integrantes solo irían a recibir un quinto del monto y así continuar aumentando dependiendo el número de personas en la familia. Lo que nosotros propusimos es que independientemente del número de integrantes debe ser por hechos victimizantes el pago. Porque no es menos doloroso para un hijo que le hayan matado a su padre así tenga siete hermanos o sea hijo único.

¿En el tema de puntuación el gobierno propone crear rangos entre víctimas de secuestro, sexuales, de lesiones permanentes, de integridad sexual, y a cada caso le variaba el valor de la indemnización desde 4 hasta los 40 SMMLV, qué problema hay con este método?

El gobierno estaba diciendo que si era madre cabeza de hogar le agregaba un porcentaje, que si era un étnico le agregaba otro porcentaje, ese tipo de cosas dan unas condiciones particulares, pero entonces había una reclamación sobre del lado de las mujeres de la mesa, y era que debía tenerse en cuenta el género mujer independientemente si era o no cabeza de hogar, o viuda. Es decir, la condición de cada mujer víctima, independiente del resto de cosas.

¿En el último punto, lo que propone la URV es que entre más próximo esté a los 74 años la víctima más rápido se le indemniza, es así?

Sí, lo que decimos es que un adulto mayor de acuerdo con la normatividad vigente es a partir de los 60 años entonces pedimos que se respete esa edad, a partir de los 60, no de los 74.

¿Y el gobierno por qué les dijo que proponía este rango de edad?

Ellos decían que por tema de recursos era mejor a partir de los 74 años, por eso decimos que si la norma determina a partir de cuándo se es adulto mayor, entonces que sea partir de esa edad que las víctimas sean indemnizadas.

¿Hay varios reclamos sobre el tiempo que le queda a la Ley de víctimas y lo poco que se ha hecho porque al inicio, sobre todo a las víctimas de desplazamiento, el gobierno los indemnizaba con subsidios de vivienda, fue así?

Sí, pero la Corte Constitucional a través de la sentencia T 025 aclaró que el derecho a educación a vivienda, entre otras, eran obligatoriedad del estado, del gobierno y que eso no podía contarse como indemnización, entonces a partir de ahí la Corte a través del auto 206 está generando la acción de crear un mecanismo para priorizar las indemnizaciones y recuerda nuevamente que la indemnización no tiene nada que ver con programas de vivienda, de empleo o de educación. Pero el gobierno nos argumenta que no tiene plata.

¿Ellos les han dado otra razón por las demoras en las indemnizaciones, más allá de la falta de dinero?

No, primero dicen que el Conpes está completamente desfinanciado, que ya se acerca la culminación de la ley en el 2021 y que le preocupa mucho que no tiene recursos para cubrir la cantidad de indemnizaciones que hay pendientes. A la fecha no va ni un millón y somos aproximadamente 8 millones 500 mil víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas.

¿Exactamente ustedes cuántas personas llevan indemnizadas y por cuánto valor?

El valor no lo tengo, pero la cifra de personas indemnizadas es cercana a las 750 mil víctimas aproximadamente.

¿No hay claridades frente al futuro de la Ley de Víctimas es posible que si no se alarga el periodo de la norma muchísima gente se podría quedar sin indemnizar?

Hay que entender que se debe alargar la ley para que la mayoría de los y las colombianas víctimas del conflicto armado puedan llegar en un determinado momento a gozar de su indemnización. Y porque como están las cosas estamos en una zozobra. Uno no sabe que si de llegar a ganar un presidente con una idea distinta pueda llegar a retroceder lo que las víctimas en nuestra lucha social hemos ganado.

¿Hay algún tipo de cálculo de cuánto tiempo se demoraría una víctima en ser reparada?

En la última reunión de la Mesa y el gobierno se habló de que las víctimas para ser indemnizadas se demorarían alrededor de 36 años. En 36 años ya muchísimas víctimas ni existirán.

¿Por qué hubo un desbalance al inicio al contar a las víctimas?

En 2011 no tenían la conciencia ni la magnitud del conflicto de más de 50 años. Incluso en su momento yo leí una justificación y se creía que podían ser entre millón quinientos y dos millones y se planeó para 3 millones como techo, pero en la realidad el número de víctimas superó las 8 millones 400 mil víctimas y es un número que puede aumentar. Y el Conpes no suple este número de personas.

Dentro de lo que proponen, ¿cómo debería ser la ampliación de la Ley de Víctimas?

Habíamos mirado que la ampliación de la ley se hiciera a 15 años, es decir, hasta 2036 pero siempre y cuando el gobierno ajuste las cifras a las víctimas que hay actualmente en el Conpes.

¿Y en el tema de la indemnización?

Propusimos que funcione similar al triage de los hospitales, es decir, que si la persona llega grave se le atienda de inmediato, y si su estado no es tan urgente se le de espera. Porque en el universo de víctimas, hay víctimas más necesitadas que otras, pero hay personas que lo necesitan aún más rápido, como personas mayores, o con enfermedades catastróficas, víctimas de violencia sexual. Por eso estamos proponiendo un triage.

¿Qué caso puntual que usted recuerde ya sea por lo difícil o por el hecho victimizante ha sido un caso alarmante que aún no haya resuelto el gobierno?

En Colombia hay muchos casos. Incluso en los sujetos de reparación colectiva como Bojayá o El Salado, mucha de esa gente todavía está a la espera de esa indemnización y nadie le presta atención. Mire usted lo que pasó con nuestra participación política en el tema de la implementación de los acuerdos de La Habana y un punto dentro del acuerdo final aprobado era que las víctimas íbamos a tener representación directa en el Congreso de la República, y mire lo que ocurrió, se hundió totalmente.

¿Qué generó en ustedes el hundimiento de las curules de paz en el Congreso?

Es muy complicado para quienes somos víctimas y estamos en campaña y además porque no venimos de familias políticas tradicionales, sino que entramos a los partidos tradicionales porque se nos castro el proyecto que nos permitía poder participar en el Congreso. Además, nosotros allá no tenemos reales defensores, si bien algunos senadores han hablado a favor nuestro no es cierto que sea la causa de nadie el defender a las víctimas. Es precisamente la necesidad de estar dentro de esas corporaciones públicas a ver si alguno de nosotros por lo menos llega a tener una voz que de verdad hable a favor nuestro.

¿Para cuándo está pactada la próxima reunión entre el gobierno y la Mesa de víctimas?

No hay fecha, nosotros le pasamos nuestras propuestas al gobierno y ellos dijeron que se iban a sentar a analizar. Hay que esperar cómo se puede llegar a un acuerdo donde ni el gobierno se sienta perdedor pero las víctimas mucho menos, porque a la larga este conflicto armado interno se le debe a la ineficiencia del gobierno, fueron ellos quienes en un determinado momento no defendieron su propia soberanía, por eso quienes hemos sido víctimas del conflicto no tenemos por qué pagar esas falencias.